“El fenómeno de las Autodefensas es una estrategia de Estado”: Leyner Palacios

Leyner Palacios: Recibí la noticia con gran preocupación y decepción porque lo asesinaron por luchar por los derechos de su comunidad y la dignidad de su pueblo.

No entendemos cómo el conflicto se ensañó con estas comunidades y cómo el Estado no las protege después de que le han apostado a la reconciliación y la paz.

Es un mal mensaje para el futuro del país. Hoy fue Jair y mañana quién sabe cuantos más seremos. Pero hay que salir con más fuerza en nombre de Jair a exigir al Estado los derechos que nos merecemos y que esto no se vuelva a repetir.

LP: Se ha vuelto más peligroso que ser delincuente. Es lamentable que por estar al lado de las comunidades tengamos que seguir padeciendo las inclemencias del conflicto, pero es más triste ver la falta de protección de las instituciones del Gobierno.

En el Pacífico el cien por ciento de los líderes y defensores de los derechos humanos estamos en un alto riesgo de perder la vida y no se están tomando las previsiones adecuadas.

Hay un ambiente de mucha desolación y tristeza por este proceso de paz al que le pusimos la vida y sentimos que tanto esfuerzo se puede perder. Además, esa lentitud con la que se están tramitando las normas en el Congreso está dejando expuestas a las comunidades y a los líderes a merced del conflicto armado y eso es inaceptable.

LP: Para los pueblos afros e indígenas la presencia de cualquier actor armado, sean disidencias de las Farc, Eln, paramilitarismo e incluso la misma Fuerza Pública ha sido una amenaza para las comunidades. Tumaco vive una situación compleja con las disidencias pero también una falta de voluntad e incapacidad institucional para implementar los programas que se acordaron en la Habana.

Desde Bojayá y Chocó nos unimos al dolor de los compañeros de Tumaco. Nuestra solidaridad está con ellos.

LP: Yo creo que el fenómeno de las AGC en Colombia es una estrategia de Estado y una estrategia de fuerzas militares.

LP: Las AGC no funcionan en esos territorios sin que el Estado colombiano no tenga conocimiento. Los paramilitares se ubican en puntos específicos donde pasan cuatro o cinco meses y no hay un sólo combate entre las Fuerzas Militares y ellos.

Cómo es posible que la Fuerza Pública no se de cuenta que ahí están instalados 400 hombres.

LP: En Riosucio las comunidades vienen denunciando la presencia de paramilitares en esos territorios hace mucho tiempo. A Marino Córdoba le mataron a un familiar este año allá y Afrodes sacó un comunicado que le entregaron a las Fuerzas Militares y no hubo ninguna actuación frente a eso. Nosotros que estamos en esos territorios estamos súper convencidos que esto es una estrategia conjunta de articulación y de control entre militares y AGC.

LP: Para controlar estos territorios que no están exentos de una lógica de desarrollo. Las disputas que hay son precisamente por los intereses de los megaproyectos. Además hay tráfico de armas, actividades ilícitas que son un negocio para los actores armados.

Es jugoso que haya minería ilegal incluso para las Fuerzas Militares.

LP: ¿Cómo llegaron 800 retroexcavadoras al Chocó con sólo dos carreteras? No las pueden meter en un avión. Tuvieron que haber pasado por las carreteras de Pereira y Medellín y ahí hay muchos retenes del Ejército. ¿Por qué no las controlaron? Pues porque ellos recibieron su pago y eso era público en el Chocó.

En el río Quito se han hecho destrozos muy grandes y cómo es posible que en tantos años el Gobierno no haya podido controlar eso. ¿Las autoridades militares y ambientales no lo ven? No pueden decir que no porque esas retroexcavadoras no están escondidas, están en el lecho del río. Ahora ha disminuido un poco pero todavía hay algunas. Es claro que sí hay una omisión de las autoridades.

LP: Es una reflexión que hemos venido haciendo en Bojayá junto con las 32 comunidades indígenas, los 18 consejos comunitarios más la cabecera municipal en la que vemos una gran probabilidad de enviar un candidato y si las comunidades deciden que sea yo, estaré dispuesto a aceptar el mandato. Eso se definirá cuando el Congreso apruebe el acto legislativo. Mientras tanto seguiremos en asambleas.

