El plan de Marcha Patriótica

Marcha Patriótica, una de las organizaciones de izquierda más grandes del país, espera ayudar a aterrizar los acuerdos de paz en 2017 trabajando con sus bases sociales. Ese trabajo de movilización social les sirve también para organizarse para competir por las 16 circunscripciones especiales de paz que se estrenarán en 2018.  

El plan para 2017

En el corto plazo, Marcha tiene dos proyectos, uno para participar directamente del aterrizaje de los Acuerdos y otro para ir armando una mayor estructura electoral.

“Queremos ser una de las fuerzas que ayude a desatar la implementación”, dice el líder de Marcha, Andrés Gil.

Para eso están aprovechando su presencia en las regiones. Sus 30 comités regionales están planeando reuniones para explicarles los Acuerdos, punto por punto, a sus bases.

Hace un mes tuvieron un primer seminario con los miembros de los comités. “Lo que hicimos fue explicar los Acuerdos para que los compañeros de cada región se los sepan contar y desmenuzar a la gente”, dice Gil.

La idea es que los miembros de los comités hagan luego pedagogía entre las 2 mil organizaciones que, según ellos, hacen parte de Marcha, para que éstos la hagan a su vez en sus territorios, con lo que las bases de Marcha se apropiarían de los Acuerdos.

Como uno de los ejes transversales del acuerdo es el empoderamiento de las comunidades locales y las organizaciones sociales, con esa pedagogía los campesinos verían las oportunidades  de esa democracia de abajo hacia arriba. Y los militantes de Marcha se convertirían en veedores regionales de los acuerdos y voceros de los campesinos en los territorios.

Eso significa, por ejemplo, que una vez se definan dónde quedarán los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, sus líderes en las regiones se encarguen de asegurarse que sí lleguen las carreteras, acueductos, sistemas de electricidad y demás bienes públicos que promete el Acuerdo para esas regiones.

Gil dice que ese trabajo de ser veedores de los acuerdos no tiene un propósito electoral, así les de un liderazgo porque se pueden convertir, frente a los campesinos, en los “garantes” de los acuerdos.

Lo otro en lo que están trabajando, y que sí tiene una mirada electoral, es en acercarse a organizaciones sociales y movimientos que no están dentro de Marcha, para comenzar a pensar en alianzas electorales.

Para eso quedaron en que cada uno de los comités regionales debe hacer un bosquejo de las organizaciones sociales afines a Marcha y luego reunirse con ellas para proponerles ir en llave a esas circunscripciones.

“Tenemos un despliegue que nos da, sin problema. Estamos en 30 departamentos y sabemos que hay organizaciones sociales que ni siquiera están en Marcha y que pueden servir en clave de alianzas”, dijo a La Silla el líder de Marcha, Andrés Gil.

Las organizaciones a las que se refiere son de tres niveles.

El primero es el de las más grandes, como la Cumbre Agraria -que reúne a 13 organizaciones rurales-, el Congreso de los Pueblo, o la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Onic, centrales sindicales como la CUT o sindicatos nacionales como Fecode.

El segundo es de otras más locales, que Gil llama “fuerzas comunales” como las mesas creadas para la defensa de los recursos naturales en regiones específicas como la Corporación por la Defensa y el Agua y el territorio, Cordatec, que ha liderado las marchas contra el fracking en San Martin, Cesar; o la Mesa departamental por la defensa del Agua y el Territorio, que se le ha plantado varias veces a la petrolera Emerald Energy en Caquetá.

También otras como Fenalpaz, una federación que aglutina a varias organizaciones sociales y de víctimas, que nació en marzo de este año en el Magdalena Medio y también tiene presencia en Antioquia.

Esas organizaciones, que no tienen visibilidad nacional pero sí una local, son las que Marcha tiene entre ojos para pensar alianzas que sirvan, según Gil, “para que en esas circunscripciones se siente gente que de verdad represente a las zonas marginadas del país.”

Y en un nivel más micro, quieren poner a sus líderes sociales que hacen parte de juntas de acción comunales, a reunirse con juntas de cocaleros o de mujeres en las veredas, para ir sumando fuerzas.

Todo eso con miras al 2018.

De la movilización a las elecciones

David Flórez, coordinador nacional de Marcha, cree que el 2018 el momento en el que la organización tiene que mostrar su peso electoral. “Lo que se viene va ser nuestra oportunidad de aprovechar toda la movilización que tenemos desde hace años, y canalizarla en un propósito electoral”, dijo a La Silla.

Lo dice porque esperan aprovechar las 16 circunscripciones especiales transitorias para la Cámara que crea el Acuerdo con las Farc, aprovechando las 2 mil organizaciones afiliadas y unos 90 mil votos que calculan que pusieron al Sí en el plebiscito el 2 de octubre.

Esas circunscricpiones se crearon para darle voz y voto a regiones afectadas por la guerra, y para evitar que se las tomaran los partidos en el Acuerdo quedó claro que sus candidatos no podrán ser avalados ni por “Voces de paz’, el movimiento poltíico de las Farc que ya tiene seis voceros en el Congreso, ni por los partidos que ya tienen representación parlamentaria.

