El tenue papel de las CAR en la defensa del medio ambiente

Aunque en esencia la misión de las Corporaciones Autónomas Regionales, Car, está encaminada a velar por el medio ambiente, las acciones de las dos que tienen jurisdicción en Santander (la Cdmb y la Cas) han dejado al descubierto que en muchos casos sus criterios para expedir o negar licencias no son claros y que en la mayoría de los casos su acción se limita a apagar los incendios que generan las denuncias de las comunidades y grupos ambientalistas.

La Silla rastreó la actuación de esas autoridades ambientales en seis municipios de Santander y esto fue lo que encontró.

Provincia Guanentá

Charalá

En ese municipio se está construyendo una de las obras con más presupuesto en el Contrato Plan: la vía San Gil- Charalá- Límites. El 16 de julio de 2015 la Corporación le otorgó licencia ambiental para extraer material de construcción del río Pienta al consorcio Conectividad San Gil.

En agosto, un mes después de otorgada la licencia, veedores radicaron quejas en la CAS porque la extracción de material causó un impacto negativo al río; sin embargo, solo hasta el 9 de octubre la Corporación se pronunció y emitió un concepto técnico que reconoció daños ambientales, entre esos, la disminución del caudal del río y erosión.

A raíz de ese concepto, la CAS inició un proceso sancionatorio contra el Consorcio, sin embargo, para que se conozcan decisiones aún falta tiempo, según le dijo, Flor María Rangel, directora de la CAS, a La Silla.

Aunque en la licencia ambiental, la CAS le exigía al Consorcio tener la aprobación del plan de manejo de arqueología, debido a que la zona de la que están extrayendo material es de interés arqueológico; según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), ese documento aún no se ha expedido.

Al respecto, Rangel afirmó que con tan solo la radicación del proyecto ante Icanh el consorcio podía iniciar actividades, pese a que ese era un requisito de la licencia.

Por otro lado, A finales de 2014 y tras haber perdido una acción popular contra un comité de veeduría ambiental por el impacto que la avícola Avifonce le estaba ocasionando a las quebradas La Potrera y La Sanguina de Charalá con una licencia que había sido otorgada por la CAS, esa corporación tuvo que adquirir 200 predios para tratar de mitigar el impacto ambiental.

Aunque una de las funciones de la Corporación es el mantenimiento de esas zonas, el 6 de junio de 2015 el Colectivo de abogados Luis Carlos Pérez denunció que los predios estaban abandonados y que la CAS no había cumplido con su tarea de protegerlos. De hecho, denunció que ya estaban siendo invadidos por ganado.

Tras la visita del Colectivo, la directora Flor María Rangel, directora de la CAS,  afirmó que se cercarían los terrenos e instalarían vallas que identificaran el lugar como zona de protección.

Pese a que ya han pasado más de ocho meses, la CAS no los está protegiendo.

Provincia de Vélez

Vélez y Landázuri

En 2005 la Agencia Nacional Minera, Anm, le otorgó a la minera Invercoal el título de explotación de carbón en el área de río Verde y Opón, que encierra las veredas Caño Bonito, Puerto Rico, Loma Seca, Quebrada Larga jurisdicción de Vélez, y las veredas río Blanco alto, miradores, río Blanco bajo del municipio de Landázuri.

Por su parte, la CAS le dio la licencia ambiental en octubre de 2010. No obstante, en enero de 2013 bajo la dirección de Flor María Rangel se revocó la licencia bajo el argumento de no haber adelantado el trámite de sustracción de la zona de reserva forestal del río Magdalena entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo.

Sin embargo, se fueron a pleito con la minera, que argumentó derechos adquiridos, y la corporación tuvo que devolvérsela en diciembre de ese mismo año.

Esa licencia, según Rangel, la entregó la CAS cuando estaba bajo el mando de Héctor Murillo, pese a que era competencia del Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Al respecto, Murillo dice que si no hubiese estado dentro de las facultades de la Corporación no la habría otorgado.

