El golpe al poder de Tuto y Ape en Valledupar

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El alcalde de Valledupar Augusto Tuto Uhía y su padrino político, el representante Alfredo Ape Cuello.

Con la destitución en primera instancia del contralor y 15 concejales, la Procuraduría puso a tambalear la gobernabilidad del alcalde Augusto Tuto Uhía y debilitó la imagen de súper poderoso intocable en el Cesar del representante conservador Alfredo Ape Cuello.

Desde hace dos semanas que la Procuraduría destituyó por 13 años, en primera instancia, al contralor de Valledupar Álvaro Castilla y a los 15 concejales que lo eligieron, está en vilo la gobernabilidad del alcalde de esa ciudad Augusto Tuto Uhía y el poder de su  padrino, el representante conservador Alfredo Ape Cuello.

La decisión del Ministerio Público tiene tambaleando nada menos que a su contralor amigo y a su coalición mayoritaria. Se trata de un golpe al poder del principal promotor del proyecto que llevó a Uhía a la Alcaldía: Ape Cuello, quien en octubre pasado se coronó como uno de los mandamases del Cesar.

El evidente conflicto de interés

La Procuraduría encontró que con la elección de Álvaro Castilla Fragozo los 15 de los 19 concejales que votaron por él incurrieron en una falta disciplinaria, porque escogieron al principal financista del alcalde para hacerle control fiscal. Según lo que Uhía le reportó al Consejo Nacional Electoral, Álvaro Castilla le puso $120 millones de los $1.062 millones que ingresaron a su campaña. Suma que convirtió a Castilla en el aportante que más recursos le entregó de sus 22 financiadores oficiales.

El Ministerio Público también encontró irregular que el actual contralor sea miembro del comité inscriptor del grupo de ciudadanos que avaló al alcalde. Y que haya integrado el equipo de empalme de Uhía para recibir información de la saliente administración de Fredys Socarrás sobre la empresa de acueducto y alcantarillado Emdupar.

Esta situación increíble tenía indignados a muchos valduparenses que veían mal que el contralor fuera juez y parte de la Alcaldía de Tuto.

La sanción de la Procuraduría, que es la más dura en la historia política de Valledupar y por la que hoy se celebra una audiencia de apelación, no deja de sorprender en el Cesar por tratarse de un golpe al movimiento del congresista conservador Ape Cuello.

Especialmente, porque después de ganarse la Alcaldía en las regionales pasadas, su grupo parecía intocable y porque desde septiembre de 2014 una aliada suya está en la Procuraduría Regional del Cesar: Antonia Orozco Durán, de una familia conservadora que vota por Ape y sus candidatos.

 

Antes de que Bogotá llevara el proceso disciplinario, fue la Procuraduría Regional del Cesar la que manejó una indagación preliminar por una queja interpuesta por un abogado días después de la elección del contralor.

Aunque la sanción al contralor y a los concejales todavía no es definitiva, en Valledupar pocos creen que en segunda instancia haya una decisión distinta porque la misma Procuraduría ya había hecho un control de advertencia sobre el evidente conflicto de interés con la elección de Castilla como contralor.

Allí también creen que el fallo abre la puerta para que se investigue a los diputados del Cesar que escogieron a César Cerchiaro De la Rosa como contralor departamental.

Él fue el gerente de la campaña del gobernador Franco Ovalle en octubre pasado y ahora tendrá que vigilarlo fiscalmente.

Consecuencias en el Concejo

El fallo solo quedará en firme cuando la Sala Disciplinaria de la Procuraduría se pronuncie en unos tres meses tras estudiar la apelación presentada la semana pasada por los concejales y el contralor. Y una de las implicaciones para Uhía y su jefe político Ape Cuello es tener que hacer eventuales nuevas negociaciones con el Concejo, en caso de que entren otros concejales, para volver a armar la coalición mayoritaria.

Negociaciones que no tendrían tan cuesta arriba porque 12 de los 15 concejales que entrarían en reemplazo de los sancionados los apoyaron en las regionales pasadas. Aunque, meses después de la elección esas afinidades políticas pueden haber variado.

Uhía y su jefe político Ape Cuello lograron armar la actual coalición en diciembre pasado y desde su primer día de gobierno el alcalde ha tenido a 15 de los 19 concejales en su misma orilla: 11 que votaron por él y cuatro que se le unieron después de las regionales.

