El supercontratista de William Villamizar

Mientras que en gran parte del país los gobiernos locales arrancaron el año estructurando las licitaciones para contratar la ejecución de los programas de alimentación escolar, en Norte de Santander una corporación que está unida por varios hilos a políticos de la región, ha recibido a dedo cuatro contratos por más de $76 mil millones para cumplir con ese propósito.

La aparición

Desde enero de 2016 en Norte de Santander empezó a sonar el nombre de la Corporación Tanai Jawa, una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en 2004 y que pasó de tener contratos de baja cuantía en Bogotá a volverse una de las supercontratistas del gremio en los últimos dos años.

Su crecimiento se remonta a 2015 cuando en Sucre y Caldas se quedó con la operación del Programa de Alimentación Escolar por $17.431 millones y $13.568 millones, respectivamente, pero se dispara en Norte de Santander en 2016 cuando empezó a recibir miles de millones para ejecutar ese programa en el departamento.

Aunque por las cuantías y por el hecho de que hay muchos operadores en el mercado, lo que están haciendo en todo el país es licitar esos recursos, lo particular de Tanai Jawa, es que todos los contratos se los ha quedado a través de una figura que se llama Convenio de Apoyo a Programas de Interés Público, una modalidad que les permite a las gobernaciones y alcaldías contratar directamente con fundaciones independientemente del monto.   

Si bien este tipo de contratos tienen varias restricciones, entre esas, que solo se pueden hacer para apoyar el objeto social de la organización y no para cumplir con las funciones que le corresponden por ley a la entidad que contrata, como en este caso el servicio de alimentación escolar, y por incumplirla ya han sido destituidos e inhabilitados varios mandatarios en el país, en la administración de William Villamizar ya ha recibido cuatro contratos que sumados llegan a los $76 mil millones para ejecutar el programa.

Para hacerlo, la Gobernación ha variado sus explicaciones.

Primero, estipuló en los estudios previos que había tenido en cuenta el caso de éxito de la operación en Caldas de Tanai Jawa; sin embargo, la única publicación que La Silla encontró sobre esa región en esos términos, corresponde al 2014, y para ese entonces Tanai Jawa no era el operador. Es decir, le dieron un espaldarazo a esa corporación por algo que no hizo.

“Ese convenio lo hizo directamente el señor Gobernador no la Secretaría de Educación. No sé decirle cómo fue que se hizo el convenio tan rápido y tan fácil”, le dijo a La Silla sobre el primer contrato la secretaria de Educación, María Fabiola Cáceres.

Más adelante, dijeron que lo hacían porque no tenían todos los recursos a la mano y era más fácil contratar directamente, cuando el contrato de 2017 fue por $37 mil millones y por la mitad del calendario escolar; luego explicaron que lo hacían porque la corporación -por la modalidad del contrato- les daba un aporte en especie representado en el registro biométrico de la entrega de los alimentos, cuando eso en departamentos como Santander también lo están haciendo por medio de la licitación; y por último aseguraron que los entregaron directamente porque esa corporación ya tenía experiencia en Norte de Santander.

Las respuestas de la gerente del PAE en Norte, Milena Velásquez Camargo, fueron las más llamativas.

Aunque primero le dijo a La Silla que no hicieron la licitación porque “identificaron las dificultades del programa para mejorarlas” y de haberlo cambiado “nos tocaría empezar de cero con otro operador”; más adelante explicó que aunque no estaban considerando otro operador, había enviado una invitación privada a otras empresas, pero que Tanai Jawa se la había ganado porque había sido el de la propuesta más barata.

Para probarlo le envió a La Silla las propuestas, lo particular es que eran solo una hoja con precios por cada empresa, cuando por la magnitud del programa, debían haber incluido ítems como la capacidad de producir alimentos, disponibilidad de bodegas, nevera, personal, experiencia entre otros.  

“Eso no tiene sentido. Cualquier propuesta que se haga  para la alimentación escolar debe tener claros los lineamientos técnicos, las condiciones de la operación. Una propuesta que se entregue en una hoja es una burla y claramente no es seria”, le dijo a La Silla una fuente de  adentro del esquema de refrigerios escolares. Una versión casi idéntica dio otra fuente del gremio.

