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Los opositores al fracking ya habían atacado la legitimidad de la comisión. El Gobierno se defiende argumentando que las hojas de vida de los expertos es intachable.
El sí de los expertos al fracking más que cerrar el debate, lo reanima
Hace unos minutos la Comisión de Expertos, que creó en noviembre el Gobierno para evaluar si el país debe usar fracking para sacar petróleo de yacimientos no convencionales, dijo que sí es posible hacerlo, pero que deben aplicarse primero unos proyectos piloto en donde se evalúen primero las medidas de manejo técnico, ambiental, social y de gestión de recursos públicos.
La decisión que fue unánime entre los trece expertos convocados en la comisión, suena a luz verde para que las empresas petroleras hagan fracking, pero es más bien un motivo para que la puja se reactive.
Y tampoco se las pone tan fácil a las empresas que quieran desarrollar los proyectos, ni al Gobierno si le apuesta a esta vía, porque lograr las condiciones que pide la Comisión y hacer los proyectos pilotos puede tardar entre dos y tres años..
Con esta recomendación el Gobierno también tendrá que decidir cuál será la ruta a seguir con los cuatro proyectos que están pidiendo licencia, si en estos será dónde se apliquen los pilotos y cuáles recomendaciones adopta.
Como contamos en esta historia el fracking (una técnica para sacar petróleo y gas de rocas muy apretadas con agua a presión) genera polémica para organizaciones ambientalistas y algunos representantes de comunidades que dicen que trae un riesgo alto para el medioambiente y en particular para el agua; mientras que empresas y gremios petroleros sostienen que estos riesgos se pueden mitigar con la regulación que hay.
Con la recomendación la discusión no queda saldada porque de fondo está en juego la tensión entre la visión de desarrollo económico del presidente Iván Duque, alineada con los empresarios y con las necesidades fiscales de tener más ingresos petroleros, y la de organizaciones ambientalistas, más afines a los proyectos de izquierda y en las que la defensa del ambiente se une en ocasiones a la oposición a las empresas grandes, especialmente multinacionales.
Quienes defienden el fracking resaltan dos argumentos a favor de aplicar esta tecnología en el país.
Del lado económico el fracking podría ayudar a aumentar las reservas de petróleo del país, que según las últimas estimaciones disponibles alcanzan para seis años más, si no hay nuevos descubrimientos y se sigue consumiendo lo mismo. Esto es clave porque el país recibe plata del petróleo por impuestos, dividendos de Ecopetrol (que le pertenece mayoritariamente al Estado) y regalías, y si se agotan las reservas, se agota también esa fuente de recursos.
Por otro lado, está el tema regulatorio que se empezó a trabajar desde 2012 y que permitió que se sacara el reglamento técnico del Ministerio de Minas para proyectos de exploración y producción y el reglamento ambiental solo para proyectos de exploración. Según gremios como la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipet, la Asociación Colombiana de Petróleos, ACP, y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, este reglamento es lo suficientemente estricto como para garantizar que los riesgos asociados a la operación se puedan mitigar.
Pero para organizaciones como la Alianza Colombia Libre de Fracking, conformada por 84 colectivos ambientalistas, universitarios y promotores de consultas populares de varias regiones del país no es cierto que la regulación de seguridad. Para ellos uno de los principales problemas es que las normas no se hicieron teniendo en cuenta estudios hechos en Colombia, sino experiencias en otros países (como Argentina y Estados Unidos) donde el fracking se ha hecho en zonas desérticas, que tienen menos riesgos que en Colombia donde buena parte del potencial se encuentra en el Magdalena Medio, en zonas con ecosistemas más frágiles.
La Contraloría General de la República también cree que Colombia no debe hacer fracking, al menos todavía y ha publicado al respecto, uno en 2012 y otro en 2014. Y en agosto del año pasado el excontralor Edgardo Maya recomendó mantener una moratoria al fracking en el país porque hace falta información precisa e instituciones sólidas para garantizar que se pueda hacer fracking de manera sostenible con el ambiente.
Y algo parecido dijo en 2017 el entonces ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que dijo que Colombia no estaba lista para el fracking y que se necesitaba un plan a cinco años para prepararse. Lo dijo a pesar de que en ese momento su cartera estaba alistando la resolución que le permite a las empresas solicitar licencias ambientales para proyectos de exploración de fracking.
