El pueblo paisa que no quiso recibir a excombatientes de las Farc

Con un movimiento ciudadano que recogió más de 500 firmas en menos de una semana los habitantes de Caracolí, Antioquia, frenaron los planes del Gobierno. Al municipio de casi cinco mil habitantes iban a llegar 74 excombatientes, y sus familias, que necesitan trasladarse de donde están, en Remedios. 

La oposición tiene matices políticos y culturales que reflejan muchos de los miedos asociados al proceso de reincorporación. 

También muestra las consecuencias de que el Gobierno no haya sido capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes. El temor en Caracolí no es tanto a los exguerrilleros mismos, sino a que traigan la violencia que ya le ha costado la vida a 264 de ellos desde que se firmó el Acuerdo. 

La oposición

Caracolí es un municipio a cuatro horas de Medellín ubicado en la subregión del Magdalena Medio. Sus habitantes son pequeños finqueros que se dedican a la ganadería y a la minería artesanal. 

En sus calles estrechas, atravesadas por los carriles del antiguo Ferrocarril de Antioquia que le sirven como ruta de transporte, hay pocas cantinas, restaurantes y durante la semana, poca gente. “Aquí no hay nada bueno para hacer, solo la tranquilidad en la que vivimos”, dice Elver Ríos, dueño de uno de los hoteles del pueblo. 

En efecto, en el municipio de 5 mil habitantes no hay ningún grupo armado, ni cultivos ilícitos, y desde julio del año pasado no registra homicidios.

Los caracoliseños se enteraron de que el Gobierno y las Farc habían acordado trasladar a su municipio a un grupo de excombatientes por una visita de Pastor Alape el martes 30 de marzo, durante Semana Santa. Alape es ex miembro del secretariado de las Farc y coordina los proceso de reincorporación en Antioquia. 

A la calle principal del pueblo, que está en mal estado y en la que apenas se ven algunos carros, llegaron camionetas blancas blindadas en las que iba Alape y su esquema de seguridad. 

Entró a Caracolí en compañía de funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) para visitar el predio, casi negociado, en el que iban a reubicar el antes ETCR de Carrizales, en Remedios. 

El traslado se ha discutido desde 2019, cuando el Gobierno anunció la reubicación de 11 espacios que tenían problemas para seguir operando en el lugar donde estaban. Pero solo hasta ahora, después de revisar más de 27 predios diferentes, la ARN estaba a punto de cerrar el negocio con un privado de Caracolí. 

Los 74 desmovilizados llegarían a una finca ganadera a una hora del casco urbano. El terreno tiene 165 hectáreas y está ubicado en la vereda El Bagre, casi en el centro del municipio. 

“Es un lugar estratégico porque tiene salida a Puerto Nare, Puerto Berrío y a través de las autopistas Medellín-Bogotá y Medellín-Puerto Berrío, al resto del país”, le dijo a La Silla Fabián Marín, el alcalde de Caracolí. 

Desde ese mismo día varias personas que estaban en el caso urbano empezaron a mandarse mensajes a través de Whatsapp sobre la visita de Alape. Algunas, incluso, se tomaron fotos con él y las mandaron por los grupos de ciudadanos. 

La información llegó al comité de ganaderos, al párroco de la iglesia, y a algunos concejales y líderes. Rápidamente consiguieron abogados y se organizaron en un comité de 15 personas al que llamaron “Caracolí le dice NO al ETCR en el municipio”. 

“Yo hoy le agradezco a Pastor Alape por haber venido a este pueblo. Si no, no nos hubiéramos dado cuenta”, dice Adriana Gómez, integrante del comité y excandidata a la alcaldía de Caracolí. 

En el transcurso de cuatro días el Comité de Ganaderos de Caracolí, encabezado por Diego Gómez, hermano de Adriana, se tomó las emisoras del pueblo. Convocó a una reunión el sábado 3 de abril en la Feria de Ganado del municipio.

Asistieron más de 50 personas e invitaron al Alcalde, que no llegó. Entonces, a través de una llamada telefónica le exigieron una reunión informativa para entender lo que estaba pasando. 

Dos días después, en la biblioteca municipal, estaban los funcionarios de la ARN, Diego Gómez, el alcalde, y otros habitantes de Caracolí que se oponían al traslado de excombatientes al municipio. 

En ella la ARN dijo que el traslado no era un proceso nuevo ni sorpresivo. Pero el Alcalde negó estar enterado desde el principio, y los habitantes expusieron una lista de razones para oponerse. 

“Los caracoliseños estaríamos en medio del fuego de estos desmovilizados de la guerrilla y los enemigos, sean AUC o de su familia a la que le mataron algún pariente. Ahí sí tendríamos que cambiar hasta el eslogan del pueblo que dice ‘Caracolí tierra de paz y gente amable’. (...) Queremos vivir, así sea seguir viviendo pobremente”, dijo una persona del municipio durante la reunión. 

En un comunicado oficial del comité— enviado a la ARN, la Gobernación, Presidencia y a Pastor Alape— explican que “no queremos que nuestra paz y tranquilidad se acabe por cuenta de los enemigos naturales de los excombatientes”. 

Difundieron la consigna por chats de Whastapp y los líderes lo llevaron a varias veredas hasta recoger más de 500 firmas de habitantes del municipio. 

