La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
La comunidad de Capurganá pide ayuda al Gobierno para manejar el paso de migrantes irregulares por ese puerto, en vía a Panamá. Pero está en un sándwich entre el Estado y los ilegales que imponen su ley.
El lío fronterizo que resolvió el Clan del Golfo (por ahora)
Grupo de migrantes adentrándose a las montañas de Capurganá para llegar a Panamá. Foto: Sara Lopera.
A las diez y media de la mañana del viernes pasado empezaron a llegar embarcaciones llenas de migrantes africanos, asiáticos, haitianos y cubanos al puerto de Capurganá, el penúltimo pueblo al norte de Colombia antes de llegar a la frontera panameña.
Ese lugar, con alrededor de cuatro mil habitantes, es un corregimiento de Acandí, Chocó, un reconocido y paradisíaco destino turístico de nacionales y extranjeros, en donde más del 80 por ciento de las personas vive del turismo.
Pero también es la parada de miles de migrantes irregulares que vienen del sur del continente, entran a Colombia por la frontera de Nariño y buscan seguir hacia los Estados Unidos. La mayoría no cuenta con documentos, pero Migración les da un papel -salvoconducto- que les permite transitar por el país durante 15 días.
En total, entre viernes y sábado, fueron 1.250 los que llegaron a Capurganá en 20 lanchas desde los puertos de Necoclí y Turbo, en el Urabá antioqueño. Y luego, en grupos de entre 60 y 70 personas, siguieron su paso hacia Panamá.
La razón de que llegaran tantos al mismo tiempo es que hace 20 días un grupo de mujeres de Capurganá protestó porque, según ellas, el tránsito de migrantes les está causando problemas y el Gobierno no les da solución.
La movilización tuvo como efecto que las empresas de lanchas de Necoclí y Turbo les dejaran de vender tiquetes a los migrantes, por lo que estuvieron represados en las playas de las dos poblaciones, en carpas y a la espera de que levantaran la medida.
Aunque delegados del Gobierno Nacional visitaron Capurganá el 26 de marzo para escuchar las quejas y mediar para que los migrantes represados siguieran su camino, solo hasta hace cuatro días pudieron hacerlo.
Pero no fue por esa visita de Cancillería y Migración, sino por acuerdos entre el consejo comunitario de la región, los coyotes que guían a los migrantes y el Clan del Golfo, que impone su ley en la zona y había prohibido a la población guiar a los migrantes por sus rutas de droga.
El tema de los migrantes es un cuento viejo en esta región del país. “Desde que tengo uso de razón, esta ha sido la ruta de todos los que van para arriba”, nos dijo Julio Moreno, veterano presidente de la junta de acción comunal de Capurganá.
Sin embargo, solo desde el 2015, cuando el Gobierno Nacional regularizó el tránsito de los migrantes entregándoles el salvoconducto, el fenómeno se hizo más evidente.
Desde ese año los migrantes pueden comprar un tiquete en los muelles de Turbo y Necoclí, o pagar un tiquete de avión desde Medellín, y viajar como un turista más hasta Capurganá; antes, la única opción era viajar a través de los coyotes que los transportaban más inseguros y cobrando cifras mucho más altas.
En 2016, según Fabricio Marín, gerente del muelle de Turbo, viajaron 39.851 migrantes, en su gran mayoría haitianos y cubanos. En 2017, cuando Panamá cerró su frontera, bajó la cifra a 6.683 migrantes, y en el 2018, cuando la volvió a abrir, pasaron 11.440 migrantes.
“Ahí hay de todo un poco, migrantes de Cuba, Haití, Congo, Pakistán, Afganistán, Eritrea, Mali, Camerún, Ghana”, nos contó Marín.
Este año, solo Turbo cuenta 3.257 migrantes, hasta el sábado en la mañana que salió el último grupo de 72 haitianos.
Lo que detonó la protesta
La protesta arrancó el 16 de marzo. Ese día un grupo de 30 mujeres del Consejo Comunitario Cocomanorte, que reúne a las comunidades negras del norte de Acandí, se declararon en paro, quemaron llantas, obligaron a cerrar el comercio y advirtieron que no dejarían salir ni entrar ninguna lancha desde su puerto hasta que el Gobierno los atendiera.
En una zona en la que manda el Clan del Golfo, ellas lograron hacerse sentir, primero, porque tiraron piedras contra varios de los almacenes que intentaron abrir sus puertas y, segundo, porque están respaldadas por dos superpoderosos del municipio.
Ellos son el representante legal de Cocomanorte, Emigdio Pertuz, y el presidente, Edgar Mejía, quienes impulsaron la protesta y fueron los que se encargaron de pedirles a las empresas de lanchas de Necoclí y Turbo no venderles más tiquetes a los migrantes.
