El marco para la paz: el adiós de Santos a la Seguridad Democrática

El Marco para la Paz fue aprobado prácticamente sin ninguna oposición. Su aprobación no cambia nada en el país, no garantiza que habrá un proceso de paz ni que la guerrilla va a dejar las armas. Pero sí representa el eslabón que faltaba para la consolidación de una política de Estado que mira más hacia una negociación con las Farc que hacia su derrota militar y que, por lo tanto, reemplaza a la Seguridad Democrática. La pregunta es si en un país que todavía sufre la guerra, Santos podrá afianzar una idea de paz sin sacrificar la seguridad y si esto le ayudará o no a reelegirse.
El Marco para la Paz reformó la Constitución para crear una caja de herramientas para negociar eventualmente con las Farc. Específicamente, lo que hace es abrir la posibilidad para que a través de una ley se establezcan criterios para seleccionar a los máximos responsables de los peores crímenes que serían investigados por la Fiscalía, renunciar a perseguir penalmente a los demás y priorizar los casos más importantes que se llevarán en la justicia. Y adicionalmente, crear mecanismos que no sean judiciales como una Comisión de la Verdad para investigar y sancionar a los responsables.
Más allá de eso, este Marco deja dos mensajes importantes en la Constitución. El primero, que se puede sacrificar un poco (o mucho) de justicia en aras de la paz y el segundo, que para el caso de Colombia no es posible juzgar y condenar a todos los responsables de las violaciones cometidas en el conflicto.
Este Marco es una herramienta para futuros procesos de paz porque le permite de entrada al Presidente ofrecerle de manera creíble a los guerrilleros que si dejan las armas no pasarán el resto de sus vidas en la cárcel y que, además, podrán participar en política.
Por el lado de los militares, este Marco garantiza que en el futuro no se repita lo que sucedió después del Palacio de Justicia: que los guerrilleros terminen en el Capitolio y los militares, que también cometieron crímenes durante el conflicto armado, terminen en La Picota, sino que haya un cierre para todos los que jugaron algún papel en la guerra. 

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, defendió el Marco Jurídico para la Paz de sus críticos internacionales como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, y será protagonista en la agenda legislativa que venga del tema.  Foto: Juan Pablo Pino

Sergio Jaramillo, ex Viceministro de Defensa de Uribe y actual Alto Consejero para la Seguridad Nacional de Santos fue uno de los principales precursores de este proyecto en el Congreso.

El senador Roy Barreras, además de haber sido el ponente de este proyecto en el Senado, se ha comprometido con el tema de la paz y lideró el tema ante los medios de comunicación. Él es uno de los grandes artífices detrás de este logro del Gobierno.

El eslabón que faltaba
A su llegada en el 2010, Santos presentó personalmente en el Congreso la Ley de Víctimas, que a diferencia de anteriores iniciativas reconocía la existencia de un conflicto armado y hablaba de reparación para víctimas de agentes del Estado. La Ley también incluyó la restitución de tierras, que se convirtió en uno de los frentes especiales de trabajo del Ministerio de Agricultura.
En mayo de 2011, pasó en el Congreso una Ley que le daba facultades extraordinarias a Santos para reformar la estructura del Estado. En noviembre, y como parte de su reforma, el Gobierno creó un Departamento de la Prosperidad para la población vulnerable, la reconciliación de los colombianos y la integración regional. Lo que antes eran dos programas clave de Uribe, Acción Social y Familias en Acción, se convirtieron en un Departamento, que tiene un nivel más alto en la estructura del Estado y un carácter de permanencia mucho más fuerte.
El Departamento de la Prosperidad Social está conformado por varias entidades, entre las que están la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad para la Consolidación Territorial y el Centro de Memoria Histórica. Además, con la reforma se creó la Unidad de Restitución de Tierras para coordinar el proceso de restitución.
Más que programas, mecanismos temporales para lidiar con el conflicto o medidas de atención urgente, lo que el Presidente creó fue toda una institucionalidad relacionada con la superación del conflicto.
Pero a esa estructura le faltaban dos cosas. La primera es la terminación o al menos el cese del conflicto, que no parece posible militarmente después de ocho años de Seguridad Democrática y a pesar de sus evidentes logros. Y la segunda, es hacer algo en materia de justicia, porque Justicia y Paz -la justicia creada para juzgar a los desmovilizados de los paramilitares y de la guerrilla- está a punto de colapsar según lo ha dicho el mismo Gobierno y hay que encontrar la forma de lidiar con miles de violaciones del pasado.
Por eso la aprobación del Marco para la Paz es una pieza clave y termina de concretar las bases de una política de Estado con una lógica diferente a la que tuvo durante ocho años la Seguridad Democrática de Uribe.