El 14 de abril el director de la ARN, Andres Strapper, dijo que el ETCR de Remedios no se trasladaría a Caracolí. “Hablamos con las comunidades y el Alcalde. Esa no es una decisión que tome el Gobierno de manera autoritaria o arbitraria. No se va a realizar el proyecto que tenemos frente a las viviendas de los excombatientes”, dijo a través de Asoredes, una emisora comunitaria. 

El anuncio fue tema de conversación en el pueblo durante buena parte del día, pero no dejó del todo contentos a quienes se opusieron. Seguirán haciendo presión hasta contar con una comunicación escrita por parte del Gobierno. 

El rechazo

“¿Usted metería a su hijo a estudiar a una escuela donde están los hijos de los exguerrilleros?”, devuelve la pregunta Andriana Gómez, refiriéndose a las razones por las que se oponen al proceso. Gómez lideró un grupo de varias mujeres del municipio y coordinó el comité que se opuso a la llegada de los excombatientes. 

“El mero hecho de saber quiénes fueron, asusta”, dice. Y explica que “en Caracolí somos una familia”.

Además de estas prevenciones, Fernando Valencia, concejal de Caracolí, dice que “todas las personas merecen segundas oportunidades, pero sabemos que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad de esas personas y no queremos poner en riesgo el municipio”, dice. 

Hasta la fecha, 27 excombatientes han sido asesinados en Antioquia. Algunos ETCR se han desplazado a otras veredas por las constantes amenazas a la vida y la seguridad de sus habitantes. 

Es el caso de Ituango, un ETCR ubicado en la vereda Santa Lucía, al norte de Antioquia. Más de la mitad de sus habitantes se desplazaron en julio del año pasado hacia Mutatá tras el asesinato de 12 excombatientes. Hace una semana, las familias que seguían en el lugar se desplazaron a otro predio en el mismo municipio por la presencia de grupos armados. 

Andrés Strapper, director de la ARN, le dijo a La Silla que “hay alcaldes que no quieren que los ETCR se vayan de sus municipios porque saben que llegan recursos del Gobierno Nacional”. Habla de los cerca de 11 billones de pesos de presupuesto de inversión de la Política de Paz Con Legalidad que llegan a los municipios donde están los excombatientes. 

Pero en Caracolí, que tiene todas sus calles en mal estado, un centro de salud deficiente, y vías de acceso en malas condiciones están dispuestos a renunciar a esos recursos. 

Fabián Marín, el alcalde, aunque también se opuso a la llegada del ETCR, reconoce que pueden estar perdiendo una oportunidad histórica que los habitantes ni siquiera estuvieron dispuestos a conocer. Al final, el comité fue creado incluso antes de que la ARN socializara la propuesta. Esa es una posición con la que coincide el concejal Valencia, pero cree que los costos de aceptar son mayores a los de oponerse. 

Para el alcalde, sin embargo, las razones también son políticas y se mezclan con la polarización política que suscitó el Acuerdo de Paz: “Esto es un asunto de oposición, lo convirtieron en un asunto político porque por mi no votaron los ganaderos”, dijo. 

Se refiere, por ejemplo, a Adriana Gómez, quien fue candidata a la alcaldía en las elecciones en las que Marín quedó electo y su hermano, Diego Gómez, es ganadero de la región y preside el Comité de Ganaderos del municipio. 

Excombatientes sin lugar fijo

El anuncio de la ARN sobre la reversa del proceso le pone trabas a la reincorporación de los excombatientes de Carrizales. Ellos están informados del traslado del ETCR desde el 2019 y no cuentan con casas propias ni proyectos productivos en el territorio donde están. Pero más retrasos implican también mayor arraigo. 

Strapper reconoce que “cuando se planificaron las zonas veredales no se tuvo en cuenta que los procesos iban a ser de largo plazo. Carrizales está en zona de reserva ambiental y eso nos hace inviable el desarrollo de proyectos productivos. Tanto es así que el proyecto que se desembolsó para Carrizales se está desarrollando en el municipio de Yondó”.

Y aunque en general los 74 excombatientes que están en Remedios aceptaron ser trasladados con sus familias, el cambio de lugar no es un proceso del todo voluntario. 

“En ningún momento la población se ha querido ir de acá. Hay un tema de arraigo, hay iniciativas productivas aunque no se estén implementando los proyectos productivos”, dijo una excombatiente que pidió la reserva de su nombre para evitar conflictos con la entidad del Estado con la que trabaja. 

Lo de Caracolí, entonces, es un doble desarraigo. Por un lado, porque los llevó a enfrentar el rechazo, por otro, porque debe comenzar un nuevo proceso de búsqueda después de que habían aceptado irse para Caracolí. 

“La alcaldía de Puerto Berrío está dispuesta a mirar si podemos trasladar el ETCR a esa región”, le dijo Pastor Alape a La Silla. Pero lo de Caracolí les juega en contra porque la movilización ciudadana hizo eco en los municipios cercanos, como Puerto Berrío, donde según Adriana y Diego Gómez, algunos ganaderos apoyaron al comité de oposición. 

Frente al rechazo de Caracolí una de las excombatientes dice que “nosotros como Farc no queremos que nos cojan como de trofeito en plena época electoral. Entonces preferimos que ese no sea el espacio para una posible reubicación”.

Un orgullo que muestra intacto, así no tenga aún un lugar permanente para vivir.