Equilibrio de poderes

Se ha puesto de moda la idea de promover una reforma constitucional que “reequilibre” los poderes públicos dado el desbalance que se generó con la aprobación de la reelección presidencial y las enormes dificultades que se han causado con la decisión constitucional de implicar al poder judicial en la designación de los candidatos a los órganos de control. De tiempo atrás ha estado pendiente el diseño de un sistema más modernos de controles entre los poderes que se quedó con el esquema de hace casi dos siglos del “juicio político” previsto para el Presidente y otros funcionarios.

El Presidente Santos ha propuesto eliminar la reelección porque resultó abiertamente inconveniente para el sistema político, pero le ha agregado una propuesta de ampliación de período, “a cinco o seis años” según sus propias palabras, a la que se han subido algunos sin mayores argumentos.

Podría discutirse si cuatro años resultan poco para un período presidencial, pero la discusión debe ser –a mi juicio- práctica: el diseño constitucional colombiano está hecho para cuatro años y su modificación significa un cambio que compromete a tantas otras instituciones que resultaría tan o más traumático que la reelección. Habría –para ser coherente el esquema- que ampliar los períodos de alcaldes y gobernadores, pero también de procurador, contralor, magistrados, registrador, miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, etc, etc. Son casi 70 artículos de la Constitución, cuando lo más fácil es derogar el articulito y ya.

Santos le ha agregado una verdadera bomba: la unificación de los períodos del Presidente con los de alcaldes y gobernadores. No ha dicho si sería por ejemplo una sola elección o cómo, pero cualquiera que sea la propuesta significaría un cambio tan grande y quizás tan traumático como la reelección presidencial.

La decisión de la Constituyente de ordenar que las elecciones locales no pudieran coincidir con las nacionales se tomó para promover el pluralismo y evitar el bipartidismo, tal como se hizo en varias de las reglas constitucionales. Unificar los períodos y las elecciones no solo invisibiliza los asuntos locales en la contienda electoral, sino que termina produciendo el efecto de que el que gana se queda con todo con todos los efectos negativos que eso implica. Adiós movimientos ciudadanos que han ganado alcaldías importantes.

Algunos les parece razonable la propuesta por una supuesta coordinación de los planes locales con los nacionales. Ese es un sofisma. Los planes de desarrollo departamentales y municipales sólo se pueden aprobar una vez se ha adoptado el Plan Nacional y éste se aprueba un año después de la elección presidencial, así que elegir alcaldes y gobernadores unos quince meses después de la elección del Presidente es lo único que asegura esa pretendida coherencia entre unos y otros.

Las elecciones de “mitaca”, que es de lo que hacen las elecciones locales en Colombia, equivalentes a las de mitad de término para renovar parcialmente el Congreso de los Estados Unidos, son un instrumento muy eficaz de control político del Presidente y de “equilibrio de poderes”. Las expectativas de la elección presidencial se han decantado, las alianzas electorales también y los ciudadanos tienen capacidad de castigar al Presidente eligiendo alcaldes o gobernadores críticos de su gestión.

A muchos políticos la propuesta de unificación les resulta atractiva porque les facilita su capacidad de influir en las elecciones locales, pero el día que los barran se arrepentirán y propondrán volver a tras si es que la propuesta presidencial tuviera éxito en el Congreso, que lo dudo.

No ha sido muy afortunado el marco en el que se abrió la discusión del “reequilibrio de poderes”: la intervención de Santos en la elección de Contralor.

La Contraloría es teóricamente la herramienta esencial de control del legislativo frente al ejecutivo. Se trata, según lo recomendó la misión Kemmerer en 1923, de un instrumento técnico que asegure la sanidad de las finanzas públicas y el uso adecuado de los recursos. El Congreso lo elegía libremente y en la práctica se clientelizó y se corrompió. A partir del 91 lo elige de terna que le envían las cortes sin que el experimento haya salido bien.

Lo que nunca se previó fue que el Presidente fuera el que lo eligiera, eso sí que rompe el equilibrio de poderes, por eso aunque en la práctica todos los Presidentes han intervenido en su elección y es de las cosas que hay que cambiar en el proyecto que tanto ha anunciado Santos, que éste lo haya decidido hacer de frente  rompe una tradición, no de respeto, pero sí de recato, con el fuero del Congreso, pero sobre todo le quita autoridad para liderar la reforma que él mismo ha propuesto.

Los Congresistas han protestado porque consideran que no es suficiente la representación política que se les ha asignado en el Gabinete presidencial, eso merecería otro análisis, pero  a las protestas el Presidente les ha contestado que eso es del “fuero presidencial” y a cambio les pide que elijan como Contralor a su candidato y el de su Vicepresidente cuando eso corresponde al “fuero del congreso” curiosa forma de respetar los fueros y ejercer el “equilibrio de poderes”.

Es probable que el candidato del Presidente Santos a la Contraloría gane en el Congreso, pero será –si llega a ocurrir- una victoria pírrica que solo abriría la puerta de otro montón de pleitos, demandas, intervenciones indebidas del Procurador, fisuras en la Unidad Nacional, falta de credibilidad del Contralor en el futuro a cambio de muy poco.

En la intención de “reequilibrar los poderes” hay que predicar pero especialmente hay que practicar.