Marcha Patriótica encaja entre quienes sí pueden aspirar: es un movimiento político que no tiene representación en el Congreso y que tiene arraigo justamente en las regiones más golpeadas por el conflicto -algo ha ayudado a que sea estigmatizado por supuestamente ser infiltrado por las Farc -, lo que nunca se ha podido probar.

Aunque aún no se ha definido cuáles serán las circunscripciones, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dio unas puntadas.

Durante la instalación de la Mesa del Estatuto de la Oposición en septiembre, dijo que, por ejemplo, estarán en el Catatumbo, Norte de Santander; Saravena, Tame y Arauquita, en Arauca; la costa pacífica nariñense; municipios de Huila, Caquetá y Putumayo; y el urabá chocoano y antioqueño.

La fuerte base rural de algunas de las organizaciones que conforman la Marcha de sus integrantes-como el movimiento de zonas de reserva campesina, el sindicato agrario Fensuagro o la Mesa de Interlocución Agraria que nació en el paro campesino de 2013-los han hecho pensar que tienen con qué ganar en regiones como Catatumbo, Caquetá o el Magdalena Medio.

Por ejemplo, una organización como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, que es de Marcha y agrupa a organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo, podría poner un candidato para la circunscripción del Catatumbo.

Aparte de buscar quedarse con las circunscripciones, la Marcha tiene la idea de sumarse al “gobierno de transición” que junte a todos los sectores que apoyaron el Sí en el plebiscito en torno a una coalición que le haga contrapeso al uribismo.

“Con Santos nos entendemos en un gobierno de transición para implementar la paz y las políticas para implementar el acuerdo”, dijo a La Silla Andrés Gil.

Eso en la práctica quiere decir que no le ven problema a aliarse ni con La U ni con los Liberales, con tal de lograr que no gane el candidato que ponga Uribe o otros presidenciables del No como el procurador anulado Alejandro Ordóñez.

Y claramente dentro de esa alianza que junta a sectores de todos los colores, también entraría las Farc.

“Nosotros no nos negamos a hacer alianzas con las Farc porque le apostamos a que en el 2018 llegue un gobierno comprometido con el aterrizaje de los acuerdos”, agrega Flórez.

En todo caso, como falta más de un año para las elecciones al Congreso, todavía hay campo para que cambien las estrategias y no hay nombres de candidatos, según Flórez y Gil.

Lo que sí tienen claro es que hacer campaña va ser peligroso y más cuando, como contamos, de los veinte líderes sociales asesinados desde el cese al fuego en agosto entre el Gobierno y las Farc hasta finales de noviembre, seis eran de Marcha. Y hoy hay otra decena que, según ellos, han sido amenazados.

El riesgo

Dentro de Marcha saben que no es fácil mover a sus candidatos o los que terminen acordando con otras organizaciones, en regiones donde ya no habrá Farc en armas pero sí presencia del EPL, el ELN o las bandas criminales.

Por eso le presentaron al ministro Cristo cuatro solicitudes para protegerlos durante la campaña.

La primera es que entre a funcionar cuanto antes el punto del Acuerdo sobre garantías de seguridad. Dicen que aunque Santos instaló en septiembre la comisión nacional de garantías de seguridad ,encargada de hacerle seguimiento al plan del Gobierno para combatir a las bandas criminales y sus redes de apoyo, no ha arrancado a trabajar en forma, en parte por el limbo en el que quedó el acuerdo con la derrota del Sí.

La segunda es que el presidente Juan Manuel Santos condene los asesinatos a sus líderes específicamente. “Él ha condenado los asesinatos en abstracto, pero no le ha hablado directamente a las víctimas de Marcha”, dice David Flórez. Hacerlo serviría para reconocer, según Flórez, que la estigmatización de ser “infiltrados de las Farc” los pone en especial peligro.

Otra cosa que piden es que las investigaciones sobre esos líderes asesinados, como la de Erley Monroy y Didier Losada de la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal - G, sean estudiadas por la Unidad Especial de Derechos Humanos de la Fiscalía para que haga una evaluación de contexto más amplia para ver qué hay detrás de esos asesinatos.

Eso, de nuevo, serviría para subrayar el riesgo que conlleva la estigmatización, según Flórez.

La última solicitud es que haya un programa de protección especial para el movimiento, que consistiría en que sus líderes y eventualmente los candidatos tengan un escolta o un carro blindado para moverse en las regiones.

Por ahora el Gobierno no les ha contestado esas propuestas, según Flórez. Para ellos, su cumplimiento es la garantía de poder hacer política electoral sin el estigma de ser un movimiento infiltrado por las Farc, y poder ponerle votos a la campaña del gobierno de transición que propuso el jefe de la delegación de las Farc, Timochenko.

Con ese plan de aquí al 2018 Marcha Patriótica quiere ser una de las fuerzas políticas más visibles del posconflicto, la que representa a los campesinos. Y llegar por primera vez al Congreso, por fuera tanto del Polo Democrático como del partido de las Farc.