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El Gobierno colombiano aún no define una ruta para ayudar a cerca de 6 mil refugiados por los combates entre el chavismo y una disidencia de las Farc.
El temor a Maduro frena el retorno de los desplazados en Arauquita
Desde Arauquita, Arauca, hace una semana no se escuchan explosiones al otro lado del río, en el lado venezolano. Aunque aparentemente no haya combates visibles, es el despliegue de las Fuerzas Militares de Venezuela por toda la zona fronteriza lo que impide el retorno.
Desde el 21 de marzo, los combates entre los militares venezolanos y la disidencia del Frente Décimo de las Farc hicieron que casi 6 mil personas de La Victoria, en el Estado de Apure, cruzaran la línea fronteriza marcada por el río Arauca hacia Arauquita.
Como las mismas comunidades han denunciado, además de huir por el fuego cruzado, su temor más grande son las retenciones, abusos, saqueos y hasta el asesinato de una familia presuntamente perpetrado por las fuerzas oficiales venezolanas.
La Silla Vacía estuvo en Arauquita, un municipio de 40 mil habitantes, recorriendo cinco de los 19 albergues grandes que hay. El desplazamiento masivo tiene al pueblo con la mayoría de sus polideportivos, salones comunales y colegios copados en la atención de venezolanos. Ahí hay desde adultos mayores hasta niños durmiendo en carpas, colchonetas y graderías.
El desplazamiento genera preocupación por los costos en los que el municipio está incurriendo, por un brote de covid y por las tensiones que genera entre algunos arauquiteños.
El Gobierno colombiano ha dicho desde el inicio que respalda y promueve un retorno voluntario. Pero como la operación de las Fuerzas Militares venezolanas continúa, aún no hay una ruta clara sobre cómo podrían volver a sus hogares de manera segura.
Cambio de papeles
El peor desplazamiento en Colombia en este 2021 llegó de Venezuela y le cayó a Arauquita, un municipio de sexta categoría. En apenas cinco días, el municipio recibió a un número de desplazados que equivale al 14 por ciento de su población. Esto comienza a sentirse en términos económicos, de servicios públicos, salud pública y percepción de seguridad.
Además, pone a Colombia en una situación paradójica. En más de dos décadas de conflicto han salido de Colombia 340 mil refugiados, según Acnur, la agencia de la ONU encargada del tema. Casi la mitad, 174 mil, terminaron en Venezuela. Ahora se voltearon los papeles.
En el departamento de Arauca, la frontera con Venezuela es una línea de cerca de 300 kilómetros de río y la porción más grande está en Arauquita. Para los arauquiteños, tal y como nos dijo su alcalde, Etelivar Tovar, cruzar ese río y llegar a La Victoria, el pueblo vecino del lado venezolano, no implica cambiar de país. Es como pasar una calle o un puente de una misma población.
“Esto es una frontera viva. Permanentemente la gente está pasando de un lado al otro del río. De hecho, este municipio fue colonizado inicialmente por población venezolana y todas las familias raizales tienen un porcentaje de parientes venezolanos”, nos dijo Tovar.
Esa relación histórica se ve reflejada en el diario vivir de la región: la gente de La Victoria cruza a diario para comprar víveres, ir al médico, trabajar en ventas informales o visitar a sus familiares.
Pero nunca habían cruzado en romería, huyendo, espantados.
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“Yo vivo ahí, vea, ahí. ¿Si ve que no se ve nadie? Los únicos son ellos. Vea: ese que está sentado ahí, ahí está esperando que alguien pase pa’ ver lo que le pasa”, comenta un venezolano señalando, desde la orilla colombiana del río, el sector venezolano del Ripial. Allí hay un oficial vestido de negro, color propio del uniforme de las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Allí aparecieron los cuerpos sin vida de una familia que, según las denuncias de sus parientes, eran civiles y fueron asesinados presuntamente por las fuerzas militares venezolanas en medio de la operación contra las disidencias Farc.
Así, aunque hace varios días no se escuchan explosiones, el temor a los excesos que puedan cometer las autoridades de su mismo país es la razón principal por la que los desplazados aún no conciben volver a sus casas.
Y es que las fuerzas militares venezolanas están requisando todo el territorio de La Victoria, en busca de las disidencias o de sus aliados.
Tres desplazados nos narraron que al llegar a requisarlos, les dañaron puertas y se llevaron objetos de valor.
También escuchamos una versión de una mujer según la cual al llegar a su casa, los militares les pidieron 500 mil pesos a cambio de no capturar a su esposo, aunque no tuvieran justificación alguna.
Encontramos varios testimonios de personas que han vuelto a La Victoria, pero solo durante el día a revisar sus cosas o a trabajar sus fincas y se devuelven. “Si de noche ven una luz prendida o algo de ruido en tu casa, se van entrando a exigir comida, a sacarte de tu cama para dormir ellos”, nos dijo un venezolano frente al río.
Como contamos en esta historia este conflicto en la frontera venezolana está enmarcado en una operación militar del régimen de Maduro contra el Frente Décimo, la primera disidencia en guerra con el chavismo.
Este no es el primer desplazamiento masivo de venezolanos hacia territorio colombiano por conflicto. El año pasado, en la zona fronteriza del Catatumbo, los combates entre el ELN y los Rastrojos en Venezuela ocasionaron que cerca de 400 personas, entre ellos indígenas, buscaran refugio cruzando la frontera. Pero apenas se quedaron ocho días en territorio colombiano y retornaron a su país.
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“No hay una sola habitación aquí ni en ninguno de los hoteles en todo Arauquita” le dijo a La Silla la recepcionista del hotel Banko.
