Jueces de restitución de tierras: Súper héroes sin traje de protección

El 4 de agosto de 2012, el gobierno llevó a cabo un acto simbólico en Chibolo, Magdalena, de presentación de las demandas de las víctimas ante los jueces de restitución, porque el acto real se llevará a cabo en los próximos días.  Este será el tercer caso de restitución que llega a los jueces, después del de Mampujan, Bolívar, y Pichilín, Sucre.

Fotos: Juan Pablo Pino

“El balón de restitución está en manos de los jueces agrarios”. Así describió el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo el camino que viene para los procesos de restitución de tierras en Colombia. De los jueces de restitución se espera que sean hábiles juristas, valientes para enfrentar a los actores armados que despojaron las tierras y arriesgados para conseguir la justicia para las víctimas incluso yendose contra decisiones de la Corte Suprema. Sin embargo, estos super héroes arrancan a hacer todo esto sin traje de protección.

Sobre todo,  porque este proceso de restitución de tierras es único en experiencias en justicia transicional, porque se dará sin que el conflicto armado se haya acabado y cuando las tierras, en muchos casos, siguen en manos de los mismos despojadores, de personas poderosas o protegidas por grupos armados.

El Proceso

Ricardo Sabogal es el Director de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras que recibe los casos de las víctimas y prepara las demandas que se presentarán a los jueces.

Néstor Raúl Correa, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, ha gestionado todas las etapas de preparación de los jueces de restitución de tierras desde la Rama Judicial.

El proceso de restitución de la Ley de víctimas cuenta con dos etapas, una administrativa y una judicial.  De la primera es responsable el gobierno, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, que recibe las reclamaciones de las víctimas, estudia cada caso, identifica los predios, acumula las pruebas y prepara la demanda que luego presenta al juez. En este momento existen 15 oficinas regionales de la Unidad, falta abrir las de Cauca y Chocó.

Luego comienza la segunda etapa. En esta, son los jueces los que tienen que considerar los argumentos de las víctimas y de los supuestos despojadores, aplicar la ley y tomar una decisión.

Como se trata de un régimen especial, la decisión que tomen estará por encima de cualquier otra que se hubiera tomado sobre el predio: incluso sentencias judiciales vigentes o decisiones del gobierno.

“Si una sentencia legalizó el despojo, el juez puede dejarla sin efectos”, explicó a La Silla Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución.  Son jueces superpoderosos desde el punto de vista jurídico.

Pero sus hazañas no estarán solo dentro del despacho. En caso de que le den la razón a la víctima, tienen que salir del juzgado y entregarle físicamente el predio.  Es decir, ordenar y acompañar a la Policía para que saque a las buenas o a las malas a los que no tienen derecho de estar ahí.  Por eso, en realidad, el trabajo duro de la restitución, por no decir sucio, les toca a los jueces.

Hoy ya están nombrados 33 jueces, uno itinerante y 15 magistrados. Se espera que en tres años haya 134 jueces y 60 magistrados.  

Son jueces civiles de la carrera judicial, que fueron elegidos según el orden de una lista en la que quedaron de acuerdo con los resultados de un curso y un concurso.

El Gobierno espera que en los próximos dos meses, el 70 por ciento de los jueces ya cuente con una demanda para tramitar y que los primeros fallos salgan en septiembre.

Hasta el momento, los jueces han recibido dos demandas de restitución, una para el caso de Mampuján en Bolívar y otro en el caso de Pichilín, en Sucre. A pesar de que hubo un acto solemne de presentación de la demanda de restitución por el despojo en Chibolo, Magdalena, donde estuvo el Presidente de la República, el Ministro de Agricultura, los directores de las Unidades de Víctimas y Restitución, entre otros funcionarios y algunas víctimas, esta no se ha presentado todavía.

La kriptonita legal

“Estos jueces son nuestros consentidos“ dijo Néstor Raúl Correa, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que ha gestionado todas las etapas de preparación de los jueces de restitución de tierras desde la Rama Judicial. a La Silla. 

