El Gobierno tiene tres tonos distintos con las drogas

El Alto Consejero para el Posconflicto es la voz solitaria del Acuerdo

Emilio Archila, que votó por el Sí en el plebiscito de 2016, representa la voz que defiende el Acuerdo. Frente a las drogas, replica lo que se pactó en el punto 4 del Acuerdo: la prioridad debe ser que los campesinos sustituyan la coca por cultivos lícitos, que solo donde no se pueda el Gobierno debe erradicar, y que la aspersión sea el último recurso.

Eso, al punto de que no da por hecho que vayan a fumigar sino que dice que el Gobierno lo está “contemplando”.

“Tengo una enorme confianza en las virtudes que tiene la sustitución voluntaria donde se ha implementado adecuadamente” dijo hace una semana en una entrevista a El Espectador.

Aunque ha dicho que el Gobierno Santos dejó desfinanciado el Programa Nacional para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, también ha insistido en que “hay toda la voluntad de cumplirles a las familias, pero tenemos que hacer toda una maroma presupuestal”.

En la presentación del resumen ejecutivo del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, que mostró el crecimiento en los cultivos ilícitos, fue más allá.

Dijo que Duque ya le dio la orden expresa al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que la sustitución tenga la plata suficiente, que según sus cálculos, serán 500 mil millones en lo que resta de este año y 2 billones más para el año entrante.

Mientras los ministros de Justicia, Gloria María Borrero, y Defensa, Guillermo Botero, ven en los datos de la Unodc que el país está nadando en coca, Archila ve la otra cara de la moneda, pues resalta que el mismo informe dice que las familias que firmaron acuerdos para sustituir los cumplen en un 91 por ciento y que los casos de resiembra apenas son del 12 por ciento.

Una persona que trabaja en Presidencia nos dijo que lo ve como el “único jugado” con implementar el Acuerdo. “Los ministros ni saben qué deben hacer con el Plan Marco (la hoja de ruta de la implementación)”, agregó.

Si su voz llegara ser la privilegiada para definir la política, la sustitución de cultivos sería la prioridad y le meterían el acelerador, pues parte de lo que dice Archila es que se va enfocar en que haya más coordinación entre las agencias que creó el Acuerdo (como la Agencia de Renovación del Territorio o la Agencia de Desarrollo Rural), para que la implementación ande más rápido.

Sin embargo, es muy poco probable que su voz marque el norte de la política de drogas, pues la cabeza de esa política es la ministra de Justicia, que tiene otro tono.

La Ministra de Justicia es el tono moral

Cuando Gloria María Borrero, ministra de Justicia, habla de drogas, lo hace desde una perspectiva moralista que aterriza el discurso de Duque de legalidad desde la protección a las familias.

“Yo soy muy pesimista con este tema, creo que ya perdimos una generación de jóvenes.  Ojalá recuperemos la cultura de la legalidad y derrotemos el narcotráfico”, dijo en la presentación del resumen de la Unodc.

En esa misma línea, la voz de Borrero fue la de la defensa en medios al decreto de dosis mínima, que le permite a la Policía decomisar cualquier dosis de droga que porten los ciudadanos en las calles.

Ante las dudas que generó el anuncio del decreto, que van desde su constitucionalidad hasta si es verdaderamente efectivo, Borrero lo defendió por su objetivo moral: “no estamos penalizando la dosis mínima, estamos protegiendo a nuestros niños y adolescentes”.

Frente a la sustitución de cultivos, en la presentación de la Unodc, recordó que su cartera es la que tiene la coordinación de la ‘política integral de drogas’ y “por instrucciones del presidente Duque vamos a enfrentar de una manera fuerte el narcotráfico”.

En esa ‘política integral’ no existe la palabra sustitución.

Ella habla de “una política integral que va desde la prevención de la drogadicción hasta la erradicación de cultivos”, con lo que es una voz que ata la política contra los cultivos ilícitos con la protección de la niñez.

Que Borrero sea la cabeza de la política de drogas puede hacer que su tono moralista sea el que prime porque ella preside el Consejo Nacional de Estupefacientes (que tiene otros siete miembros: Mindefensa, Minsalud, Mineducación, Cancillería, Policía, Procuraduría y Fiscalía), que toma todas las decisiones gruesas del sector como prohibir el glifosato.

El ministro de Defensa es el tono radical

La voz de Guillermo Botero para referirse al problema de las drogas es la más radical porque para él la solución es regresar al glifosato.Para defender su efectividad, dio como evidencia que en su finca funciona muy bien y que otros químicos como el Gramoxone (nombre comercial del paraquat), pueden resultar más tóxicos y caros.

Ese es uno de los ejemplos de una voz radical, que privilegia atacar con mano dura todos los eslabones de la cadena.

Esa mano dura también se nota en que frente a la sustitución de cultivos dice que “se acaba la erradicación voluntaria y se vuelve a la erradicación forzosa”.

Eso, además de ser una falacia porque la erradicación siempre ha sido obligatoria para los campesinos que no le apuesten a la sustitución, lo muestra como la voz más dura con los pequeños cultivadores.

Eso hasta el punto de que ha dicho cosas como “hemos vivido por tantos años en la ilicitud que ya a los campesinos bien les parece que están en una actividad lícita y formal. En este gobierno ha cambiado la política. Esto es un asunto de seguridad nacional”.

Si la voz de Botero suena más duro a la hora de definir la política de drogas, probablemente el efecto más inmediato, como ya empezó a ocurrir en Caquetá, será el regreso de las marchas cocaleras pues, sin que haya volado el primer avión para asperjar, decenas de campesinos salieron a marchar la semana pasada quejándose de los incumplimientos del Gobierno con la sustitución y del regreso al glifosato.