El nuevo súper poder de los indígenas

Un proyecto de decreto del ministerio de Ambiente que tiene a los empresarios con los pelos de punta y que está a punto de salir porque ya está en la oficina jurídica de Presidencia y fue protocolizado hace quince días en la Mesa Permanente Indígena, le da un súper poder a las comunidades indígenas: van a poder fungir como autoridad ambiental no solo en sus resguardos, sino también en otras áreas en las que viven indígenas, pero no tienen titulados los territorios a su nombre.

Eso significa que los indígenas van a tener poder de veto en los territorios para que no entren megaproyectos si, según su criterio, eso generaría un daño grave e irreversible para el medio ambiente y para la integridad ambiental y cultural de sus pueblos.

El Gobierno saca este decreto en respuesta a la negociación del paro de la Cumbre Agraria el año pasado y justo ahora, cuando los indígenas se han quejado porque no les han consultado los proyectos de ley que están pasando por fast-track en el Congreso para implementar los Acuerdos de Paz.

“Vemos este decreto como un gesto político importante si el Gobierno quiere que le ayudemos en avanzar su agenda legislativa”, dijo a La Silla Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic.

La Silla Vacía supo por una fuente del Gobierno que detrás de este decreto sí estaba el interés en superar el escollo de la consulta previa para el fast-track.

Pero el decreto desde ya ha despertado muchas críticas, sobre todo del lado de los empresarios, que están buscando una reunión con Santos para hacerle saber sus preocupaciones.

Tampoco se ha terminado de debatir entre los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y para eso pidieron al ministerio que les diera más plazo para presentar sus observaciones.

Lo que dice el decreto

El decreto dice que en los resguardos y en las áreas donde vivan uno o más pueblos indígenas que no se hayan constituido como resguardo, las autoridades tradicionales indígenas de esos pueblos serán autoridades ambientales en esos territorios.

La autoridad ambiental puede administrar, controlar, vigilar y sancionar dentro de sus territorios todas las acciones que tengan que ver con el medio ambiente y los recursos naturales.

“Se vuelven como unas Corporaciones Autónomas Regionales, pero indígenas”, dijo a La Silla un experto en medio ambiente.

Concretamente, si se saca este decreto, los indígenas van a poder formular planes de ordenamiento ambiental del territorio delimitado; firmar contratos con entidades públicas o privadas para ejecutar proyectos que tengan que ver con la protección del medio ambiente como recuperar una cuenca o un manglar; manejar la plata que les de el Gobierno y también la que venga de cooperación internacional para  la “protección y recuperación del medio ambiente”. Y una muy importante: regular si hacen presencia y si entran o no proyectos mineros o petroleros en sus territorios.

Para el caso de los resguardos como ya son tierras que los indígenas tienen tituladas, no tienen ningún procedimiento especial para convertirse en autoridad ambiental. El decreto dice que asumen directamente ese poder.

En concreto, eso podría afectar los intereses de multinacionales como Cosigo en Vaupés o la Anglo American en Putumayo, más muchos otros proyectos de minería a gran escala que pasan por territorios no solo indígenas, sino afros. http://bbtlatam.com/historia/asi-se-cruzan-los-indigenas-los-afros-y-la-mineria-48023

Para el caso de los pueblos indígenas que vivan en territorios que no tienen titulados, tienen que presentar a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del ministerio del Interior una solicitud para registrarse como “área poseída de los pueblos indígenas para protección ambiental y territorial”.

Esa solicitud debe venir acompañada de unos documentos en los que la autoridad indígena cuente dónde queda el territorio que quiere registrar, cuál es su extensión aproximada, donde viven las comunidades indígenas dentro del área, cuántos son, a qué pueblo indígena pertenecen y si en ese territorio hay familias o personas no indígenas.

La Dirección de Asuntos Indígenas mira si los documentos están completos. Si sí, tiene que registrar el área máximo en quince días hábiles y si no, le devuelve la solicitud a la comunidad para que haga los ajustes y la presente otra vez.

Ese proceso de registro también aplica para las comunidades indígenas que estén en zonas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés.

Que se conviertan en autoridad ambiental quiere decir que entran dentro del Sistema Nacional Ambiental del ministerio de Ambiente. Eso quiere decir que van a tener el mismo poder que hoy tiene una CAR para decidir, por ejemplo, cuánta agua concesionan o si un proyecto ambiental es viable o no.

“Como se convierten en autoridades, todo lo que se haga en ese territorio tiene que pasar por ellos”, dijo a La Silla un funcionario del ministerio del Interior que hace parte de la dirección de asuntos indígenas y no nos deja citarlo porque no es el vocero oficial.

