El súper poderoso detrás del negocio que puso en jaque a Norte y La Guajira

Hasta hace tres semanas el nombre de Juan Carlos Cáceres Bayona no decía mucho en el país, pero tras el escándalo por el contrato del bilingüismo en La Guajira salió del anonimato.

Él, a través de una de una fundación que creó en 2011, se convirtió el año pasado en el socio de la Gobernación de Norte de Santander en la creación de Niutelco, una empresa mixta que tendrá una duración de 25 años y que en teoría fue diseñada para el suministro, mantenimiento y reposición de redes de telecomunicaciones.

La Silla lo rastreó y encontró que aunque hasta ahora había pasado debajo del radar, es un súper poderoso contratista de las redes de telecomunicaciones en el Caribe y en Norte de Santander, y que su crecimiento se ha dado en buena parte con millonarios contratos que le han adjudicado a dedo en ambas regiones. 

Solo para darse una idea, la empresa de Cáceres ha ejecutado al menos $188 mil millones en los últimos 7 años, de los cuales $111 mil millones los ha recibido directamente o en procesos de selección que han cerrado con un solo oferente.

Ahora como socio de la Gobernación de Norte de Santander bajo una figura que empezó a ser cuestionada porque garantiza potenciales negocios a largo plazo para los mandatarios de turno, Cáceres tiene de su lado a una entidad pública que le abre puertas para seguir recibiendo contratos directos y quedarse con el 49 por ciento de las utilidades que dejen.

Además, se convirtió en un comodín que más allá de redes de internet, empezó a ejecutar programas de bilingüismo, de emprendimiento, de dotación de mobiliario tecnológico y hasta de piscinas acuícolas.

Esta es la historia del contratista detrás de la figura que tiene suspendido al gobernador de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, y en la mira de la Procuraduría a su homólogo en Norte, William Villamizar.

Los inicios

Aunque su vida empresarial está en Barranquilla, Juan Carlos Cáceres Bayona es oriundo de Bucaramanga.

En febrero de 2011 se graduó como tecnólogo en sistemas de la Universitaria de Desarrollo e Investigación, UDI, en la capital de Santander, pero según su hoja de vida empezó a trabajar en el sector de las telecomunicaciones desde 2008.

Ese año fue contratado sin tener título en Media Commerce, una empresa de telecomunicaciones cuya sede principal está en Barranquilla, como director comercial regional.

Aunque La Silla no supo qué zonas tenía asignadas, tres fuentes que lo conocen desde entonces, nos detallaron que empezó a moverse en Norte de Santander. 

“Él era como un subcontratista de otra empresa que se encargaba de ejecutar acá. Así muchos lo conocimos acá”, nos dijo un político que lo conoció de esa época.

En Media Commerce trabajó hasta marzo de 2010, y luego no registró ninguna actividad hasta que en noviembre de 2011 creó la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información, Funtics.

Según su acta de constitución, esa empresa se pensó como una organización sin ánimo de lucro y entró a funcionar con un capital de $50 millones en Barranquilla.

Además de Cáceres Bayona, fueron fundadores Shirley Castellar, su esposa; Shirley Osorio, quien fue nombrada como directora financiera; y Harold Wilson Nuñez, quien ocupó el cargo de director de proyectos.  

Desde que arrancó, Funtics centró su actividad entre la región del Caribe y Norte de Santander.

Sus dos primeros contratos los ejecutó como subcontratista de Asproa (una asociación sin ánimo de lucro de Riohacha que también ha contratado suministro de Internet allí) y de Tricom (empresa que suministra internet en varios municipios de Norte de Santander).

También trabajó para Metrotel, empresa mixta que fue creada por la Alcaldía de Barranquilla en el mandato de Hernando ‘el Cura’ Hoyos por recomendación de Euclides Torres Romero, papá del excongresista Efraín Torres Monsalvo, y que fue absorbida por Movistar en noviembre del año pasado.

Solo para esa empresa y cuando tenía solo un año creada, Funtics ejecutó dos contratos que sumados superaron los $6.500 millones en el Atlántico. 

En lo netamente público también despegó en 2012, a los pocos meses de su constitución. 

