Gobierno vuelve a idea uribista de desarticular grupos sin verdad a víctimas

Con la desmovilización individual de miembros de guerrillas y paramilitares, en los dos gobiernos de Álvaro Uribe más de 19 mil personas pudieron dejar las armas. Ahora su ahijado político, el presidente Iván Duque, le apuesta a una idea de sometimiento parecido para desmantelar a los llamados Grupos Armados Organizados GAO.

La movida aparentemente aterriza uno de los compromisos del Acuerdo de Paz de La Habana y ya se concretó en un decreto que fue expedido y otro más que está en borrador y colgado para comentarios.

El asunto es que, por esta vía, el Gobierno en realidad no está cumpliendo exactamente con el contenido de lo pactado en Cuba, podría dejar a muchas víctimas sin su derecho a la verdad y, de paso, le pone una lápida encima al ya moribundo proceso de diálogo con el ELN. 

Los decretos

Ambos decretos (uno en borrador) le apuntan a una estrategia que busca más desmoronar las bases de estos grupos y obtener datos que permitan tener una ventaja militar sobre ellos, que garantizarles el derecho a la verdad o a la reparación a sus víctimas. 

El primero fue publicado a finales de abril y le deja al alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos la función de “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil”, frase que, sin decirlo explícitamente, aplica sólo al ELN porque es el único grupo al que el Gobierno le reconoce estatus político.

Además, le abre un camino al sometimiento a la justicia a miembros de los otros grupos armados organizados, GAO, que son el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y las disidencias de las Farc. 

Meter en un mismo artículo a un grupo como el ELN, con el que sí se sentarían a negociar,  y otros con los que no, generó tanta confusión, que cuatro fuentes con las que hablamos para esta historia no entendían bien la finalidad del decreto e incluso ayer ese fue uno de los puntos que le señaló la representante verde Juanita Goebertus al Alto Comisionado Ceballos durante la sesión conjunta de la Comisión de Paz en el Congreso. 

Según cifras de inteligencia militar, todos estos GAO suman siete mil hombres en armas (2500 del ELN, 1600 del Clan del Golfo, 200 de los Pelusos, 100 de los Caparros y 2500 de las disidencias de las Farc).

El segundo es un borrador de decreto, que está colgado hace diez días en la página del Ministerio de Justicia para comentarios, y que básicamente aterriza ese camino del sometimiento a la justicia del primer decreto, como un camino individual, con el clásico énfasis de este tipo de mecanismos de sometimiento a la justicia: información que ayude a desmantelar el grupo a cambio de dos tipos de beneficios.

Unos económicos, que en este caso es darles hasta 480 mil pesos al mes mientras viven en unas casas de paso y hasta ocho millones de pesos, que les dan una sola vez, para un proyecto productivo; y otros jurídicos, como reducirles la pena, cambiarles cárcel por prisión domiciliaria, suspenderles la ejecución de la pena, o darles libertad condicional, según cada caso. 

Un esquema similar fue muy exitoso durante el gobierno de Álvaro Uribe para diezmar a las Farc, pero ignora los derechos que las víctimas han ganado en los últimos años a la verdad, la justicia y la reparación (aunque muchas de ellas siguen esperando esas tres cosas de los que firmaron el Acuerdo de La Habana).

Y acá eso no cambia. 

Aunque según dijo a La Silla el Alto Comisionado Ceballos, este borrador de decreto es parecido a la ley 1908 de 2018, que fue el resultado de un acercamiento entre el Gobierno Santos y el Clan del Golfo para darles una posibilidad de sometimiento colectivo, en el que ofrecían beneficios a cambio de información, al menos estaban nombradas las víctimas y su derecho a la verdad. Acá, además de tratarse de un sometimiento individual, no están las víctimas. 

Mientras esa ley incluye puntos como que al firmar el acta de sometimiento, los miembros del grupo debían entregar información que permitiera identificar a las víctimas de sus delitos, o un plan de reparación, o audiencias públicas para que las víctimas oyeran lo que sus victimarios tenían por decir, aquí no aparece mencionada ni una sola vez la palabra víctima, verdad, o reparación. 

Además, la información que piden a cambio de los beneficios está orientada en tener más inteligencia de los grupos, lo que le daría al Ejército eventualmente una ventaja militar sobre ellos, y no más información sobre sus víctimas para repararlas. 

Explícitamente, el borrador dice que el Ministerio de Defensa les dará una “bonificación económica” (no dice de cuánto) a los que, una vez sean certificados por el Comité Interinstitucional de sometimiento Individual a la Legalidad, entreguen información voluntariamente sobre: desvinculación de niños, armas, municiones, uniformes de las Fuerzas Militares, el listado de testaferros, cabezas del grupo, bienes o activos, drogas, o que ayuden a que otros miembros del grupo se sometan. 