Según ese mismo funcionario, con todas esas autoridades indígenas que pasen a ser también ambientales, no habría que hacer consulta previa porque en ese caso la comunidad indígena ya no sería un tercero al que el Gobierno está a obligado a preguntarle, sino una autoridad más por la que toca pasar.

Pero en territorios en los que las comunidades no se registren como “área especial” y tampoco vivan en un resguardo, la consulta previa se sigue haciendo como siempre.

Este decreto fue impulsado por el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, a quien La Silla ha buscado infructuosamente para conocer su versión sobre lo que significa y que si pasa tal como está, implica una rebarajada de poder.

La rebarajada de poder

Si el decreto sale tal como está, uno de los principales cambios es que si las autoridades indígenas se convierten en autoridades ambientales, eso le quitaría poder a las Cars.

Desde la debacle de la ola invernal de 2011, Santos ha prometido intervenir las Cars, y como hasta ahora no lo ha hecho por los callos políticos que toca, esta puede ser una forma de que ellas pierdan parte de ese poder y que al entregárselo a los indígenas, se reforme el Sistema Nacional Ambiental, Sina, por la derecha.

La Asociación de Corporaciones Autónomas (Asocars), que es la que las agrupa a todas las Cars en una sola vocería, no se ha pronunciado frente a este decreto porque no lo han terminado de revisar, pero sí han rechazado cualquier intento de reforma al Sina porque dicen que eso restringiría su autonomía.

Ramón Leal, director de Asocars, dijo a La Silla que hasta ahora están estudiando el decreto en las corporaciones y que a todas les pidió mandar sus observaciones. “Esperamos seguir siendo la autoridad en el territorio”, nos dijo.

Más allá de eso, una pregunta que todavía queda en el aire es si con este decreto la consulta previa pierde sentido en esos territorios porque las autoridades indígenas ya no serían un tercero interesado al que le preguntan, sino una autoridad más. Si es así, el gobierno se quitaría de encima el chicharrón que ha sido regular la consulta previa porque esta misma ley tendría que ser consultada.

A ese interrogante se suman los de los empresarios.

Los interrogantes

Desde la mirada de los indígenas este decreto es una victoria enorme porque les permite avanzar en un pulso que tienen con el Estado desde la Constitución de 1991 para ir ganando autonomía, como la que hoy tienen en sus resguardos, con justicia y presupuesto propio, por ejemplo.

Por eso este decreto, para ellos, es un primer paso para lograr algo mucho más ambicioso.

“La idea es que más adelante podamos convertir esas áreas especiales en las que hoy solo vamos a ser autoridades ambientales en resguardos”, dijo a La Silla Luis Fernando Arias, dirigente mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic.

Pero desde la mirada de los empresarios el decreto plantea serios problemas.

El primero es que si todo resguardo legalmente constituido se vuelve autoridad ambiental, se va volver inmanejable para cualquier empresa tramitar un permiso ambiental para hacer un megaproyecto en la zona.

Hoy el Sistema Nacional Ambiental del ministerio de Ambiente tiene, entre Cars (son 33) y autoridades ambientales urbanas (como las secretarías de ambiente) 41 entidades.

Si se aplica el decreto, los 849 resguardos que tiene el país según las últimas cifras del Dane de 2015, se convertirían en autoridades, con lo que sería mucho más difícil que haya coordinación entre tantas instituciones. Sin mencionar, las otras comunidades indígenas sin resguardo.

El segundo problema que ven ellos es que si las autoridades indígenas van a  poder decidir si entra o no una actividad técnica como la minería, la inseguridad jurídica para las empresas es incluso peor que la de ahora y más con consultas como la de Cajamarca en Tolima porque el poder de decisión de si se hace o no un proyecto ya no estaría en manos del Estado, sino de las comunidades en los territorios.

Eso representa un temor muy grande para ellos porque ningún empresario va invertir millones de dólares en un proyecto que no tiene verdaderas perspectivas de futuro.

Otra crítica que le hacen al decreto según supo La Silla Vacía, es que según la Contraloría hoy hay más de 3 mil normas ambientales que van desde el manejo de una cuenca hasta el de sus desperdicios, que se tendrían que aplicar en cada una de esas nuevas autoridades.

Además, si dentro de los territorios que no son resguardos vive gente que no es indígena, como comunidades negras o campesinos, que sean las autoridades indígenas las que decidan qué se hace y qué no en esos territorios en materia ambiental, puede aumentar la conflictividad.

Así que si el decreto lo firma Santos tal cual está, desde ya se anticipa que será un pulso grande entre los  indígenas y los empresarios.