La primera vez que apareció en el espectro fue en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Norte, para la ejecución del programa Vive Digital que fue una de las estrategias de conectividad de internet del gobierno de Juan Manuel Santos.

Casi al tiempo, en el Caribe debutó en las alcaldías de Soledad, un municipio que hace parte del área metropolitana de Barranquilla y que es conocida como la capital del fraude electoral; y Maicao, la capital comercial de La Guajira. En ambos la contrataron para suministro de internet e infraestructura de redes y colegios.

Por su parte, en Norte de Santander contrató con la Gobernación y con la Alcaldía de Cúcuta, para los mismos objetos de las dos administraciones del Caribe. 

Para ejecutar esos cuatro contratos participó en procesos de selección, pero en tres (los dos de Norte y el de Maicao) fueron de único oferente.

El 30 de diciembre de ese año, Funtics pasó en papeles de tener un capital de $50 millones a uno de $1.540 millones. Todos los fundadores declararon tener recursos para poner esa plata.

El 2013 marcó el despegue de Funtics como una megacotratista pública del país. 

De acuerdo con registros públicos, su ascenso estuvo ligado principalmente a Norte de Santander, departamento en el que se  ganó cinco de los siete contratos que firmó ese año (los dos restantes estuvieron en Maicao y en Arauca).

Ese volumen le representó la empresa de Cáceres solo ese año la ejecución de un total de $35.820 millones en el sector público, es decir, $31 mil millones más que el año anterior. La gran mayoría la recibió sin tener competencia.

De los siete, cuatro se los ganó en procesos de único oferente, uno -en la Alcaldía de Cúcuta- se lo entregaron directamente, y en otros dos llegaron a la etapa final con otra empresa, pero al final no hubo puja porque el competidor no cumplió con todos los requisitos y fue descabezado en la evaluación. 

En la Gobernación de Norte, que en ese entonces estaba administrada por el ahora senador de Cambio Radical Édgar Díaz, se quedó con el más grande. Fue de 13 mil millones y fue para suministro de internet en 300 colegios.

Ese año Cáceres, junto a los fundadores de Funtics, también decidió aumentarle el capital a la empresa y en esta ocasión lo hizo por otros $3.800 millones.

Casi al tiempo también entró un nuevo directivo: Ronald Cáceres Bayona, fue nombrado como vicepresidente y le dieron las mismas funciones que Juan Carlos tenía como cabeza de la empresa.

Luego Funtics se expandió por el resto del Caribe.

De fundación a súper poderosa (y las nuevas inversiones)

Parte del secreto del crecimiento de Funtics está en que por haberse constituido como una organización de sin ánimo de lucro, podía recibir contratos directamente bajo la figura de convenios de apoyo a programas de interés de público.

Esa modalidad de contratación fue muy utilizada en todo el país, pero terminó convirtiéndose en el comodín de los mandatarios para violar procesos de selección y en uno de los principales focos de corrupción.

Por esa razón, en 2017 el Departamento Nacional de Planeación emitió un decreto prohibiendo que se utilizara esa figura si en el mercado existían empresas que podían competir por la prestación del servicio que una entidad iba a contratar.

En todo caso, como transcurrieron poco más de 5 años entre ese decreto y la creación de Funtics, la modalidad fue clave para su dueño.

Entre 2014 y 2015 esa Fundación ejecutó a través de 17 contratos al menos $64.597 millones en proyectos de conectividad de internet y suministro de equipos que permitieran instalar ese tipo de redes.

De ese total, 16 le fueron adjudicados a dedo o en licitaciones que cerraron con único oferente.

Entre los más grandes estuvieron, uno por $24 mil millones que se lo entregó directamente el entonces gobernador del Magdalena, Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, quien está investigado por presunta corrupción. 

Otro en la Gobernación de La Guajira por $10 mil millones que se adjudicó tras una licitación de único oferente cuando el gobernador era José María Ballesteros Valdivieso, preso mientras lo investigan por un contrato para la investigación del dengue y con pliego de cargos en la Procuraduría por irregularidades en la adjudicación del Plan de Alimentación Escolar. 

