El legado de Uribe

Si algo se le puede atribuir al expresidente Uribe es la deslegitimación del poder judicial, que puede ser una de las mayores catástrofes institucionales que haya sufrido Colombia en las últimas décadas. La inmensa mayoría de la ciudadanía cree que en nuestro país la justicia está al servicio de intereses políticos, que es como si todos estuvieran seguros de que el árbitro del partido lo compró alguno de los equipos.

La decisión de la Fiscalía de pedir la preclusión del proceso que se sigue contra el expresidente generó automáticamente la doble reacción: para unos, fue la plena prueba de que la Fiscalía se ha convertido en un brazo de un sector político y para los otros, la confirmación de que la Corte Suprema de Justicia es el instrumento para perseguir ese sector que ahora encuentra amparo en la Fiscalía.

Ese proceso de deslegitimación de los jueces se lo atribuyo a Uribe no porque sea el protagonista de este evento en particular y la controversia esté centrada en su responsabilidad en un asunto, sino porque fue él quien desde el propio gobierno fue sembrando la idea de que los jueces actuaban siempre con intereses distintos a los de la eficacia de la justicia y la búsqueda de la verdad.

Uribe usó buena parte de sus energías para señalar a la Corte Suprema de Justicia de entonces y después lo ha hecho, de qué manera, por ejemplo, contra la Jurisdicción Especial de Paz.

En la trampa han caído casi todos, entre otras cosas porque para los actores políticos, de todos los espectros, el relato de jueces parcializados lo que hace es debilitar los controles institucionales y conseguir que las decisiones judiciales no produzcan efectos políticos.

En España, por ejemplo, nadie imagina que contra el Rey Juan Carlos hay una persecución por parte de republicanos para afectar la monarquía, y en Francia tampoco se le endilga un interés protervo al juez que condenó a Sarkozy por corrupción esta semana. En ambos casos los ciudadanos se ponen del lado de la justicia, y claro que se afecta la legitimidad de la monarquía y el partido del expresidente francés recibe un golpe mortal, no la justicia.

En Colombia extrañamente no se generan esas consecuencias. Al contrario, la justicia es la que pierde y la opinión pública no se mueve en ningún sentido. Los que estaban convencidos de la inocencia del Presidente Uribe ahora lo ratifican; los que estaban convencidos de su culpabilidad ahora no solo lo tienen por responsable de los delitos que se le endilgan, sino que le añaden uno más: haber inducido a la Fiscalía a cometer un prevaricato, por lo que incluso el senador Cepeda ayer mismo denunció.

Cada acto de esta comedia trágica conduce no solo a debilitar los controles en los casos particulares, sino a abrir camino a la propuesta de la Corte única, que unida a la de la reducción del Congreso tiene como único propósito fortalecer el poder ejecutivo y diseñar una democracia plebiscitaria.

Los que hoy cuestionan a la Fiscalía, con razón o sin ella, le ayudan en el propósito final a quienes tienen como sus contradictores.

La independencia y la confianza en el poder judicial es la garantía de la democracia, así de simple y por eso es lo que hay que proteger con mayor vehemencia.

El sistema político de los Estados Unidos no hubiera resistido a Trump si no hubiese un poder judicial libre de presiones, pero sobre todo con la confianza ciudadana para ser el árbitro que definía de una vez por todas la transparencia del resultado de las elecciones de noviembre pasado.

Que el poder de los jueces se ha ampliado en los últimos tiempos, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, es evidente, pero es el resultado de la evolución del principio de separación de poderes y de la respuesta a la pregunta de ¿quién garantiza la protección de los derechos de las personas y el control del ejercicio de los poderes? 

En una primera etapa del Estado Liberal la respuesta era al poder legislativo que tiene además la legitimidad democrática y representa el interés general.

La dinámica del ejercicio del poder demostró que las mayorías parlamentarias representaban intereses legítimos, pero intereses, que podrían estar en contradicción con los de las minorías y se podrían convertir precisamente en su amenaza. El constitucionalismo de la segunda posguerra lo que hizo fue reconocer esa circunstancia, relievar el valor normativo de las constituciones y entregarle a los jueces la garantía de su cumplimiento.

En nuestro ordenamiento constitucional eso se concretó a partir de 1991 con la creación de la Corte Constitucional y de la tutela que son los instrumentos que más simbolizan la enorme transformación en los poderes públicos y en la relación entre gobernantes y ciudadanos en estas tres décadas.

Esos avances son los que nos jugamos y ponemos en riesgo cada vez que nos convertimos, cada uno de nosotros, del lado que estemos, en reproductores de la idea de que el poder judicial en Colombia está al servicio de intereses políticos.

Lo dicen unos cuando afirman que creen que eso pasó, por ejemplo, porque las cortes ahora intervienen en la elección de unos funcionarios públicos, o cuando se quejan del “gobierno de los jueces” o piden que el plan de vacunación esté excluido de los controles judiciales.

Ese debilitamiento de los jueces es el mayor legado de Uribe en las instituciones colombianas y también la mejor prueba de la fortaleza de la Constitución que ha logrado resistir semejante embate de más de diez años.