Estalló la bomba de la coca

Ayer en Tumaco en medio de enfrentamientos entre la Policía, el Ejército y cocaleros por la erradicación de matas de coca fueron asesinados seis campesinos y otros 14 resultaron heridos. Aunque hay versiones encontradas sobre qué fue lo que pasó, el caso de Tumaco es una bomba que le estalló al Gobierno, justo cuando necesita mostrar resultados en la disminución de cultivos ilícitos pero no es el único caso del país donde hay problemas similares. Y a eso se suma que se mantiene la descoordinación entre la política de sustitución de cultivos y la meta de erradicar 50 mil hectáreas de coca que se trazó el Gobierno este año. 

El caso de Alto Mira

Las dos versiones que se dieron ayer para explicar por qué resultaron asesinadas personas en el sector de Alto Mira en Tumaco son totalmente contradictorias.

Mientras el Ejército y la Policía dicen en un comunicado que el enfrentamiento ocurrió porque la disidencia de alias ‘Guacho’ (ex Frente Ariel Aldana de las Farc) lanzó 5 cilindros bomba contra la Fuerza Pública, la asociación de campesinos Asominuma (que tradicionalmente ha sido cercana a las Farc) asegura que fue el Ejército el que “arremetió de forma desproporcionada contra la comunidad que estaba protestando pacíficamente” contra la erradicación.

“Es una falsedad, éramos puros campesinos con las manos vacías”, dijo más tarde en una entrevista el líder Wilson Baraona que dijo haber estado en el lugar cuando ocurrió todo.

La situación es mucho más compleja.

Según dos personas consultadas por La Silla Pacífico del Consejo Comunitario de Alto Mira, en el territorio se está presentando una guerra entre dos disidencias de las Farc: la de alias ‘Guacho’ y las Guerrillas Unidas del Pacífico de alias ‘David’ que quieren copar ese territorio que es donde hay más cultivos de coca en el municipio con más cultivos de coca del país.

A esos grupos enfrentados, que ya causaron un desplazamiento de 500 familias hacia la vereda de La Balsa el pasado 28 de agosto, se sumó un tercer grupo que aún no se sabe cómo se llama pero que al parecer está comandado por un narcotraficante de la zona.

“Ahí hay grupos, disidencias, narcos. Es un revuelto”, dijo una fuente consultada allegada a las comunidades.

Las últimas dos semanas, según el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, esos grupos han venido usando a las comunidades como “escudos humanos ante la intervención de la Fuerza Pública que realiza labores de erradicación forzosa”, según dice su comunicado publicado ayer.

“Hace dos semanas los reunieron y dijeron que tenían que salir para hacerle frente a la erradicación. Que el que no saliera iba a tener por familia dos muerticos. Nosotros les dijimos que si salían iba a haber más problemas, que lo mejor era que se desplazaran para no enfrentarse”, contó la fuente allegada a las comunidades.

Las reuniones, dice, se han hecho en veredas como Puerto Rico donde ocurrieron los hechos de ayer. Allí, los grupos les ofrecen comida y alojamiento a los campesinos para que apoyen el enfrentamiento a la erradicación de la Fuerza Pública. “Van como ganadito”, dice.

Esa vereda es “el pulmón del narcotráfico”, según la fuente, “a donde llegan todos los narcos” porque queda a cinco minutos de la frontera con el Ecuador, por el río Mataje, y es la ruta por donde entran los insumos para transformar la coca.

Aunque hace parte del territorio colectivo del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, es una zona que está habitada por campesinos colonos de la asociación Asominuma que desde hace varios años llegaron a Tumaco con el auspicio de las Farc (según cuatro fuentes consultadas a La Silla) y se asentaron en territorios colectivos afros y siembran coca. Por eso, aunque las matas de coca son suyas, la tierra le pertenece a las comunidades afro. 

Asominuma está adscrita a la Coccam y aunque incicialmente mostró interés de hacer parte de los acuerdos de sustitución voluntaria, en los últimos meses ha mostrado resistencia asegurando que hay mucha desconfianza frente al cumplimiento del gobierno. Como contamos en junio, estas organizaciones campesinas no firmaron el acuerdo 'sombrilla' para sumarse a la sustitución de cultivos. Y luego en agosto, como también contamos, aunque sí lo furmaron, un líder de esa organización dijo que por las condiciones de inseguridad y los incumplimientos estaban contemplando la posibilidad de retirarse de los acuerdos. 

Por eso, según le dijo a La Silla una fuente que conoce de cerca el caso, en esa zona del consejo comunitario se sabía que iba a haber erradicación forzada. 