Y uno directo por $4 mil millones con la Gobernación de Córdoba, que en ese entonces era dirigida por Alejandro Lyons, testigo clave en el ‘cartel de la Toga’ y acusado de desfalcar el departamento por el ‘cartel de la hemofilia’ y la adjudicación de varios contratos irregularmente.

En esos mismos años, y en paralelo a su envidiable racha, Juan Carlos Cáceres diversificó su portafolio de inversiones y creó tres empresas más en un lapso de tres meses.

La dos primeras fueron Arcas Constructora Inmobiliaria SAS y Asertics SAS, ambas con un capital de $100 millones; la tercera estuvo a cargo de su esposa Shirley Castellar, quien creó una empresa similar a Functis que llamó Virtualtics, con un capital de $200 millones. 

Ninguna de esas tres empresas tiene página web o un registro rastreable en motores de búsqueda digitales más allá de los datos que muestran páginas que recopilan datos empresariales, y en los números de contacto contestan empleados vinculados a Cáceres en Funtics.

Sin embargo, La Silla encontró que dos de ellas: Arcas y Virtualtics tienen patrimonios millonarios. 

Según los reportes de Cámara de Comercio mientras la constructora tiene $26 mil millones registrados en su contabilidad en ese rubro, Virtualtics reporta $18 mil millones.

La última empresa es representada actualmente por Juan Carlos Arbelaez Fayad, un técnico que había trabajado previamente para Funtics.

Intentamos saber cómo se movían esas empresas y cómo funcionaban pero Cáceres Bayona no respondió ni las llamadas ni los mensajes que le dejamos. 

En 2016, tras el cambio de gobiernos, la racha de Funtics continuó, pero para ese momento empezaron a aparecerle sombras

Los primeros ruidos

La Silla habló con 14 fuentes entre el Caribe y Norte de Santander, y ninguna nos supo decir si la coincidencia del crecimiento de Cáceres Bayona tenía que ver con algún político o poderoso de alguna de las dos regiones. 

Aunque la revista Semana dijo que para el caso de La Guajira, Cáceres tenía relación con Carlos ‘Ñeco’ Lopesierra, quien estuvo extraditado en Estados Unidos por narcotráfico, y que se conoció con el dueño de Funtics porque estudiaron juntos, él le dijo a La Silla que aunque lo conocía, su relación no venía de allí.

“Lo conozco hace cuatro años aproximadamente. Coincidimos en Riohacha en el Hotel Taroa. Un amigo en común me lo presentó”, aseguró. “En esa época coincidimos en vario sitios públicos. No soy amigo de él, ni hablamos esporádicamente”. 

También nos negó que lo hubiera recomendado para contratar en La Guajira.

Sea como fuere, en su lugar nueve de esas fuentes nos dijeron que lo que sabían era que Cáceres Bayona había visto un espacio en ese mercado y que lo aprovechó haciendo lobby por su cuenta en las administraciones públicas.

“Si ofrecía algo, yo no te lo puedo decir porque no me consta. Pero lo que sí sé era que le abrían mucho espacio”, nos dijo un político del Caribe que pidió reserva de su nombre. Otras ocho fuentes nos dieron una versión similar.

No pudimos saber la versión del dueño de Funtics porque no nos quiso hablar, en todo caso, un contrato de 2016 podría mostrar que la empresa de Cáceres se favoreció indebidamente para ejecutar un millonario proyecto. 

Fue el firmado por la prófuga exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, en abril de ese año por $20 mil millones para instalación de internet en el departamento. 

Además de que existen denuncias porque el objeto no se habría cumplido a cabalidad, la Procuraduría lo puso en su mira porque los pliegos de condiciones de se habrían formulado para favorecer a la empresa de Cáceres. 

Por estos hechos, hace tres semanas le formularon pliego de cargos a la exgobernadora y a varios funcionarios de su entonces administración, por presuntamente haber vulnerado la moralidad pública y haber incurrido en faltas que fueron calificadas como gravísimas.

Adicional a ese, solo en 2016 Funtics ejecutó entre el Caribe, Norte de Santander y la Gobernación de Tolima $36 mil millones repartidos entre 14 contratos, 10 de los cuales los recibió a dedo o cerraron con único oferente.

Las denuncias sobre ejecuciones presuntamente irregulares en otras regiones también aparecieron para ese momento.

