El Gobierno acaba de estrenar su proyecto estrella en materia de salud: la unificación del Plan Obligatorio (POS), con el cual 11 millones de personas gozarán de los mismos tratamientos y medicamentos que el resto de afiliados, y que ya muchos han calificado como uno de los avances más importantes del sector en 20 años. Sin embargo, ya hay voces que alertan que el remedio podría resultar peor que la enfermedad y que temen que uno de los efectos colaterales del nuevo POS sea que se acelere el colapso de la red hospitalaria.

La unificación del POS significa que ahora todos los usuarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los más de 700 medicamentos y casi seis mil procedimientos de los que gozan los afiliados al régimen contributivo, es decir, aquellos usuarios que reciben los ingresos suficientes para pagar por su salud.

Luego de 2008, a raíz de una ‘súper tutela’ en salud que falló la Corte Constitucional, el Gobierno fue igualando paulatinamente el POS del régimen subsidiado al del contributivo. Primero fueron los niños quienes accedieron a los mismos beneficios, luego todos los menores de edad, más adelante los mayores de 60, y desde esta semana ya quedó cobijada toda la población con la inclusión de las personas entre 18 y 59 años.

Esto quiere decir que el sistema de salud ahora atenderá a más usuarios y ofrecerá una mayor cantidad de servicios puesto que ya no hay un POS diferente al del régimen contributivo que incluya menos beneficios. Sin embargo, este avance positivo tiene otra cara que preocupa a algunos sectores políticos, a secretarios de salud, hospitales y asociaciones médicas: quién asumirá la carga adicional y qué tan factible es que logre hacerlo. Lo que ha sucedido este año con los medicamentos para enfermos mentales se ha convertido en un precedente peligroso.

El gobierno de Juan Manuel Santos considera que la unificación del POS es uno de los principales logros para mostrar, pues en principio era una meta que tenían para 2013. Sin embargo, no es claro si esta medida tendrá éxito en la práctica.

Uno de los mayores retos que ahora tiene la Ministra de Salud es garantizar que la plata sí les llegue a los hospitales a tiempo, antes de que colapsen con la nueva carga mensual que representa la unificación del POS.

Un precedente peligroso

En diciembre de 2011 el Gobierno llevó a cabo una actualización del POS que, entre otras medidas, frenó el recobro abusivo de algunas EPS, eliminó los comités de expertos a la hora de aprobarles procedimientos a los usuarios e incluyó más medicamentos que, en adelante, los afiliados no tendrían que cubrir directamente de su bolsillo. Entre los mayores beneficiados estuvieron los pacientes psiquiátricos y neurológicos, pues en la lista entraron medicamentos que se usan para las enfermedades mentales más frecuentes, como depresión, psicosis, esquizofrenia y epilepsia.

Debido a que fueron incluidos en el POS, desde diciembre las EPS debieron asumir el costo de estos medicamentos. Sin embargo, esta situación generó mayores incumplimientos con algunos pacientes, según lo reportaron varias asociaciones de pacientes, institutos de salud mental, así como médicos especializados en salud pública consultados por La Silla Vacía.

En Bogotá, por ejemplo, se presentaron casos de pacientes con epilepsia que venían recibiendo los medicamentos gracias al subsidio de la Secretaría de Salud, pero que con la ampliación del POS dejaron de recibirlos cuando la bola pasó a las EPS. Algunas de éstas no suministraron los medicamentos argumentando que su crisis financiera no lo permitía.

Entidades como la Asociación de Pacientes de Alto Costo han denunciado la negligencia de algunas EPS, y su vocero Néstor Álvarez afirmó que no es cierto que las EPS intervenidas sí estén cumpliéndoles a sus afiliados como lo ha sostenido la Supersalud, y que en algunos casos ni siquiera la tutela ha servido para que los pacientes sean atendidos y reciban sus medicamentos.

Por otra parte, la calidad de las drogas que reciben los enfermos mentales a partir de la actualización de diciembre también es objeto de debate. Mientras algunos especialistas consultados afirmaron que la eficiencia del Invima y la calidad de los medicamentos son problemas aparte, otros como la Asociación Colombiana para la Salud Mental le dijeron a La Silla que, aunque apoyan la idea detrás de unificar el sistema de salud y ‘democratizar’ las drogas psiquiátricas, consideran que ahora estos pacientes están recibiendo peores medicamentos que antes puesto que las EPS escasamente tienen con qué cubrirlos y por eso compran genéricos de peor calidad.