En la sala de recepción había una reunión de unas 15 personas, todas con chalecos de distintas organizaciones de cooperación internacional, en una capacitación sobre cómo abordar a los desplazados.
Según nos dijeron funcionarios y líderes en el territorio, a la semana de que comenzara la crisis, las calles del municipio empezaron a llenarse con camionetas 4x4 con banderines blancos y logos de la Cruz Roja, Acnur, Save the Children, y la OIM.
Fueron los arauquiteños quienes durante los primeros días de la crisis dieron las ayudas humanitarias. Hicieron desde donaciones de mercados e incluso vacas para sacrificar, y abrieron espacios en sus casas o prestando colchones, cobijas y almohadas.
Hoy parte de esa manutención la cubre cooperación internacional y el Gobierno Nacional se encarga de coordinar los puestos de mando unificado y hacer seguimiento a la crisis. También ha entregado kits de bioseguridad. Pero hay otros factores que empiezan a preocuparles tanto a las autoridades locales como a la comunidad.
El primero es el aumento de los casos covid, que en el municipio apenas registraba tres casos positivos para el 21 de marzo. A corte de 8 de abril, habían detectado 19 casos en los albergues, entre poco más de 300 muestras tomadas.
El segundo son los servicios públicos. Según nos dijo el Alcalde, el acueducto está al límite de su capacidad de suministro y además, como el servicio es mayormente subsidiado, va a tener que asumirlo Arauquita, que a penas tiene un presupuesto de inversión de 1.400 millones de pesos.
“Por ejemplo, en el centro poblado de San Lorenzo hay 250 habitantes. Ahí han llegado aproximadamente 300 personas en condición de desplazamiento y hemos registrado que el consumo de agua ha aumentado casi tres veces”, nos contó Tovar.
Y hay un tercer factor que, como en otras regiones del país donde conviven con aglomeraciones de foráneos —como en Villa del Rosario o Pamplona en Norte de Santander— está empezando a hacer mella: el rechazo hacia su permanencia en albergues.
Por un lado, porque, tal y como nos dijo el Alcalde, se está incubando una percepción de inseguridad en torno a los albergues. También hay malestar por la ocupación de espacios públicos.
“Tuvimos ya una primera tensión con la población aquí del centro deportivo porque no querían que se instalaran carpas, que porque se dañaba el pasto y porque se quedan sin el único espacio para ellos recrearse”, dijo Tovar.
Por otro, porque crece la sensación entre la comunidad de que aunque no están desplazados, también necesitan mercados o kits de aseo, cómo los que están recibiendo los desplazados por parte de cooperación internacional.
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“Yo les había dicho ‘yo los dejo meter ahí por ocho días’. Resulta que los servicios públicos de ahí los pagamos nosotros mismos en la asociación. Ya vamos para 15 días con 57 personas ahí y eso vale”, cuenta Giovanny Guerrero, líder de víctimas del centro poblado La Esmeralda, en zona rural de Arauquita.
Asodes, la asociación de víctimas que representa Giovanny, logró construir una casa comunal que en medio de la crisis, prestaron para albergar a los desplazados.
Según él, ha llamado a la Alcaldía y a la Defensoría del pueblo y aún nadie le da respuesta sobre cómo van a pagar la luz y el agua de estos 20 días.
“Ya uno que vivió eso del desplazamiento, sabe. Por eso es que les estamos tendiendo la mano. Pero los que llevamos del bulto somos nosotros”, nos dijo Guerrero.
Una fuente de cooperación internacional, que ha estado al frente de la atención humanitaria, nos dijo que convinieron con el Gobierno analizar la situación semana a semana. Sin embargo, según esa fuente, el sábado, tras recorrer los albergues con el ministro de Defensa Diego Molano, la sensación que quedó es que va para largo.
“Escuchamos gente diciendo que ni a mediano plazo podría retornar. Para el retorno hay que evaluar muy bien la situación de riesgo de cada familia, caso por caso. Además, necesitamos tener la capacidad de monitorear lo que suceda del lado venezolano una vez vuelvan a sus hogares y ahora no hay condiciones para hacerlo”, dijo esa fuente.
Sin un panorama de retorno seguro, el Gobierno ya está evaluando la posibilidad de abrir una excepción para que el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos los cobije, tal y como nos dijo el gerente de fronteras, Lucas Gómez.
“Revisaremos en qué condiciones vamos a atender a esas comunidades porque lo que hemos dicho es que si deciden quedarse, entrarán en nuestra política migratoria y no va a ser en campamentos de refugiados”, dijo Gómez.
Y es que si bien en teoría los desplazados de La Victoria podrían aspirar al estatus de refugiados, en Colombia una respuesta para ese trámite dura hasta dos años. A diciembre de 2019 había casi 9 mil solicitudes pendientes y a diciembre de 2020, apenas 774 venezolanos reconocidos como refugiados. Eso versus países como Brasil que ha reconocido a 46 mil o México a 10 mil migrantes venezolanos.
Desde el municipio también hay falta de claridad. Desde el martes pasado, la Alcaldía anunció que declararía la calamidad pública en el municipio, para acceder a más recursos del departamento y el Gobierno, pero al menos hasta el cierre de esta edición no se había hecho oficial.
Así, mientras el escenario de retorno sigue empantanado, el reto para Colombia no solo será contener los efectos sobre Arauquita y Arauca en general, pues ya hay familias que han llegado hasta Saravena y Tame.
También tendrá que diseñar una hoja de ruta para empezar a recibir, además de migrantes, ahora refugiados de lo que comienza a parecer un conflicto armado en Venezuela.