En el Tolima tuvieron que suspender un contrato porque se estaba ejecutando con inconsistencias y se habría disminuído el alcance; y en Lorica, en Córdoba, denunciaron que pese a que le habían pagado a Funtics para conectar a 43 colegios, no había suministro de internet en varias.

Entre 2017 y 2018 el patrón se repitió.

En esos dos años la empresa de Cáceres empezó a aparecer como una de las grandes contratistas del Caribe en los informes oficiales de la Auditoría General de la República, y se quedó con la ejecución de $44 mil millones repartidos en 22 contratos principalmente entre esa región y Norte.

De ese total, 12 contratos equivalentes a $10 mil millones fueron directos o cerraron con único oferente, y de los 10 restantes en cuatro ganó porque su competencia no presentó los documentos básicos para concursar.

Sin embargo, para finales de 2018, Cáceres Bayona le dio un giro a su negocio de la mano de la Gobernación de Norte de Santander.

La sociedad

Desde 2017 en la Gobernación de Norte de Santander, en cabeza de William Villamizar, empezó a moverse la idea de crear una empresa mixta que se encargara de instalación, operación y mantenimiento de las redes telecomunicaciones en el departamento.

Para eso le pidió autorización a la Asamblea para que le diera vía libre al Instituto FInanciero de Norte de Santander, Ifinorte, para que buscara a un socio privado que quisiera ejecutar el proyecto en conjunto a cambio de una participación del 49 por ciento en él.

El negocio era interesante para un privado porque, además de que lo dejaba recibiendo el 49 por ciento de las utilidades que generara durante 25 años, siendo socio de una empresa mixta abría una puerta clave: la capacidad de contratar directamente con el sector público en todo el país.

Eso debido a que por su naturaleza, la figura opera como si un público le transfiriera recursos a otro público con experiencia en un tema específico para ejecutarlos, y por eso si el dueño de la plata no quiere, no tiene por qué someter a concurso el proyecto que quiere llevar a cabo.

Por esa razón, esas empresas han empezado a ser cuestionadas por ser un nuevo foco de presunta corrupción en todo el país.

Aunque en teoría el negocio era interesante para todas las partes, la convocatoria cerró con un solo oferente, y fue Funtics, que solo en la administración de Villamizar ya había ejecutado 12 contratos por $ 41 mil millones para instalación de redes y suministro de internet.

Pese a que delegados de Tigo-UNE observaron que tal y como estaban dadas las condiciones de la convocatoria, la Gobernación estaba buscando un operador y no un socio, la respuesta fue que necesitaban un socio con experiencia para que el proyecto fuera viable.

Así que Funtics pasó todos los requisitos y en julio la constituyeron con un capital de mil millones bajo el nombre de Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones, Niutelco SAS, y el 6 de agosto la matricularon en la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia, Niutelco tuvo un empujón adicional con el que podía romper el negocio de las telecomunicaciones, ya que para estimular la creación de industrias ‘naranja’ en el Plan de Desarrollo se estableció que ese ramo tendría cinco años de exención de impuesto de renta.

No obstante, dos cosas pasaron desde su creación. 

Por un lado, el que tomó el control de Niutelco fue fue Juan Carlos Cáceres, a través de Funtics, a pesar de que Niutelco en teoría es en su mayoría pública. 

Aunque en la junta directiva tienen solo cuatro asientos (Juan Carlos y su hermano Ronald están en los principales y sus suplentes son Carlos Páramo Samper, un abogado que actualmente es asesor jurídico de la Alcaldía de Barranquilla y Luis Alejandro Caballero, un psicólogo de Bucaramanga) pusieron a todo el personal clave.

A la gerencia llegó José Rafael Lastre Vergara, el coordinador de proyectos de Funtics, que estuvo ahí hasta por tres meses, y luego la junta que designó por unanimidad Mayret Niño, una exempleada de Metrotel que siendo directora de proyectos certificó la experiencia de Funtics cuando esa empresa empezó a despegar.  

En la subgerencia nombraron a Robert Antonio Gómez Reyes, quien ha trabajado en Funtics; y en la revisoría fiscal fue designada Mayvel de las Salas Piedrahita, quien desempeña ese mismo cargo en Funtics.