Los riesgos
Al Gobierno de Santos le quedan solo dos años, pero sus nuevas instituciones hasta ahora se están conformando, apenas empiezan a funcionar y lo están haciendo de manera muy precaria.
Para que el Marco para la Paz aprobado hoy sirva para algo le hace falta el complemento más difícil, la aprobación de una serie de leyes estatutarias para definir los elementos de esa negociación.
En el Congreso, el próximo semestre tendrán que definirse precisamente los temas que los ponentes del Marco Jurídico vienen posponiendo por su complejidad ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a los guerrilleros que sí se juzgan judicialmente, los criterios para saber cuáles delitos permitirían vocería política y cómo se decide cuáles agentes del Estado verían sus delitos perdonados? ¿Estarían cubiertos los falsos positivos? Y además, si es que cabe pensar o no en algún tipo de indulto.
Además, a esa definición tendría que seguirle una negociación con las Farc que podría durar muchos años porque la guerrilla -por más debilitada que esté- tiene unos tiempos muy diferentes a los de los presidentes de turno. Las Farc no se han manifestado sobre esta iniciativa pero los que conocen a esta guerrilla saben que siempre ha sido un grupo que todo lo negocia, y que entiende lo unilateral como muestra de debilidad. Entonces no es tan claro si en realidad esta reforma constitucional se convertirá en un incentivo para que ellos accedan a dejar las armas (algo que por lo menos en su discurso nunca han considerado como una posibilidad, ni siquiera si hay una negociación de paz).
En conclusión, lo más fácil era aprobar este Marco, y lo difícil es lo que vendrá después. Por eso el mayor riesgo para Santos es quedarse con el pecado y sin el género. Porque, sin duda, con esta ley Santos abre un flanco para sus contendores políticos.

Un nuevo flanco
El expresidente Uribe se ha opuesto desde un comienzo a esta iniciativa que percibe como la puerta para garantizarles impunidad y participación política a los jefes guerrilleros, culpables, entre otros miles de crímenes, del asesinato de su padre. Y a medida que se comiencen a discutir las leyes estatutarias que desarrollen este Marco su oposición arreciará.
Uribe lo dijo en el chat con La Silla Vacía y en cada escenario que puede que este Marco debilitará la Seguridad Democrática y le entregará una ventaja estratégica a la guerrilla, que en el último año ha venido dando golpes que han resquebrajado la percepción de que esta guerrilla estaba agónica.
Por eso, precisamente cuando el Marco estaba a punto de ser aprobado, Santos se dedicó a usar su lenguaje más bélico (“están acorralados”) pero con un ‘twist’. Ha comenzado a incorporar la idea de que una negociación de paz representa la victoria militar.
Al presentar cuatro batallones y tres brigadas móviles que serán enviadas a las zonas más conflictivas, Santos le dijo a los soldados que tienen la oportunidad de hacer historia.  “Con esa misión que tienen el país va a encontrar la paz porque en esos lugares a donde van es donde persiste la guerra”, les dijo. Y agregó que los militares podrán “decirle a sus nietos que estuvieron en un periodo en el que después de 50 años de guerra se logró la paz”.
En su discurso, Santos ha eliminado la dicotomia entre la derrota militar y la negociación de paz. Ahora le falta lograrlo en la realidad.