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El “chicharrón” de los baldíos ha girado hasta ahora en torno a empresas como Riopaila Castilla y Cargill, que han comprado grandes extensiones de tierras que alguna vez fueron baldíos en la Altillanura, saltándose los topes legales mediante el fraccionamiento de predios. Pero también hay casos como el de Poligrow, que ha intentado comprar extensas áreas que siguen siendo baldíos, reservados por ley para campesinos sin tierra como una medida de reforma agraria.
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| Poligrow, una empresa italo-española con proyectos de palma y jatrofa en el Meta, intentó comprar una finca de 70 mil hectáreas en Mapiripán que todavía aparece como baldíos de la Nación. Foto: Poligrow |
El “chicharrón” de los baldíos ha girado hasta ahora en torno a empresas como Riopaila Castilla y Cargill, que han comprado grandes extensiones de tierras que alguna vez fueron baldíos en la Altillanura, saltándose los topes legales mediante el fraccionamiento de predios. Pero también hay casos como el de Poligrow, que ha intentado comprar extensas áreas que siguen siendo baldíos, reservados por ley para campesinos sin tierra como una medida de reforma agraria.
Poligrow es una empresa italo-española que llegó al Meta en 2008 con la idea de desarrollar grandes proyectos agroindustriales. Desde esa época, ha tenido sus ojos puestos en una hacienda de Mapiripán llamada Santa Ana y ya firmó una promesa de compraventa sobre estas tierras -como consta en un documento que vio La Silla- con los herederos de Dumar Aljure, un conocido jefe de las guerrillas liberales lideradas por José Guadalupe Salcedo en los Llanos durante los años cuarenta y cincuenta.
Con un problema: pese a lo que dicen los descendientes de Aljure esta finca de 70 mil hectáreas todavía aparece registrada como baldíos del Estado y no hay ningún documento que respalde que su padre la haya recibido como parte de los acuerdos de desarme negociados con Gustavo Rojas Pinilla. La Silla siguió el rastro de los predios y esto es lo que encontró.
Poligrow hoy tiene sembradas 3.500 hectáreas de palma y jatrofa en la hacienda Macondo, un proyecto -todavía en ciernes- de una planta de extracción de palma y varias zonas de conservación forestal en la fincas Barandales y Las Toninas, todas en Mapiripán. En estos cuatro años se ha convertido, según ha señalado su director Carlo Vigna Taglianti, en el principal empleador formal de este municipio en el suroriente del Meta. También están trabajando en un proyecto para dotar al municipio de energías limpias.
Pero la joya de la corona para el ambicioso proyecto agroindustrial de la empresa italo-española es Santa Ana, una enorme hacienda ubicada en la vereda La Esmeralda, en un valle cercado por los ríos Siare e Iteviare, a unas cuatro horas en moto del casco urbano de Mapiripán. Su área equivale a dos veces el tamaño de Medellín.
Sin embargo, su proceso de compraventa ha estado lleno de particularidades que ponen una vez más en evidencia las peripecias legales de algunas empresas para comprar tierras en la Altillanura y los esfuerzos que han hecho la Superintendencia de Notariado, el saliente ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y su reemplazo Francisco Estupiñán, el Incoder y los congresistas del Polo por evitar que suceda. Con el escándalo que se ha creado, la compra de esta tierra parece por ahora enredada.
El 31 de octubre de 2008, se firmó la promesa de venta entre Carlo Vigna Taglianti, el representante legal de Poligrow, y seis integrantes de la familia Aljure. Se pactó como precio de venta 60 mil pesos por hectárea para un total de 4.200 millones de pesos.
Poligrow se comprometió a pagarles 50 millones a la firma de esa promesa, 320 millones a la fecha de la entrega de la finca y el saldo de la negociación (3780 millones) “que se cancelará a la parte vendedora en la medida que se entreguen los títulos de adjudicación por parte del Incoder”.
Más adelante, en la cláusula séptima de la promesa, los vendedores se comprometen con Poligrow “a colaborar en el trámite y gestión pertinente en cuanto a la titulación y/o adjudicación del terreno aquí adquirido”.
De esta promesa queda claro que Poligrow sabía en ese momento que estaba comprando terrenos que el Incoder aún no había adjudicado a los Aljure.
Un mapa de la Hacienda Santa Ana trazado en diciembre de 2008 -dos meses después de la promesa de venta- muestra que la finca fue fraccionada en 42 predios. De estos 33 miden entre 10 y 140 hectáreas por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), el límite máximo establecido por la ley 160 de 1994 para posesión de antiguos baldíos.
