El regalo minero de Santos a los alcaldes terminó siendo arena

Muchos municipios con potencial minero resienten que se les ha marginado de las decisiones sobre minería, que terminan siendo tomadas en Bogotá y lejos de ellos. Por eso en diciembre el gobierno Santos sacó un decreto que por fin les da a los alcaldes y concejales una ruta para expresar sus preocupaciones. El problema es que, tres meses después, ese espacio está demostrando ser letra muerta.

El 'decreto navideño' -que firmaron cuatro ministros de Santos el día de Nochebuena- fue el resultado de un regaño de la Corte Constitucional, que en marzo del 2014 le jaló las orejas al Gobierno por no tener en cuenta a los municipios y las comunidades a la hora de ponerle orden al intenso debate sobre quién tiene la competencia para ordenar la minería en el país: si el gobierno nacional (al tratarse del subsuelo) o las autoridades locales (al tratarse de todo lo que sucede por encima).

Al plan del Gobierno para remediar esa situación le han llovido todo tipo de críticas, desde que supuestamente prohíbe las consultas populares mineras hasta que teóricamente le quita dientes al Ministerio de Ambiente.

Pero uno de sus efectos políticos más importantes ha pasado de agache: aunque crea un sistema para que los municipios pidan una proteccio?n especial para aquellas zonas que creen sensibles, es muy difícil que un alcalde lo pueda aprovechar. Sobre todo si es de una localidad pequeña, como la mayoría donde están los minerales en Colombia.

“Creemos que se queda corto en el sentido de lo que debe ser escuchar y reconocer la voz de las comunidades en la explotación minera”, dijo hace dos semanas el goberador antioqueño Sergio Fajardo, que fue uno de los primeros funcionarios públicos en salir a hablar contra el decreto. 

El regalo inocuo para los alcaldes

El fallo de la Corte dejó un sinsabor entre muchos ambientalistas y grupos antimineros porque le dio la razón al Gobierno en que los municipios no pueden vetar la minería de un tajo.

Pero lo obligó a dejar de tomar las decisiones solo y a llegar a acuerdos con las comunidades sobre cómo proteger zonas que son importantes para el turismo, la salud o el ambiente. Con el decreto navideño nació la ruta para hacerlo: durante los siguientes 90 días a su expedición, los alcaldes y concejales pueden pedirle al Gobierno proteger una zona específica de su territorio de los impactos negativos que podría tener un proyecto minero.

Es decir, en vez de tener que recurrir a iniciativas populares como la que protegió el páramo del Almorzadero en Santander (y a las que se oponen tanto el Gobierno como la Procuraduría), el decreto les da el poder de decidir que en cierta zona es importante tomar precauciones especiales con el agua, el ecoturismo o la agricultura.

Para ello, tiene que presentarle al Gobierno una propuesta aprobada por el Concejo municipal y respaldada por estudios científicos. Luego el Ministerio de Minas que dirige Tomás González decide, tras pedirle una opinión a otros ministerios y entidades, si la petición es lógica.

El problema es que, lo que el Gobierno creó como un espacio de participación, muchos municipios y personas del sector ambiental lo ven como un proceso estéril y sin posibilidades reales de funcionar.

“Convierte a los municipios en meros peticionarios y al Ministerio de Minas en el súper poderoso que decide -con entera potestad y unilateralmente- si se tiene en cuenta lo que proponen. No está ni siquiera obligado a tomar medidas que los municipios consideran indispensables”, dice Diana Rodríguez Franco, una abogada de Dejusticia, el think tank que presentó una demanda contra el decreto el lunes pasado.

No es la única demanda: la ONG antioqueña Conciudadanía ya presentó una y La Silla supo que también vendrán otras del abogado ambiental Rodrigo Negrete y Anzorc, el movimiento de zonas de reserva campesina.

Muchos alcaldes sienten que el proceso es tan engorroso y los tiempos demasiado cortos que su voz termina no siendo tenida en cuenta.

Esto porque el decreto sólo permite a los municipios presentar ese tipo de propuestas una única vez, durante esa ventana de 90 días que comenzó a correr en Nochebuena.

La confusión con la fecha límite es tan grande que se manejan dos distintas: Dejusticia, la Asociación Interamericana por la Defensa Ambiental (Aida) y movimientos sociales como la Onic indígena y Anzorc hablan del 23 de marzo, mientras los gobernadores calcula que es el 5 de mayo. ¿La razón? El decreto no dice si son días hábiles o por calendario.

Pasada esa fecha, los municipios sólo podrán hacer esa solicitud tras hacer una modificación a sus planes de ordenamiento territorial (POT) en el Concejo, algo que rara vez sucede más de una vez en el período de un alcalde. (O a veces ni siquiera, como lo muestran las dificultades que ha tenido Gustavo Petro en Bogotá para sacar el suyo adelante).

“La palabra clave de lo que dice la Corte es 'acordar' y esto no lo es, sino subordinar. Si quieres participación, tiene que garantizarse que te dan condiciones reales para poder hacerlo y que se escuchan tus argumentos. Si no, no hay ninguna concertación”, dice César Rodríguez Garavito, el fundador de Dejusticia que está especializado en temas ambientales y que lideró esa demanda.

Rodríguez Garavito también cuestiona que un decreto tan importante a nivel ambiental ni siquiera haga referencia explícita al rol del Ministerio de Ambiente o las corporaciones autónomas, sino que se limite a hablar de consultar genéricamente de todas las 'autoridades competentes'.

El Ministerio de Minas defiende que ahora habrá mucho más diálogo con los municipios que antes.

