El duro regreso de la UP

En estas elecciones, la Unión Patriótica va cuesta arriba porque, además de enfrentarse sin plata a las maquinarias políticas en las regiones, varios de sus candidatos han sido víctimas de amenazas, atentados y estigmatizaciones.

El regreso de la Unión Patriótica a las elecciones regionales, 13 años después de haber desaparecido del mapa político por no haber alcanzado el umbral, ha estado marcado por el déjà vu de las amenazas, las balas y la estigmatización de sus candidatos. Pero, casi tan duro, ha sido tener que hacer campaña sin plata y contra poderosas maquinarias.

Se trata de un mal presagio para el partido que nació fruto de unos acuerdos fallidos entre el gobierno y las Farc, justo cuando intentan reagrupar a sus simpatizantes y alcanzar una cuota inicial de votos para las legislativas de 2018.

Por eso, las directivas creen que no están dadas las condiciones para que sus militantes hagan política sin miedo a ser víctimas de nuevos ataques y así lo manifestaron el 15 de septiembre pasado en una reunión del Comité de Garantías Electorales, creado por el Ministerio del Interior para asegurarles una reparación integral por el asesinato, entre otros, de sus 13 parlamentarios.

Lo dicen porque durante el último mes dos candidatos han sufrido atentados, otros dos han sido capturados y un quinto fue víctima del robo de su computador en la sede del partido en Maicao. A esto se suman los panfletos que desde febrero circulan en algunas regiones como los Montes de María. En ellos, grupos paramilitares advierten que no permitirán que la izquierda llegue al poder.

Aunque no es el único partido que ha sufrido amenazas ni atentados en Colombia, de hecho el viernes pasado la avanzada del candidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático fue baleada, con la historia reciente del exterminio cualquier incidente prende las alarmas.

En estas regionales, este partido tiene apuestas en 25 departamentos con 74 candidaturas a alcaldías, seis gobernaciones, 114 listas al concejo, 10 a asambleas y 91 a Juntas Administradoras Locales (JAL).

Y a pesar de tenerla cuesta arriba porque además de los problemas de seguridad la mayoría de los candidatos se enfrenta sin plata a las cada vez más poderosas empresas electorales, este 25 de octubre esperan recuperar la vocería en el Catatumbo, Caquetá, Nariño y Cauca, zonas en las que llegaron a ser protagonistas políticos en los años noventa.

Sus dos grandes apuestas son que la directora del partido Aída Avella logre la curul en el Concejo de Bogotá y que Clara López, candidata que coavalaron junto al Polo y el Mais, llegue a la Alcaldía.

Donde sí no tienen mucha esperanza es en el Caribe, pese a las 22 candidaturas a alcaldías, casi la mitad de las que tienen en todo el país.

Prueba de la debilidad del partido en esta región, en la que los caciques son quienes definen las elecciones, fue el aval que le terminaron dando a una lista al Concejo de Tolú con candidatos de la cuerda del exrepresentante Yahir Acuña, luego de que un sindicalista se los recomendó diciéndoles que se trataba de pescadores sucreños. Les intentaron retirar los avales cuando se enteraron por una nota de La Silla, pero no pudieron hacerlo por ley.

“Nos quieren dar a probar la misma dosis del pasado y no nos vamos a dejar”, le dijo a La Silla la directora de la UP Aída Avella, quien desde la década de los 80 vive amenazada y ha salido ilesa de varios atentados. El más reciente ocurrió el año pasdo.

Plata es la que no hay

Imelda Daza es candidata a la Gobernación del Cesar y su regreso a la política colombiana, después de casi tres décadas exiliada en Suecia, ha sido bien recibida. 

Judith Maldonado, candidata a la Gobernación de Norte de Santander, es una de las pocas militantes de la Unión Patriótica que dispone de recursos para financiar su campaña y tener presencia publicitaria en las calles. 

Enfrentar la maquinaria electoral de los partidos tradicionales es el otro gran desafío de los candidatos de la UP, después de que el Consejo Nacional Electoral decidió no aprobar los recursos que la colectividad dejó de recibir durante los 10 años que estuvo sin personería jurídica.

Y una de las candidatas que más siente la falta de plata es Imelda Daza, quien aspira a la Gobernación del Cesar con dos poderosos contrincantes que aglutinan recursos y caciques: el liberal Arturo Calderón y la carta del vargasllerismo y de la poderosa familia Gnecco, Franco Ovalle.

Imelda regresó a Colombia después de estar exiliada en Suecia durante 28 años.  Y lo hizo atraída por los diálogos de paz de La Habana. Pero su aterrizaje ha sido forzoso. Dice que se ha encontrado con una realidad política en la que pesan más los ceros a la derecha que las ideas.

