El 27 de julio de este año Henriquez expresó su desconcierto por la situación en una carta dirigida a Oscar Darío Amaya, Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales. Dijo que la omisión por parte del Incoder, al no atender las quejas de su despacho, generaba “un cambio en la competencia de la Procuraduría como ente de control, para convertirse en tramitador, pero sin eco”. En el mismo comunicado, la Procuradora local le solicitaba al delegado que interviniera ante el Incoder en Bogotá, de manera que se tomaran medidas de fondo para evitar que se continuara “adjudicando los baldíos a quien no es sujeto de reforma agraria”.

Para evitar que se adjudicaran las tierras a quien por ley no las merecía, la Procuradora presentó un sinnúmero de recursos de reposición desde 2007. Sin embargo el Incoder de Antioquia los ignoraba y continuaba con el trámite irregular, entregando baldíos a particulares sin el cumplimiento de requisitos legales.

En otros casos el Incoder rechazaba los argumentos de los recursos, y según la Procuraduría, lo hacía “sin sustento legal alguno”. Uno de los ejemplos citados por el Ministerio Público es de marzo de este año, cuando Incoder de Antioquía manifestó que no encontraba ninguna ley que exigiera como requisito formal el verificar que el beneficiario de la adjudicación de tierras no fuera propietario de otros bienes en el territorio nacional.

Después de revelar durante años, y ante oídos sordos, las irregularidades en la adjudicación de baldíos de Antioquia, el pasado 4 de octubre la Procuradora Fanny Henriquez recibió en su despacho de Medellín a Jhenifer Mójica, la Subgerente de Tierras Rurales del Incoder a nivel nacional.

Las graves irregularidades descubiertas por la Procuradora con relación a la Dirección Territorial del Incoder de Antioquia eran tan protuberantes que cuatro días después Mójica presentó la denuncia penal ante la Fiscalía. La misma denuncia –un poco tardía- que el Ministro de Agricultura ventiló en los medios, y que tiene como base documental un trabajo de la Procuraduría y no del Ministerio o del Incoder.

Es decir que el gobierno no detectó ni descubrió la mafia como indicaron algunos medios. Tampoco el Incoder trabajó "de la mano con la Procuraduría" para destapar el robo de tierras, como dio a entender un comunicado del Ministerio de Agricultura. 

Incluso en 2011 con Santos ya en el poder, y Restrepo en la cartera de Agricultura - abanderados ambos de la política de tierras -, las inconsistencias en la entrega de predios fueron recurrentes en el Incoder de Antioquia. A nivel nacional el Director del Incoder era Juan Manuel Ospina, quien salió del cargo este año por diferencias con Restrepo. En el terreno local la Dirección Territorial estuvo en manos de varios funcionarios, como Gerardo Gil Ochoa, director en propiedad, y cómo encargados Andrés Felipe Álvarez Grajales y Elkin Emilio Tabares Arboleda. Este último, profesional del Incoder, estuvo involucrado en dos de los cuatro casos denunciados ante la Fiscalía esta semana.

Así fue el fraude

El ‘cartel de la tierra’ en Antioquia entregó terrenos baldíos del Estado a particulares que no eran campesinos de escasos recursos. De hecho, en algunos casos eran personas millonarias, algunas con patrimonios superiores a los mil millones. La lógica de la Ley 160 de 1994, que la reforma agraria debe propender por el desarrollo rural campesino, fue muchas veces letra muerta.

Varias adjudicaciones de baldíos se hicieron en contravía de la Ley. Se entregó a particulares extensiones de tierras de hasta 20 hectáreas sin actividad alguna de explotación agraria, y simplemente como casas de veraneo, fincas de recreo o locales comerciales.

A Fabiola Betancourt Pulgarin el Incoder le adjudicó el 27 de octubre de 2011 una cabaña de veraneo para su explotación y ocupación durante 10 años. En diciembre de 2011, de acuerdo a la Procuraduría, le habrían adjudicado a otra persona una finca de recreo, un predio de cuatro hectáreas sin explotación alguna.

A Doris Amparo Peña Restrepo se le adjudicaron cuatro predios en San Juan de Urabá mediante resoluciones de julio, octubre y diciembre 2011. Dos sólo a nombre de ella y el otro par en compañía del señor Fabio Alberto Velásquez Bermúdez.