El poder de ambos tiene que ver con que manejan el consejo comunitario hace más de diez años, en su labor han logrado que el Estado les adjudique títulos colectivos en el norte de Acandí y manejan el acueducto del pueblo y los senderos ecológicos (que hacen parte del negocio del turismo).
Eso es importante porque cuentan con influencia para poner a gente en puestos y gestionar la entrega de tierra a personas de la comunidad negra que reúne el consejo, que son alrededor de 400.
La manifestación duró dos días, pero la restricción a los migrantes duró diez, y aunque no tuvo mucho apoyo en el pueblo porque no fue concertada con todos, fue mencionada en noticias a nivel nacional.
Aunque Pertuz y Mejía venían haciendo peticiones a la Cancillería sobre el tema de los migrantes, lo que detonó la protesta fue el asesinato, el 12 de marzo, de Álvaro Javier Hernández en Capurganá. Tenía unos 25 años y era el hijo de una integrante de Cocomanorte.
Fuentes de la Fuerza Pública y distintos habitantes de Capurganá nos dijeron extraoficialmente que a la víctima la habría matado el Clan del Golfo por estar guiando migrantes por la selva, luego de que el grupo ilegal había dado la orden hace meses que no lo podían hacer y menos por sus rutas del narcotráfico.
Según el inspector de la Policía de Capurganá, Jhonatan Aguilar, en el último año van siete asesinatos tras esta amenaza.
Las autoridades no tienen los móviles de los casos probados, pero “acá todos sabemos quiénes son los que matan”, como nos dijo un líder nativo de Capurganá.
Las personas con las que conversamos en Capurganá coinciden en que la mayoría que entra al negocio son jóvenes nativos que prefieren dejar de estudiar o buscar trabajo en la pesca o el turismo, para ganar más dinero trabajando con migrantes.
Ese negocio es una gran red de tráfico de migrantes internacional que tiene “líneas” en cada ciudad; es decir, personas encargadas de recibir y entregar a los migrantes a otras. En eso coincidieron habitantes, autoridades y funcionarios del pueblo.
También es cierto que entre los cien migrantes que llegan en promedio a diario a Capurganá, algunos lo hacen sin ayuda de nadie. Pero en ese punto, donde deben atravesar una selva densa que no conocen, necesitan quien los acompañe.
Por el recorrido que los deja más cerca de la carretera de Panamá pueden cobrar hasta dos mil dólares por persona; pero otras rutas que son más cercanas a la frontera, pueden costar entre 100 y 500 dólares, según distintas anécdotas que nos contaron habitantes y migrantes en la zona.
Guiar migrantes irregulares se convirtió en una oferta de trabajo que nunca escasea en esta tierra.
“Por las pocas oportunidades de empleo, muchos de nuestros jóvenes buscan una forma de ingreso con eso, metiéndose a las montañas y arriesgando sus vidas”, nos dijo Giovanna Rodríguez, fiscal de la Junta de Acción Comunal y participante de la protesta.
En la manifestación también influyó que días antes, el 27 de febrero, la Policía y Fiscalía capturaron a ocho personas acusadas de pertenecer a una red de tráfico de migrantes responsable de que 27 africanos se ahogaran a finales de enero por ir en una lancha con sobrecupo, en la madrugada y con el conductor borracho.
Allí cayeron desde lancheros hasta personas que se encargaban de hospedar migrantes. Por eso, el consejo comunitario alega que el Estado criminaliza a la comunidad por prestarles servicios a los migrantes que ellos mismos dejan pasar.
Con el represamiento de más de mil migrantes, el consejo quiso mostrarle los dientes al Gobierno para presionarlo y que les resuelva el lío entre la legalidad y la ilegalidad en el que están.
Por eso, el 26 de marzo, Migración, Cancillería y Alcaldía de Acandí se reunieron con la comunidad en Capurganá.
Allí la gente pidió, según nos dijeron fuentes en Migración Colombia, autorización para que las lanchas puedan transportar los migrantes hasta Puerto Obaldía, Panamá (que es uno de los poblados panameños más cerca de Colombia), hospedar a los migrantes irregulares en sus lugares de residencia aún sin cumplir con los requisitos que requiere este servicio y crear un albergue con alimentación, hospedaje, vestuario y servicios de salud.
Aunque todavía el Gobierno está estudiando las peticiones, cumplir con estas exigencias no es sencillo porque la ley solo permite alojar a migrantes irregulares en los negocios inscritos en Cámara de Comercio y legalizados.
Asimismo con el transporte: deben ser empresas constituidas y llevarlos solo por territorio colombiano. En el caso del transporte directo a Panamá requiere de una negociación binacional con dicho país que aún no se ha logrado.
Durante el día de la reunión, el consejo comunitario, en cabeza de Pertuz y Mejía, le dijeron a las empresas transportadoras que permitirían el ingreso de los más de mil migrantes represados durante diez días.
