La cachacada de Santos con los alcaldes y gobernadores

En febrero de este año, durante su intervención en el Encuentro Nacional de Municipios, el presidente Juan Manuel Santos prometió a los alcaldes y gobernadores del país que si ganaba la reelección presentaría ante el nuevo Congreso un proyecto para la unificación de los periodos de todas las autoridades elegidas popularmente. Y puntualmente dijo que la opción era extender los mandatos regionales actuales para que en 2018 empezaran a coincidir los tiempos de todos sin posibilidad de reelección.

"Ustedes son mis alfiles, estamos transformando a Colombia", remató Santos ante los mandatarios presentes su compromiso de campaña. Faltaban tres meses para la primera vuelta presidencial.

En mayo, antes de la segunda vuelta, en la clausura de la Cumbre de Gobernadores y Alcaldes del Caribe, el Presidente volvió a mencionar el tema y propuso que la fórmula fuera la reelección de los regionales actuales por una única vez y hasta 2018.

Pero reelegido ya Santos, la propuesta no fue incluida en la reforma de “equilibrio de poderes” que presentó el Gobierno como uno de sus proyectos más importantes de la legislatura. Y apenas el viernes pasado (dos días después de que los 32 gobernadores del país le reclamaran al mandatario por su promesa) el Ministro del Interior radicó una iniciativa de dos únicos artículos que, sin tiempo ni consenso, parece más una formalidad para quedar bien que un asunto con futuro.

“Un dulce por Halloween”

El proyecto de reforma constitucional para unificar los periodos de las distintas autoridades establece que, aunque en fechas separadas, la elección de presidente, Congreso y alcaldes y gobernadores se realizará el mismo año, y que para ello los actuales mandatarios locales podrán reelegirse en 2015 una única vez por tres años más. Con eso, el 1° de enero de 2019 arrancaría un nuevo tiempo conjunto para esos cargos.

Pero al mejor estilo de la caricatura del cachaco que tiene la vocación de quedar bien con todo el mundo así le toque no ser sincero, Santos lo presenta para quedar bien a pesar de que es claro que no va a prosperar porque no tiene tiempo ni ambiente.

En dos meses y medio se acaba el actual periodo de sesiones ordinarias y el Congreso aún tiene por delante el “equilibrio de poderes”, el presupuesto de las regalías, el presupuesto general, la reforma tributaria, el Código de Policía y el fuero penal militar. Prioridades todas definidas precisamente por el Gobierno y su Unidad Nacional.

Y aunque el año entrante la iniciativa podría estudiarse, ya está de primero en la fila el Plan de Desarrollo, según le explicó a La Silla el presidente del Senado José David Name, quien hoy declaró en medios que la reelección de alcaldes y gobernadores nació muerta.

Si el Gobierno decide que la unificación de periodos se debata después del Plan, a esas alturas se estaría generando una inseguridad electoral en muchos alcaldes y gobernadores y en los candidatos que quieran participar en las elecciones de octubre para reemplazarlos.

A pocos meses de las regionales, los primeros no sabrían si pueden reelegirse y los segundos si su aspiración es para administrar por tres o por cuatro años.

A la propuesta no sólo la afecta que no esté entre las prioridades del Gobierno y del Congreso, sino que ni siquiera se radicó luego de una concertación con la Unidad Nacional, como suele hacerse con los proyectos clave para asegurar su aprobación.

Por ejemplo, el “equilibrio de poderes” fue concertado durante un mes antes de su radicación: el ministro del Interior Juan Fernando Cristo habló con todas las bancadas, incluyendo algunas de la oposición para socializar la iniciativa. Hubo, de hecho, una mesa de concertación con voceros de casi todos los partidos. “Cuando se radicó (ese proyecto) ya teníamos consenso sobre más o menos el 70 por ciento de los artículos”, le contó a La Silla un congresista de la coalición santista.

Esa falta de concertación se evidencia en las críticas que desde el Congreso le han llovido hoy al proyecto de los alcaldes y gobernadores. No sólo Name lo criticó sino que también el presidente de la Cámara Fabio Amín, por donde entró la iniciativa, le dijo a La Silla que las ocho vueltas que requiere la reforma constitucional no podrían darse antes de junio del año entrante y que habría por lo tanto “incertidumbre en las reglas de juego” en las elecciones.

“Ya llegó octubre, creo que ese proyecto es sólo dulces para los alcaldes y gobernadores, por Halloween”, nos dijo el senador de La U Armando Benedetti.

Otro senador que prefirió que se omitiera su nombre agregó por aparte: “Lo que creo es que el Presidente quiere quedar bien con los alcaldes y gobernadores y que el Congreso hunda la iniciativa para que el agua sucia nos caiga a nosotros”.

El proyecto al parecer no fue ni siquiera concertado con los mayores interesados: las autoridades locales que en un comunicado dijeron que habían decidido presentar al Gobierno y al Congreso otra propuesta pues esta no incluye la prórroga automática de los periodos para concejales y diputados hasta diciembre de 2018, como es su deseo.

La realidad es que es imposible que el Gobierno no conozca las circunstancias en las que presenta la iniciativa. Incluso una alta fuente nos aseguró que el ministro Cristo había dicho que él sabe que ésta se puede hundir pero que aún así “le tocaba” presentarla.

Eso, sin embargo, no pudimos confirmarlo con Cristo, a quien intentamos contactar para hablar del proyecto pero no fue posible porque él estaba en una reunión.

Acaso la mayor paradoja que tenga la propuesta de los dos artículos sea que propone una reelección (así sea por una vez), cuando al tiempo el Gobierno pide eliminar la reelección presidencial porque la reelección desequilibra los poderes.