Ahora muchos temen que una situación similar pero de proporciones mayores ocurra a nivel nacional, pues las EPS y los hospitales -cuya situación financiera ya está en crisis- tienen desde ahora cientos de procedimientos e medicamentos nuevos que están obligados a ofrecer.

Temores frente al nuevo POS

El mayor temor que hoy ronda el sector de la salud es que el nuevo POS acelere el colapso de la red hospitalaria.

De entrada, los hospitales entraron cojeando al nuevo sistema, pues a nivel nacional las EPS les adeudan más de cuatro billones de pesos. Ahora, el nuevo paquete de servicios y medicamentos implica cubrir nuevos gastos, más demanda de pacientes y contratación de más médicos, todo esto cuando muchos de los hospitales ni siquiera pueden cubrir su situación actual, y llevan meses sin pagarles a los empleados, a los médicos ni a los a proveedores.

Guillermo Jaramillo, Secretario de Salud Distrital, encabeza un grupo de secretarios de Salud que hoy están exigiendo que se elimine la intermediación de las EPS y que se reformule la Ley 100. Jaramillo ha insistido bastante en las últimas semanas sobre la inminencia de la quiebra en la red hospitalaria de Bogotá.

Cada vez se oyen más voces que piden una reestructuración de todo el sistema de salud. Al mismo tiempo que el Gobierno asegura que está cumpliendo sus metas en salud, Navarro Wolff junto con otros ex ministros de Salud le manifestaron a Santos que el sistema actual es insostenible.

Con toda esta situación, algunos hospitales consideran que quedarán aún en más desventaja frente a las clínicas privadas que les prestan servicio a los usuarios del régimen contributivo en términos de acceso a tecnología e infraestructura. Además, critican que la UPC, el valor que se les paga a las EPS por usuarios afiliados, siga siendo mayor en los usuarios del régimen contributivo que en el subsidiado. Es decir, por ahora, las EPS seguirán recibiendo menos dinero por cada afiliado subsidiado a pesar de que ahora le costarán lo mismo que los del régimen contributivo.

El Gobierno argumenta que no es cierto que los hospitales vayan a asumir solos la carga adicional del nuevo POS, calculada en 120 mil millones de pesos mensuales. En el Ministerio de Salud le dijeron a La Silla que el Gobierno sí tiene los recursos para cubrir este monto, y que se empezaron a implementar medidas para evitar que el dinero no les llegue completa o rápidamente a los hospitales. El Gobierno ya ordenó a las entidades territoriales que paguen las deudas y autorizó giros directos a los hospitales de hasta el 80 por ciento de los recursos para que el dinero no tenga que pasar en su totalidad por las EPS y no se corra el riesgo de que se represe o no llegue a manos de los hospitales.

En el Ministerio de Salud le dijeron a La Silla que aunque no hay holgura el presupuesto sí está, y dicen que tienen al menos 600 mil millones destinados exclusivamente para el pago de deudas en todo Colombia. El problema es que sólo esa cifra ya es igual a la totalidad de deudas con los hospitales de Antioquia.

Aunque con sus medidas el Ministerio les está quitando margen de maniobra a algunas EPS para intentar agilizar la entrada de recursos a hospitales, los escépticos no creen que esto sea suficiente, pues el Gobierno sólo lo está haciendo con las EPS intervenidas o bajo vigilancia especial. Además, aunque el pago se esté haciendo de forma directa, en muchos casos el Gobierno lo está difiriendo a cuotas de más de un año que terminan perjudicando la cartera de la red hospitalaria. Por esa razón muchos desconfían de que a los hospitales realmente les lleguen los 120 mil millones cada mes.

Este miedo ha sido suficiente para que varios sectores estén intentando presionar al Presidente Santos para que replantee todo el sistema de salud. Los secretarios de salud del país, en cabeza de Guillermo Jaramillo, Secretario de Salud de Bogotá, anunciaron que convocarán un referendo para revocar la Ley 100 de 1993 y están planeando una movilización para el próximo 19 de julio. Por otro lado, un grupo de ex ministros de Salud en el que está Antonio Navarro Wolff le mandó a Santos una carta en la que proponen una reforma estructural al sistema. Y también se han sumado algunos sectores políticos como el MIRA.

Si la unificación del POS funciona, Santos le habrá puesto punto final a una de las peores discriminaciones que existían. Pero si esta medida en cambio de mejorar la atención de salud hace que termine de colapsar el sistema, esto detonará la próxima crisis política del Gobierno. La última encuesta Gallup, en la que la gestión del gobierno en salud era la peor calificada, prendió la alerta roja.