El cotice de las víctimas

Muchas de las víctimas que acompañaron al gobierno Santos en sacar adelante la Ley de Víctimas -que hablaron en el Congreso para defenderla, que se movilizaron por la reelección y que sienten que ésta les ha ayudado a ganar visibilidad- están ahora organizándose para participar en las elecciones.

Lo están haciendo de la mano del Partido Liberal, que convirtió la Ley de Víctimas en su principal bandera política y comprometió a Santos con ella cuando lo apoyó en 2010. Y que, cinco años después, la volvió también una de sus estrategias para recuperar a su electorado de centro izquierda y para acercarse más a ese sector social tan variado pero numeroso (ya va en 7 millones de víctimas oficialmente identificadas).

“Tenemos que empezar a allanar el campo para el posconflicto. Si es cierto que va a haber un Acuerdo de paz, ¿qué mejor que haya diputados, concejales y alcaldes que sean víctimas, que vengan del movimiento de víctimas y que lleguen votados por las víctimas? Nuestra ventaja es que ya tenemos experiencia en la reconciliación”, dice Carmen Palencia, la líder de restitución de tierras y Premio Nacional de Paz que hace un año fue candidata liberal al Congreso (sin éxito).

Y que como muchas otras víctimas cuestiona la lentitud con la que avanza la Ley pero le reconoce que gracias a ella son más visibles y que sus organizaciones se hayan consolidado.

Hace un año, fueron los dos padrinos de la Ley -los congresistas Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera- los que lideraron esa campaña de impulsar políticamente a las víctimas, con el segundo incluso lanzándose en fórmula con Palencia.

Ahora que ninguno de los dos está en el Congreso sino en el alto Gobierno (y que, por lo tanto, no pueden participar en política), está sucediendo lo contrario. Son las propias víctimas las que están buscando a los rojos para que las avalen, sobre todo ahora que muchas organizaciones de base han decidido medírsele por primera vez a las urnas en lo local.

Aún no están decididos los avales, pero ya hay líderes de víctimas pidiendo pista. Como contó La Silla, en varias regiones que seguramente serán prioritarias para el proceso de paz -como Montes de María o el Urabá- ya están sonando algunos nombres.

La Red de Mujeres Narrar para Vivir, que con sus 840 mujeres víctimas es una de las organizaciones más conocidas en los Montes de María, intentará postular a su fundadora Mayerly Angarita a la alcaldía de San Juan Nepomuceno y a otras tres mujeres a los concejos de Ovejas, Los Palmitos y El Guamo, todos municipios de esa sufrida región montañosa entre Sucre y Bolívar.

Esa decisión ya les ha traído dificultades: hace apenas un mes recibieron un panfleto amenazante de na bacrim autodenominada 'Los Costeños AUC' que se suma a otra decena de incidentes en los últimos tres meses, que -como contó La Silla- ellas atribuyen a su voluntad de ir a las urnas.

De Tierra y Vida, la asociación que lidera Palencia y que reúne a unos 10 mil campesinos que buscan recuperar las tierras que perdieron por la violencia en todo el país, también habrá por lo menos una treintena de candidatos.

Luis Alfredo Vásquez, el líder de su capítulo en los Montes de María, será candidato liberal a la Asamblea de Bolívar (y también sufrió, como contó La Silla, un atentado en enero de personas que se identificaron como las Águilas Negras). Alicia Ramos, líder en el Urabá, quiere ser alcaldesa de Necoclí. Otros dos reclamantes de tierras, Robert Roa y Clemencia Celedón, aspiran a la Asamblea del Atlántico y el concejo de Soledad respectivamente. El problema es que, aunque muchas de ellas se han entusiasmado con la idea de llegar al poder, se están estrellando con la realidad política local y, sobre todo, con el posible veto de los grandes caciques que dominan los directorios regionales en cuyas manos está la primera decisión sobre los avales.

“A nivel nacional sentimos un respaldo clarísimo, desde los estatutos hasta el directorio. El problema es que uno llega acá y se da cuenta que le toca pelear los avales con los candidatos de los senadores locales. Y ahí se mueven muchos poderes e intereses, desde la contratación hasta los puestos”, dice una persona que aspira a lanzarse y que prefiere omitir su nombre mientras el partido toma una decisión.

