El Procurador pierde puntos en su tierra

Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación. Foto: Juan Pablo Pino

A pocas semanas de ser reelegido, el Procurador Alejandro Ordóñez tiene como su mejor carta de presentación su lucha frontal contra la corrupción. Un discurso, que paradójicamente, ha perdido credibilidad en su propia tierra.

En agosto de 2011 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al entonces alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza. Lo hizo mediante un proceso verbal que duró tres meses. Semanas después, el gobernador de Santander de la época, Horacio Serpa, designó de Alcalde a Héctor Moreno Galvis, serpista de pura cepa y excongresista por el Partido Liberal.

En apenas cuatro meses de gestión, Moreno Galvis celebró contratos que fueron objeto de graves denuncias en los medios de comunicación. Sobrecostos, contratistas no idóneos y soporte enclenque del gasto fueron algunas de las irregularidades que salieron a la luz pública. Pero frente a este carrusel de contratos Alejandro Ordóñez no ha actuado con la misma diligencia que se vio cuando destituyó al anterior alcalde de la ‘ciudad bonita’. Y su no intervención en el caso ya empieza a hacer mella en la opinión de sus coterráneos.

Como lo reveló a comienzos de 2012 la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, en 60 días el alcalde Héctor Moreno Galvis y algunos de sus colaboradores entregaron más de 2 mil millones de pesos en contratos directos, la mayoría de ellos con fundaciones diseñadas en el papel para contratar cualquier cosa con el Estado.

Los ejemplos sobran.

Se contrató con una fundación un  sólo evento para exaltar la niñez en diciembre y se le pagó a cada uno de los 30 auxiliares de apoyo - cuya función era repartir jugos y sándwiches - 600 mil pesos el día y a cada uno de los dos coordinadores tres millones y medio, un sueldo que puso a soñar a muchos en Bucaramanga.

Héctor Moreno Galvis, exalcalde de Bucaramanga cuestionado por un carrusel de la contratación.

Otro de los casos fue una fiesta para abuelitos que le costó al municipio 190 millones. El diario Vanguardia Liberal cotizó cada uno de los ítems pagados por la Alcaldía y no le sumaron más de 24 millones. Además reveló que se habrían beneficiado 1100 ancianos – no 1500 como se había pactado - y que el contratista ni si quería contaba con un domicilio formal. 

Unos videos contratados por la alcaldía de Moreno también fueron denunciados por la prensa. El municipio contrató por 25 millones de pesos la producción y emisión de cinco videos para promocionar la atención especial a la mujer y la familia. ¿El contratista? Una corporación que registró como su domicilio un bar en Floridablanca, municipio aledaño a Bucaramanga. Además del dudoso perfil del contratista, los videos nunca fueron producidos por la corporación - ya existían - y la emisión de estos en el Canal regional del oriente TRO no costó un solo peso.

El ‘carrusel’ lo completaban otros contratos similares celebrados también con entidades de igual perfil.

Un contratista, representante de unas de las tantas fundaciones con las que contrató la alcaldía de Moreno Galvis, le confesó a Vanguardia que para soportar los gastos de uno de los contratos que recibió  había adulterado y falsificado facturas.

Y en marzo la Contralora de Bucaramanga, Magda Amado, anunció que en el informe final de la auditoría sobre el caso del carrusel, se confirmaban irregularidades en 15 convenios que sumaban más de 1700 millones. La gran mayoría de los contratos habían sido firmados en las últimas tres semanas de diciembre. Catorce de los quince contratos cuestionados por la Contraloría habían sido firmados por el Alcalde Moreno Galvis y su secretaria de Desarrollo, Elvia Sarmiento, quien se desempeñó como Directora de Tránsito de Bucaramanga en el primer semestre de 2012. La Contralora compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía.

En la Procuraduría el proceso más adelantado contra la administración de Héctor Moreno es del contrato de alumbrado navideño. Por este tema la Procuraduría formuló pliego de cargos en junio contra el exalcalde. Sin embargo, casi cinco meses después el órgano de control no ha tomado ninguna decisión sancionatoria frente al tema.

Frente al carrusel concretamente, hasta finales de octubre, la Procuraduría se mantuvo en indagaciones preliminares. Sólo hasta el 2 de noviembre se abrió investigación disciplinaria por los contratos en desarrollo social, a cargo de la Unidad Coordinadora de Contratación Estatal en Bogotá. Según una fuente del organismo de control que La Silla consultó, hasta ahora por la etapa de la investigación “no se ha decidido si acudir al proceso ordinario o al procedimiento verbal”, pero que el traslado del proceso a Bogotá “garantiza” mayor agilidad sobre todo porque cayó en manos de Irma Trujillo, una Procuradora de amplia experiencia en los temas de contratación.

En la Procuraduría desestiman las críticas que los acusan de no actuar después del diligente informe de la Contralora Municipal. La fuente de la entidad que habló con La Silla dijo que la “Contraloría es experta en publicar informes y después no sancionar a nadie”. Efectivamente, la Contralora de Bucaramanga si abrió procesos de responsabilidad fiscal por el carrusel pero aún no se han definido los responsables.