“Lo único que hace [el decreto] es abrir un espacio de discusión que antes no existía, en el que nos sentamos a que nos cuenten lo que les preocupa. Eso no pasaba antes. La Corte nos dijo 'busquen un punto medio' y el resultado es esta competencia que los alcaldes no tenían antes del 23 de diciembre”, le dijo a la Silla la viceministra de Minas María Isabel Ulloa, añadiendo que no se le ha tocado "un gramo" a las competencias de las autoridades ambientales y que la razón por la que no está explícito ese sector es porque hay otros -como agricultura, turismo o salud- que también serán consultados.

Hasta ahora les han entrado apenas un par de solicitudes, pero esperan que se multipliquen en el mes y medio que queda hasta el 5 de mayo, que el Ministerio considera la fecha límite. Y no ven ningún problema con que los municipios no alcancen a hacerlo: “Modifican el POT, algo que de todas maneras tienen que hacer y para lo cual ya hacen estudios, y vienen para que hagamos la tarea”, dice Ulloa.

No hay tiempo,no hay plata

La mayor queja de los mandatarios locales es que los tiempos no les dan.

“Prácticamente está hecho para que no podamos presentar nada”, le dijo a La Silla el alcalde de un municipio con una alta conflictividad social por la minería.

Las cuentas que hace este alcalde son de, en el mejor de los casos, unos seis meses para armar el dossier que tiene que presentarle a Minas. Suponiendo que ya tiene bien identificada el área a proteger y toda la información del posible proyecto minero, tiene que encontrar la plata para contratar el estudio técnico. Hacer la apropiación presupuestal, pasando la plata de un rubro a otro, le toma un mes.

Contratar el estudio, 45 días. Y esperar que se lo entregan, como mínimo, de tres a cuatro meses. Estudiarlo y armar el proyecto para llevar al Concejo municipal, dos semanas. Verlo aprobado allí en tiempo récord, otras tres semanas.

Ahí no terminan las dificultades, ya que la carga de hacer los estudios que justificarían la protección de esa área corre sobre los hombros de los municipios.

Eso podría no ser un problema en ciudades con grandes presupuestos como Bogotá, que -como contó La Silla- demandó el primer decreto porque le cortaba las alas al plan de Petro de ir gradualmente cerrando las canteras que hay en Tunjuelo, Usme y en una zona semirural de Ciudad Bolívar.

Pero los 200 millones de pesos que, según una ex alta funcionaria ambiental, puede costar un estudio sencillo de impacto ambiental o socioeconómico es un golpe duro para el bolsillo de un municipio pequeño.

“No hay los recursos siquiera. El presupuesto del Concejo nuestro es muy limitado: 119 millones al año para pagar a los concejales, la secretaria y los gastos administrativos”, dice Jorge Enrique Parra, el presidente del Concejo de Pijao (Quindío).

Es decir que, si su Concejo quisiera presentar una propuesta de proteccio?n al Ministerio, tendría que buscar recursos equivalentes a casi dos veces su presupuesto anual en la alcaldía o fuera del pueblo. “Y todo esto sin uno siquiera pueda saber si le van a aprobar la propuesta después allá en Bogotá”, dice otro alcalde.

Es por eso que los concejales de Pijao y los otros 11 municipios quindianos se reunieron hace una semana y acordaron mandar pronto una carta de protesta al ministro Tomás González.

“Allí no hay concertación, ni equidad, porque la mayoría de los municipios no tienen el músculo financiero y técnico para asumir dicha responsabilidad y el Gobierno lo sabe”, le dijo a La Silla la Federación Nacional de Municipios, el gremio de los alcaldes que está evaluando si apoya la demanda de Dejusticia.

La vice Ulloa explica que el sentido de esa norma es evitar que haya decisiones de “no quiero porque no quiero, sino con un sustento técnico”.

Eso les permitiría al Gobierno evitar que se repitan casos como los de Támesis, Jericó o Pueblorrico, tres municipios del Suroccidente antioqueño sin tradición minera pero titulados hasta en un 80 por ciento -por estar en un corredor geológico llamado el Cinturón de Oro- donde movimientos ciudadanos y los concejos se unieron para prohibir la minería en todo su territorio. Esos acuerdos terminaron siendo declarados inválidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Ese proceso que creó el decreto navideño también quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. La gran diferencia es que ya no se habla de que se “deberán” acordar las medidas de proteccio?n entre los municipios y el Gobierno, sino que ambos “podrán” hacerlo.

“El Gobierno desconoce lo ordenado por la Corte de darle voz y participación efectiva a las comunidades y autoridades locales en los macro proyectos que impactan su territorio. Y ahora quiere volver ley ese decreto absurdo e inconstitucional”, dice la senadora verde Claudia López, que ya presentó una proposición para tumbar ese artículo del Plan.

López y la bancada de la Alianza Verde están proponiendo que se creen unos consejos verdes municipales (que ya existieron pero nunca funcionarios) donde se sienten autoridades, ciudadanos y las CAR para discutir con el Gobierno.

Eso generaría espacios de participación, dicen, más eficaces que el creó el Gobierno con el decreto navideño.

“Todo el trámite deja sospechas sobre si [el Gobierno] quiere que el mecanismo funcione. Lo que debería haber hecho es, como había prometido, crear la licencia para la exploración”, dice el abogado ambiental Carlos Lozano Acosta de Aida, que también ha mirado el tema del decreto. “Así invitaría a las autoridades ambientales desde el principio y le daría coherencia a todo el proceso desde que se pide el título hasta que se clausura la mina. Allí, en las audiencias públicas, también hay una oportunidad real para que las comunidades participen”.

Al final, todos sienten que las cosas cambiaron para que todo siga igual. Como dice un alcalde, “es como lavarse las manos, es el Gobierno nacional diciendo 'les dimos la oportunidad y no lo aprovecharon' porque no hay forma de que la podamos aprovechar”.