En las regiones Duque puede debilitar el paro, pero no le alcanza para desactivarlo

Html

Una mirada a cómo avanzan las conversaciones en ocho regiones, tras la apuesta del Gobierno de iniciar diálogos descentralizados.

La Conversación 2.0 que arrancó el presidente Iván Duque para tratar de contener el paro, tiene dos elementos innovadores: les dio protagonismo a las regiones y buscó canales para meter en una conversación paralela a los jóvenes. 

Averiguamos en siete departamentos —Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Valle y los dos santanderes— cómo está aterrizando la apuesta del Presidente para levantar el paro. Uno que ya lleva 22 días, que le ha tumbado dos reformas, dos ministros, y le destrozó la imagen internacional.

Ese viraje muestra que finalmente Duque decidió cambiar de estrategia, luego de haber empezado priorizando conversaciones en Bogotá con el establecimiento del país. Ahora el presidente le está apostando a desactivar el paro por pedazos y por regiones. 

En la nueva estrategia Duque descarga parte de la responsabilidad sobre gobernadores y alcaldes, y de soluciones nacionales pasa a soluciones locales, algo que podría empezar a debilitar el paro, que es una suma de peticiones disímiles. Sin embargo, según lo que encontramos en las regiones, es una estrategia que se queda corta. Pues detrás de los reclamos locales, persisten peticiones nacionales en las que por ahora Duque no da muestras de ceder.

La estrategia

Presidencia ha partido las conversaciones en tres grandes frentes con los que pretende encontrar los puntos neurálgicos que tienen vivas las manifestaciones para tratar de desactivarlas. 

La más visible hasta ahora ha sido la conversación nacional que llamó “Encuentros para Avanzar en los Fundamental” y que es con la que inició una serie de reuniones con políticos, cortes, gremios, y medios de comunicación, entre otros. También es la que enmarca las reuniones con el Comité Nacional del Paro.

La segunda tiene que ver con las mesas regionales que activó junto con gobernadores y alcaldes para empezar a escuchar las demandas más locales; y la tercera es el ‘Pacto Colombia con las Juventudes’.

El plan ha sido llevar el gabinete a las regiones para enviar el mensaje de que los funcionarios de más alto nivel son los que están escuchando, y, aunque hay unos temas que el gobierno considera centrales, está recogiendo todo tipo de información.

Hay definidos tres momentos: uno de “escucha activa” donde hacen una lectura de la realidad del territorio, uno de “análisis y priorización” donde se darán respuestas a las demandas y uno “creativo” para formular nuevos programas y líneas de inversión.

Aunque no hay cronogramas con fechas específicas, según lo que nos explicaron tres fuentes de Presidencia que hacen parte de las conversaciones, la idea es avanzarlos tan rápido como sea posible. Sobre todo, porque Duque ya está en el ocaso de su mandato y le está corriendo contra el tiempo para mostrar algún tipo de resultados. Por eso, el plan es que los anuncios sean tan expeditos como sea posible.

En lo que respecta a los jóvenes, en dos días Duque ha anunciado cinco programas: acceso a vivienda, subsidio al primer empleo, subsidios para créditos agropecuarios, educación superior gratuita para estratos 1, 2 y 3, y la elección de consejos municipales de juventud (está programada por la Registraduría para el 28 de noviembre).

“En el marco de esta conversación hemos escuchado temas y los hemos convertido en anuncios”, dijo a La Silla Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para las juventudes. “Llevamos 37 mesas con más de 1.100 jóvenes en 24 departamentos”, agregó.

En lo que tiene que ver con las regiones, el parte que le dio a La Silla la consejera presidencial, Ana María Palau, es que se han instalado 16 mesas y se han adelantado 42 jornadas con una asistencia de “más de 1.000 ciudadanos a lo largo y ancho del país”.

Con todas esas movidas, Duque le apuesta a decir que logró una concertación amplia, pero es poco probable que la estrategia sea suficiente.

La descentralización de la responsabilidad

Que las regiones adoptaran un rol protagónico dentro de la estrategia para frenar el paro, era algo que le habían pedido a Duque gremios, políticos y hasta el mismo uribismo. El Gobierno se demoró más de 10 días para concretar este esquema, y para ponerlo en marcha se reunió con  gobernadores y alcaldes de ciudades capitales. Ahí les pidió instalar mesas regionales para tender puentes y buscar interlocutores.  