Los jueces tienen buenas oficinas, computadores nuevos, conectividad y un equipo de auxiliares. Solo les falta la seguridad laboral, jurídica y personal para hacer su trabajo con tranquilidad.

Y es que los ataques contra los jueces van a venir de varias vías. 

La justicia transicional no está inventada y menos en un país donde no hay una transición clara entre un estado de conflicto a uno de paz. Por eso, estos jueces civiles tendrán que aplicar reglas jurídicas nuevas y pensar con una lógica distinta. “Tienen que cambiar de chip” explicó Correa. 

Como la justicia transicional no es neutra, sino que está más del lado de las víctimas, ellas no son las que tienen que probar que sus derechos fueron violados sino que los demandados son los que tienen que demostrar su inocencia. Sin embargo, dado que las víctimas tienen en la práctica mucho menos poder que los despojadores, el juez tiene que jugar un papel mucho más activo para garantizar que sus derechos se hagan efectivos.

Además, la justicia transicional busca ser más rápida y no enredarse en las mil formalidades típicas de los procesos judiciales. Pero todo esto tiene que hacerse con cuidado, porque de lo contrario, las contrapartes tendrán argumentos para denunciar a los jueces por prevaricato como una forma de paralizarlos, además de tumbar los procesos por errores procedimentales.

Tienen que ser cuidadosos, porque si no,  “se va a sembrar de nulidades estos procesos“, dijo el Ministro Restrepo.

Los jueces de restitución de tierras son jueces civiles. A lo largo del año, desde la Escuela Judicial y con el apoyo de la Universidad Javeriana, Dejusticia y otros asesores, han recibido capacitaciones sobre justicia transicional, derecho agrario, derecho constitucional y otros temas.

Varios de los que han participado en estos eventos han expresado a La Silla que la mayoría de los jueces están motivados y han aprendido mucho.

Sin embargo, hay un tema que sí parece preocuparlos mucho y es el del tipo de nombramiento. No les dieron el cargo con todas las garantías de estabilidad, sino que los posesionaron de manera provisional.

Eso porque, según contó a La Silla Néstor Raúl Correa, aunque estos jueces sí vienen de la carrera judicial  y han hecho concursos en la rama civil, la Corte Suprema de Justicia consideró que son cargos transitorios.

Al ser nombramientos en provisionalidad, así sea por diez años, ellos sienten que son más vulnerables a que los remuevan del cargo. Si pueden ser removidos con más facilidad, eso tendrá efectos en sus familias que tal vez tuvieron que mudarse a otra ciudad y enfrentar todo tipo de riesgos.

Pero también esto les puede quitar autonomía, porque son más vulnerables a que los remuevan del puesto por sus decisiones que en todo caso serán polémicas.

La kriptonita ilegal

El proceso de restitución de tierras ha mostrado tener varios enemigos.  De las 17 mil víctimas que han reclamado sus derechos ante la Unidad de Restitución, 120 afirmaron tener amenazas en su contra.

Pero además, los funcionarios de la Unidad misma han sido intimidados y se han tenido que tomar medidas de seguridad en el Meta, Sucre y Córdoba.

Si esto es así con los funcionarios de la Unidad, que preparan el caso, los jueces que tienen la palabra final son mucho más vulnerables.

Sin embargo, hasta hoy no están realmente blindados.

Para Néstor Raúl Correa, el solo hecho de recibir la demanda debería ser suficiente para que los jueces también obtengan una protección especial por el riesgo extraordinario que enfrentan.

Pero esta no es la situación actual. Quien responde por las medidas de seguridad es la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, aunque la plata para los escoltas y las camionetas la pone la Rama Judicial.

Los estudios de riesgo de cada uno de los jueces hasta ahora arranca y este proceso dura dos meses. Con base en los resultados del estudio, la Unidad tomará determinadas medidas.  Si vienen hechos nuevos que cambien la situación de riesgo, se aumentará la seguridad.

En todo caso, la situación de los jueces en este momento, cuando solo dos de ellos han recibido demandas, es muy distinta a como será en unos meses.

El verdadero nivel de riesgo de los jueces en acción aun no se conoce. Pero en todo caso, esta kriptonita puede amedrentar hasta a Supermán.