Pero más allá del control de la empresa,  la manera en la que Niutelco empezó a contratar terminó poniendo los reflectores sobre ella.

El comodín

Tres diputados le dijeron a La Silla por aparte, que cuando la Gobernación e Ifinorte les socializaron el proyecto de crear Funtics, la conversación se mantuvo en que su objeto era exclusivamente para telecomunicaciones.

De eso también quedó constancia en la ordenanza que aprobaron, donde se dice explícitamente que la empresa tendrá como fin la instalación, modernización y mantenimiento de redes de este tipo.

Pero eso no fue lo que sucedió cuando Niutelco nació a la vida jurídica.

Luego de que se detallara todo el objeto relacionado con instalación, reposición, mantenimiento y modernización de redes de internet y suministro de equipos relacionados, al final le agregaron que también podría ejecutar proyectos educativos relacionados con bilingüismo.

Por eso, cuando estalló el escándalo de La Guajira por un contrato de bilingüismo por $11 mil millones y repicó en Norte de Santander hubo sorpresa.

Al final resultó que el de La Guajira no era el único contrato, sino que en la Gobernación de Norte ya habían suscrito uno igual por $11 mil millones tres meses antes.

Mientras que por el primero Wilbert Hernández, el gobernador encargado de La Guajira ya está suspendido; por el segundo, la semana pasada la Procuraduría anunció que abrió indagación preliminar contra el gobernador de Norte, William Villamizar.

La principal duda radica en que la experiencia de Niutelco está en Funtics, y esa empresa, como relatamos atrás, solo ha ejecutado temas relacionados con redes de telecomunicaciones por lo que no se entiende por qué le delegaron plata para fines en los que no está demostrada su idoneidad.

Lo del bilingüismo, en todo caso, solo es una muestra. 

Como ya contó La Opinión, Niutelco también está ejecutando un contrato para aprovechamiento de fauna acuícola junto con la Universidad Francisco de Paula Santander y con la Universidad de Cartagena

Lo llamativo de ese contrato es que Niutelco solo por desarrollar un sistema de visualización de datos en internet se queda con $11 mil millones de los $13 mil millones que cuesta el convenio, cuando las universidades son las que ejecutan el grueso del contrato.

Similar pasó con un contrato para emprendimiento por $14 mil millones para implementación de nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas y emprendimiento de Norte de Santander. 

En toda la experiencia que tiene Funtics, y que es la que le aporta a Niutelco, no hay ningún contrato para este fin específico que soporte que es idónea. 

De hecho, La Silla supo que en el Sena le pidió dar por terminado a la Gobernación un convenio que suscribió con Niutelco para la dotación de laboratorios en “tecnoparque” y “tecnoacademia”, por considerar que esa empresa no tenía dentro de su objeto ese servicio y que para que el proyecto fuera exitoso necesitaba de expertos en la materia. 

Desde su constitución, Niutelco ha firmado directamente otros siete contratos más entre las gobernaciones de Norte de Santander, Cesar, Magdalena, y la CAR de Cundinamarca.

El más caro ha sido con esa última entidad y fue por $22 mil millones. Su objeto es desarrollar un sistema para el seguimiento y monitoreo de ecosistemas vulnerables y el desarrollo de un banco de datos con muestras recogidas en terreno, algo en lo que Niutelco tampoco tiene experiencia específica.

Mayret Niño, la representante legal de Niutelco, aseguró a La Silla que tanto ella como su personal tenía toda la experiencia para ejecutar todos los contratos que estaban adelantando; sin embargo, al cierre de esta historia no nos hizo llegar su hoja de vida.

El gobernador de Norte, William Villamizar, así como el director de Ifinorte, Carlos Amarildo, le dijeron a La Silla que en lo que a sus cargos respectaba habían hecho todo apegados a la ley.

Como ya están siendo investigados, en los próximos meses tendrá que aclararse cómo Niutelco empezó a recibir contratos en áreas para las que no fue creado. 

Además, Juan Carlos Cáceres, el socio y principal beneficiado privado con la figura, tendrá que contar cómo se dio su crecimiento en medio de gobiernos cuestionados y con decenas de miles de millones de contratos a dedo.