Pero como, además del visto bueno del Estado, la comunidad tiene que lidiar con la ley que impone a sangre y fuego el Clan del Golfo (que mantiene su prohibición de guiar migrantes), ese grupo que entró a Capurganá el 26 de marzo emprendió su viaje hacia Panamá solo.
“Eso sí lo puedo asegurar, ni un solo coyote se ofreció llevarlos, todos saben que quien lo haga, lo pelan”, nos dijo un habitante de Sapzurro, corregimiento vecino de Capurganá y fronterizo con Panamá.
Al final de ese mismo día, según nos contó Mejía, el consejo comunitario consideró que “el Gobierno solo vino de paseo” y no tomó ninguna decisión, por lo que volvieron a pedirles a las empresas que no vendieran más tiquetes porque seguirían con la protesta.
Por eso, durante el 26 de marzo y el 4 de abril, se represaron de nuevo más de mil migrantes, hasta el viernes 5, cuando el consejo volvió a levantar la medida tras una solución que incluyó al Clan del Golfo.
Un pacto entre todos
Un integrante del consejo comunitario, alguien que está en el negocio de la guía de migrantes, un periodista de la región y un habitante del pueblo, nos contaron por aparte que este lío fronterizo se solucionó (al menos por ahora) porque el Clan del Golfo dio permiso de recibir y guiar a los migrantes esta vez.
Según detalló una de las fuentes que dice saberlo de primera mano, el acuerdo se dio el miércoles de la semana pasada, en conversaciones entre personas del consejo comunitario y del grupo ilegal, que determinó que, desde ahora, Cocomanorte se encargará de destinar guías para cada grupo de migrantes y nunca por las rutas por donde ellos pasan la droga.
La bacrim decidió también que no podrá participar ningún menor de edad, por ejemplo cargando las maletas de los migrantes que pagan por eso; que los recorridos solo se harán por tierra y que “los coyotes no pueden hacerle daño a los migrantes”, en referencia a que se han presentado casos de estafas y tratos violentos.
También se acordó que solo los pueden llevar hasta un punto, a siete minutos de Puerto Obaldía, a un día caminando, por una tarifa única de 70 dólares (unos 210 mil pesos) por persona, de la cual, seguramente, el Clan cobrará una parte (nadie nos lo aseguró, pero es usual que ellos cobren este tipo de ‘vacunas’).
Dos de las fuentes nos contaron que el consejo comunitario se quedará con parte de esa plata porque la nueva ruta lleva a los migrantes por un sendero ecológico, que ellos manejan y que tiene un costo normal para turistas de 10 mil pesos por persona.
“El dinero lo reciben dos personas del consejo comunitario, y ellos son los que se encargan de pagarle a cada guía luego”, nos explicó la persona que está en el negocio de las guías, quien agregó que de todas maneras si un migrante quiere puede decidir ir solo.
Para ratificar que el paro se levantó porque el Clan del Golfo dio su visto bueno, el integrante del consejo comunitario con el que hablamos añadió por su lado: “Si los ‘paras’ no hubiesen autorizado esto, no habría ni una sola persona cerca de los migrantes hoy”.
Sin embargo, consultado al respecto, el líder del consejo comunitario Édgar Mejía le negó a La Silla que la protesta se hubiese terminado debido a esto.
Según él, decidieron levantar el paro este fin de semana para mostrarle al presidente Iván Duque “que aflojamos y no usamos vías de hecho para que nos atienda”. Pero también porque “viene época de Semana Santa y esto nos podría afectar el turismo”.
“Yo mismo los voy a recibir aquí, no porque yo sea sea coyote, sino que soy representante de la comunidad y ellos se merecen una persona que los guíe”, nos respondió el líder respecto a la llegada de los migrantes.
Efectivamente, desde la mañana del viernes pasado, Mejía esperó a los migrantes en el muelle, los agrupó a todos una cuadra atrás, les dio instrucciones de cómo los iban a guiar y no dejó que ningún menor de edad llevara maletas por dinero.
La idea de Mejía y del consejo es que esta semana puedan viajar a Necoclí para buscar una reunión con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y luego a Bogotá, para tratar de que el canciller Carlos Holmes los atienda.
De esas reuniones dependerá de que los migrantes sigan o no entrando bajo las mismas reglas de este fin de semana, o si les seguirán prohibiendo su paso como en el mes pasado.
Los acuerdos con los ilegales ocurren muchas veces en territorios como este donde el Estado no llega y no cumple con las necesidades básicas de la región. Por eso deben buscar ese tipo de pactos para proteger la vida de sus comunidades.
La búsqueda de esas reuniones con los funcionarios y las continuas peticiones de este consejo comunitario para que el Gobierno les ayude con el tema de los migrantes, evidencian que en la comunidad quieren actuar de la mano del Estado.
Su padecimiento es porque están en un sándwich entre eso y los ilegales, que imponen su propia ley.