La ejecución

Además de que los contratos fueron entregados a dedo y que parte del argumento para hacerlo en la Gobernación está en que el contratista ha cumplido, la realidad de la ejecución ha sido otra.

La Silla revisó todos los reportes sobre lo que ha pasado con esos contratos y encontró que desde el primer mes de operación, Tanai Jawa ha sido denunciado por incumplimientos.

Incluso los reparos sobre su labor salieron a la luz desde los primeros días de 2016, es decir, cuando estaba arrancando su primer contrato.

En ese momento, en el Zulia se denunció que los alimentos estaban llegando en mal estado y que las raciones no eran las pactadas.

Más adelante, en mayo, se reiteraron las denuncias pero esta vez en Ocaña, donde se registró que el pan había llegado con moho.

En septiembre, además de las denuncias por el mal estado de los alimentos, la Gobernación y el operador enfrentaron cuestionamientos por la presunta intoxicación de niños en Hacarí y Los Patios.

Y este año la dosis se repitió y la semana pasada se reportó un episodio similar en  Villa del Rosario, en el que 28 estudiantes y un docente de un colegio resultaorn intoxicados. Aún no se ha esclarecido si el operador tuvo que ver.

Precisamente por ese tipo de denuncias fue que la Procuraduría, en octubre pasado, le abrió una investigación a la Secretaria de Educación.

Aunque la Contraloría General, que es la que por competencia debe revisar ese programa en Norte, aún no ha publicado sus hallazgos, en noviembre de 2016 advirtió que “existe un entramado de contratación alrededor de la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varios de los departamentos recién auditados” y mencionó a Tanai Jawa.

Además, anunció que auditando 2015 y 2016, encontró presuntos hallazgos fiscales por $1.776 millones por la ejecución del PAE en Norte, pero no especificó a qué corresponden.

Sin embargo, La Silla encontró otra particularidad en los convenios que sistemáticamente ha suscrito Tanai Jawa en Norte de Santander: en cada uno los precios de las raciones han ido aumentando sin explicación que medie en el contrato.

Según los estudios previos de tres de los convenios (no pudimos verificar la información en el de enero de 2016 porque no estaba registrada), los refrigerios pasaron de costar $1.550 el 6 mayo a $1.700 el 23 de mayo y a $1.930 en enero de 2017. Igualmente los almuerzos, pasaron de $2.200 a $2.500 y finalmente a $3.200.

Además, La Silla sacó un promedio de lo que cuesta atender los niños beneficiarios del programa según los días del servicio y el valor global del contrato, y mientras el costo de la ración promedio del de enero de 2016 fue de $1.810, el del segundo aumentó a $1.896, el tercero a $2.187 y el cuarto a $2.781.

Tanto el representante legal de Tanai Jawa, David Conde Calderón, como la gerente del PAE, Milena Velásquez, y la secretaría de Educación, Fabiola Cáceres, le dijeron a La Silla que el aumento correspondía a tres aspectos: el ajuste por el índice al presupuesto del consumidor, una revaluación de los costos logísticos (el transporte salió más caro de lo que inicialmente presupuestaron) y un aumento en el gramaje de las raciones.

Sin embargo, La Silla encontró que en lo que respecta a la primera y última excusa, no hay argumentos que las respalden.

Por un lado, el IPC solo se podría aplicar para el contrato de 2017. Ahora, debido a que la variación fue del 5,75 por ciento, implicaría que de $1.810 que fue el costo de las raciones promedio de enero de 2016, podría haber aumentado solo hasta $1.914 y no llegar a $2.781, como pasó.

Y sobre el aumento del gramaje, si bien aumentó de enero de 2016 a enero de 2017, durante los tres convenios del año pasado no varió, tal y como no lo verificó la gerente Milena Velásquez, por lo que tampoco hay explicación de fondo para la crecida de los precios por cada convenio.

Las relaciones

Además de la manera en la que ha recibido los contratos, de que los precios han aumentado sin soportes técnicos que lo prueben, y que ha tenido problemas en ejecución, Tanai Jawa, tiene hilos que la unen con políticos de la región.

Cuatro fuentes, entre esas dos que se mueven dentro de la industria del Programa de Alimentación Escolar, le dijeron a La Silla por aparte, que esa corporación llegó a Norte de Santander a través del diputado de Cambio Radical, Pedro Leyva Rizzo, un ocañero que pasó de ser un desconocido en la política regional a sacar 14 mil votos en 2015.