Con esa movida Duque descentralizó la respuesta al paro. La lógica es que los detonantes de las movilizaciones no sólo están relacionados con peticiones al Gobierno Nacional, sino también en problemas en los que tienen responsabilidad las autoridades territoriales.  

 

Eso le ayuda a desactivar por partes varias de las motivaciones y a ir desestructurando el paro, que, como contamos, tiene la particularidad de que es demasiado disperso, no tiene cabezas visibles, y está apalancado en  muchas consignas que no necesariamente se complementan.

De esta manera, los gobernantes locales asumieron formalmente una doble condición de ser mediadores y ejecutores dentro de la estrategia para contener el paro. Un rol que, en todo caso, ya venían cumpliendo antes de que Duque diera la directriz.

Por ejemplo, en Cundinamarca camioneros desbloquearon la vía La Mesa - Bogotá tras llegar a un acuerdo con la Gobernación para proponer tarifas diferenciales en los peajes y el permiso para que los camioneros transiten los viernes. También se concretaron corredores humanitarios para que floricultores y lecheros pudieran sacar sus productos.

En seis de los siete departamentos en los que hicimos reportería para saber cómo se estaban adelantando las conversaciones regionales —Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Valle y los dos santanderes— encontramos que ya hay pequeñas victorias locales.

En Boyacá, según le dijo a La Silla la secretaria de Gobierno, Ofelia Niño, desde el primer día de las movilizaciones iniciaron conversaciones con los manifestantes directamente en los puntos de concentración. Con esa estrategia lograron desbloquear el paso a Sogamoso, que es uno de los principales municipios del departamento, así como otros puntos intermedios. Y en Valle ya habían empezado sus propios encuentros que denominaron ‘Diálogos para Avanzar’, con los que habían avanzado el camino para desbloquear vías en algunos puntos del departamento, como Riofrio.

Incluso, en los puntos que no son de resorte regional únicamente, varios gobernadores ya habían tratado de buscar un puente con Duque para que enviara delegados regionales con el fin de encontrar puntos de acuerdo.

Solo cuando llegó el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, a Norte de Santander se desactivó un bloqueo de arroceros que tenían cerrado el paso de Cúcuta. El punto bloqueado, hacia el relleno sanitario, estuvo a punto de ocasionar una emergencia sanitaria. Con la presencia de Zea se firmó un acuerdo para crear una bolsa de 8.300 millones de pesos para estabilizar los precios de ese producto.

En Santander se levantó un bloqueo sobre la ruta del Cacao, vía que conecta a Bucaramanga con Antioquia también con intervención del Gobierno central. La Agencia Nacional de Infraestructura concedió un permiso para que se frenara la construcción de un peaje .

De cualquier manera, que esa delegación existiera formalmente hizo que en las regiones se  planteara una agenda más estructurada que está dando luces sobre local y lo nacional.

En varios departamentos nos dijeron que se están dialogando sobre temas de atención de vías terciarias, la continuidad de peajes locales, la estrategia para la vacunación de profesores, o la implementación de más carreras en universidades públicas.

En Antioquia ya es claro que la Minga tiene una agenda regional. Está pidiendo el nombramiento de profesores en las escuelas o la construcción de puentes para que los niños puedan cruzar ríos sin peligro. 

En los santanderes ya hay cronogramas con temas definidos, y entre lo que queda de esta semana y la otra la idea es hacer las conversaciones. En Antioquia también hay agenda.

En todas las regiones nos hablaron de que las peticiones que están identificadas y dependen de la Nación, ya están siendo remitidas. Eso supone un reto de plata que aún no se sabe cómo se va a solucionar, sobre todo sin la claridad sobre el tamaño de la nueva tributaria.

El plan es que después de sentarse con diferentes sectores (algo que debería hacerse entre lo que queda de esta semana y la otra), la responsabilidad quede repartida entre alcaldías, gobernaciones y Presidencia.

Eso ayuda a distensionar el panorama regional. Y ha ido debilitando puntos del paro, que en todo caso no tiene el mismo respaldo que cuando arrancó por el desgaste que han generado los desabastecimientos, el vandalismo o los bloqueos urbanos. 

