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El referendo contra la JEP no saldrá, pero servirá para hacer campaña

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Aunque es casi imposible que llegue a las urnas, calienta el debate político en tiempo electoral y con el fantasma de las críticas a las cortes de fondo.

Es casi imposible que salga adelante el referendo que impulsa el periodista Herbin Hoyos para eliminar la Justicia Especial para la Paz, unificar las cortes con nuevos magistrados y reducir el tamaño del Congreso. Eso no quiere decir que sea inane: el proceso para recoger las 1,8 millones de firmas necesarias va a coincidir con la campaña para las elecciones regionales y, si se suma a la movilización contra las Altas Cortes, podría darle un impulso extra al uribismo, que apoya las dos cosas.

De hecho, si el viernes pasado el expresidente Álvaro Uribe salió a decir que firmaría la mayoría del referendo, ayer su partido, el Centro Democrático, convocó a una movilización

Ese plantón y sus motivaciones no solo encajan en la posibilidad de que renazca la coalición que llevó a la victoria del No en el plebiscito de 2016, sino que calienta el ambiente para la recolección de las firmas, que sin embargo es apenas el primero de cinco pasos que debe superar el referendo antes de que se convierta en norma.

Un camino casi imposible

El 22 de mayo, nueve personas que se presentaron como el “Movimiento Libertad y Orden”, y que encabeza Hoyos, presentaron formalmente a la Registraduría la solicitud para iniciar el proceso de un referendo.

  • Sergio Alzate González: es el vocero oficial del movimiento. Abogado asesor y miembro de la Federación de Víctimas de las Farc, que también han liderado Herbin Hoyos y la embajadora de Iván Duque en Berna, Sofía Gaviria. De hecho, acompañó a Hoyos en varias demandas contra la participación política de guerrilleros desmovilizados. Fue asesor de Gaviria cuando era senadora liberal y secretario provisional de Derechos Humanos de ese partido. Ha sido columnista de El Mundo, periódico que ha manejado la familia Gaviria, y fue protagonista de un duro rifirrafe con Ángela María Robledo en la Comisión de Paz del Senado en marzo pasado.

 

  • Herbin Hoyos: periodista reconocido por haber dirigido el programa Las Voces del Secuestro, de Caracol, que fue un espacio privilegiado y humanitario para que los secuestrados escucharan a sus familiares en los peores años de ese flagelo. Durante la negociación entre el Gobierno Santos y las Farc se mostró como un fuerte crítico y fundó la Fundación de Víctimas de las Farc, Fevcol.

 

  • Adel Alfredo González Guzmán: abogado sincelejano.

 

  • Marta Ximena Ochoa Sánchez: precandidata uribista, una ganadera de Pitalito, Huila. Estuvo en La Habana en los diálogos como representante de las víctimas del conflicto porque su madre, Celmira Sánchez, fue secuestrada por las Farc en 1990 y liberada en 1991 tras el pago de un rescate. Es hermana del expersonero de Pitalito, Luis Gerardo Ochoa, quien fue asesinado en abril de 2017 aparentemente por sus denuncias sobre irregularidades en un proyecto para construir un templo cristiano. Fue candidata a la Cámara por el Centro Democrático en el Bogotá en 2018 y sacó casi 7 mil votos.

 

  • Yamiled Noscué Becerra: es una de las caras visibles de las denunciantes de abusos sexuales en las filas de las Farc, pues ha denunciado -incluso en medios como RCN TV- que fue violada incluso por siete guerrilleros un solo día, y obligada a abortar, ha dicho que las guerrilleras eran esclavas sexuales de los comandantes. Miembro de la Corporación Rosa Blanca, sus acusaciones han sido explosivas pues ha acusado a la hoy senadora Victoria Sandino de ser victimaria de niñas reclutadas a la fuerza, violadas y obligadas a abortar, y ha criticado a la JEP.

 

  • José Raúl Cuesta Delgado: aparentemente se trata de un pastor cristiano, en 2015 tuvo el segundo renglón a la JAL de Usme (Bogotá) en la lista cerrada del Centro Democrático, tras haber sido el más votado en la consulta interna para definir esa lista, con 231 votos. Es miembro de la Fundación de Víctimas de las Farc, Fevcol.

