En zonas focalizadas por el Acuerdo, Duque construye pero no empodera

El Gobierno de Iván Duque saca pecho, y se defiende de aquellos que dicen que no está cumpliendo con el Acuerdo de Paz, mostrando las obras y los recursos que ha destinado a las zonas más golpeadas por el conflicto. Sin embargo, en esas comunidades se sienten frustrados, porque lo pactado no sólo incluía obras y recursos, sino que también le apostaba a empoderar y darles mayor capacidad de decisión a los habitantes de estas regiones. Y esta apuesta se ha ido diluyendo

Eso está pasando, porque, si bien las comunidades pudieron definir los proyectos para sacar adelante sus regiones, no tienen poder para llevarlos a cabo, como se acordó en La Habana.

La gran apuesta para eso eran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que buscaban invertir en las regiones usualmente pobres, rurales y con poca incidencia en las decisiones nacionales. El objetivo final era cambiarle la cara al país cerrando las brechas entre las zonas más apartadas y pobres y las ciudades más modernas y ricas. 

Pero, sobre todo, buscaban empoderar a quienes viven en esas regiones, y así buscaba fortalecer la democracia, alimentando un proceso de diálogo que arranca en las comunidades y aterriza en las instituciones.

Lo primero está pasando (la Agencia para la Renovación del territorio, ART, encargada en el Gobierno de sacar adelante los Pdet, suma 4,9 billones de pesos en proyectos), pero la promesa de expandir la democracia no se está cumpliendo; y eso es otra muestra de cómo el Gobierno de Iván Duque no deja de implementar totalmente el Acuerdo, pero sí abandona lo más transformador.

La participación frustrada

En los diálogos en La Habana se eligieron 170 municipios en 16 subregiones, priorizadas por sus altos niveles de pobreza, el grado en que las afectó el conflicto, la ausencia estatal y la presencia de cultivos ilícitos.

Al salir de la Presidencia, Santos dejó el decreto que los creó y planteó que las inversiones se hicieran por 10 años. Además, dos de ellos ya habían arrancado los diálogos con sus comunidades para definir qué inversiones se harían, pues el Acuerdo obliga a que todo debe hacerse concertando con habitantes de los municipios. 

El Gobierno de Iván Duque puso a andar los otros 14 y armó los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (Patr), el compendio de las iniciativas elegidas por las comunidades para cada una de las subregiones, y el tiempo de inversión se alargó a 15 años. 

Todo esto se hizo de la mano de las comunidades: en menos de un año, participaron más de 220 mil personas que definieron 32.808 iniciativas para transformar su territorio. Las últimas iniciativas que quedaron establecidas fueron las del Pacífico Medio, cuyo Patr se firmó en febrero del 2019.

Es decir, el proceso arrancó con la democratización del poder que se pensó en La Habana, liderado por la ART, que depende de la Consejería Presidencial para la Estabilización que lidera Emilio Archila.

“La gente, muy motivada, participó masivamente en la construcción de los Pdet. Sobre todo las comunidades rurales, que han sufrido en carne propia la guerra, fueron las que más se comprometieron”, nos dijo Arbey Alvear, presidente de la Unión de Organizaciones Sociales de San Vicente del Caguán y quien participó en el Pdet de la Cuenca del Caguán y el Piedemonte Caqueteño.

“En los encuentros veredales la participación fue muy amplia. Llamaron hasta el último campesino de la última vereda”, nos aseguró por su parte un líder campesino de la subregión de la Serranía del Perijá que nos pidió que no reveláramos su nombre por razones de seguridad.

“Nos invitaron al principio en unas convocatorias muy amplias, muy buenas, y se participó. Las comunidades participaron organizadamente, se construyó y se aprobó el Pdet Macarena-Guaviare”, le dijo a La Silla Vacía Carlos Romero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San José del Guaviare, quien hizo parte de las mesas de construcción de este Pdet.