Por eso para los opositores al fracking, el argumento económico no compensa el alto riesgo ambiental.
Las recomendaciones de comisión criticada
El fracking fue uno de los temas duros de la campaña y la posición de Duque frente a si debía hacerse o no, varió.
Primero dijo que veía viable avanzar en la exploración con esta técnica, y al final de la campaña se mantuvo en que no haría fracking porque prefería apostarle más a los yacimientos convencionales de hidrocarburos, que no necesitan fracking para sacar el crudo pero de los que no ha habido grandes descubrimientos recientemente.
Pero su ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, que viene de trabajar en Ecopetrol, piensa distinto.
O, por lo menos, así mostró una de sus primeras entrevistas en el cargo, pues dijo que parte de su trabajo era “convencer al presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera responsable y segura”.
Para lograrlo, y con el visto bueno de Duque, Suárez y el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, armaron una comisión de expertos que recomendara qué hacer, si avanzar o no en la implementación del fracking y cómo.
La comisión estuvo conformada por trece expertos con diversos perfiles académicos, hay tres ingenieros, tres economistas, dos geólogos, un hidrogeólogo, un médico, un educador, un abogado y un filósofo. Dos son extranjeros y once colombianos, de los cuales cinco egresados de la Universidad Nacional.
La presentación de la comisión, mostró varios riesgos asociados al fracking, pero señaló una hoja de ruta para mitigarlos, lo que le da una alternativa al Gobierno para apostarle a esta tecnología haciendo unos ajustes a la regulación.
El rol de los expertos era solo dar un concepto sobre exploraciones de petróleo y gas en yacimientos no convencionales con fracking, no sobre cómo explotarlos. Eso tardaría al menos 3 años más, si avanzan los proyectos de exploración de ConocoPhillips en San Martín y Aguachica, Ecopetrol en Barranca y Exxon en Puerto Wilches, que no tienen una licencia ambiental un procedimiento que no está reglamentado, justamente por las dudas sobre el fracking.
Uno de los miembros de la comisión, Manuel Ramiro Muñoz, dijo en la presentación que el punto de partida del informe fueron las comunidades donde había proyectos de exploración de fracking, que se acercaron primero a ellos para conocer sus preocupaciones y sus percepciones sobre los no convencionales. Con base en eso hicieron ocho recomendaciones:
- Divulgar toda la información disponible e identificar dónde hace falta información. Aquí los comisionados fueron insistentes porque durante la realización del informe los mismos expertos tuvieron problemas para encontrar la información.
- Identificar las tecnologías de menor impacto para el proyecto piloto.
- Acordar con las comunidades cercanas a las operaciones cómo se manejarán los riesgos de salud.
- Identificar qué necesita ajustar las entidades encargadas de vigilar el proyecto (como la ANH y la Anla)
- Ajustar la regulación a la tecnología de menor impacto que seleccionen.
- Construir una línea base en las comunidades donde se vaya a hacer fracking en lo social (económico, salud, uso de recursos) y ambiental.
- Capacitar a las personas de las comunidades para que puedan participar del piloto.
- Acordar los mecanismos de participación y veeduría ciudadana en el proyecto piloto.
Si se cumple con estas condiciones, para la comisión se puede hacer fracking de manera responsable. La comisión presentó solo un resumen del informe con esta presentación, pero el informe detallado lo presentará el próximo jueves.
Pero aún antes de que se hiciera la presentación, la comisión recibió críticas de algunos activistas anti fracking y especialmente del más visible, Carlos Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Estos mismos cuestionamientos, Santiago nos los envió ayer en una presentación con dudas de la Alianza sobre la forma como trabajó la comisión y la independencia de cinco de sus trece miembros.
Armando Zamora: Fue el primer presidente de la ANH. cargo en el que estuvo de 2002 a 2012. Es doctor en ingeniería de MIT, tiene un MBA del International Institute form Management Development de Laussane Suiza. Trabajó también en ExxonMobil, Carbocol y el Instituto Colombiano de asuntos nucleares.
Gonzalo Andrade: Licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica y Magister en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es coordinador de la comisión permanente de áreas protegidas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.
