El Gobierno sacó una reforma a la justicia pero con otro nombre

Hasta hoy tenían plazo los senadores en plenaria para aprobar la reforma al equilibrio de poderes, básicamente por cuestión de tiempos: la discusión del Plan de Desarrollo arranca mañana y sólo queda un mes para que se acabe esta legislatura y se logre aprobar en segunda vuelta este proyecto clave para el Gobierno.

Después de tres días con sesiones que tardaron más de nueve horas continuas, el debate de hoy dejaba lo mejor para el final: el senado regional y su reglamentación, la comisión de aforados y la lista cerrada.

La estrategia de los ponentes del proyecto, encabezados por Armando Benedetti de La U, fue dejar estos temas más polémicos para lo último y aprovechar los días anteriores para acelerar la votación del grueso de la reforma donde había más consenso.

El lunes se aprobó eliminar la reelección, uno de los puntos políticos más claves para el Gobierno Santos. Aunque ese día también se intentó aumentar la inhabilidad de un año para que el vicepresidente se pudiera lanzar a cargos públicos, finalmente quedó aprobado como venía.

Ayer martes, el debate se movió con mucha celeridad y estuvo enfocada especialmente en los temas que tenían que ver con la reforma a la justicia. En cuestión de tres horas, la plenaria aprobó temas claves como la no reelección de magistrados, Defensor del Pueblo, Contralor y Procurador, la nueva reglamentación para sacar a los Tribunales de la elección de contralores locales, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo por la  Comisión Nacional de Disciplina y las nuevas entidades de administración de la Rama Judicial.

Por eso, la sesión de hoy era el postre: que tenía que aprobar de una sola sentada los artículos más complicados que estaban en el tintero.

La sesión arrancó a las 12 del medio día con la discusión del párrafo que hacía falta para aprobar definitivamente la creación de la Comisión de Aforados. Justo antes del almuerzo, los senadores empezaron a presentar, casi en fila, más de siete proposiciones que modificaban o sumaban requisitos para la Comisión. Dos horas después, el artículo se aprobó, aumentando de tres a cinco el número de miembros de la Comisión, y definiendo que serán elegidos mediante convocatoria pública que organiza la nueva dirección de la magistratura y que se elige con mayoría absoluta por el congreso en pleno.

Aunque faltaban algunos artículos, la expectativa de la plenaria estaba concentrada en el artículo que buscaba prohibir el voto preferente y hacer obligatoria las listas cerradas para todos los partidos y todas las elecciones con más de un candidato. Ese mismo artículo aseguraba que los departamentos menos votados y que hoy sólo de rebote pueden llegar a tener un senador, tuvieran representación en la Cámara Alta (el llamado “Senado regional”).

Incluso antes de terminar de votar los artículos que la precedieron, la plenaria comenzó a partirse en distintos grupitos según el partido que discutían qué decisión tomar.

Según una alta fuente del Senado, la estocada a esas dos propuestas fue la decisión de los 20 senadores de la bancada uribista de votar en contra de la lista cerrada, a pesar de ser el único partido que llegó al Congreso con ese mecanismo

Esto sirvió para que los senadores de La U que no estaban a favor de esos artículos aprovecharan el desorden para convencer a otros y lograr hundirlos. Según dos fuentes consultadas por La Silla, ese revuelo en La U fue orquestado por los senadores costeños Martín Morales y Eduardo Enrique Pulgar.

Morales, quien el pasado jueves fue clave para lograr que se levantara la sesión agendada para disctir la reforma como contó La Silla, fue el primero en hablar. Ante la plenaria afirmó que La U no apoyaba las listas cerradas. A él se fueron sumando, uno a uno, los voceros de Opción Ciudadana (otrora Pin), el Polo y las dos cabezas de los Conservadores, los atlanticenses Roberto Gerlein y Efraín Cepeda. Con eso ya se sabía que por lo menos 46 senadores no iban a apoyar la propuesta del Gobierno

En cambio, el senador Carlos Fernando Galán habló para defender la lista cerrada aunque dejó claro que los senadores de su partido, Cambio Radical, quedaban en libertad para votar como quisieran. Algo similar ocurrió con los verdes, mientras que el vocero del Partido Liberal, Horacio Serpa, anunció que su bancada había aprobado por amplia mayoría la iniciativa del Gobierno y votaría a favor.