LP: Son riesgos que se corren. Lo importante es tener claro lo que se quiere y sobretodo de dónde se viene. Si esto se da quisiera ser multiplicador de las voces de la gente y el gran desafío sería mantener ese criterio de autonomía y de transparencia con el pueblo.

LP: Nosotros vemos que hay riesgos en la implementación de los acuerdos de paz en los territorios y participar en política nos sirve para defender la paz.

Para nosotros la paz es la posibilidad de seguir viviendo, de no retornar a esos fenómenos de violencia que padecimos en Bojayá.

Allá apenas dormimos tranquilos hace dos años. No dormíamos más de tres horas diarias. Para nosotros es una obligación defender el proceso de paz, una necesidad.

Por otro lado, participar en política nos permite decirle al Gobierno nacional que hay que mirar a estas comunidades y con los acuerdos se abre la posibilidad de revisar las condiciones de salud, educación y vivienda en los territorios.

Tenemos que revertir ese gran rezago de las necesidades básicas insatisfechas del campo. Con un representante de las víctimas rurales en el Congreso podríamos pelear para trabajar el tema.

LP: Nos preocupan estos cambios porque no es lo que se acordó en la Habana. Nosotros no esperábamos que se abriera el abanico para que pudieran participar partidos políticos. El sentido del Acuerdo en cuanto a participación política era para aumentar la democracia privilegiando a los sectores que no han participado en política o no lo han hecho adecuadamente.

La propuesta de excluir a las cabeceras no lo vemos con mucha claridad. Cómo se va a sacar a Bojayá y su cabecera municipal que es Bellavista si las comunidades indígenas, por las lógicas del conflicto armado y por las condiciones de acceso tienen que votar allí porque no existen urnas en la zona rural.

Bojayá tiene 26 mesas y la mayoría están en la cabecera municipal. Si las sacan nos hacen un daño, porque le estarían limitando el derecho al voto a esas poblaciones.

En las votaciones del plebiscito, aunque ganó el Sí, sólo pusimos 2000 votos de los 6000 habilitados porque las comunidades indígenas de la zonas rurales no tuvieron las condiciones para participar.

El Gobierno debería pensar mejor en poner mesas de votación en áreas rurales, para que cada uno vote en el lugar donde vive e incentivar a la gente a votar.

LP: Yo estoy de acuerdo porque de eso se trata el acuerdo, aumentar la participación. Si ya tengo una filiación política ya he tenido una vocería y una oportunidad de representación. Aquí se trata de ofrecerle la oportunidad a quienes no hemos participado.

LP: Aquí hay que apelar a la buena fé y a la confianza. Yo pienso que en el caso del Chocó las organizaciones étnico territoriales, los Consejos Comunitarios y las organizaciones de víctimas son muy serias y vienen haciendo un trabajo muy responsable. Confiemos en que van a presentar candidatos autónomos.

El riesgo se va a correr de cualquier manera, tanto que los políticos acudan a las organizaciones, o viceversa.

LP: Si me propusieran una alianza discutiría el tema con las organizaciones. Cuando se es candidato de colectivos, éstos deberían crear unas mínimas reglas que direccionen su comportamiento.

Además, nuestra propuesta en Chocó es hacer alianzas con otros sectores organizativos y líderes sociales.

LP: A mi me parece que estar registrado como víctima puede ser una medida interesante de control en la medida que nos da la plena certeza de que esa persona es víctima. Pero también es una situación compleja.

Ese criterio fuera muy bueno en la medida que el sistema de la Ley de víctimas hubiera funcionado muy bien y hubieran sido reconocidas todas las víctimas. Pero hay muchas víctimas que no han acudido a la entidad a hacer la declaración, incluso hay gente que es víctima, ha denunciado pero no ha sido reconocida.

LP: Lo estuvimos contemplando bastante tiempo.

Acepté en un inicio porque pensamos que los Pdet para la región son fundamentales porque buscan revertir esas diferencias entre el campo y la ciudad en materia de satisfacción de derechos.

Empezamos el proceso de contratación pero estaba demorando mucho y las mismas comunidades empezaron a decir que quizá lo más importante y estratégico podría ser estar en otros espacios de participación.

Además, Bojayá está en una situación complicada.