El 17 de noviembre de 2015 la Contraloría General, en respuesta a un derecho de petición por habitantes de Vélez, quienes en 2014 protestaron por la afectación ambiental de la extracción de carbón, dijo que la Agencia Nacional Minera, Anm, había entregado el título sin tener en cuenta que el área afectada por la actividad de Invercoal está en la Reserva Forestal del río Magdalena en la jurisdicción de la Serranía de los Yariguíes.

Con respecto a la CAS, el ente de control estableció presuntas faltas disciplinarias y fiscales por el daño que le causó al medio ambiente con la entrega de la licencia.

Bolívar

Aunque en 2009 se declararon 14.000 hectáreas del municipio de Bolívar como Parque Regional Serranía de la Quinchas, la CAS no ha identificado completamente las zonas protegidas ni las ha delimitado.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ha denunciado que a los habitantes de la zona les niegan la ejecución de proyectos porque se encuentran dentro de la jurisdicción del Parque, pero ni siquiera hay claridad de la delimitación.

Con respecto a la socialización del Plan de Manejo, la directora de la CAS, Flor María Rangel, dijo que la Corporación no tiene los recursos necesarios para hacerlo.

Provincia Comunera

Simacota

En la vereda el Guamo, de Simacota bajo, campesinos le han solicitado a la CAS desde hace dos años permiso para cortar madera; sin embargo, esa petición ha sido rechazada porque la zona que los habitantes de ese sector quieren explotar está dentro de la reserva de los Yariguíes.

Sin embargo, un ingeniero forestal que ha acompañado las peticiones de los campesinos con la CAS desde enero de 2014 dice que solicitó los planos de parque para cerciorarse de que la vereda el Guamo estuviese dentro de los predios de la reserva pero no era así.

Flor María Rangel, directora de la CAS, dijo que no conocía el caso. Sin embargo, La Silla conoció que ya la corporación fue oficiada por la Procuraduría para que actuara.

Provincia de Soto

La minería en el páramo después de la Corte Constitucional

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), tiene jurisdicción en trece municipios del departamento: Rionegro, El Playón, Suratá, Vetas, California, Matanza, Charta, Tona, Lebrija y en la zona rural de Bucaramanga, Girón, Floridablanca, y Piedecuesta.

Esa Corporación es la que tiene la tarea de liderar los procesos inmediatos tras la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la minería en los páramos.

Aunque el fallo se conoció el 18 de febrero, el director de la Corporación, Martin Camilo Carvajal, aseguró que la Cdmb no tiene claro cuáles de las licencias ambientales que se entregaron deben ser revocadas, y que por eso no han actuado aún.

Al respecto, Ludwing Arley Anaya, exdirector de la Cdmb, dice que en esa entidad sí están los datos de las zonas en donde se entregaron las licencias ambientales.

Para presionar la derogación de esas licencias, el colectivo de abogados Luis Carlos Pérez anunció acciones jurídicas.

Floridablanca

En la vereda La Judía, la misma en la que se construyó el Ecoparque Cerro del Santísimo, campesinos están denunciando que esa entidad opera con doble rasero.

Pese a que la Cdmb permitió la construcción de ese proyecto sin haber otorgado licencia ambiental, algo que es cuestionado por entes de control, habitantes de la zona aseguran que la Corporación ejerce autoridad cuando va a decomisar la madera de los campesinos que no tienen permiso para extraerla.

Sobre el caso del Santísimo, el exdirector de la Cdmb Arley Anaya se mantiene en que la obra no necesitaba licencia pese a que era de alto impacto para la zona. "Tengo conceptos de Anla y la Procuraduría que lo soportan", le dijo a La Silla.

Aunque el semestre pasado la Cdmb entregó en adopción árboles para la mitigación de la construcción del Santísimo, a hoy ese programa no ha tenido seguimiento y se desconoce si siguen vivos.