El desconcierto en Bucaramanga proviene en parte por el cambio de velocidad de Ordóñez. Máxime después de que los bumangueses habían visto la rapidez del proceso que culminó con la destitución del alcalde Vargas, también por irregularidades en la contratación pública. Y cuando en el escenario nacional, incluso este año, el Ministerio Público fue especialmente eficiente para sancionar casos publicitados en los medios y las redes sociales como el que involucró al senador Eduardo Merlano.

Héctor Fabio Useche, exgobernador del Valle del Cauca sancionado por la Procuraduría.

Eduardo Merlano, exsenador sancionado por la Procuraduría.

Fernando Vargas, exalcalde de Bucaramanga elegido para el periodo 2008-2011, sancionado por la Procuraduría.

El proceso verbal - aplicado a Vargas y Merlano - ha sido aplicado en diversas ocasiones por el Procurador Ordóñez en su reconocida batalla contra la corrupción. “El procedimiento disciplinario verbal es uno de los llamados a cumplir esa función correctora y sancionadora, dada la eficacia y eficiencia con la que se puede aplicar” se lee en la introducción de la cartilla “El Proceso Verbal en la PGN” firmada por Ordóñez.

Y es que muchos funcionarios han terminado sancionados por el Procurador vía el proceso verbal.

Dentro del carrusel de contratación en Bogotá, casos como el del excontralor de la ciudad, Miguel Angel Moralesrussi, fueron resueltos por la Procuraduría de manera expedita. Siete meses después de conocerse las denuncias, Ordóñez formuló pliego de cargos el 31 de enero de 2011, abrió proceso verbal y a los pocos días - el 25 de febrero - lo inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos. En las mismas fechas, sucedió lo mismo con el excongresista Germán Olano inhabilitado por 12 años. 

El exgobernador del Valle Héctor Fabio Useche fue denunciado a finales de octubre de 2011 por un contrato directo que firmó como secretario de Salud del departamento. Seis meses después, en abril, la Procuraduría abrió investigación y dos meses después, a través de un proceso verbal, ya lo había destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos.

La exdirectora de la UAESP en Bogotá, Miriam Martinez, fue citada en marzo de 2011 a audiencia por irregularidades en la licitación del relleno doña Juana que se había celebrado en el segundo semestre de 2010. Poco después, en mayo, fue destituida e inhabilitada por 10 años también a través del procedimiento verbal.

En este contexto en Bucaramanga no se entiende por qué aún no ha recaído ninguna sanción sobre los responsables del carrusel de la administración de Hector Moreno. Casos como el de la contratación en Bogotá podrían involucrar más recursos que los comprometidos en el escándalo de la ‘ciudad bonita’, y por esa vía ser más mediáticos. No obstante, guardadas las proporciones, en la ciudad del Procurador el tema sí fue visto con marcada preocupación por la opinión.

Miguel Pedraza, un reconocido abogado penalista en Bucaramanga, que ha criticado el tránsito del proceso en la Procuraduría, le dijo a La Silla que no entiende como en el caso del carrusel “no se abre un proceso verbal para sancionar a los responsables cuando se advierte de lejos una falta disciplinaria gravísima”.

Este año Vanguardia ganó el Premio Simón Bolívar de periodismo por el trabajo a través de cual se destapó el carrusel y se detallaron las inconsistencias en la contratación de la alcaldía a finales de 2011. Días después de recibir el galardón, el periódico publicó un editorial titulado “¿Dónde están la Procuraduría y la Fiscalía?”.

“Sorprende también, como lo anotó un columnista hace unos días en estas páginas, que la Procuraduría no haya tenido la celeridad que tuvo en casos como el que llevó a la destitución del entonces alcalde Fernando Vargas, cuando nombró una comisión especial de investigación que llegó a conclusiones en muy poco tiempo”, se lee en la editorial de Vanguardia, el periódico más importante de la región.

María Juliana Acevedo, del programa Transparencia por Santander, le dijo a La Silla que Ordóñez “malacostumbró” a sus coterráneos con la destitución del exalcalde Fernando Vargas y que “la gente está intranquila” por la quietud del proceso contra el exalcalde Héctor Moreno.

Cecilia Reyes, presidenta de la Fundación Participar en Bucaramanga, afirma que es “inexplicable, triste y lamentable que sobre asuntos tan denunciados y probados no se tomen decisiones”.

El director de Caracol Radio en Bucaramanga, Juan Carlos Ordóñez, le aseguró a La Silla que es evidente que “la Contraloría Municipal sí ha sido diligente” en respuesta a las irregularidades de la administración de Héctor Moreno pero en contraste “los periodistas no han recibido ninguna comunicación de la Procuraduría, del orden central, que confirme si allí se está obrando” frente al caso.

Aunque probablemente no tiene nada que ver con la diferencia con el caso Vargas, las sospechas se han animado porque fue Serpa quien designó a Moreno Galvis en la Alcaldía. Fuera de la influencia que tiene el exgobernador sobre el liberalismo y los tres senadores ‘rojos’ bumangueses que tendrán que votar por la reelección de Ordóñez, Serpa y Ordóñez tienen un parentesco político. Un sobrino de la esposa de Serpa está casado con una hija del Procurador.

Si Ordóñez es reelegido, el Ministerio Público tendrá que justificar la lentitud en el proceso con decisiones contundentes para hallar los responsables del carrusel.