LP: Tiene tres procesos que son determinantes para cualquier decisión que tomemos: las exhumaciones de las restos de las víctimas de Bojayá, el tema de salud de las 159 personas lesionadas de la masacre y las reparaciones colectivas por parte de la Unidad de Víctimas.

Estos procesos han tenido retrasos y si nos concentrábamos en el tema de los Pdet, esta agenda se nos iba a perder más.

Eso mismo puede pasar con las circunscripciones de paz. Si vemos que esta agenda se va a enredar tomaremos las decisiones pertinentes porque para Bojayá lo más importante es que se resuelvan estas situaciones.

LP: Las empezamos el 3 de mayo y se terminaron el 30. Encontramos 77 bolsas con restos, pero no sabemos de cuántas personas sean exactamente. Fuimos a buscar tres cuerpos que la Fiscalía enterró en 2004 en Riosucio, pero no los conseguimos porque la Fiscalía perdió la ubicación.

En la lista de los 79 cuerpos que hizo la Fiscalía del 2004 tampoco estaban incluidos los bebés: tres o cuatro mujeres estaban en embarazo y creemos que al menos dos nacieron y murieron ahí mismo.

Las bolsas las trasladamos a Medellín para que Medicina Legal haga el proceso de identificación de los cuerpos. Que revise si hay cuerpos mezclados y en lo posible que determine la causa de la muerte.

También nos interesa conseguir a unos tres desaparecidos que la comunidad dice que estaban en la iglesia en el momento del ataque, pero no se han encontrado sus restos.

LP: Claro, está abierto todavía y lo que queremos en este momento es hacer el entierro con nuestros ritos, alabaos, a los niños hacerle sus gualíes para poder despedirlos y que lleguen al cielo.

Nosotros consideramos que los muertos de Bojayá desde el 2002 andan penando. Cuando nosotros despedimos a los muertos con nuestros rezos posibilitamos que esas almas lleguen al cielo y los vivos empezamos a descansar. Y cuando nuestro familiar llega al cielo se convierte en un alma que vela por el bien de los que estamos vivos. Ese también es el ciclo que queremos cerrar con este proceso.

Nos gustaría que en la próxima conmemoración pudiéramos hacer el entierro definitivo de nuestros muertos.

LP: Una de las cosas que las comunidades ven con peligro es que los Pdet implican un alto nivel de coordinación entre entidades, consejos comunitarios, instituciones, alcaldías, gobernación y organizaciones de víctimas. Poner a hablar a estos sectores para definir una ruta de desarrollo en unos territorios que han estado marcados fuertemente por la desconfianza y la victimización es bastante desafiante.

Las víctimas hemos creído muy poco en las instituciones y funcionarios porque en algunos casos se han desviado de su camino. La masacre de Bojayá se dio en un contexto de omisión institucional, entonces sentar a estos sectores en donde ha habido un divorcio total es bastante complejo.

El otro elemento desafiante es que los Pdet se pretenden construir con un alta participación social y las comunidades del Chocó están muy dispersas, sobre todo las comunidades indígenas.

¿Cómo pueden participar las comunidades indígenas cuando tienen que transportarse durante tres días a un sitio de reunión y no tienen las condiciones para llegar? Esas distancias hacen muy complejo que las comunidades vengan a dejar sus ideas del futuro desarrollo que se pretende implementar en sus territorios.

LP: Habría que acudir al sistema de organización y a las lógicas de las comunidades para que esto funcione. En el Chocó ya existen instrumentos de planeación desde el 2000. Las organizaciones del Chocó se dedicaron a construir planes de desarrollo para su territorio. En el caso de los indígenas ellos tienen planes de vida.

Esos instrumentos habría que recogerlos y actualizarlos. Para que los Pdet funcionen habría que tener una interlocución alta con esas organizaciones.

LP: A pesar de que se firmó la paz, zonas como el Baudó, el San Juan y el Bajo Atrato siguen siendo zonas muy conflictivas por la presencia del ELN y paramilitares. Esto hace difícil que las organizaciones participen de los eventos y reuniones.

Si yo me muevo de una zona de influencia del ELN y me paso a la de otro grupo me consideran informante y mi vida corre riesgo. Se habla de un cese de hostilidades del ELN pero aún hay hostigamientos entre ellos y las AGC que afectan a la comunidad.