Peña Restrepo resultó propietaria de bienes residenciales, industriales y comerciales en Itagüí, La Estrella y Marinilla, uno de ellos en conjunto con Velázquez Bermúdez avaluado en 366 millones. Es decir, no eran campesinos o trabajadores agrarios, ni mucho menos, como para recibir terrenos baldíos que se supone que son para los campesinos sin tierra.

En el caso anterior, Doris Peña, la beneficiada, habría afirmado bajo gravedad de juramento que carecía de un patrimonio superior a los 20 millones. En ese sentido Peña habría mentido y el Incoder, como lo sugiere la Procuraduría, habría omitido verificar la información suministrada.

Una de las inquietudes de la Procuraduría es que el Incoder estaba recurriendo a información desactualizada para verificar si los solicitantes de tierras baldías eran ya adjudicatarios, poseedores o propietarios de predios. En octubre del 2011 el despacho de la Procuradora Fanny Henriquez le solicitó al Incoder de Antioquia que informara si la base de datos que tiene para verificar la información solicitada era “confiable”. La entidad no respondió. En abril de este año la Procuradora insistió, y finalmente en junio el director encargado de Incoder de Antioquia, John Jairo Giraldo, aceptó que la información que poseía la oficina está desactualizada.

También bajo este gobierno, en octubre 31 de 2011, hace menos de un año, hubo otra irregularidad. El Director encargado del Incoder en Antioquia adjudicó a dos particulares 67 hectáreas de un predio ubicado en el municipio de Zaragoza. De manera evidente ello contrariaba la Ley que fija que la titulación de baldíos no puede ser superior a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que en Zaragoza oscila entre 8 y 12 hectáreas. Es decir, la adjudicación fue cinco veces superior a lo permitido por la norma.

Casos similares en el Incoder de Antioquia, como sí lo aceptó el Ministro, también fueron repetitivos bajo el segundo gobierno de Álvaro Uribe. En ese entonces el Gerente Nacional de Incoder era Rodolfo Campo Soto.

Un caso llamativo de la época fue el de Julieta Aguirre y Julio Ernesto Cantillo Jiménez. En octubre de 2008 la Directora Territorial del Incoder en Antioquia  de la época - Idalia Amparo González - adjudicó un predio de 20 hectáreas a estos particulares. Lo inconsistente es que ambos eran propietarios de bienes inmuebles en seis municipios de Antioquia. Es decir no eran objeto de reforma agraria.

No obstante lo anterior, en septiembre de 2008, un funcionario de INCODER en Urabá, José Miguel Osorio, habría certificado que ni Aguirre ni Cantillo eran propietarios de otros bienes y en ese sentido supuestamente cumplían los requisitos para ser beneficiarios de la adjudicación de baldíos.

Otro caso resulta aún más sorprendente. Dos particulares, Martha Urrea de López y Rodrigo Garcés Zuluaga, de manera independiente, solicitaron en 2006 la adjudicación de predios baldíos de 67 hectáreas y 71 hectáreas, respectivamente. Los dos predios estaban ubicados en una vereda del municipio de Puerto Nare. Urrea dijo que era viuda, y que su patrimonio no era superior a los 5 millones de pesos. Garcés dijo ser casado, aunque no dio detalles de su cónyuge y juró que su patrimonio era de apenas 10 millones de pesos. Los dos recibieron los predios baldíos solicitados a través de resoluciones del Incoder de 2009.

¿Lo irregular? La Procuraduría Ambiental y Agraria de Antioquia encontró que los particulares si tenían propiedades a su nombre, e incluso un terreno a nombre de ambos - de 292 hectáreas - precisamente en Puerto Nare. Funcionarios del Incoder, sin embargo, habían elaborado un informe donde aseguraban que ni Urrea ni Garcés registraban con predios en Catastro, siendo esta la misma fuente que consultó la Procuraduría.

La denuncia penal del Incoder 

Con la denuncia penal presentada por Jhenifer Mójica, el Incoder finalmente reconoció el trabajo de la Procuradora Henríquez. Además, expresamente le solicitó a la Fiscalía que determinara la eventual responsabilidad de los involucrados en el cartel de tierras. De acuerdo a fuentes del Incoder, a la gerencia nacional le inquieta que algunos de los funcionarios que participaron de las irregularidades sigan trabajando para la dirección territorial en Antioquia.

En todo caso, este paso de la administración de Myriam Villegas, de denunciar penalmente hechos en los que una de sus dependencias territoriales tendría responsabilidad, es de aplaudir.