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Después de El Conejo de las Farc, Santos vuelve a amarrar el proceso de paz a un plazo perentorio, con lo bueno y lo malo que eso implica.
El nuevo ultimátum de Santos
El viernes pasado, cuando el presidente Juan Manuel Santos viajó a La Guajira para decir que no tolerará más episodios de proselitismo armado como el protagonizado el día anterior por el jefe guerrillero Iván Márquez en el El Conejo, planteó varias “líneas rojas” para lo que resta de la negociación con las Farc y dijo que si el 23 de marzo no estaban acordados los cuatro puntos gruesos del capítulo del fin del conflicto de la negociación se acababa el proceso. De esta manera, vuelve a amarrarse a un plazo perentorio con lo bueno y lo malo que eso implica.
Las líneas rojas
En reacción al conejo que le hizo Iván Márquez al Gobierno apareciendo en un corregimiento rodeado de más de 300 guerrilleros armados para hablar sobre la paz y la Constituyente, el Presidente expuso al día siguiente sus “líneas rojas” de la negociación y las tareas que tendrían que estar finiquitadas de aquí al 23 de marzo. Todas salvo una ya eran conocidas.
La primera es haber acordado el mecanismo de refrendación. Repitió que no es negociable para el Gobierno que la Asamblea Constituyente sea un mecanismo de refrendación. Esto ya lo había dicho varias veces antes él y su equipo negociador en La Habana. Lo interesante es que reconoció explícitamente que la refrendación es un punto que se tiene que negociar con la guerrilla.
Sobre este punto que forma parte del Acuerdo Marco de la Negociación, el Gobierno había procedido unilateralmente sacando adelante un proyecto de ley que aprobó el plebiscito como mecanismo de refrendación y desde la semana pasada comenzó su campaña a favor del sí.
El segundo punto sobre el que debería haber acuerdo antes del 23 de marzo es sobre el cese del fuego y hostilidades definitivo y un cronograma preciso para la dejación de las armas, con verificación de la Onu. Su línea roja es que no podrá haber proselitismo político ni podrán obtener los beneficios jurídicos mientras estén armados.
Esta línea roja también ya la había expuesto en varios discursos, y también quedó explícito en la ley del plebiscito y en el acuerdo de víctimas.
Quizás lo sorprendente sea que este punto aún no esté acordado, teniendo en cuenta que desde el 19 de enero las Farc y el Gobierno le solicitaron formalmente a las Naciones Unidas que integre una misión para verificar un eventual cese del fuego y la dejación de las armas y que unos días después la ONU respondió favorablemente la solicitud.
La misión de verificación de la ONU no se puede concretar hasta que no estén definidas las zonas de concentración de las Farc para el proceso de dejación de armas, el tercer punto que Santos dijo que tenía que estar definido antes del 23 de marzo.
Aquí su línea roja es que no pueden haber sitios vedados para la Fuerza Pública y que “por ningún motivo” en esas zonas podrá haber población civil. De todas las líneas rojas que planteó esa es la única nueva y la única realmente difícil de cumplir.
Difícil de cumplir porque normalmente la verificación internacional se da para garantizar que la Fuerza Pública y las guerrillas no choquen. Por eso se definen unos “anillos” donde se ubican los verificadores creando un espacio seguro entre unos y otros. Según lo que dice el Presidente, si no va a haber una zona de despeje (así sea como la que de hecho les ha despejado para sus actos de pedagogía como El Conejo) soldados y guerrilleros estarán uno al lado del otro y ambos armados.
Si la experiencia de los procesos de paz anteriores es un indicio de algo, tampoco será fácil cumplir con la prohibición de que haya población civil. Cuando el M-19 se desmovilizó había hordas de colombianos yendo a conocerlos y a interactuar con ellos. Lo mismo durante la desmovilización de los paramilitares en Ralito.
Incluso si se ubican en una zona despoblada, será difícil controlar que no entren los que quieran ir a visitarlos. Ni siquiera el que estén en una isla, a un millón de pesos de distancia de Colombia, ha evitado que casi todos los líderes de izquierda hayan ido a visitarlos, solo para mencionar algunos de los visitantes que ha tenido las Farc en estos tres años.
También será difícil de cumplir esta condición si se quiere –como lo pensaron los juristas que pactaron el acuerdo sobre víctimas- que parte de las penas alternativas se cumplan mientras están concentrados y se hace la dejación de las armas.
La idea es que la condena a hacer acueductos, o desminar o reparar a las víctimas se haga en el sitio donde está restringida su libertad de locomoción o de vivienda. Pero si van a estar concentrados en sitios totalmente aislados será difícil que ese tiempo de concentración, que puede ser de varios meses, cuente para la pena.
La cuarta tarea es definir un sistema para la elección de magistrados del Tribunal Especial, un asunto que será determinante para saber si el sistema de justicia transicional es realmente una parodia de justicia o si en realidad pasará el test de la justicia penal internacional.
Aquí la línea roja que les marcó Santos ya había quedado también escrita en el Acuerdo sobre justicia: los miembros del Tribunal no podrá ser sugeridos por las Farc sino designados por terceros que gocen de toda legitimidad nacional e internacional.
En conclusión, todas las líneas rojas del Presidente –salvo la de la población civil en las zonas de concentración- ya habían sido pactadas y aceptadas por las Farc. ¿Qué es, entonces, lo nuevo?
Lo nuevo es que vuelve a imponerle a la negociación un plazo fijo, ligeramente posterior al inicial. Aunque en su discurso nunca mencionó que el Acuerdo Final debería estar firmado para el 23 de marzo (como si lo había hecho en su anterior ultimátum del 23 de septiembre), si estos cuatro puntos están resueltos para esa fecha la firma final se debería demorar si mucho unas semanas mas mientras se acuerdan puntos pendientes que son importantes pero que son menores frente a todo lo demás acordado.
Lo que se gana
Después de que la ONU había aceptado a finales de enero la solicitud de las Farc y del Gobierno de verificar el futuro cese bilateral del fuego, la presión sobre la fecha acordada por el Presidente y el jefe guerrillero Timochenko para firmar la paz el 23 de marzo había prácticamente desaparecido. Los guerrilleros venían diciendo que esa fecha estaba demasiado cerca para evacuar todas las discusiones pendientes y el mismo presidente había dicho que si se demoraba unos días más no importaba. Ya muy pocos contaban con que la paz se firmara ese día, que además cae en plena Semana Santa.
Sin embargo, ante la crisis de confianza que produjo en la gente ver a los guerrilleros de las Farc deambulando armados y muertos de la risa por entre el pueblo de El Conejo, como en las épocas del despeje de El Caguán, Santos vuelve a amarrarse a una fecha perentoria.
Eso lo hace ver ante los colombianos como que tiene el control del proceso –algo que al ver El Conejo mucha gente puso en duda- y le mete presión a la negociación para culminar antes de que otros episodios como el del viernes echen todo por la borda.
El riesgo es que quedan menos de cinco semanas y que esa presión puede jugar sobre todo en contra del equipo negociador del Gobierno porque probablemente las Farc no van a creer que Santos vaya a echar a perder su legado estando tan cerca de pasar a la historia.
