La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
Después de muchas reuniones y al menos cuatro borradores, varios de los cuales ya están circulando en los medios de comunicación, ayer en la noche funcionarios del Ministerio de Agricultura y de Presidencia finalmente alcanzaron un consenso sobre la famosa ‘ley de baldíos’. Si logran convencer al presidente Juan Manuel Santos de esta nueva posición y se convierte en ley, las grandes empresas y los cacaos que compraron tierras en la Altillanura violando los topes establecidos serán los grandes perdedores. Pero el Presidente podría salvar así el sueño que ha vendido sobre el campo, sobre la restitución de tierras y sobre el proceso de paz.
En los baldíos, Santos tendrá que escoger entre los cacaos y su discurso en La Habana
 |
| En los últimos dos meses han salido a la luz pública las compras masivas de tierras en la Altillanura que antiguamente eran baldíos del Estado, por empresas como Riopaila Castilla, Cargill o Poligrow. Foto: Juan Pablo Pino |
Después de muchas reuniones y al menos cuatro borradores, varios de los cuales ya están circulando en los medios de comunicación, ayer en la noche funcionarios del Ministerio de Agricultura y de Presidencia finalmente alcanzaron un consenso sobre la famosa ‘ley de baldíos’.
Si logran convencer al presidente Juan Manuel Santos de esta nueva posición y se convierte en ley, las grandes empresas y los cacaos que compraron tierras en la Altillanura violando los topes establecidos serán los grandes perdedores. Pero el Presidente podría salvar así el sueño que ha vendido sobre el campo, sobre la restitución de tierras despojadas y sobre el proceso de paz.
Cumbre sobre baldíos en Palacio
La renuncia de Carlos Urrutia a la embajada en Washington se dio después de que el senador Jorge Robledo enfocara el 'chicharrón' de los baldíos como uno de responsabilidad política del Gobierno.
Varias de las tesis sobre los baldíos de Néstor Humberto Martínez, el ex ministro de Justicia que es hoy el abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento, podrían salir ahora del proyecto de ley. Foto: Cortesía de El Espectador.
Desde que asumió el Ministerio de Agricultura, Francisco Estupiñán comenzó a advertir sobre las posibles irregularidades que se han detectado en la compra de antiguos baldíos del Estado. Foto: Juan Pablo Pino
Según pudo confirmar La Silla, este viernes en la noche terminó una reunión en el Ministerio de Agricultura entre funcionarios de Agricultura y la Secretaría Jurídica de Santos con una sola conclusión: no existe una fórmula viable que pueda solucionarle el problema a las empresas como Cargill, Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Poligrow, que compraron tierras en el Vichada y en el Meta en los últimos años acumulando antiguos baldíos y saltándose los topes que fija la ley 160 de 1994.
El resultado de esta conclusión es que los borradores que venían discutiendo y que venían siendo elaborados con la ayuda del ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez -abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de cuyas empresas también compró en la Altillanura- se mandarían a la ‘caneca’, por lo menos en lo esencial.
La Silla conoció tres de estos borradores -no necesariamente los últimos- que buscaban salvarle el negocio a los que compraron estas tierras y que serían ‘archivados’ si logran convencer a Santos.
Entre ellos hay muchísimas diferencias, tanto de fondo como de forma. Tantas que resulta evidente que, como anticipó Semana, hay posiciones muy encontradas sobre el tema entre todas las personas que han venido trabajando en él.
La versión más temprana que conoció La Silla proponía una fórmula de contrato temporal para los predios enproblemados donde se comprobaba que había un proyecto productivo.
En esos terrenos, las empresas perderían la titularidad de la tierra pero conservarían la tenencia hasta por 30 años, en una especie de arriendo o ‘leasing’ que los obligaría a mantener la productividad, a pagar impuestos sobre ésta y a asociarse con -y no sólo contratar- campesinos.
Una segunda versión eliminaba estos contratos, pero incluía la idea de que si los antiguos baldíos no tenían ninguna prohibición de compraventa claramente señalada en sus matrículas inmobiliarias era imposible para sus compradores saberlo y que, por lo tanto, las transacciones habían sido de buena fe. La Silla supo que esta tesis, que Néstor Humberto Martínez ya ha expuesto en público y que fue controvertida por el Supernotariado Jorge Enrique Vélez, fue finalmente descartada en la reunión de Palacio.
VERSION 3 2013 07 by lasillavacia
VERSIÓN 4 PY LEY 2013 07 18 by lasillavacia
Los dilemas 'baldíos' del Gobierno
El ex ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, denunció antes de salir del cargo a 14 empresas que habrían presuntamente acumulado antiguos baldíos.
