El juicio de la historia

Cualquiera sea el número final de “falsos positivos” que se logre documentar y ojalá castigar, el período comprendido entre el año 2000 y el 2008 es la época de mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos en la historia de Colombia. 

Quizás pudo haber sido peor en la época de los gobiernos conservadores de la década de los 40 en el siglo pasado, pero no hay suficiente información. Esa macabra etapa terminó con un pacto de impunidad y las exigencias de verdad, justicia, reparación no se hacían para entonces.

Es también cierto que las masivas violaciones de derechos humanos que ocurrieron en la primera década de este siglo contaron con la aceptación tácita o explícita de un porcentaje muy alto, quizás mayoritario de la población, que se involucró directamente en la confrontación mediante la organización y/o financiación de grupos ilegales, que contaron con la acción u omisión de agentes estatales, o que simplemente consideró que ese era un sapo que debía tragarse para derrotar a las guerrillas que durante décadas habían cometido todo tipo de tropelías.

Es innegable, también, que la estrategia de derrotar militarmente a la guerrilla, así implicara violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, produjo resultados en términos no solo del desequilibrio militar del conflicto, sino de reducción de la actividad criminal de la guerrilla expresada en asesinatos, secuestros y etc.

Este resultado final es el que el uribismo exhibe como su principal legado. La manera de lograrlo es su karma.

Que ese era uno de los caminos posibles para enfrentar a la guerrilla, ya lo había avizorado el famoso ejercicio de prospectiva Destino Colombia, en el que participaron un puñado de personajes representantes de diversos sectores de la sociedad colombiana, dentro de los cuales estaban entre otros la actual canciller, Claudia Blum, y el padre del actual Presidente de la República.

Ese escenario lo denominaron “todos a marchar” y lo definieron como: “reconstruir una nación rota y zurcir las rasgaduras hechas al tejido social del país y ante la frustración de otros intentos para alcanzar la paz se instauró un mandato firme para poner orden al caos institucional”.

El fin justificaría los medios.

Una vez la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada precisamente para juzgar, con reglas de justicia transicional, los crímenes cometidos durante el conflicto, expidió el auto en el que enmarcó su investigación sobre los denominados “falsos positivos” y los cuantificó en algo más de 6.400 casos -¡¡¡6.400!!!-, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó a ese Tribunal, lo deslegitimó y se defendió diciendo que ahí estaban los resultados. Es que precisamente ese es cuestionamiento: que se lograron unos resultados a través de medios que se han probado ilegítimos.

Las revelaciones de los “falsos positivos” no son ni nuevas, ni son de la JEP, por lo que las acusaciones de sesgo ideológico de los jueces tampoco tienen sustento. La investigación de la JEP puede llegar a ser la más completa, pero se vale fundamentalmente de actuaciones de otras instancias judiciales en las que se han comprobado hasta la saciedad la ocurrencia de hechos sin nombre que han sido incluso confesados por decenas de miembros de la fuerza pública implicados en ellos.

Hace casi una década se vienen profiriendo decisiones judiciales que describen cómo ocurrieron miles de hechos que se resumen en:  “(i) una muerte calificada como “violenta y atroz”[117], (ii) de una persona identificada como jornalera de la región, (iii) sin antecedentes penales, (iv) que se encontraba en estado de “indefensión” por la posición en que fue encontrado el cadáver y la trayectoria de los disparos, (v) cuyo deceso ocurrió por el accionar de los miembros del Ejército Nacional; y (vi) sin que estuviese probado un combate”.

Es un crimen que lo hemos llamado “falsos positivos” y que en el derecho internacional no tiene nombre porque las “ejecuciones extrajudiciales” suponen que el perpetrador tiene algún grado de convicción de culpabilidad de la víctima y acá es todo lo contrario, el victimario tiene plena certeza de que su víctima es inocente.

El Consejo de Estado en una decisión de hace unos cuatro años, al resolver un caso de responsabilidad estatal por un hecho de estos, afirmó: “Desafortunadamente casos como este se volvieron reiterados en nuestro territorio, al punto que son numerosas las condenas penales contra los uniformados involucrados en ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales contra el Estado colombiano, con ocasión de fallas en la prestación del servicio por las actuaciones irregulares de los servidores encargados de proteger y defender los derechos y las libertades públicas”.

La reacción del expresidente fue un avance. Es quizás la única vez que ha aceptado que durante su gobierno pudieron haber ocurrido múltiples violaciones a los derechos humanos, sólo que, según su dicho, quizás no fueron tantas como se dice, ocurrieron a sus espaldas y de ellas deben responder políticamente los exministros de defensa y no él.

El debate lo concentró en si fueron 6.000 o 2.000 los asesinatos e incluso en cuál es la fuente de información de la JEP, que, como se demostró, la inmensa mayoría son datos de la Fiscalía, que aportó datos de al menos 4.000 casos.

Los procesos de justicia transicional son así: dolorosos, impactantes, progresivos, en la medida en que se van revelando casos se comienzan negando y después de van aceptando de a poquitos. 

Ese es el proceso que apenas estamos comenzando.

Los juicios de la historia son menos detallados y con lo que se ha documentado ya es suficiente para derivar las conclusiones.