 

  • Fredy Ernesto Izquierdo Ruiz: cabeza de la Fundación Tierra de Niños, que tiene varios servicios para ayudar a niños en Usme (Bogotá), es miembro de la Fundación de Víctimas de las Farc, Fevcol.

 

  • Bertha Alicia Suárez Casallas: representante legal de la Corporación Rosa Blanca, es abogada.

 

  • Nancy Esperanza Macías Ayala: psicóloga y especialista en Derechos Humanos, ha trabajado en entidades de apoyo, en el Idrd en Bogotá, en el Centro de Memoria Histórica y la Unidad para las Víctimas donde estuvo entre 2013 y 2017. Actualmente tiene un contrato con el Centro de Memoria sobre mujeres víctimas del conflicto.

Ese primer paso no tiene mayores exigencias, más allá de llenar un formulario, un proyecto de artículos para que eventualmente la gente vote sobre ellos, y una sustentación.

El viernes 7, la Registraduría le dio el visto bueno a esa solicitud y por eso el jueves 13 aprobó el formulario para que recoja las firmas, que además incluye los dos artículos que eventualmente llegarían a las urnas (se pueden consultar acá).

Con eso listo, arranca una carrera de obstáculos que pinta difícil para la iniciativa:

  • Conseguir casi 2 millones de firmas válidas

Los promotores tienen hasta el 14 de diciembre para recoger firmas equivalentes al cinco por ciento de las 37.061.658 que están hoy en el censo electoral. Es decir, necesita 1.853.083 firmas, algo difícil pero no imposible.

Para hacerse a una idea de las dimensiones, la consulta anticorrupción presentó 4,2 millones y la Registraduría avaló poco más de 3 millones de firmas. Eso muestra que este obstáculo no es imposible de superar.

Como en el caso de la consulta, la Registraduría revisará las firmas que lleguen el 14 de diciembre y luego certificará cuántas son válidas, un elemento necesario para el paso siguiente.

Además, los promotores deberán presentar las cuentas de la campaña y que el Consejo Nacional Electoral las avale, algo que demoró la consulta anticorrupción y que tuvo en un problema jurídico a los promotores de la segunda reelección de Álvaro Uribe durante varios años.

  • Lograr mayorías en Senado y Cámara

Con la certificación de la Registraduría, el referendo llegaría al Congreso, lo que no ocurriría antes del 16 de marzo de 2020, cuando arranca el primer período de sesiones del Congreso de ese año. Allí, como pasó con el fallido referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe, lo deben aprobar por aparte las mayorías absolutas de Senado y Cámara.

Eso pinta muy difícil por los dos puntos que la iniciativa convoca a votar.

De un lado, su propuesta de eliminar el tribunal de la JEP que creó el Acuerdo con las Farc se enfrenta a que, como demostró la votación de las objeciones de Iván Duque, las mayorías en las dos cámaras son proAcuerdo.

De otro, la propuesta de reducir el Senado de 108 a 80 senadores, y la Cámara de 172 a 80 representantes va en contravía de los intereses de los congresistas, pues a menos curules, menos probabilidades de ser elegido y más votos necesarios para lograrlo.

Por eso, es altamente improbable que el referendo pase esta prueba - aunque de llegar al Congreso seguramente dará mucho de qué hablar.

  • Obtener una sentencia favorable en la Corte Constitucional

Si ocurre un milagro y el Congreso aprueba el referendo, la Corte Constitucional debe revisarlo. Y, como ocurrió con el de la segunda reelección presidencial, lo más probable es que lo tumbe porque hay argumentos fuertes de su jurisprudencia para decir que sus dos puntos van en contravía de elementos esenciales de la Constitución (y porque la mayoría de la Corte es claramente proAcuerdo).

El punto de eliminar el tribunal de la JEP incluye un cambio retroactivo para que todos los condenados por la justicia transicional paguen cárcel, cosa que con las normas actuales no ocurre si aceptan su responsabilidad desde el principio, y también que el narcotráfico nunca pueda ser delito conexo al político de forma retroactiva.