Juan Pablo Ruiz: Economista de la Universidad de Los Andes con Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale. Es consultor en medioambiente y desarrollo para el Banco Mundial y en paz y ambiente para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, profesor de la maestría de Gestión para el Desarrollo del Externado y miembro del comité técnico del Foro Nacional Ambiental, del Consejo Directivod e Ideam y de la junta de la Red Nacional de Recursos Naturales.
Carlos Alberto Vargas: Geólogo de la Universidad Nacional, con maestría en ingeniería de la universidad Politécnica de Catalunya y Doctor en geofísica de la misma. Tuvo estudios de posdoctorado en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas. Es director del grupo de Geofísica de la Universidad Nacional y vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas.
John Fernando Escobar: Ingeniero de petróleo con maestría en medioambiente y desarrollo de la Universidad Nacional, y doctor en ingenierías de la universidad de Antioquia. Es experto en hidrogeología, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y corporaciones autónomas como Corpourabá, Corantioquia, Cornare y Cardique.
Leonardo Donado: Ingeniero civil con maestría en ingeniería de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional. Es también Doctor en ingeniería civil de la universidad politécnica de Cataluña, con énfasis en hidrogeología, que es su área de experticia. Es profesor de tiempo completo en la universidad Nacional y coordinador de los laboratorios de hidráulica y de ensayos hidráulicos de la Facultad de Ingeniería.
David Yoxtheimer: Hidrogeólogo, candidato a doctor en geología de la universidad de Penn State. Conoce muy bien el desarrollo del fracking en Estados Unidos, en particular en el Estado de Pensilvania, donde he hecho investigaciones relacionadas con la gestión y el tratamiento del agua y la eliminación de residuos del proceso industrial a través de la inyección.
Osme Manzano: Doctor en Economía de MIT, experto en política petrolera del BID. Es profesor de las universidades de Georgetown y George Washington en la capital de Estados Unidos. Fue subdirector y coordinador del programa de investigación en la Corporación Andina de Fomento.
David Neslin: Abogado de la universidad de Washington y Exdirector de la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas del Estado de Colorado, uno de los principales productores con Fracking de los Estados Unidos. Hoy es consultor privado en temas energéticos y ambientales.
Manuel Ramiro Muñoz: Doctor en educación de la Universidad de Barcelona, filósofo especializado en investigación y con magister en Educación. Es director del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Es experto en estudios interculturales aplicados a comunidades afro, indígenas y campesinas y apoya los procesos de alistamiento territorial para la implementación de los acuerdos de La Habana.
Natalia Salazar: Economista, con maestría en economía de la Universidad de los Andes. Fue viceministra técnica y directora de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, y subdirectora de Fedesarrollo.
Mario García González: Geólogo de la Universidad Nacional, con estudios de Maestría y Doctorado en esta área en la universidad de Wyoming en Estados Unidos. Es experto en yacimientos no convencionales. Ha sido docente de la UIS y ha hecho consultorías con empresas petroleras en Colombia y Estados unidos.
Diego Roselli: Médico de la Universidad del Rosario, neurólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en políticas de salud del London School of Economics y en educación médica de la universidad de Harvard. Es profesor de la Universidad de la Javeriana en el departamento de Epidemiología.
En cuanto a lo primero, la Alianza dice que la comisión tuvo muy poco tiempo, tres meses, para evaluar un tema tan complejo.
Por eso, en diciembre Santiago le envió un derecho de petición al Ministerio de Minas. Éste contestó que la comisión no debe hacer nuevos estudios sino revisar “los estudios internacionales sobre fracking que les permitiera determinar la viabilidad de esta técnica”.
Para la Alianza tampoco hubo suficiente participación ciudadana para la elaboración del informe, y son insuficientes las cuatro reuniones de la comisión en Puerto Wilches, San Martín, Barrancabermeja (donde están los proyectos) y Bogotá.
En cuanto lo segundo, la independencia de los miembros, la Alianza critica
- Que Carlos Alberto Vargas y John Fernando Escobar hayan dicho públicamente que el país puede prepararse para hacer fracking
- Que Armando Zamora, ex director de la ANH, haya trabajado con ExxonMobil
- Que Leonardo Donado dirija un grupo de investigación en la Nacional que tuvo un contrato con Parex Resources, que tiene un bloque de no convencionales
- Que David Neslin haya participado en ajustes regulatorios para fomentar el fracking en el estado de Colorado.