Diseñar una ruta de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales quedó como una de las funciones claves de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de La Habana, pero hasta ahora esa ruta no se había definido. 

Esa Comisión, según el Acuerdo, debe reunirse cada mes y la integran el Presidente, que la preside, el Ministro del Interior, el de Defensa, el de Justicia, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía, expertos elegidos por la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación del Acuerdo y delegados de las Plataformas de Derechos Humanos. 

Para darse una idea de lo complejo que era que no existiera una ruta, una fuente del Ministerio Público en Arauca que nos pidió no ser citada por su seguridad, nos contó del caso de 10 indígenas de la disidencia del frente 10 de las Farc que se presentaron ante un batallón en julio del año pasado, de los cuales apenas tres eran mayores de edad. Pero como no existía una ruta para su sometimiento, vivieron por ocho meses en ese batallón y al final, los niños terminaron en una ruta de desvinculación de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y los otros “terminaron acogidos por unos indígenas en un resguardo fuera de Arauca, por su seguridad”, nos dijo. “Ellos entregaron armas, las coordenadas de unas caletas e incluso de unas fosas”, agregó. 

Aunque esa ruta era clave para definir qué hacer con estos grupos, miembros de esa Comisión Nacional de Garantías, que no hacen parte del Gobierno, dicen que lo diseñado ni fue consultado con ellos, ni responde a una ruta que aterrice el Acuerdo de Paz. 

“Esto le abre un claro espacio a la impunidad. No hay papel de la justicia salvo en aquellos casos en los que ya la persona tenga una condena. A cambio de que entregues armas, rutas y jefes, se te ingresa en una ruta con beneficios jurídicos, pero no a cambio de contar una verdad que repare a tus víctimas”, dijo a La Silla Franklin Castañeda, comisionado de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

A raíz de la publicación del primer decreto, los miembros de la Comisión que representan a la sociedad civil y las plataformas de derechos humanos firmaron una carta en la que dicen que esta ruta de sometimiento individual no fue consultada con ellos, y que “sería lamentable que la Política de Paz del actual gobierno y el papel de Alto Comisionado quedara reducido a meros trámites de desmovilizaciones individuales y sometimientos a la justicia, renunciando a la reactivación de la vía negociada a los conflictos armados”.

Consultado sobre este punto, Ceballos dijo a La Silla que “este borrador de decreto es el resultado en parte de todas las sugerencias en el marco de la Comisión porque estábamos en mora de diseñar una ruta para los GAO. La Comisión no es de carácter consultivo, es un órgano asesor”. 

Sin embargo, según dijeron a La Silla tanto Castañeda como Camilo González Posso, también comisionado civil de la instancia, Ceballos les presentó los lineamientos generales del borrador del decreto sólo hasta hace unos días, cuando anunció que el decreto ya estaba publicado en la página del Ministerio de Justicia para comentarios. 

“Fue una reunión hace dos semanas de la secretaría técnica de la Comisión, no de la Comisión en pleno y él nos invitó a que opináramos en la página”, nos dijo González Posso. “En las reuniones de la Comisión no se tocó o aterrizó nada de estos decretos”, nos dijo por su lado Castañeda. “Entonces venden esto como un aterrizaje del Acuerdo, cuando no lo es”.

Más allá de eso, con estos decretos el Gobierno hasta ahora ha anunciado desmovilizaciones del ELN y no de los otros grupos, justo cuando según cifras del Ministerio de Defensa con corte de abril, la desmovilización de elenos venían cayendo. 

Mientras entre enero y abril del año pasado iban 103 miembros de esa guerrilla que terminaron desmovilizandose, en los mismos cuatro meses de este año iban 76. 

Pero además de las desmovilizaciones, el proceso con esa guerrilla no puede estar más empantanado. 

La vuelta con el ELN

El 30 de abril, dos días después de que saliera el primer decreto, Ceballos viajó a Popayán a acompañar las desmovilizaciones de 20 miembros del ELN en el Tambo, Cauca. 

“Ya el camino está abierto... hoy este grupo de 20 personas del ELN, se convierte en modelo para todos aquellos que están en filas de grupos armados organizados y tienen la voluntad de entrar a la legalidad. El camino es salvar sus vidas”, dijo ese día y se refirió al primer decreto. 

Cinco días después, la noticia volvió a ser el ELN. 