Sin embargo, las cuentas no daban. El Gobierno, representado por el ministro de Interior Juan Fernando Cristo, propuso retirar la iniciativa, aparentemente con la esperanza de que por lo menos el senado regional sí alcanzara a pasar.

Finalmente la iniciativa no se retiró y el resultado de la votación fue contundente: la lista cerrada se hundió con 58 votos contra 25. El senado regional también cayó 59 contra 29.

En cambio sí pasó la lista cremallera, que obliga a que en las listas se intercale una mujer por cada dos hombres. Esa propuesta tenía muchos dientes en las listas cerradas. Con voto preferente tiene menos fuerza, porque cada candidato jala para su lado, pero puede tener efectos al obligar a que haya mujeres en los primeros puestos (cuyos números son más fáciles de memorizar y suelen recibir algunos votos por error) e impacta las listas a la Cámara de los departamentos que solo tienen dos cupos, pues estas son de tres miembros y hasta ahora no era obligatorio que incluyeran a una mujer.

“La mayoría de esos senadores (que votaron en contra de la lista cerrada) son hijos del voto preferente. Ellos no van a votar para matar al padre”, le dijo a La Silla el senador Armando Benedetti, uno de los cuatro de su bancada que perdieron la votación interna para apoyar la lista cerrada.

Con estos resultados, el Gobierno perdió su oportunidad de hacer la reforma política que buscaba.

Lo que queda (por ahora)

Eso no quiere decir que la reforma sea inocua. De hecho, logra cambios en la cúpula de la justicia que pueden modificarla sustancialmente.

Uno es la reforma de todo el sistema de investigación a los funcionarios con fuero: se elimina la inoperante Comisión de Acusaciones y se reemplaza, para el futuro, con una Comisión de Aforados compuesta por magistrados dedicados a investigarlos. Además, se separa el juicio político del penal, con lo que las investigaciones por delitos no tienen que empantanarse en debates políticos: si el lío es penal la Comisión lo envía a la Corte Suprema para el juicio, si es por indignidad (el nuevo nombre del juicio político), el debate va al Congreso.

Otro es el cambio en la estructura de gobierno de la Rama Judicial. La reforma elimina el Consejo Superior de la Judicatura y lo reemplaza por varias entidades, cuyos miembros ya no serán magistrados.

Uno más son los obstáculos que crea a la clientelización de las altas cortes y los órganos de control. La reforma, entre otros, prohíbe el “yo te elijo, tú me eliges” (es decir, que quien como magistrado haya elegido a alguien, luego se vea beneficiado por el voto de éste para llegar a otro cargo, como ha sido el caso del Procurador Alejandro Ordóñez) y la posibilidad de salar de una Alta Corte a otra.

En la parte política, la prohibición de la reelección presidencial ayuda a restaurar el equilibrio en la Constitución: en cuatro años son menos los nombramientos en los que incide. Por ejemplo, se vuelve al esquema en el que un presidente no tiene poder de influir sobre el Procurador que va a controlar a sus funcionarios, sino en el que lo hará en los de su sucesor.

También quedan otros puntos que modifican el ejercicio de la política, aunque en menor medida. Por ejemplo, ahora el candidato que quede de segundo en las elecciones a alcaldías, gobernaciones y presidencia va a tener una curul en el concejo, asamblea o Senado.

Eso de un incentivo nuevo para que los candidatos lleguen hasta el final en esas elecciones y, el dejar a quien posiblemente lidere la oposición en el concejo o asamblea, puede cambiar la dinámica entre los mandatarios y esas corporaciones.

En todo caso, lo que definió hoy el Senado no es la última palabra. En dos o tres semanas la Comisión Primera de la Cámara va a empezar a discutir la reforma, y allá o en la plenaria podían revivir los artículos hundidos por el Senado.

Así que todavía hay un chance para que el equilibrio de poderes cambie la forma de hacer política en Colombia.

Si no, vamos a terminar con la eliminación de la reelección metida en una reforma a la justicia que, con otro nombre, no invoca directamente el fantasma de la fallida reforma de 2012, que terminó en un episodio traumático para la imagen y el liderazgo de Santos.