El desmonte de Angelino

La comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

Según la ley de Justicia y Paz promulgada en 2005, el Vicepresidente de la República tiene la ifunción de presidir la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación o Cnrr. Pero el entonces Vicepresidente Francisco Santos permitió que durante cinco años Eduardo Pizarro tuviera autonomía como director para publicar y contratar a los funcionarios que trabajaran con él en este organismo

Cuando ganó Santos, Pizarro salió de la Comisión y Garzón asumió personalmente su cargo. Nombró entonces como coordinador general de la Comisión a Orlando Riascos, su Secretario de Gobierno en la Gobernación del Valle.

A 42 personas de las CNRR no se les renovó el contrato y contrataron a 34 personas nuevas de la línea de Garzón. Según confirmó La Silla Vacía, el Vicepresidente también quiso contratar algunos investigadores en el Grupo de Memoria Histórica, que había sido autónomo hasta ese momento en su contratación y en sus investigaciones.

Pero la contratación de Garzón en la Cnrr se frenó desde la misma Presidencia. Después de que le preguntaran a Santos en Caracol Radio por las cuotas del Vicepresidente, esa noche Santos llamó a Diego Molano, director del programa presidencial de Acción Social y le pidió que mantuviera a la Presidencia al tanto de cualquier nueva contratación para la Cnrr. Molano es el Secretario Técnico de la Cnrr y por lo tanto es quien ejecuta el gasto. Como el director de la Comisión es el Vicepresidente, él contrataba a quien aprobara Garzón. Pero ya es claro que hay un jefe por encima.

El Presidente Santos se reunió también el jueves pasado con miembros del grupo de Memoria Histórica de la Cnrr en el que se comprometió con tres puntos principales. El primero, que ahora se crearía un canal directo entre el grupo y Presidencia para estar informado sobre la seguridad de las víctimas o de los líderes de tierras. El segundo, Santos le reafirmó al grupo que su director Gonzálo Sánchez tenía autonomía para terminar los informes parciales y el Informe General, y tercero, les aseguró que tenían el tiempo que necesitaran para terminarlos. Así no tendrían que terminar el próximo año como lo requería la Ley de Justicia y Paz.

Aunque no se mencionó al Vicepresidente en la reunión, Santos reafirmó la autonomía del Grupo de Memoria Histórica y creó una línea directa con ellos que no pasa por Angelino.

Claramente, esta nueva directriz de Santos no fue concertada con el Vicepresidente pues al día siguiente, Angelino Garzón se reunió con miembros de la Cooperación Internacional que financia la Cnrr y le pidió a los financiadores que exigieran los informes finales del Grupo de Memoria Histórica antes de julio del año entrante. Dijo, enfáticamente, que si no estaban listos pediría a la Procuraduría que iniciara investigaciones, según le contaron a La Silla Vacía dos fuentes. Al Grupo le quedan por ahora unos diez informes por entregar, además del informe general que reune lo encontrado en los últimos seis años, por lo que aspiran a tener plazo hasta el 2013.

La ley de víctimas

En el proyecto inicial de la Ley de Víctimas presentada por Juan Manuel Santos en septiembre del año pasado, se le otorgaba una de las funciones más importantes de este proceso al Vicepresidente.

El artículo 84 establecía que el Vicepresidente de la República estaría a cargo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que será el órgano rector, coordinador y ejecutor de la Ley de Víctimas.

Pero cuando el proyecto llegó al Senado ya aprobado en la Cámara, el senador Roy Barreras incluyó una modificación -que fue aprobada por el Gobierno- para que estas funciones no quedaran en cabeza del Vicepresidente.

La proposición fue aceptada por las mayorías del Senado, y en el proyecto que fue conciliado en junio quedó establecido que - no solo Vicepresidencia ya no preside el Sistema- sino que tampoco hace parte de los órganos que pueden participar en él.

Quedaron entonces representantes de diez ministerios y órganos de control y de justicia como la Fiscalía General de la Nación. Y el coordinador será ahora un Comité Ejécutivo integrado por el Presidente, tres Ministros, el director de Planeación, de Acción Social y de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Ley de desmovilizados

En diciembre del año pasado fue expedida la ley 1424 o ley de desmovilizados, para evitar que 21 mil desmovilizados se quedaran en un limbo jurídico después de que la Corte Constitucional tumbó en noviembre el principio de oportunidad, que les había permitido reintegrarse a la sociedad sin pagar por todos sus delitos.
La nueva ley permite la suspensión de órdenes de captura a los desmovilizados siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Angelino desató una polémica cuando anunció que el gobierno iba a expedir un decreto para reglamentar la ley, que básicamente equivalía a un indulto.

Vargas Lleras desmintió inmediatamente a Garzón. “Las afirmaciones hechas en este sentido por el señor Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, carecen de todo fundamento legal y constitucional. No existe ningún proyecto de decreto modificando la política de indultos que vaya a ser expedido en desarrollo de la reglamentación de la Ley 1424”, dijo el Ministro.

Después de este rifirrafe entre Vargas Lleras y Garzón, Santos expidió finalmente el decreto que regalementa la Ley de Desmovilizados. Y en ella, el gobierno terminó quitándole al Vicepresidente sus  funciones en la Ley.

Tal cual estaba presentada inicialmente el borrador de la reglamentación, la Comisión de Reparación, a cargo de Angelino, estaba a cargo de recoger y sistematizar la información que entreguen los desmovilizados en sus confesiones. El Vicepresidente, personalmente, era el encargado de firmar los ‘Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación’.

En cambio, el decreto definitivo, firmado el 28 de junio, dice que la entidad encargada de la información que aporten los desmovilizados será el Centro de Memoria Histórica que crea la Ley de Víctimas.  Las competencias de esta serán trasladadas a la Alta Consejería para la Reintegración, actualmente a cargo de Alejandro Éder, quien depende directamente de Santos.