Esta vez el Gobierno anunciaba la desmovilización de siete miembros más de esa guerrilla, otra vez en el Tambo. En el comunicado de prensa que mandaron a los periodistas dice que Ceballos “destacó el interés de muchos grupos armados organizados de reinsertarse en distintas regiones del país gracias al Decreto 601 de 2020”.

Sin embargo, hace seis días las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) sacaron un comunicado  negando cualquier tipo de acercamiento con el Gobierno para someterlos a la justicia y diciendo que “ningún Comandante de las AGC, y mucho menos nuestro Comandante General Otoniel, está dispuesto a someter un solo miembro de la Organización al Estado Colombiano”. 

Aunque esas desmovilizaciones de elenos han dado para que el Gobierno promocione su ruta de sometimiento, lo que no dicen es que en esta región prácticamente al ELN no le está quedando otra opción.

"Las desmovilizaciones del ELN no son propiamente por las acciones militares, sino porque los tienen asfixiados la disidencia Carlos Patiño (de las Farc)”, dijo a La Silla Kyle Johnson, experto en temas de paz y conflicto y una de las personas que mejor conoce las dinámicas del conflicto en Cauca y Nariño. 

“Sé de dos combates entre Fuerza Pública y ELN en abril, mientras que con la Carlos Patiño los combates han sido mucho más frecuentes. El asesinato de la base social del ELN por parte de la Carlos está fuerte. Justo el sábado comenzaron a pelear en la parte alta de Timbiquí, lo cual implicaría que empujaron al ELN por fuera de Argelia y el Tambo", agregó. 

Otra fuente de una organización internacional que nos pidió no citarla porque no es vocero nos corroboró esa información, tanto de los combates, como de lo ahogada que está la guerrilla en ese departamento. 

Por eso es que aunque la estrategia puede funcionar en regiones donde los elenos están débiles, puede no hacerles ni cosquillas en otras. 

“Con estos decretos el Gobierno está buscando desgranar la mazorca. Ya depende de qué tan generosa es la política para lograrlo y qué tan sólido es el ELN para dejarse desgranar”, nos dijo Carlos Velandia, ex integrante del Comando Central, COCE, del ELN.

Según Velandia, aunque desgranar la mazorca puede funcionar en el Cauca, donde están diezmados, “en sitios como Arauca, por ejemplo, el Gobierno la tendría mucho más difícil”.

En Arauca, como ha contado La Silla, el Frente de Guerra Oriental que opera allí es el más numeroso y mejor preparado. Tanto así que para la guerra que tienen en el Catatumbo (Norte de Santander) con el EPL, mandaron tropas de Arauca. Su fortaleza también pasa por un intenso trabajo de masas que hace que la guerrilla en esta región sea muy influyente. 

Aunque Velandia dice que “todavía hay tiempo” para que una negociación entre el Gobierno Duque y esa guerrilla prospere, los hechos son menos optimistas.

El Gobierno mantiene sus líneas rojas de que sólo se sienta si el ELN libera a todos los secuestrados (el número exacto no se sabe) y le pone fin a los actos criminales y según supo La Silla, creen que una facción de esta guerrilla está dispuesta a negociar. 

La guerrilla, por su parte, luego de anunciar un cese al fuego en abril por la pandemia, lo levantó el primero de mayo y en una entrevista que Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Diálogos del ELN, le dio a Caracol Radio, dijo que las acciones militares que tomaría la guerrilla de ahí en adelante serían en defensa propia. 

A Beltrán le preguntaron por el decreto y dijo que “el ELN es una organización que busca una salida política, más no un sometimiento”. 

Sin embargo, la reciente inclusión de Cuba en el listado de países terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos y la declaración de Ceballos de que eso es un “espaldarazo del Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de Colombia en su petición a Cuba de entregar los miembros del ELN que están en la isla a la justicia colombiana”, es, según tres expertos consultados de esa guerrilla, “cerrar cualquier posibilidad de diálogo con el ELN porque te estás metiendo con uno de los países garantes”, como nos dijo uno.

Es más. Ya el Frente de Guerra Urbano sacó un comunicado ayer en el que rechazan el decreto.

Además, en un documento del 26 de mayo al que tuvo acceso La Silla, en el que Ceballos le responde un cuestionario al senador fariano Julián Galo (conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada), el mismo Gobierno reconoce, explícitamente, que “en este momento no hay agenda de negociación y/o diálogo con el ELN”.

Oficio de Respuesta a Cuetionario Del Senado Mayo 26 2020 (1) by La Silla Vacia on Scribd

Así que es en ese contexto, en el que, como ha pasado con todos los gobiernos que han intentado negociar con el ELN, el proceso no va para ningún lado, que Ceballos anuncia este camino, con el que la agenda tradicional del uribismo, ahora con el sometimiento individual, regresa.