La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
Uno de los aspectos más innovadores, y a la vez más polémicos, del recién logrado acuerdo sobre justicia transicional en la Habana es el que tiene que ver con las penas alternativas que serán pactadas, en algunos casos, entre los victimarios y sus víctimas. El caso del perdón a las víctimas de Bojayá es revelador de lo que podrían ser en el futuro las sanciones más simbólicas que reciban las Farc.
El perdón de Bojayá: un ejemplo de lo que viene
Uno de los aspectos más innovadores, y a la vez más polémicos, del recién logrado acuerdo sobre justicia transicional en La Habana es el que tiene que ver con las penas alternativas que serán pactadas, en algunos casos, entre los victimarios y sus víctimas. El caso del perdón a las víctimas de Bojayá es revelador de lo que podrían ser en el futuro las sanciones más simbólicas que reciban las Farc.
La masacre de Bojayá es uno de los peores crímenes cometidos por la guerrilla. El 2 de mayo de 2002, las Farc lanzaron un cilindro-bomba sobre la iglesia donde se había refugiado un grupo de pobladores del combate con los paramilitares que se estaba librando en el pueblo. El saldo de ese atentado fue de 79 muertos, incluyendo a 47 niños, según el informe sobre la masacre que hizo el Centro de Memoria Histórica.
Fue tan atroz lo sucedido que esa masacre logró conmover a un país que ya se había acostumbrado al horror. Las Farc en un principio intentaron justificar lo sucedido, alegando que los paras se habían escondido en la Iglesia, pero en diciembre de 2014, ya en pleno proceso de paz, pidieron perdón a las víctimas de Bojayá, tras reunirse con seis de ellas en La Habana.
“Ciertamente hubo un resultado nunca buscado ni querido. Declararlo hoy no repara lo irreparable, o devuelve a ninguna de las personas que perecieron ni borra el sufrimiento generado a tantas familias, sufrimiento del cual somos conscientes y por el que ojalá seamos perdonados”, les dijo la delegación de la guerrilla en la mesa, liderada por Pablo Catatumbo.
Conseguir ese perdón ha sido todo un proceso. Un proceso que muestra que a veces cosas que parecen sencillas, un tanto procedimentales y hasta poca cosa ante el daño causado, terminan siendo complejas y obligando a los victimarios a hacer mucho más de lo que quizás esperaban en un inicio.
El Proceso
El proceso de pedir perdón comenzó en 2013, en un receso de la reunión que organizaron entre la mesa de negociadores de Farc y Gobierno y las víctimas.
Leyner Palacios, una de las víctimas de Bojayá, había ido como parte de la delegación de víctimas y -luego de exponer el sufrimiento de su pueblo- se le acercó el jefe guerrillero Marcos Calarcá. Le hizo el comentario de que habían reflexionado sobre lo sucedido y que querían hacer pública su solicitud de perdón al pueblo de Bojayá. También se lo dijo Iván Márquez.
“Yo les dije que había ido a la Habana a exponer la victimización de mi comunidad pero que no era mi decisión aceptarles ese perdón sino de la gente”, le contó Palacios a La Silla.
Leyner, entonces, volvió a Bojayá y le contó al grupo de líderes del municipio. A partir de esa reunión, los líderes fueron a sus comunidades a contarles. En Bellavista, donde está el casco urbano, fueron de casa en casa y en especial a discutirlo con las familias que habían sido víctimas directas de ese ataque.
En total visitaron a más de mil personas. Dice que en ese sondeo, encontraron tres tipos de respuestas frente a la pregunta sobre si deberían aceptar una eventual solicitud de perdón.
El 90 por ciento dijo que sí estaba dispuesta a aceptarla. El seis por ciento consideraba que no estaba lista para eso y que tenían que reflexionar sobre eso un poco más. Y el 4 por ciento veía con preocupación que a la vez la guerrilla siguiera victimizándolas y ponían en duda la sinceridad de su perdón.
Leyner y sus compañeros volvieron entonces a la Habana en septiembre de 2014 con varias condiciones para los guerrilleros que tenía la comunidad para aceptar la solicitud de perdón.
La primera es que debería haber un cese total de hostilidades a la población civil, que incluía desde poner fin al reclutamiento hasta parar los hostigamientos como uno que realizaron en Bellavista una día antes de la fiesta patronal. Incluía, también, dejar de cobrarles “impuestos” porque en Bojayá las Farc cobran, por ejemplo, 200 pesos por cada cerveza que se destapa, 100 pesos por banano que se mueve, etc.
La segunda condición es que se comprometieran a no asumir retaliaciones contra la población independientemente de lo que les dijera la gente. Incluso si no les aceptaban el perdón.
Una de las cosas que la gente les quería decir es lo indignos que habían hecho sentir a la gente que se rebajó a rogarles que no tiraran la pipeta a la Iglesia y que sin embargo, lo hubieran hecho.
Querían, además, que la solicitud de perdón no la hiciera solo el Secretariado sino los que lo habían hecho directamente, aunque sabían que el comandante a cargo de la operación ya había muerto.
Por último, pedían que no fuera un show. Que fuera un acto privado y que si acaso al final sacaban un comunicado.
Las Farc aceptaron las condiciones.
Con ese sí en el bolsillo, los líderes volvieron a las comunidades y concertaron un procedimiento. Aunque lo que ellos querían es que las Farc pidiera perdón en el territorio, el contexto en la zona no lo permitió y entonces viajó la delegación de las seis víctimas y sus acompañantes a recibir la solicitud de perdón en la Habana, que se hizo pública.
Después de eso ha comenzado el proceso para ver si les conceden el perdón. Para hacerlo, elaboraron y les presentaron un documento con las “realidades” que vive la gente en Bojayá y cómo esperaban que esas realidades cambiaran en lo que concernía a las Farc. Acordaron un plazo de seis meses para que se materializaran esos compromisos y para hacer la evaluación.
Crearon una ‘comisión de testigos’, conformada por el académico Jesús Flórez, la Diócesis de Quibdó y Miguel Sánchez, de la ONU, con la misión de evaluar el nivel de cumplimiento de esos compromisos para con base en ello concederles el perdón a las Farc.
“Han pasado muchas cosas y la evaluación no se ha concretado”, dijo Leyner.
Por otro lado, en mayo le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos diciendo que ellos también esperaban un perdón por parte del Gobierno porque el Estado no hizo nada para protegerlos a pesar de las advertencias del entonces Defensor del Pueblo Eduardo Cifuentes de que habría una toma paramilitar. Esa carta no ha tenido respuesta todavía.
En eso va la pedida de perdón. Leyner cree que si el proceso llega hasta el final y la comunidad siente que está lista para concederlo será el comienzo de otra vida para su pueblo.