A diferencia de la campaña de Franco Ovalle y de Arturo Calderón, que tienen recursos para invertir en una sola valla 35 millones de pesos, la suya no suma en total más de 10 millones, que ha tenido que administrar con prudencia para que le alcancen hasta el 25 de octubre próximo.

Esos diez millones los obtuvo de varias manos: el partido le dio tres millones, unos amigos recolectaron millón y medio, el coctel por el lanzamiento de su campaña en Valledupar dejó 1.200.000, más los recursos que se han recaudado en diferentes eventos realizados en Bogotá.

El dinero además de frenar su presencia publicitaria no le ha permitido ampliar su red de simpatizantes, especialmente en los municipios. Los líderes dicen apoyarla hasta cuando reciben un “no hay plata” de respuesta.

“Es Don dinero es el que está eligiendo las alcaldías y las gobernaciones”, le dijo Imelda a La Silla.

Y esa falta de presencia en las calles y en los medios de comunicación, aunque su regreso le ha generado free press local y nacional, se refleja en las encuestas, en las que no marca más del uno por ciento de intención de voto.

Pero para Imelda su candidatura es una ganancia porque la apuesta del partido es comenzar a reagrupar las bases y volverse a poner en la escena política, y para eso estas regionales son un buen comienzo.

La única que parece no estar haciendo la campaña sin un peso es la candidata a la gobernación de Norte de Santander, Judith Maldonado, avalada por la UP y el Polo, con el apoyo de la Marcha Patriótica. Ella pisa con fuerza y ha invertido millones en publicidad.

Aunque de acuerdo con fuentes locales la candidata está lejos de derrotar al súper poderoso ex gobernador William Villamizar, carta de la Unidad Nacional, su apuesta no pasa desapercibida.

Según una fuente que conoce la movida política en Norte de Santander y fue candidato del Polo hace cuatro años a un cargo local, la campaña de Maldonado, que llevaba un año preparándose, es “estrambótica” en comparación con lo que venía haciendo la izquierda en ese departamento que “trabajaba con las uñas”.

La Silla visitó hace unos días el área metropolitana de Cúcuta y efectivamente la candidata tiene mucha publicidad en la calle, en postes y vallas, y también en taxis. Además, nos confirmó un periodista local, ha pautado en radio, televisión y prensa, incluyendo el diario La Opinión, el más influyente de la región.

A esto se suman multitudinarias concentraciones que, de acuerdo a una de nuestras fuentes, han implicado gastos significativos en el transporte de los militantes.

Dentro del departamento el fortín de Maldonado es el Catatumbo, donde cuenta con el apoyo de organizaciones poderosas como la Asociación Campesina del Catatumbo Asocamcat, asociación que la candidata ha tenido que salir a defender después de que un coronel del Ejército la relacionara con las Farc.

Balas, atracos y judicializaciones

Hugo Sánchez, de chaleco, fue víctima de un atentado el 8 de septiembre pasado, cuando se dirigía a una reunión politica en una vereda de Los Palmitos, Sucre. (Foto tomada de El Heraldo)

El candidato Marino Grueso, quien en esta fotografía posa con el senador del Polo Iván Cepeda, está retenido desde agosto pasado por rebelión. En el municipio de Guapi, en Cauca, lo reconocen como un líder cultural que fomenta la lectura.

Al candidato al Concejo de Maicao Antonio Rada dos hombres armados fueron buscándolo a su sede política en ese municipio el lunes pasado. Al no encontrarlo, se llevaron un computador portátil.

A la 1:30 de la tarde del lunes pasado, dos hombres armados llegaron a la sede de la Unión Patriótica en Maicao. Mostrándole sus armas a la secretaria, uno de ellos le preguntó con insistencia por “el candidato”, sin especificar nombres ni apellidos. Al escuchar que no estaba, los hombres se llevaron un computador portátil y huyeron en moto.

Aunque inicialmente creyó que se trataba de un robo sin importancia, el candidato al Concejo de Maicao Armando Rada terminó denunciando el hecho por miedo a que los hombres armados regresen a la sede y atenten contra él.

“Es que se estaban refiriendo a mí porque yo soy el único militante de la UP reconocido en Maicao”, le dijo Rada a La Silla, minutos antes de entrar a contarle a la Fiscalía los detalles del hecho.

Rada es un reconocido líder de izquierda de la capital comercial de La Guajira, un municipio en el que el actual alcalde Eurípides Pulido fue aliado político del exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, investigado por homicidio y concierto para delinquir, y en el que no han faltado las denuncias por falta de garantías. Como lo ha contado La Silla, la Alcaldía es usada para ponerles votos a los candidatos de Cambio Radical al Concejo y a la Alcaldía.

