En las plazas de mercado de Buenaventura los paramilitares están cobrando vacunas a los vendedores que ya han pagado una sobretasa a los distribuidores. El plátano, la leche, el queso y el pollo se encarecieron por cuenta de los armados.

Comerse un patacón pisao en Buenaventura, o cualquiera de las playas del pacífico vallecaucano, se volvió todo un privilegio. En las playas de Juanchaco, de La Bocana, o de Ladrilleros -que hoy están atestadas de turistas por cuenta de la visita de las ballenas jorobadas-, ese antojo es prácticamente imposible de complacer. Cuando un turista insiste, los dueños de los hoteles y los restaurantes lo cambian por otro tipo de plátano, uno costeño, que en el interior llaman popocho y que nunca se había comido en esa región.

La razón de la escasez de ese producto de primera necesidad para los vecinos del mar es el precio. En las plazas de mercado y las tiendas mayoristas de Buenaventura el poco plátano verde que se consigue es demasiado costoso.Y los causantes de ese alto precio son los que pertenecen al llamado “cartel del plátano”. 

En las playas del pacìfico vallecaucano donde llegan semanalmente una gran cantidad de turistas, no se consiguen algunos alimentos de la canasta familiar.

Cada vez que a Buenaventura llega un camión con alimentos, un grupo de hombres armados hace el control de ingreso. No se trata sólo del plátano, también restringen la entrada de la leche, el huevo, el pollo, el queso y a veces la carne. No todos los productos pueden entrar al puerto, ni todos los distribuidores pueden tener acceso al mercado que llega. Los ‘seleccionados’ tienen que pagar un impuesto ilegal de ingreso.

Una vez los productos pasan ese primer retén, llegan a las plazas de mercado, o a las tiendas de barrio, donde los vendedores tienen que pagar la siguiente ‘sobretasa’. Los dueños de los negocios son vacunados para poder vender y por la 'seguridad' que les ofrecen.

Hay camioneros que no volvieron a ingresar las bolsas de pollo al puerto sino que lo venden antes de ingresar al casco urbano a precios más bajos porque además de evadir el pago de Ley, también evitan tener que pagar a los grupos al margen de la Ley.

Un distribuidor minorista contactado por La Silla Vacía usa una forma más rudimentaria. Cada vez que le llega un pedido de plátanos los divide en pequeños paquetes, los envuelve en trapos y toallas blancas y los camufla en el resto del mercado como si fueran pacas de harina. Es la única forma que tiene para que el plátano le llegue a las tiendas que surte a un precio que puedan pagar. Pero esto lo hacen a escondidas porque podrían recibir retaliaciones o hasta ser asesinados.

La Silla Vacía recorrió cuatro de las plazas (Bellavista, Juan XIII, Matía Mulumba y Pueblo Nuevo) y en ninguna encontró una buena oferta de plátano. En la principal, la de Pueblo Nuevo, solo dos vendedores tenían plátano del Eje Cafetero, poquito y de mala calidad.

"Aquí que deberíamos ser la ‘mata’ del plátano no podemos ni olerlo”, dijo a La Silla Vacía el dueño de un restaurante en La Bocana, resignado ya a comer solo el costeño.

Lo que se comenta en el pueblo es que sólo dejan vender ese plátano por orden de “Los Urabeños”, una banda criminal que llegó a la zona hace un par de meses desde el norte del país.

La presencia de los urabeños en el Valle la confirmó un informe de la Defensoría del Pueblo que alertó a las autoridades sobre la entrada de esa banda para pelear rutas del narcotráfico con los Rastrojos. Al parecer entró de la mano del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, quien hace poco salió de una cárcel de Estados Unidos donde había sido extraditado en diciembre de 2002. Ya está libre y lo que dicen los informes oficiales es que volvió al Valle a recuperar sus rutas de narcotráfico en el Pacífico.

Aunque esta información no fue confirmada de manera oficial, lo que sí es un hecho es que los paramilitares que eran financiados por narcotraficantes de este sector del país están subsistiendo de los ‘impuestos’ a los alimentos.

Un investigador de la Personería de Buenaventura contó a La Silla Vacía que el cobro de la ‘sobretasa’ a los alimentos de la canasta familiar no es nuevo en el puerto y por eso la gente lo ve como algo natural, aunque nadie lo confirma en voz alta. El cobro de ese impuesto a los distribuidores mayoristas y minoristas fue una de las formas de financiación y control que utilizó el Bloque Pacífico de las autodefensas desde 2003 y hasta su desmovilización en 2005.