“En ese contrato tienen que ver los Guerra Tulena de Sucre. Pedro Leyva inició con ellos y fue como el enlace entre esa casa y William Villamizar. De ahí es donde sale esa fundación”, le dijo a La Silla una fuente de adentro del esquema de la alimentación escolar. Esa misma versión la dio otro contratista de ese gremio, y un político de Sucre que conoce por dentro la movida política de esa región.

Aunque La Silla no obtuvo pruebas de eso, sí encontró que hay varios hilos que unen a Leyva a Guerra y a Tanai Jawa.

El primero está en la Universidad Sergio Arboleda. Allá se conocieron el senador Julio Miguel Guerra Sotto, el diputado Pedro Leyva y el representante legal de Tanai Jawa, David Conde Calderón.

Desde entonces el crecimiento de los tres ha estado ligado.

Mientras que Leyva usó esa amistad para hacer contactos, y en 2013 empezó a figurar como contratista en la Gobernación de Sucre; en 2014 Conde llegó a dirigir Tanai Jawa, y en 2015 recibió a dedo el contrato del PAE en la administración de Julio Guerra Tulena.

La relación de Guerra Sotto y Leyva fue la más política.  El segundo le ayudó al primero con su campaña al Senado y le puso 868 votos en Ocaña de los 1.276 que sacó en todo el departamento. Desde ese entonces en Norte hizo carrera la idea de que Leyva se había asociado con sucreños para hacer política en esa región.

Leyva, quien sin tener experiencia en política y sin fondos para competir sacó la mayor votación de Cambio, le dijo a La Silla que para la campaña a la Asamblea en 2015 se distanció de Guerra porque al senador no le gustó que él aspirara por un partido diferente a Opción Ciudadana.

“(En elecciones de 2015) me fui con Cambio Radical. En ese momento pues Julio se molesta (...) Sintió como que yo no había hecho caso. Siempre dicen que es que tiene que hacer uno caso, que el político bueno es el que hace caso. Al hombre como que no le gustó mucho eso”.

Sin embargo, La Silla encontró que en 2016, Carlos Leyva Rizzo, el hermano del diputado, trabajó en la unidad de trabajo legislativo del senador.

“La pelea fue después y tuvo que ver con unos contratos de la alimentación escolar”, le dijo a La Silla una fuente que conoce por dentro la política de Norte. Otras dos dieron una versión similar.

El otro hilo que une a Leyva con Tanai Jawa es Camilo Andrés Ramírez Numa, uno de los miembros de la junta directiva de esa corporación.

Ramírez Numa, es un ocañero contratista de Norte de Santander que también impulsa campañas políticas y aunque no estudiaron en la misma universidad son amigos desde esa época porque coincidieron en Bogotá.

Él llegó a la corporación a finales de 2014 y desde entonces es el encargado de la logística y transporte de los contratos de alimentación escolar.

“Yo lo conozco a él en la época de universidad. (Dentro de Tanai Jawa) es aportante y es el representante legal suplente”, dijo Conde.

Sobre esas relaciones, el diputado Leyva le dijo a La Silla que “Hay muchos amigos en común. No tengo idea cómo llegan los dos a eso (a Tanai Jawa)”. Sobre su amistad con Ramírez Numa dijo “Claro que somos amigos pero ¿que yo ande con él? ¿que yo sea determinante en la actividad económica que él realiza?” y sobre su relación con David Conde dijo “claro que sí. Vimos algunas materias. Él entró primero que yo y sí vimos algunas materias”.

Además, Tanai Jawa, tiene un vaso comunicante con otra casa política de Norte de Santander.

Mario Chica, quien también ha sido representante autorizado de la corporación, ha sido representante legal de las empresas de los Torrado, cuestionadas por presuntamente hacer parte del cartel de la contratación de alimentos escolares en Bogotá.

“Fue asesor de nosotros. Asesor externo. Él es un abogado que trabajó mucho tiempo en contratación del PAE y fue mi asesor jurídico en un momento determinado. Trabajó con nosotros hasta mediados del año pasado”, dijo Conde.

Mientras tanto, Tanai Jawa seguirá ejecutando el PAE en Norte con la bendición de William Villamizar.