Al cotejar la base de datos de solicitantes de baldíos del Estado, La Silla encontró a 20 personas en la vereda La Esmeralda -la misma de la finca Santa Ana- cuyos predios colindan entre sí y coinciden con los tamaños de parcelación que muestra el mapa de Poligrow.
Cada una de estas solicitudes fue presentada por un campesino sin tierra, de vocación ganadera, y que declaró un patrimonio de entre 3 y 30 millones de pesos. Cada uno, además, se declara como un ocupante de terrenos baldíos que varían entre las 1700 y las 1800 hectáreas, justo por debajo de la UAF de la zona, y le piden al Incoder que se los adjudique. Dos de los predios llevan el nombre Santana y uno de ellos el de un Aljure.
Curiosamente la mitad de todos estos trámites fueron presentados el 7 de diciembre de 2009 y exactamente la otra mitad dos días después, el 9 de diciembre. Y todos -los 20 solicitantes- tienen el mismo teléfono de contacto, que resultó ser el del topógrafo que levantó la cartografía de la finca.
Por alguna razón que no figura en los expedientes, ninguna de estas solicitudes llegó siquiera a la fase de inspección ocular que debe hacer el Incoder para adjudicar cualquier baldío. Es probable que hubiesen detectado alguna irregularidad, según le explicaron a La Silla varias personas que conocen el tema de adjudicación de baldíos, porque el proceso aparece paralizado desde entonces. Cuando La Silla le preguntó al Incoder por este caso, dijeron no tener conocimiento del mismo.
La Silla intentó reunirse con Carlo Vigna Taglianti para oír la versión de Poligrow. Después de tres semanas intentando coordinar la reunión, la empresa respondió que sólo hablaría con nosotros si les enviábamos las preguntas por escrito -una práctica que en La Silla no es estándar. Entonces, decidieron declinar respetuosamente la solicitud de entrevista.
No es la primera vez que Poligrow se ve en la mira por transacciones de antiguos baldíos. Su principal proyecto productivo hoy está ubicado en Macondo, una finca de 5.577 hectáreas cuya compra fue rastreada por la Superintendencia de Notariado y demandada por el Incoder por presunta acumulación irregular de ex baldíos.
En su informe final de gestión de tierras que presentó días antes de dejar la cartera de Agricultura el entonces ministro Juan Camilo Restrepo nombró a Poligrow como una de las 13 empresas con problemas de este tipo. Desde hace una semana, el informe ya no se encuentra en la página del Ministerio.
El problema que tiene esta finca, cuya compra fue documentada en detalle por Verdad Abierta, es que suma tres UAF y tiene origen baldío.
Su anterior propietaria Angela Mejía Santamaría dice haber comprado los predios a un ganadero de Antioquia por 30 millones de pesos en 2002, en pleno acoso paramilitar, y luego los vendió a Poligrow por 4.000 millones. Pero el ganadero le dijo a Verdad Abierta que él había abandonado los predios por amenazas y nunca los vendió. La empresa se ha defendido señalando que hay vacíos jurídicos en las leyes sobre baldíos y que sus compras fueron legales.
Curiosamente el esposo de Mejía, Gabriel Jairo Ángel Bernal, aparece como testigo en la promesa de compraventa de las 70 mil hectáreas de Santana por parte de Poligrow.
La Silla supo que la situación de Macondo tiene preocupada a la empresa. Hace un par de meses, uno de los directivos de Poligrow en Italia vino a Colombia y le pidió una cita al entonces ministro Restrepo para hablar sobre los terrenos de antiguos baldíos que habían adquirido.
A esa reunión asistieron Carlo Vigna Taglianti, el director de la empresa en Colombia, y Agostino Re Rebaudengo, un economista que lidera la empresa de energías renovables Asja Ambiente Italia Spa con sede en Turín y que no figura en ninguno de los documentos de Poligrow. La cita se las ayudó a conseguir Germán Cardona, el primer ministro de Transporte de Juan Manuel Santos y hoy embajador en el Vaticano, quien vino personalmente con él.
La Silla supo que Re Rebaudengo volvió a visitar Colombia la semana pasada, aunque no pudo establecer si se reunió con algún miembro del Gobierno, ni tampoco cuál es exactamente su relación con Poligrow.