Lo mismo nos dijeron otros 18 líderes que conocen el avance de los programas en sus regiones. 

Es decir, en la fase de planeación los gobiernos Santos y Duque cumplieron con la mirada del Acuerdo. Pero más o menos desde hace un año, cuando se empezaron a ejecutar las ideas que armaron las comunidades, la participación se ha ido perdiendo. 

“Después de ese ejercicio de aprobación y construcción ya nunca más volvieron a convocar a las comunidades para nada”, dice Romero de San José del Guaviare.

Este sentimiento de frustración por perder el poder prometido y encima no saber en qué van y cuál es el futuro de las iniciativas que ayudaron a estructurar, nos lo repitieron 12 líderes de diferentes regiones.

Lo que está pasando, y lo que explica esta frustración, es que la implementación está en manos de las alcaldías y las gobernaciones que, en muchos casos, no les comparten los avances.

Esto pasa incluso con las personas escogidas por las comunidades, en cada uno de los 170 municipios, para ser su voz ante las diferentes instituciones y contarles en qué van los Pdet. En el lenguaje de este proceso, se llaman delegados de los grupos motor.

“Nos tienen muy aislados. No nos enteramos en qué van las iniciativas”, nos dijo Jairo Barreto, miembro del grupo motor en el municipio de Ovejas, del Pdet de los Montes de María.

“A los grupos motor no nos informan de lo que se está haciendo. Para que te den cualquier información tienes que ir a la Secretaría de Planeación y eso allá es un complique; a veces ni te la dan”, nos dijo uno de los delegados en un municipio de la Serranía del Perijá.

Con él coincide Raúl Álvarez, delegado del grupo motor de Puerto Libertador, sur de Córdoba, que dice que la única vez que lo llamaron con relación a una obra Pdet fue para que intercediera ante un grupo armado que no quería dejar salir a los funcionarios que fueron a visitarla.

“No hay concertación sobre las obras que se van a hacer. Nos tienen desinformados. Acá el diálogo participativo terminó en diálogos con la Alcaldía”, nos dijo.

“Todo está en manos de los alcaldes. Si ellos no quieren comunicarles a las comunidades en qué van las obras, no se enteran”, concuerda una persona que trabaja en un Pdet del Pacífico y nos pidió no revelar su nombre, pues tiene un contrato con el Gobierno. También dice que ha visto casos en los que los delegados se enteran de los avances, pero no los comparten.

Juan Carlos Zambrano, director de ART y encargado de gestionar y articular la implementación de los Pdet, le dijo a La Silla Vacía que es consciente de este problema y está trabajando para solucionarlo.

Lo hace a través de tres estrategias de comunicación para que la información fluya entre las alcaldías, los grupos motor y las comunidades. 

1. Capacitando a los delegados de los grupos motor para que comuniquen mejor los avances por redes sociales.

2. Creando una red de reporteros comunitarios para que periodistas locales cuenten qué se está haciendo en sus pueblos.

3. Capacitando a los jefes de prensa de alcaldías y gobernaciones.

Sin embargo, el problema no es solo de comunicación: implementar el Acuerdo a cabalidad, con las comunidades planeando, ejecutando y adueñándose de las obras, para que no fuera una institución central o un gamonal el “dueño” del logro, necesitaba cambiar la forma de operar de las instituciones.

Y eso no pasó ni parece estar en el horizonte del Gobierno.

Una apuesta transformadora bajo el mismo esquema

El problema de la implementación comienza en cómo conseguir los 70,1 billones de pesos que, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, necesitan los Pdet en los próximos 15 años para salir adelante.

El lío es que el Estado no puede invertir esa cantidad de plata a través de las comunidades, como pide el Acuerdo cuando exige “asegurar la participación comunitaria en la ejecución de obras y su mantenimiento”, sino a través de las alcaldías y gobernaciones.