La izquierda, que adoptó a las víctimas como una de sus banderas tradicionales desde hace años, está enfocada -como lo muestra la marcha de hoy- en presionar al Gobierno para que discuta temas que no se han tocado en La Habana como el cese al fuego bilateral y una asamblea constituyente. Aunque, al mismo tiempo, sigue usando el tema como una plataforma política.

Para el Movice que reúne a las víctimas de agentes del Estado, por ejemplo, la prioridad ahora es presionar para que se reconozcan los crímenes de Estado.

“Si el Estado no reconoce que hubo prácticas sistemáticas que produjeron 70 mil desaparecidos como crímenes de Estado, va a ser muy difícil que haya una justicia transicional para los militares. Porque ésta resuelve problemas sistemáticos y grandes de violaciones a los derechos humanos, no errores militares”, le dijo a La Silla Camilo Villa, el coordinador nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) e hijo del ex senador liberal Ricardo Villa Salcedo, asesinado por los paramilitares en 1992.

El otro tema en el que el Movice, quizás la agrupación mejor organizada de todo el movimiento de víctimas, está centrando sus esfuerzos en promover una reforma a la Ley de Víctimas que corrija las cuatro grandes fallas que, según ellas, tiene.

En concreto, quieren presionar al Gobierno para que se reconozcan los colectivos como víctimas (para que sindicatos y partidos políticos como ¡A luchar! tengan un reconocimiento parecido al de la Unión Patriótica), que se amplíe la definición de víctimas de agentes del Estado (para que, por ejemplo, Yaneth Bautista y los familiares de los guerrilleros del M-19 que murieron en la retoma sean reconocidos como víctimas), que se reconozcan las víctimas de los narcos (como los familiares de quienes murieron en el avión de Avianca volado por Pablo Escobar en 1989) y que deje de ser el Ministerio de Defensa el que define dónde hay condiciones de seguridad para comenzar a restituir.

En una tónica similar anda la Marcha Patriótica, que -como contó La Silla- es uno de los grandes promotores de la marcha de hoy y cuya agenda política gira sobre todo en torno al proceso de paz.

De todos modos, en paralelo, muchos de estos sectores de izquierda están pensando lanzarse a las urnas de octubre para -en palabras de David Flórez, vocero de la Marcha- “crearle un mejor ambiente al proceso de paz y que en los espacios locales de gobierno haya personas ojalá de Marcha o de izquierda".

Como dice Camilo Villa, “queremos que la izquierda democrática gobierne en las regiones en el posconflicto y que haya un candidato presidencial de unidad en el 2019”.

Muchos de los nombres que están considerando la Marcha y sectores cercanos como la UP o el movimiento de zonas de reserva campesina son víctimas.

“La clasificación de víctima no deja de ser polémica, pero entre los que arrancan ese trabajo político sí habrá muchos que han vivido esa dolorosa historia de despojo, expropiación y represión”, dice Óscar Salazar, el líder campesino del Cauca que está a cargo de los temas electorales en la Marcha.

Entre los candidatos que ya definieron está Marino Grueso, el joven educador caucano que ha recibido varios premios por sus esfuerzos de promoción de la lectura, que sufrió dos atentados en 2012 (tras los cuales carga varias balas en su cuerpo) y que ahora aspirará a la alcaldía de Guapi.

O Alfonso Castillo, el líder del Movice que estuvo en la Mesa Nacional de Víctimas como representante de las víctimas de actos terroristas y aspirará por la UP al Concejo de Bogotá.

Ellos buscarán emular el salto que ya han dado al plano nacional figuras del Movice como el senador Iván Cepeda (hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda Vargas) y el representante Alirio Uribe (que era presidente del Colectivo José Alvear Restrepo que lidera muchos casos de víctimas de los paras y de la Fuerza Pública). O Ana Teresa Bernal, la secretaria de víctimas de Petro en Bogotá que viene de dirigir Redepaz y de haber participado en los diálogos en el Caguán.