El factor Granados-Odebrecht le quita fuerza a la nueva sanción contra Petro

Que el Contralor de Bogotá esté imputado por presunta corrupción, antes que afectar políticamente a Petro con las millonarias multan que acaba de ratificarle, le da argumentos a éste para cuestionar la decisión.

La Contraloría de Bogotá dio a conocer hoy oficialmente que ratificó en segunda instancia dos sanciones contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y un grupo de exfuncionarios que hacía parte de su equipo de gobierno por las que considera irregularidades que se presentaron con la implementación del esquema de aseo que implementó en la ciudad.

La primera es una multa por 90 mil millones de pesos, que corresponden a lo que el Distrito pagó por otra sanción que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio cuando Petro era Alcalde. La tesis del organismo de control es que, como la Alcaldía terminó pagando esa plata (lo hizo en 2016 la administración de Enrique Peñalosa), hubo un detrimento patrimonial por el que deben responder Petro y su equipo de su propio bolsillo.

La segunda es por el detrimento patrimonial que para la Contraloría generó la compra de camiones para implementar ese modelo de recolección de basuras. En ese caso la multa es por 30 mil millones de pesos.

Ambos procesos fueron abiertos entre 2013 y 2016, cuando aún no estaba en el cargo el actual Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, aunque fue su administración la que les puso ritmo y resolvió, en contra de Petro, en primera y segunda instancias.

Sin embargo, lo que hubiera sido una bomba durante la campaña presidencial, cuando Petro era candidato y la opinión estaba a la expectativa de estas decisiones, ahora carece del mismo efecto político.

Sobre todo porque el Contralor está bajo sospecha. Granados fue recientemente imputado por la Fiscalía como parte de las investigaciones que adelanta ese organismo por la corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.

Se trata de hechos ocurridos cuando él fue candidato a la Gobernación de Boyacá, pero que le han pegado a su imagen como Contralor porque todo le reventó ejerciendo ese cargo, en el que debe, justamente, velar para que no se pierda plata pública.

Y lo más probable es que, como no ha aceptado los cargos por interés indebido en celebración de contratos, le toque afrontar un juicio, cuando todavía le falta más de año y medio para terminar su periodo.

Esos cuestionamientos, que deslegitiman su labor ante la opinión pública, son los que aprovechan Petro y los suyos para defenderse:

Entonces el contralor sobornado por Odebrecht me pone una sanción impagable por unos hechos cuya legalidad ya falló en última instancia la justicia a mi favor, para inhabilitarme y ver cómo no hago el debate de Odebrecht

Las jugadas desesperadas dentro del vargallerismo.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2018

El Contralor de Bogotá, vinculado al proceso #Odebrecht confirmó sanción fiscal en mi contra, y de otros, porque Peñalosa ordenó pagar unas multas de aseo, sin estar obligado a hacerlo. Mientras tanto los corruptos...por ahí felices

— Maria Mercedes Maldonado (@MMMaldonadoC) November 20, 2018

Juan Carlos Granados contralor investigado y cómplice en caso #Odebrecht justo cuando empezamos investigaciones contra sus amigos @German_Vargas y Martinez Neira, del sombrero saca nueva multa contra @petrogustavo.

Están temblando pic.twitter.com/wSzHRNVrqs

— Andres Charry (@charry_manager) November 20, 2018

Sobre todo cuando el debate por la corrupción de Odebrecht está prendido por cuenta de las grabaciones reveladas recientemente en las que se escucha que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sabía de las posibles irregularidades cometidas en el concesionario Rutal del Sol desde antes de llegar al cargo.

Ahora bien, el tema es importante porque pone sobre la mesa el futuro político de Petro, ya que hay toda una discusión sobre si las deudas pendientes con el Estado le pueden quitar derechos políticos como aspirar a la Presidencia o posesionarse en caso de que gane las elecciones de 2022, que es su propósito.

Recientemente la Corte Constitucional dejó en firme la ley que, precisamente, quita esos derechos por multas de la Contraloría, un punto negativo para el exalcalde.

Él, sin embargo, tiene a su favor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió a Colombia que cambie su legislación para que nadie pierda sus derechos políticos con sanciones discplinarias como la inhabilidad que le impuso el exprocurador general Alejandro Ordóñez por el cambio en el esquema de aseo.

Aunque no es la misma naturaleza de la sanción de la Contraloría, lo que alegan Petro y sus abogados es que por lo que debe procurar el Estado es por inhabilitar sólo a los que hayan sido condenados penalmente, y no sancionados por vía administrativa. Fue algo que, le dijo a La Silla Iván Acuña, uno de los abogados, también pidió el Consejo de Estado en la sentencia que tumbó la sanción que le había puesto Ordóñez.

Será una discusión jurídica que se dará de aquí para adelante y que seguramente se intensificará a medida que se acerque el 2022 si es que el Congreso no ha cambiado la legislación.

Mientras tanto, la estrategia de Petro será demandar el fallo buscando que, como ocurrió en el caso de la multa por 217 mil millones que le puso Granados por bajarle el pasaje a Transmilenio, un juez la suspenda y estudie de fondo el caso para ver si había lugar a la sanción.

Por eso, además de la escasa legitimidad con la que llega la sanción de Granados, Petro tiene, por ahora, el tiempo para hacer que los astros se alineen a su favor.