Así, aunque la ART ha contratado directamente a las comunidades para que ejecuten cerca de 900 obras pequeñas (como canchas y salones comunales), la mayoría de la plata para cumplir con las más de 32 mil iniciativas viene de regalías y del Presupuesto General de la Nación.

En ambos casos, la plata se canaliza por las alcaldías y gobernaciones, ya sea por el Ocad Paz que distribuye la plata de regalías para la paz o de los programas usuales de los ministerios.

Y ahí empieza a chocar la visión del Acuerdo con la institucionalidad, pues, para obtener esa plata, los municipios tienen que convertir las iniciativas de las comunidades en proyectos estructurados que luego revisan y aprueban, o no, las instituciones centrales.

Aunque para ayudar con eso hay un funcionario de la ART que debe apoyar a la alcaldía de cada municipio Pdet a estructurar estos proyectos, el poder ya está muy lejos de las comunidades.

Por ejemplo, en la convocatoria de vivienda rural que lanzó este año el Ministerio de Vivienda para construir un poco más de 10 mil nuevas casas, y que se alinea con los Pdet, las alcaldías armaron proyectos que quepan en la convocatoria y, así, cumplir con iniciativas de vivienda de los Patr.

Por esta vía, del Pdet del sur de Bolívar quedaron estructurados 13 de esos proyectos, pero no exactamente como los plantearon las comunidades, sino según las exigencias del Ministerio.

“Los 13 proyectos que están viabilizados sí tuvieron cambios frente a las iniciativas porque el Ministerio exige unos componentes. Esto termina impactando al campesinado porque las casas no se van a construir como ellos querían”, nos dijo Jonel Pardo, quien conoce de cerca la implementación del Pdet en San Pablo, Bolívar, y quien, en todo caso, celebró que se vayan a construir viviendas.

Siguiendo este mismo esquema, en los ministerios hay personas que están en contacto con la ART para ayudar a que algunas iniciativas Pdet encajen en sus convocatorias.

“Lo que nos toca hacer es acoplar las iniciativas a la oferta que tenemos y esa oferta sólo se ejecuta a través de las Alcaldías. No hay otra forma”, nos dijo off the record —pues no está autorizado a dar declaraciones— un funcionario que cumple esa labor en un ministerio.

Justamente eso fue lo que encontró la Procuraduría en su segundo informe de seguimiento a la implementación, que publicó en octubre de este año y en el que asegura que una de las dificultades para implementar los Pdet es que “no se evidencia una priorización estratégica de las iniciativas sino cómo éstas se acomodan a la oferta estatal ya existente”.

Una persona que trabaja en un Pdet del Pacífico resume el problema: “Los alcaldes se convirtieron en cazadores de iniciativas, todo el tiempo pendientes de qué convocatoria sacan los ministerios para tratar de meter sus iniciativas. Se está perdiendo el enfoque territorial porque todas las iniciativas tienen que acomodarse a lo que saquen los ministerios”.

Así, aunque a las zonas más golpeadas por la guerra están llegando recursos (según el último informe de seguimiento a la implementación del Gobierno, ya han entregado 888 obras por 164 mil millones de pesos), en el engranaje Gobierno Nacional-Alcaldías las comunidades quedan relegadas.

Eso los tiene frustrados y con miedo, como nos contó un líder campesino de la Serranía del Perijá.

“Como comunidad lo que nos interesa es que se hagan las obras y que haya transparencia. Nos asusta que, con la falta de transparencia, se empiecen a perder recursos ahora que todo está en manos de las Alcaldías. Se vienen elecciones, llegaron nuevos alcaldes, cada uno tiene sus contratistas y el resto de la historia ya nos la conocemos. Eso no puede pasar con los Pdet”, dice.

El reto es justamente cómo hacer para que el cumplimiento de lo acordado no solo mejore la calidad de vida de las comunidades, sino que las empodere. Más cuando el Gobierno parece estar interesado en lo primero, pero no en lo segundo.