Verdad Abierta, que siguió los rastros de documentos de la empresa, logró establecer que la dueña de Poligrow Colombia Ltda es la empresa española Poligrow Inversiones SL, cuyo socio único era la firma de abogados Ibertax Servicios Integrales SL y ahora es la empresa uruguaya Serlick S.A. Al ser Uruguay un paraíso fiscal, no lograron determinar quiénes son los accionistas de Poligrow. Y al preguntarle a Vigna Taglianti, sólo obtuvieron la respuesta de que se trata de "diferentes inversionistas de Europa".
En todo caso, una de las posibles razones para que se frenara la adjudicación de baldíos en Santana son las medidas cautelares que existen sobre la tierra en este sufrido municipio, que fue uno de los mayores focos de desplazamiento masivo en el Meta durante la última década y donde se cometieron dos grandes masacres paramilitares.
Durante años esta zona cocalera fue el escenario de una dura disputa territorial entre el frente 39 de las Farc y el Frente Héroes del Guaviare, del Bloque Centauros de las AUC. Y luego con 'Los Cuchillos', una banda criminal que lideró alias 'Cuchillo' hasta su muerte en Mapiripán en un operativo militar en 2010.
Tras años de despojo paramilitar y de las Farc, en 2007 el Gobierno instaló en Mapiripán un Comité Municipal de Protección a la Población Desplazada (CMPPD), que obliga entre cosas a monitorear las compraventas de tierra en zonas vulnerables y suspendió temporalmente las adjudicaciones de baldíos.
Ese contexto hizo que precisamente la zona donde está Santa Ana fuera considerada como ‘zona roja’ durante muchos años.
Una de las grandes incógnitas del caso Santa Ana es si realmente los Aljure recibieron el enorme predio como parte de un proceso de paz que las guerrillas de los Llanos negociaron a mediados del siglo XX con Gustavo Rojas Pinilla y su mano derecha, el general Alfredo Duarte Blum.
Aljure, conocido con el sobrenombre de 'Capitán Rebeldía', fue un guerrillero liberal y descendiente de inmigantes libaneses que que combatió junto a José Guadalupe Salcedo y se convirtió en uno de los líderes más temidos de los Llanos. La influencia de su Comando Matanegra o Candilejas se extendía por toda la región del Ariari, que hoy comprende los municipios de San Martín, Mapiripán y Bocademonte (Granada).
El caudillo oriundo de Girardot se entregó con sus 570 hombres en la hacienda Cantaclaro de San Martín de los Llanos en septiembre de 1953, pero terminaría retomando las armas unos años después y moriría en manos del Ejército en 1968.
En ningún documento aparece que Aljure haya recibido tierras al entregarse y varias fuentes históricas coinciden en que él no recibió el perdón por haber sido originalmente un desertor del Ejército. También es cierto que no es fácil rastrear ningún documento sobre los armisticios de esa época. Lo que sí hay es indicios de que Aljure vivía en Rincón del Indio, que es el nombre de la verde aledaña a La Esmeralda y que muy posiblemente en esa época la abarcaba.
“Él hizo un acuerdo de paz con el Gobierno de Rojas Pinilla, a través del general Duarte Blum, y dentro de esa amnistía parece que le entregaron unas tierras. Pero eso ha sido para miles de problemas”, le dijo a La Silla uno de sus descendientes, que prefirió omitir su nombre.
El problema es que, sin un documento que lo prueba, los predios de Santana no pertenecen a los herederos de Aljure y la transacción se vuelve imposible. Si fuese un predio privado y ellos llevasen 20 años ocupándolo, podrían pedir su posesión.
Al ser tierras de la Nación, ese límite de tiempo se reduce a sólo cinco años, pero rigen las reglas de baldíos y ellos no podrían solicitar más de una UAF cada uno, siempre y cuando pudiesen probar ser campesinos sin tierra. Y tampoco podrían vendérselas a Poligrow, porque seguiría aplicando la misma restricción que tiene enredados en este momento a empresas como Cargill y Riopaila en Vichada o Mónica Semillas en Meta. Y a la misma Poligrow en Macondo.
Nota de la editora: Después de publicada esta historia, La Silla se reunió con dos de los descendientes de Aljure que aparecen en la promesa de compraventa. Ninguno de los dos había oído jamás de la transacción ni conocía mayores detalles de la finca, pese a que otro de los miembros de la familia actuaba como apoderado suyo.
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