De esta forma, los paramilitares no sólo se financiaban sino que además tenían control sobre quiénes ingresaban al puerto. En ese momento, no hubo denuncias ni investigaciones aunque el tema siempre estuvo en los informes de riesgo. Ahora la situación no es muy diferente: las víctimas no denuncian las vacunas.

Aunque hace menos de dos meses los comerciantes de Buenaventura le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le expresaron su preocupación por el deterioro del orden público y le pidieron que defina una acción para que en “nuestro territorio no vuelva a establecerse el régimen de terror”.

En junio, en Buenaventura hubo cinco atentados con explosivos en la zona urbana, dos hostigamientos contra la fuerza pública en la zona rural y dos tractomulas fueron quemadas en la vía que comunica con el resto del país. En julio, la cifra de homicidios en Buenaventura ascendió a 31 personas asesinadas en hechos aislados. Sin embargo, siguen siendo cifras mucho más bajas que las que ocurrían hace una década y por eso en la zona creen que esto sirve de argumento para que las autoridades bajen el nivel de la alarma.

Pero al tiempo que bajaron los homicidios, aumentaron los desaparecidos y las amenazas a los líderes sociales.

Investigadores de la Personería y la Defensoría del Pueblo creen que se produjo una reorganización de los grupos armados después de la época de la desmovilización paramilitar que en Buenaventura fue incompleta y dejó a muchos hombres vulnerables a volver a las filas, ya fuera de los mismos paras que se rearmaron, las bandas criminales, o incluso las Farc.

Además de Los Urabeños, los informes de seguridad también apuntan a la banda de Los Rastrojos que, aunque no tiene presencia física en el puerto, sí controla muchas rutas de narcotrafico. Y en los barrios circuló hace menos de un mes un panfleto firmado por las llamadas Águilas Negras con el que amenazaban de muerte a un grupo de personas.

Las Farc también volvieron a entrar en el casco urbano y eso generó de nuevo enfrentamientos en los barrios. La Personería tiene documentados cuatro en las últimas dos semanas y siempre lo que cuenta la gente es que la guerrilla fue la que entró al barrio. En el último Comité de Derechos Humanos, la Policía dijo que se trata de redes de apoyo del narcotráfico a la guerrilla.

En el pueblo hay un rumor de que el 4 de agosto, después del último enfrentamiento, la guerrilla y los paramilitares hicieron un pacto de caballeros: No agresión de parte y parte hasta que pasen las elecciones. Desde ese día no se han registrado homicidios y eso hace que el rumor tenga más credibilidad y las autoridades refuercen su tesis de que “no hay de qué preocuparse”.

La Misión de Observación Electoral alertó por la difícil situación de orden público en las zonas de Bajamar e insulares, originada por la presencia de varios actores armados en la zona. En la región están presentes las Farc, que están intentando recuperar su territorio; los paramilitares reinsertados que retomaron las armas, los narcotraficantes que manejan las rutas de la zona; y las bandas criminales que también participan en el negocio de la droga.

Pese a esta dramática situación, los políticos que están haciendo campaña para las elecciones de octubre en Buenaventura excluyen de su discurso el tema del orden público. En un debate que se realizó hace un par de semanas en una emisora del puerto, ninguno aceptó responder las inquietudes que los periodistas tenían sobre la seguridad. El argumento es que ese tema le corresponde al Gobierno nacional y no al local porque desde 2006 en el puerto funciona un Comando Operativo Especial de la Policía que se entiende directamente con el general Óscar Naranjo, Comandante de la Policía.

Tampoco las autoridades aceptan que haya dominio de los ilegales. Sobre los enfrentamientos en los barrios responden en las juntas de seguridad que no se trata de enfrentamientos sino de ‘escaramuzas’ sin importancia.

Sin embargo, hay denuncias de que en algunos barrios de Buenaventura los candidatos a la Alcaldía y el Concejo tienen que pedir permiso a los paramilitares para hacer proselitismo y que en algunos sectores se ha encarecido la campaña porque tienen que pagar su propia vacuna para que los dejen entrar.

La alerta ya fue puesta ante el Gobierno nacional y ante el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, quien estuvo en Roldanillo, Valle, en un consejo de seguridad el 6 de agosto pasado. Allá al Ministro le contaron lo que pasa en Buenaventura y en gran parte del Valle. Ahora, solo esperan que los haya escuchado y que haga algo.