A eso se sumó que los ánimos entre los erradicadores y la Fuerza Pública están especialmente caldeados después del paro cocalero del 4 de abril de este año cuando los cocaleros retuvieron 26 policías y les robaron 8 fusiles y 16 pistolas (y que fue infiltrado por actores armados como contó La Silla Pacífico). Desde ese momento, según la fuente, durante las labores de erradicación los militares no permiten que la gente se acerque a más de 6 metros y si se acercan, les pueden disparar como parece que sucedió.

La Silla Pacífico supo por un allegado a las comunidades que los narcotraficantes y disidencias también amenazaron a la junta del consejo comunitario de Alto Mira porque son los que están promoviendo los acuerdos de sustitución de coca con el Gobierno.

Esto obligó a que todos los líderes se desplazaran a Tumaco y no pudieran volver al territorio desde la semana pasada. Según tres fuentes que conocen la situación, estos grupos están promoviendo la desconfianza hacia los líderes, diciendo que ellos son los que promueven la erradicación y que el Gobierno, en todo caso, no va a cumplir con los acuerdos de sustitución.

Y es que a pesar de que 4.810 familias del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera firmaron el acuerdo de voluntades para sustituir y fueron uno de los primeros grupos en alzar la mano para pertenecer al programa, aún no se han firmado acuerdos individuales con las familias que garanticen que efectivamente recibirán los reembolsos para sustituir.

“A pesar de nuestras insistencias, el programa Nacional de Sustitución de cultivos tiene un ritmo paquidérmico, mientras que la erradicación forzada avanza a toda marcha en distintas veredas de nuestro territorio”, dice el comunicado del consejo. “La lentitud de la puesta en marcha del PNIS y la desinformación que han fomentado los sectores que se oponen a la sustitución, ha alimentado la zozobra, incertidumbre y desconfianza”.

Esa lentitud se la reconoció a La Silla una fuente del Gobierno que habló con la condición de no ser citada y que dijo que ha sido muy complejo entrar a ese territorio porque queda muy retirado y a diferencia del acuerdo marco que las familias firmaron a través de sus representantes, en el caso de los acuerdos individuales hay que hacerlo familia por familia y terreno por terreno para tomar los datos que permitan verificar que los acuerdos se cumplan.

Mientras tanto, la erradicación forzada a manos del Ejército y la Policía sí avanza porque es mucho más fácil de hacer.  

Aunque Tumaco fue donde estalló esta bomba, en otros lugares del país la situación también es crítica.

Los otros casos

En Caquetá, el quinto departamento con más coca en el país (tenía 9343 hectáreas cultivadas a diciembre de 2016), la sustitución no solo va lenta. También se está viendo amenazada por las disidencias, que cada vez andan más a sus anchas allí.

En La Montañita, que es uno de los municipios donde la Oficina de Drogas que dirige Eduardo Díaz bajo el liderazgo de Rafael Pardo más ha avanzado en firmar acuerdos (según esa oficina ya hay 782 familias inscritas en el programa de sustitución), los cocaleros se han quejado por la demora en los pagos.

A eso se suma que, como lo habíamos contado, allí lleva presa hace varias semanas la exconcejal y líder departamental de la Coccam, Nelly Luna.

Ese arresto se dio porque Luna participó en un cerco a unos policías antinarcóticos que llegaron a erradicar cultivos a la fuerza en febrero y que los campesinos de la inspección de la Unión Peneya mantuvieron retenidos por 24 horas.

Como Luna no ha salido de la cárcel y tampoco se han desembolsado los primeros pagos, en La Montañita lo que el Gobierno avanzó en acuerdos lo está borrando con los retrasos y la desconfianza de los cocaleros es cada vez más grande.

A eso se suma que en otros municipios como Cartagena del Chairá y Solano, donde el Gobierno también ha firmado acuerdos de voluntades para sustituir la mata de coca, las disidencias tienen a los campesinos asoleados.

En Solano la disidencia del frente primero de las Farc está citando a los campesinos a decirles que tienen que seguir cultivando coca. Así nos lo contó una fuente oficial, que no citamos porque la disidencia lo tiene amenazado.

“Sabemos de por lo menos tres reuniones en la vereda Puerto Tejada de aquí del municipio. Los citan y les dicen a los campesinos que deben sembrar la coca, que eso es mejor, que la guerrilla negoció mal y que no se acojan al programa de sustitución del Gobierno”, nos dijo esa fuente. “Donde van llegando, van presionando con ese tema”, agregó.

Una denuncia muy parecida le llegó a la Defensoría del Pueblo desde Cartagena del Chairá. De hecho, según supimos, ya hay un presidente de una junta de acción comunal amenazado por negarse a seguir cultivando ante la disidencia que se mueve en ese municipio y que ni la propia población sabe decir a qué frente de las Farc pertenecía.

“A un lado del río Caguán hablan de un tal ‘Steven’ o ‘Flaco 25’ y al otro dicen que el que se presenta como el líder de la nueva guerrilla es alias ‘Nicolás’”, dijo a La Silla una fuente oficial de Cartagena del Chairá que no citamos por su seguridad.