LP: El balance es bastante positivo. Las organizaciones hicimos una descripción bastante cruda de lo que están viviendo las comunidades y de las violaciones de Derechos Humanos. Sentí que había muy buena apertura, tanto del ELN como del Gobierno, de escuchar atentamente todo lo que las organizaciones le manifestamos y sobre todo no se pusieron en la retórica de defensa, sino más bien en la actitud de proponer alternativas para solucionar lo que está pasando.

Otro elemento que nos preocupa es que sentimos que miembros del ELN en el Chocó, tienen una ruptura con la dirigencia.

LP: Las comunidades manifestamos en Quito que los del ELN no respetan nuestra autonomía y no reconocen a las autoridades étnicas. Por ejemplo, le exigen que las organizaciones indígenas que quieran dar capacitaciones en los territorios deben pedir permiso primero. Y asientan sus campamentos muy cerca a los casos urbanos.

Pero cuando fuimos a la Mesa los negociadores sí reconocían a las organizaciones, entonces nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Se abordó el tema y los comandantes dijeron que les tocaba afinar los niveles de comunicación y de coordinación con su gente en los territorios.

Vine esperanzado de la actividad y también sentimos que a partir de esa reunión algunos comandantes en el territorio han empezado a mejorar su comportamiento. Me da la impresión que el mensaje de los comandantes sí llegó a sus bases.

LP: Uno de los puntos centrales de estas negociaciones es el que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en la Mesa. Pero para que esto pase en Chocó, si la guerra y la confrontación continúa en la manera como se está desarrollando la participación es simplemente imposible. Y ese fue otro de los mensajes que dejamos allá.

No le podemos pedir participación a una comunidad que está asustada, que tiene miedo. Así nadie participa en los eventos y si van no dicen nada.

Si no se mejora la confrontación y el comportamiento de los actores armados en esos territorios no habrá participación social. Me parece que es un riesgo muy grande que corre la mesa.

Se caería en los mismos errores de las negociaciones con las Farc. Esta negociación fue cerrada entre los dos actores, por eso cuando le trajeron los acuerdos a Colombia las personas no se apropiaron de ellos. Una negociación para superar el conflicto armado debe partir de la sociedad civil.

LP: No es que las organizaciones tengan un interés de cambiar los reglamentos para limitar la llegada de los excombatientes, sino que tenemos que actualizarlos porque los que teníamos se construyeron en unos contextos de guerra y hoy estamos en unos unos de paz y reconciliación.

Tenemos que actualizar esas normas para ver cómo nos vamos a relacionar con los que van a llegar y con los que ya están llegando y definir cuáles son las normas o criterios que van a regir su comportamiento.

LP: Si un guerrillero llegaba a la comunidad en el marco del conflicto armado estaba prohibido que pudiera hacer parte de una junta de consejos comunitarios y que pudiera hacer uso del territorio.

Todos los actores armados no podían participar del sistema organizativo territorial y social e incluso en las reuniones no podían opinar.

Hoy estas personas ya no son guerrilleros y por lo tanto se le deben activar sus derechos.

Pero esto no viene sólo. También hay que dejarles claro que para acceder a esos beneficios tienen unas mínimas reglas que cumplir. Por ejemplo, tienen que comprometerse a no volver a revictimizar a la comunidad y someterse a los reglamentos internos de las comunidades.

Incluso ha habido denuncias que los excombatientes han promovido nuevas organizaciones para suplantar a las que ya existen. Entonces Cocomacia dijo: “cómo me van a reemplazar a mí cuando he venido luchando por los derechos de las comunidades hace 30 años”.

Esto es un desafío para la reconciliación y si no se hace algo van a continuar las fricciones.

LP: Es una gran alegría para mí y para las comunidades de Bojayá porque nosotros venimos de mucho sufrimiento y el premio es una inyección de energía.

Bojayá le apostó a la paz de manera decidida y que hoy la comunidad internacional haga este reconocimiento nos revitaliza en medio de las incertidumbres de la implementación de los acuerdos de paz.

Pero el premio también nos permite seguir hablando por las comunidades y levantando nuestra voz; me contribuye a seguir ganando la confianza de la gente y aumentar la legitimidad con el pueblo. Y para mí eso es lo más importante.