A diferencia de lo que le ocurrió a Rada, a otros dos militantes de la UP las balas sí los alcanzaron.

El 8 de septiembre, a las 10 de la mañana, el candidato a la Alcaldía del municipio sucreño de Los Palmitos Hugo Sánchez fue atacado cuando iba rumbo a una vereda para asistir a una reunión política. Por las amenazas que ha sufrido en el pasado, llevaba un chaleco antibalas y por eso resultó ileso. El candidato y el partido achacaron el atentado a su militancia y a su labor como líder de tierras.

Pero la misma suerte no corrió, cuatro días después, Didier Quinayas, hijo de Ricardo Quinayas, candidato de la UP al Concejo de Sucre, en Cauca.

El joven de 27 años recibió cuatro balazos en la espalda y desde entonces lucha por su vida en un hospital de Popayán. El candidato asegura que el ataque fue una retaliación por su militancia en la izquierda.

Aunque Sánchez y Quinayas dicen que seguirán con sus candidaturas hasta el final, reconocen que las balas lograron menguar sus actividades políticas y durante las últimas dos semanas es poco lo que han hecho.

Hugo ahora se desplaza en un carro blindado que la Unidad de Protección le envió y se enfoca más en el trabajo puerta a puerta porque sus simpatizantes le han dicho que prefieren evitar las reuniones en espacios abiertos por miedo a un nuevo atentado, mientras que otros le manifiestan su apoyo clandestinamente.

“Me dicen que van a votar por mí, pero que no pegan mi afiche en sus casas”, le contó el candidato de Los Palmitos a La Silla.

Él se enfrenta a tres contrincantes con aceitada maquinaria detrás: el liberal Fredy Rivera, que tiene el apoyo del actual alcalde de Los Palmitos Manuel Pérez y del condenado por parapolítica y expresidente de la Asamblea de Sucre Jassir Farak, y los candidatos Carmen Berena Gómez, de Cambio Radical, y Pablo Gómez, de Opción Ciudadana, que disponen de la chequera del exrepresentante Yahir Acuña.

En cuanto a Ricardo Quinayas el atentado a su hijo ha sido una intimidación más de la seguidilla de las que ha sido blanco desde 1986 cuando era militante activo de la UP en Sucre, Cauca. Aquel año, hombres armados llegaron a su casa y lo hicieron salir corriendo.

El destierro lo llevó primero a un municipio vecino y semanas después a Cali. Alli estuvo durante 10 años hasta que decidió regresar en 1997 a su tierra natal para reencontrarse con su familia y con la esperanza de que  no habrían más amenazas ni para él ni para los suyos. Al poco tiempo comenzó a militar en el Polo Democrático e inició su defensa por el agua y su rechazo a la minería. Entonces, volvieron las amenazas.

Semanas antes de que las balas alcanzaran a su hijo, un hombre había llegado borracho a su panadería a decirle que lo tenía en la mira porque era guerrillero y en febrero de este año comenzó a circular un panfleto firmado por Los Urabeños en el que le advertían que debía cuidar a su familia.

A estas balas y amenazas, se suman las capturas por extorsión y rebelión de los candidatos Juan López Bautista y Marino Grueso Obregón, de Barrancabermeja y Guapi, Cauca, respectivamente. Procesos que la UP considera ataques de opositores y las autoridades para deslegitimar su presencia en algunas regiones, aunque La Silla no tiene elementos para saber si es así.

López aspira a una curul en Barrancabermeja y desde el 2 de septiembre está preso porque la Policía lo señala de ser parte de una red dedicada a extorsionar a contratistas de Ecopetrol.

En el documento que la UP le envió al Comité Electoral pidiendo garantías lo describe como “un reconocido líder de la Unión Sindical Obrera (USO)”, que trabaja por las comunidades y cuya defensa le ha valido hostigamientos y ser perseguido por grupos al margen de la ley.

Dos semanas antes, el 21 de agosto, había sido detenido en Popayán el candidato a la Alcaldía de Guapi, en Cauca, Marino Grueso Obregón, acusado de rebelión.

Todavía está privado de la libertad al igual que su hermano Orlando Grueso y su padre de 72 años Plutarco Grueso.

Grueso, quien tiene opciones de llegar a la Alcaldía, es conocido en el Cauca por ser un gestor cultural. El Tiempo lo describió en un especial multimedia, con el que ganó el prestigioso premio de periodismo Rey de España, como un repartidor de libros en canoas que fomenta la lectura.

Con todas estas amenazas a cuestas y el fantasma de sus tres mil militantes asesinados, la UP le apuesta a fortalecer sus bases de cara a las legislativas de 2018, que sí son unos comicios en los que se define la existencia de los partidos con base en el umbral. Cifra que el partido tiene muy difícil, hasta ahora, de lograr.