Pero en lo que corresponde a algunas demandas nacionales aún el panorama es complicado.

Por ejemplo, en el Catatumbo, organizaciones campesinas tienen bloqueadas las vías de acceso a Norte de Santander en protesta por la posibilidad de que reinicie la aspersión con glifosato. En Anorí, Antioquia, los campesinos mineros y cocaleros tienen esa misma consigna y la implementación del Acuerdo de La Habana. La Minga del Cauca también tiene la misma bandera.

Y el panorama es igual de incierto con los jóvenes.

El nudo gordiano

El objetivo de Presidencia para buscar conversaciones paralelas solo con jóvenes en medio del paro es encontrar interlocutores para tratar de agrupar las peticiones y responder rápido para desactivar las movilizaciones. Para hacerlo delegó al Icbf y a la Consejería Presidencial para las Juventudes, que desde hace una semana está adelantando encuentros en varias regiones del país.

La mecánica, según nos explicaron en el Icbf, es hacer convocatorias abiertas para que se sumen a la conversación jóvenes de todos los sectores. En esa medida se pueda recoger el mayor número de peticiones. Estas conversaciones también tienen la misma lógica de dividir responsabilidades con las regiones, en caso de que algunas peticiones que tengan activadas las protestas sean de resorte local. 

Sin embargo, en los departamentos donde hicimos reportería que esa estrategia se está estrellando con dos obstáculos.

El principal es que buena parte de los jóvenes que tienen encendida la calle trazaron su propia línea roja. No se sentarán a hablar con el Gobierno hasta que no reconozca que la Fuerza Pública ha violado derechos humanos, cese la brutalidad policial y el despliegue de Policía, Ejército y Esmad en las movilizaciones.

Ese nudo gordiano es el mismo que hay con el Comité Nacional del Paro y tiene las mismas complejidades. Anuncios como el de Duque el lunes festivo, sobre que desplegaría la “máxima capacidad operacional” de la Fuerza Pública, tensaron aún más los ánimos y aumentaron la desconfianza.

En Atlántico, por ejemplo, un grupo de jóvenes decidieron levantar la reunión con la gobernadora Elsa Noguera y la ministra TIC, Karen Abudinen, para solidarizarse con las denuncias sobre abusos de la Policía en Valle y el Cauca. Lo mismo se repitió en Santander.

En el caso del Valle, que ha sido el epicentro de la mayoría de hechos violentos en el paro, la tensión fue tanta que, antes de instalar la mesa, los jóvenes dijeron que el Esmad atacaba puntos de concentración y se pararon. Al final resultó que no era así y que la información que recibieron se originó en la retransmisión de videos viejos.

En Antioquia, David Álvarez, quien hace parte del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo y la Federación Universitaria Nacional, ambos parte del Comité del Paro regional, le dijo a La Silla que solo “están dispuestos a conversar (con la Gobernación) sobre temas de derechos humanos y garantías para la protesta social”.

El segundo obstáculo es abrir dialogos con personas que realmente representen a los jóvenes que están en el paro. Incluso los que están sentados con dialogando han sido cuidadosos en enviar el mensaje de que no son los voceros de todos los que marchan.

Una fuente del Icbf, en una de las regiones en las que indagamos y que pidió no ser citada porque no es vocera, le dijo a La Silla la sensación interna no están hablando con los que están en el paro. Sin embargo, el consejero presidencial para las juventudes, Juan Sebastián Arango, le explicó a La Silla que “ya hay una masa crítica que ha comenzado a abrir ese diálogo”.

“Lograr ese balance es todo un reto, porque los que no se quieren quedar, ponen presión a los que se se quieren quedar para que se levanten. Eso no significa que unos sean buenos y otros malos, significa que hay condiciones diferentes para abordarlos”, agregó el funcionario.

Aún si se superan estos obstáculos, hay una brecha grande sobre el marco de la negociación con los jóvenes. Para la muestra, las peticiones que hacen los de Santander: “Estamos posicionando cuatro banderas: la renuncia de todo el gabinete de Duque; justicia para el pueblo movilizado donde se juzguen todos los asesinatos y violaciones a derechos humanos; la eliminación de cualquier reforma en lo que queda de Gobierno; y el no al glifosato”, aseguró a La Silla María Aguilera, líder estudiantil en Santander.

 

Compartir
0