Para el Ministerio, ellos y los demás convocados son expertos ampliamente destacados por su conocimiento y su producción académica.
Esas críticas, previas a la presentación del informe hoy, dejaron listo el terreno para que la Alianza mantenga su oposición y de paso le da munición a los partidos de oposición para criticar la decisión de la comisión.
Y como tras el anuncio de hoy vienen más decisiones del Estado sobre el fracking, la puja continuará.
Las decisiones que están en juego
Las conclusiones de la comisión probablemente influirán en cómo se decidan tres temas que están pendientes de definición en el Congreso, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y el Consejo de Estado.
En marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias del Congreso, la Comisión Quinta del Senado deberá revisar el proyecto de ley que busca prohibir el fracking. En ese debate las conclusiones de hoy pueden pesar, e incluso es posible que el Gobierno tercie en la discusión.
El año pasado se presentaron tres proyectos dos para prohibir el fracking (uno del senador conservador Samy Merheg y otro de la bancada Alternativa, promovido por la Alianza Colombia Libre de Fracking) y otro que promueve una moratoria, presentado por la senadora de la U, Maritza Martínez.
Los tres proyectos se acumularon, lo que quiere decir que saldrá uno solo, y está pendiente de debatir una ponencia para archivarlo, firmada por los senadores Nohora García, del partido conservador, Alejandro Corrales, del Centro Democrático, Eduardo Pacheco, de Colombia Justa y Libre, José David Name, de la U, y Didier Lobo, de Cambio Radical, estos dos últimos son presidente y vicepresidente de la Comisión Quinta.
Mientras que la ponencia para que se apruebe la prohibición la firmó el senador Guillermo García Realpe, Sandra Ortiz, de la Alianza Verde, Pablo Catatumbo, de la Farc, y Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo, de la bancada alternativa que es minoría en la comisión.
El año pasado el viceministro de energía, Diego Mesa Puyo, pidió a los parlamentarios que aplazaran la decisión para este año, cuando tendrían como insumo la respuesta de la comisión, por lo que ésta, más el hecho de que los alternativos son minoría en la Comisión Quinta, puede fortalecer la posición de hundir los proyectos.
Mientras tanto, la Anla tiene pendiente definir si los proyectos actuales pueden arrancar.
En concreto, tiene pendiente resolver un recurso de reposición de ConocoPhillips a su decisión de archivar el trámite de la licencia para el proyecto con fracking, que se puede destrabar con el informe.
Eso porque la Anla la archivó, y dejó el proyecto en el aire, argumentando que no tenía la información suficiente para hacer una evaluación adecuada del proyecto.
También está pendiente de decidir las licencias de Exxon, que está en trámite desde 2015, y de Ecopetrol, que pidió licencia el año pasado para un proyecto piloto en Barrancabermeja.
Si bien el informe de la comisión no es obligatorio para la Anla, y ésta debe decidir con base a la información de cada proyecto, con las recomendaciones de hoy es más fácil que les dé luz verde.
La tercera decisión pendiente es del Consejo de Estado, que suspendió de manera cautelar las resoluciones del Ministerio de Minas que definen los criterios técnicos para hacer fracking, aplicando el principio de precaución ambiental, y con eso dejó sin piso la aplicación de esta tecnología.
En esa decisión, arrancando el proceso por una demanda del abogado Esteban Antonio Lagos González, el magistrado Ramiro Pazos Guerrero recordó la importancia que tuvieron las comisiones de expertos para decidir sobre la viabilidad del fracking en países como Australia y Alemania, aunque en ambos países hubo moratoria (la de Australia fue levantada en abril del año pasado)
Por eso, el informe de hoy podría mover la decisión del Consejo hacia no declarar la nulidad de los reglamentos técnicos.
Las decisiones del Congreso, la Anla (que aunque es independiente es parte del Ejecutivo) y el Consejo de Estado, seguramente serán motivo de más pujas y debates. Y, por la noticia de hoy, es probable que en esos debates el Gobierno quede del lado opuesto a los movimientos ambientalistas.
