Inventando proyectos

En los ministerios están preparando a las volandas diversos proyectos de ley para presentar, dentro de tres semanas, al inicio del período legislativo. Se trata de aparentar tener una agenda de reformas ambiciosa porque llegaron a la conclusión que uno de los mayores problemas de popularidad del Presidente Duque es consecuencia de la sensación de desgobierno.

También tratarán de anticiparse a las protestas anunciadas para marzo y dirán que varios de esos proyectos son producto de la conversación nacional, porque “este gobierno sí escucha”.

En realidad, ninguno será una propuesta verdaderamente transformadora de nada. Pequeños ajustes que mejorarán y empeorarán algunas políticas públicas o el diseño institucional de algún sector, pero nada más. Sin embargo “la ambiciosa agenda” servirá para que se diga que Duque logró consolidar una coalición de gobierno mayoritaria y que ahora sí despegó.

Por ejemplo, la “gran reforma a la justicia” que se presentó en estos días en el Congreso, es un refrito que trae temas que incluso se consideraban superados como el “choque de trenes” entre las varias cortes. ¿Qué cambia, en términos prácticos para la administración de justicia, que el período de los magistrados de las altas cortes no sea de ocho años, como es hoy, sino de doce?, o ¿en qué verá reflejado el usuario de la justicia el hecho de que la elección de los mismos magistrados ya no se haga de listas que manda el Consejo de la Judicatura sino por cooptación pura?

La propia ministra de justicia, la ex magistrada Margarita Cabello, había dicho hace algunos meses cuando se posesionó, que esas reformas eran innecesarias y que había que concentrarse en mejorar la administración de lo que había y de aumentar el presupuesto de la rama para poder aumentar, así fuera en un pequeño porcentaje, la oferta del servicio frente a la creciente demanda.

Cambio Radical ha justificado su ingreso al gobierno por el propósito común de promover “reformas” entre ellas la de la justicia y ha insistido que la consagración del precedente judicial como una fuente formal de derecho sería un gran logro para evitar que un juez esté fallando de una manera y otro de otra y sí, sería un avance, pero bastaría con que la Corte hiciera respetar sus precedentes obligando a las autoridades a aplicar las reglas definidas por los jueces para evitar tener que acudir a la justicia intentar que diga lo que ya ha dicho varias veces. Eso es lo que ocurre con las tutelas contras empresas prestadoras de salud o las miles de demandas que buscan que se reconozca la posibilidad de volver a Colpensiones desde un fondo privado cuando se dan las circunstancias que la Corte Suprema ha definido.

Ninguna de las propuestas de “la gran reforma” producirá el efecto querido: que los procesos se resuelvan más rápidamente, que el poder judicial esté mejor dotado y que los recursos estén mejor distribuidos.

Hay, eso sí, el peligro de que los proyectos que algo cambien, así no sea nada sustancial, sean retrocesos en derechos o esfuerzos por debilitar, si cabe, aún más la descentralización. El anunciado proyecto para regular las consultas que deben hacerse a las minorías étnicas o el anunciado ayer para modificar la organización de las CAR tienen ese riesgo.

El gobierno, en cambio, se abstendrá de promover proyectos que algunos sectores le reclaman que presente porque es consciente que su mayoría en el Congreso le alcanza para mover proyectos más simbólicos que reales, pero no para adoptar reformas que tendrían altos grados de impopularidad en el contenido que quisiera el gobierno como las reformas laboral y de pensiones.

 En estos temas ya volvieron a aplicar la vieja fórmula de crear una comisión para aplazar las decisiones. Habrá misión de empleo y de pensiones, así como hubo de sabios o del régimen de capitales, que será otro de los proyectos que se presentarán como un gran avance pero que seguramente en el corto plazo tenga un efecto apenas marginal en la economía.

Los congresistas han venido promoviendo decisiones más gruesas que las que presenta el gobierno, falta ver si el ritmo va a continuar así, ahora que la coalición de gobierno se amplió lo que desincentiva la iniciativa congresional.

Esa agenda más contemporánea como los temas ambientales, las regulaciones del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, la regulación de la eutanasia, la protección de los animales, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las discriminación positiva en favor de las mujeres y de otros grupos históricamente vulnerados y el desarrollo del concepto, que se ha quedado escrito, de la autonomías de las entidades territoriales serán animados por los congresistas y el Gobierno mantendrá un papel pasivo o se opondrá solapadamente a través de conceptos del Ministerio de Hacienda como lo ha hecho en los tres períodos anteriores.

En los retiros que hizo el Presidente con su equipo de gobierno al comienzo de esta semana, a pesar de las alarmas de algunos consultores invitados, la instrucción fue: “necesitamos proyectos de ley” y en todos los ministerios están inventando algo, veremos con que salen.