Pero el problema también se extiende a otros departamentos.

En Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, la Agencia de Sustitución se enfrentó a las Autodefensas Gaitanistas que según una fuente les dijeron que si no hacían la sustitución con ellos, no la hacían, aunque no es muy claro cómo sería ese proceso.

Además, presionaron a las comunidades para que les pidieran de vuelta a la Agencia de Sustitución los registros de inscripción al programa para evitar que siguieran adelante con la sustitución. La fuente dice que les tocó sacar fotocopias de los registros pero que la Agencia se tuvo que ir del municipio.

Lo que muestra la bomba

Detrás de estos casos y sobre todo de la bomba que estalló en Tumaco lo que queda en evidencia es que la descoordinación entre el garrote y la zanahoria de la política de Santos frente a la coca, que ha contado La Silla en varias oportunidades, no sólo se mantiene sino que cada vez se hace más evidente. Tan es así, que cuando preguntamos sobre cómo veían lo que pasó en Tumaco, nos contestaron con dos lecturas distintas.

“Esto es una muestra de que estamos entrando en donde ellos (los narcotraficantes) tienen sus intereses”, nos dijo una fuente del Gobierno que nos habló con la condición de no ser citada. “A esa zona de Tumaco siempre se supo que íbamos a entrar a erradicar y fue algo coordinado con el equipo de sustitución”, agregó. 

Una fuente que no hace parte del Gobierno pero se conoce el proceso por dentro nos dijo que sí fue un operativo coordinado y que de la oficina de Drogas de Eduardo Díaz, que es la que se encarga de implementar la sustitución, salen los puntos en los que el ministerio de Defensa puede erradicar y por eso sería muy raro que en esa oficina no supieran lo de Tumaco. Esa información no la pudimos corroborar con la oficina de Díaz. 

Sin embargo, para otra fuente del Gobierno lo que ocurrió fue ‘una torpeza’.  

“[Con la erradicación] están promoviendo la desconfianza porque estos señores narcotraficantes se van a oponer con toda. Hay que ser mucho más inteligentes. Están colocando a los bandidos como defensores de los cocaleros o como lo que pasó en Tumaco, los están poniendo a bloquear el programa de sustitución”.

Según la fuente, ‘ser inteligentes’ significa replicar un modelo como el que se ha implementado en Argelia, Cauca, donde la Fuerza Pública está sirviendo no para erradicar a la fuerza sino para crear un cerco que evite que a la zona de los cultivos entren los insumos y así afectar el negocio desde adentro.

En todo caso, el telón de fondo de esta descoordinación es la presión de Estados Unidos para que el Gobierno le meta el acelerador a la erradicación.

Esa presión comenzó desde la Casa Blanca con la amenaza del presidente Donald Trump de descertificar a Colombia como un país que está cumpliendo con los compromisos antinarcóticos y que siguió con las palabras del embajador de ese país Kevin Whitaker en una entrevista con El Tiempo criticando el papel de las Farc en el Programa de Sustitución.

“En la erradicación forzada las fuerzas de seguridad van a cumplir con su meta y yo creo que no hay duda acerca de eso. En lo del programa voluntario, obviamente hay cosas muy complejas, porque se trata de hablar directamente con esa gente para explicarle lo que es el trato: que se van a ofrecer oportunidades, que el Estado va a dar una ayuda financiera para mantenerse mientras se erradica, pero es un sistema también que involucra directamente a las Farc y ahí tenemos observaciones”, dijo Whitaker. “Ni yo ni esta embajada de los Estados Unidos nos podemos involucrar con las Farc, porque son una organización de terrorismo internacional, así llamada por mi gobierno”, agregó.

Con esas palabras, como le decía a La Silla una fuente del Gobierno “nos queda clarísimo que la plata para la sustitución toca conseguirnosla de recursos nacionales. Ellos no han puesto ni van a poner un peso en esta cara de la moneda”.

El problema con esta postura de los gringos es doble: por un lado porque por lo menos durante este año, no hay plata para todas las familias que se han acogido al programa ya que a medida que llega la erradicación forzada, más familias se pasan a los acuerdos de sustitución para evitar quedarse sin nada.

Y por el otro, porque en toda la estrategia de sustitución los jefes de la Farc jugaban un papel clave en convencer a los cocaleros en dar el paso. Y ahora, si por ejemplo el Consejero del Posconflicto, Rafael Pardo va con uno de ellos, no pueden usar ningún aporte de cooperación de Estados Unidos o de Canadá porque no los han retirado de la lista de terroristas ni lo harán mientras no paguen sus penas en la Jep y revelen información sobre las rutas, cosa que la Farc ya dijo que no está dentro de los compromisos que asumieron.