Varios de los casos de compra de ex baldíos están siendo investigados en el Incoder que dirige Miriam Villegas, que heredó la tarea de adjudicarlos del antiguo Incora. Foto: La Silla Vacía
El representante Wilson Arias, del Polo Democrático, ha liderado varias de las investigaciones de antiguos baldíos, incluyendo las de Mónica Semillas, Riopaila y Cargill.
El problema de ambas versiones es que era evidente la intención del Gobierno de legalizar la situación irregular de los poderosos, muchos de los cuales, además financiaron la campaña de Santos, son amigos suyos o fueron asesorados legalmente por amigos suyos. Y esto pese a que el Ministro de Agricultura Francisco Estupiñán había prometido en varias ocasiones que el proyecto no buscaría regularizar las compras cuestionadas.
Ya el hecho de que la firma de abogados Brigard y Urrutia hubiera creado el andamiaje jurídico para revestir de legalidad la compra por parte de algunas de estas empresas le cobró el puesto al embajador en Washington Carlos Urrutia, quien era dueño de esta firma cuando se realizaron estas asesorías.
La reflexión en la reunión de Palacio fue que si el Gobierno seguía adelante con esos borradores y los presentaba como proyecto de ley, el escándalo crecería y le daría más argumentos a los congresistas como Jorge Robledo y Wilson Arias que han liderado esas investigaciones. Y que al final podría caerse en la Corte Constitucional, como ya le sucedió a Santos con los tres artículos sobre baldíos en el Plan de Desarrollo.
Pero más que nada, que amenazaba a echar por la borda los esfuerzos que ha hecho el Gobierno por impulsar una verdadera reforma estructural en el campo que beneficie a los pequeños campesinos y que sirva de base para un proceso de paz.
Enviaría el mensaje de que más que apostarle a cerrar la brecha de inequidad con la población rural y de convertir a los campesinos en ciudadanos de primera, el interés del Gobierno sería impulsar el desarrollo agroindustrial, incluso a costa de los campesinos que buscaba proteger la ley 160 de reforma agraria.
El proyecto del Gobierno, según acordaron en la reunión del viernes, debería enfocarse en resolver el problema hacia el futuro, sobre todo porque buena parte del Meta o el Vichada -el corazón de la Altillanura- tiene un origen baldío y son tierras por definición reservadas para los campesinos sin tierra. Parten del supuesto de que todos los baldíos no son iguales y que hay áreas que no tiene sentido adjudicar a los campesinos.
La razón es puramente económica: en el Vichada, por ejemplo, el Gobierno calcula que la hectárea puede costar un millón de pesos (aunque algunas de las empresas cuestionadas compraron por 60 a 80 mil pesos). Una Unidad Agrícola Familiar -el terreno para que una familia campesina viva dignamente- allí equivale a 1300 hectáreas. Cuando el Gobierno le adjudica a un campesino una UAF le estaría ‘regalando’ 1300 millones de pesos, con lo cual el incentivo para que lo vendan es gigantesco.
Sobre todo porque poner a producir esta tierra exige una inversión aproximada de 10 millones por hectárea para llegar al suelo orgánico. El tamaño de esa inversión hace muy difícil que un campesino pueda hacerla sola. Por eso, en el Gobierno están convencidos de que necesitan meter a las empresas privadas para desarrollar esta frontera agrícola.
La pregunta es cómo. La fórmula tentativa a la que han llegado los funcionarios que están trabajando en esto es que hacia el futuro no se hagan asignaciones de UAF a empresarios privados sino que se les conceda el usufructo por 30 años y con condiciones estrictas para que asocien a los campesinos en el proyecto y ayuden a desarrollar la infraestructura de la región. Y que si no lo hacen, estas tierras sean revertibles al Estado.
Con esta fórmula, el Gobierno podría desarrollar las 4 millones de hectáreas de la Altillanura (de las cuales 400 mil ya están vendidas) sin poner en riesgo el discurso que ha vendido, tanto en La Habana como al resto de colombianos, de que Santos está verdaderamente comprometido con una reforma agraria que beneficie a los campesinos pues la ley no estaría dirigida a solucionarle el problema a los súper poderosos que compraron tierras de manera irregular.
Sin embargo, para que esto sea posible primero tienen que convencer a Santos de darse esta pelea con los cacaos. ¿Lo lograrán?
If you want to read this article in English, click here.