Justo lo primero que hizo esa coalición fue escogerle a Uhía un contralor amigo, el pasado 7 de enero, pese al control de advertencia de la Procuraduría y a que Castilla tenía el puntaje más bajo entre los ternados.  Mientras que los cuatro concejales que no votaron por él no son de la cuerda política del alcalde, pero tampoco se han declarado en oposición.

Otra muestra de las buenas relaciones del Concejo con el actual gobierno es la aprobación unánime al Plan de Desarrollo y a una adición de $48 mil millones para el presupuesto de este año. También, la elección del conservador Guido Castilla, del grupo de Ape Cuello, como presidente de la corporación este año.

Consecuencias en la Contraloría

Otra implicación del fallo para el alcalde y su jefe político es la posibilidad de que llegue a la Contraloría una persona que no sea de su cuerda y se dedique a realizar un exhaustivo control fiscal. Esa labor es la que en Valledupar dudan que realice el actual contralor dada su amistad con Uhía, por más que ambos nieguen desde enero pasado, que sus vínculos políticos de octubre tienen influencia alguna en su relación alcalde - contralor.

Particularmente, queda abierta la posibilidad de que a la Contraloría llegue una persona que no sea afín al grupo de Ape Cuello, porque de quedar en firme la destitución el Concejo deberá convocar a un nuevo concurso, del que saldrá la terna.

Y uno de los firmes candidatos a concursar, y que estuvo en la pasada terna de la que el Concejo eligió al actual contralor, es el defensor Omar Contreras Socarrás. Él es pariente del exalcalde Fredys Socarrás -contradictor político de Uhía- y obtuvo el puntaje más alto en el concurso de méritos con 89 puntos sobre 100 posibles.

Ya en febrero pasado el grupo de Cuello salió derrotado en la puja por la Personería porque los concejales terminaron escogiendo al abogado Alfonso Campo Martínez, quien está en la Personería desde 2012 y es aliado del exalcalde Fredys Socarrás.

Dos políticos activos del Cesar le contaron a La Silla, en marzo pasado, que los concejales prefirieron elegir a Campo Martínez y no a la candidata de Ape Cuello para evitarse nuevas investigaciones de la Procuraduría, porque para ese mes ya estaba en curso la indagación preliminar por la elección del contralor. Además, el Ministerio Público ya les había advertido de una posible violación al debido proceso.

El golpe a la imagen de súper poderoso de Ape

Aunque en primera instancia, la decisión de la Procuraduría terminó golpeando la imagen de poderoso que Cuello ha consolidado después de ganarse, en las regionales pasadas, la Alcaldía de Valledupar, otras ocho alcaldías municipales en el Cesar, 52 curules en los concejos de ese departamento, dos puestos en la Asamblea y burocracia en la Gobernación de Franco Ovalle, con quien Tuto hizo fórmula.

“Es un campanazo de alerta para ellos (Tuto y Ape) que dicen tener súper poderes”, le dijo un político activo a La Silla.

El fallo también golpea la imagen de Ape frente a su grupo político porque fue él quien impulsó a Castilla Fragozo como el candidato a Contralor al que debían apoyar.

De hecho, entre los concejales de la coalición siempre primó la percepción de que la elección de Castilla no tendría consecuencias disciplinarias para ellos dada la afinidad política del congresista  con la procuradora regional. Y por la militancia conservadora del procurador general Alejandro Ordóñez.

El Ministerio Público también ordenó investigar disciplinariamente a tres funcionarios de la actual administración por no haber aportado información sobre las personas que estuvieron en el grupo de empalme de Tuto. Se trata de tres miembros del círculo más cercano del alcalde Uhía y de Ape Cuello: Sandra Cujia, Aníbal Quiroz y José Jorge Crespo.

“Muchos creían que la Procuraduría iba a tener sesgo político y con esto demostró que no obedece a intereses regionales”, le dijo a La Silla otro político activo del Cesar consultado.

Los próximos meses se sabrá si la Procuraduría sólo golpeó temporalmente el poder de Ape Cuello o provocó un verdadero tsunami en el Valledupar político. Lo que sí es un hecho es que con la primera decisión de esa entidad, al congresista conservador ya se le rasgó su imagen de súper poderoso intocable del Cesar.

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