Eso iría contra el principio de favorabilidad penal de una forma tan clara que la reforma que presentó el gobierno Duque sobre el segundo punto deja explícito que solo aplica a futuro.

Además, ese mismo punto busca cambiar todos los actuales magistrados (incluyendo los de la Corte Constitucional que estudiarían el referendo) por unos nuevos que se deben elegir por un concurso de mérito sin reglas conocidas, y que definiría el Presidente, lo que posiblemente vean los magistrados como un atentado a la separación de poderes y a los pesos y contrapesos.

Por su lado, el punto sobre la reducción del Congreso tiene varias críticas, como que atentaría contra el principio de representación, pues un efecto de que haya menos congresistas es que más electores votarían por ‘quemados’, y al final,  el Congreso representaría de forma efectiva a menos personas.

Eso se notaría especialmente en los departamentos menos poblados, que hoy tienen asegurados dos representantes a la Cámara. Como el referendo dice que los 80 representantes se elegirían de forma proporcional a la población de los departamentos, con lo que al Vaupés, por ejemplo, le correspondería el 0,08 por ciento de una curul.

Tampoco alcanzarían una curul completa Caquetá, Chocó, Quindío, Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare ni Vichada.

Esos y otros argumentos hacen casi imposible que pase el examen de la Corte.

  • Que salgan a votar más de 9 millones de personas (y tener la mitad más uno de sus votos)

Incluso si el referendo lograra pasar en el Congreso y en la Corte, necesitaría una votación muy importante para tener efectos. Aunque los 9.262.415 votos que debería obtener son menos de los que sacó la consulta anticorrupción de agosto del año pasado (fueron 11.674.951), hay una diferencia sustancial.

Mientras la consulta sumaba intereses de casi toda la sociedad por lo popular de la bandera anticorrupción (y de hecho los políticos que se opusieron lo hicieron más bien en voz baja, excepto el recientemente derrotado Germán Vargas), el Acuerdo tiene grandes defensores que seguramente incentivaría la abstención, y sus críticos no parecerían tener los votos suficientes.

Eso, por lo menos, indicaría el que Duque sacó menos de 7,6 millones de votos en primera vuelta presidencial de mayo del año pasado, cuando era el candidato claro de la coalición antiAcuerdo (en segunda vuelta saltó a 10,3 gracias al antipetrismo y con el apoyo de políticos proAcuerdo, como la bancada liberal). De hecho dos meses antes, en marzo, la consulta de la derecha había sumado poco menos de 6 millones de votos.

Por eso, tampoco parece fácil que el referendo logre el umbral - aunque si llega a ese punto sería dentro de más de un año, acercándose a las elecciones de 2022, y el panorma político puede cambiar.

De hecho, justamente la propuesta misma de referendo ya lo impacta, pero en un plazo más corto.

Un espacio político cada vez más claro

Desde el fin de semana, varios líderes uribistas están convocando al plantón de esta tarde. En su forma de hacerlo queda clara la narrativa que está detrás de él, que coincide y se potencia con la del referendo: la manifestación es una respuesta a las amenazas que ven a los niños y la familia, de un lado, y a la justicia y las víctimas de otro.

Así lo muestran la forma casi idéntica, como de plantilla, en la que los congresistas del Centro Democrático están difundiendo el evento de hoy

Ese discurso es muy parecido al del No en el plebiscito, cuando la defensa de los niños y de la familia fueron puntos centrales, y cuando el mensaje de todos los opositores al Acuerdo estaba muy unificado.

Algunos le han sumado, además, el argumento de defensa del honor del Congreso por cuenta de la posesión, hace una semana, de alias Jesús Santrich

Al sumar al Congreso, la convocatoria coincide más directamente con la propuesta del referendo.

Eso le da fuelle a la resurrección de la coalición del No, con un mensaje unificado como el que viene pidiendo Uribe entre sus huestes, a poco más de cuatro meses para las elecciones locales y regionales y cuando el ruido de reformas constitucionales o Asambleas Constituyentes contra las cortes siguen moviendo el debate político.

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