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El problema va más allá de las disidencias. Hay un fenómeno sin control de acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y ganaderos, algunos de ellos con presuntas conexiones con el bajo mundo, que incentivan la deforestación a gran escala.
Los incendios que arrasaron casi 400 hectáreas en la Macarena la semana pasada escandalizaron al país. El ministro de Ambiente explicó que se trataba de una retaliación y el de Defensa dijo que la responsable era la disidencia, en respuesta a los operativos militares de la ‘Campaña Artemisa’ contra la deforestación. Apagado el incendio, queda claro que en este Parque Natural -que hace parte del gran santuario ambiental del país- hay un problema muy grave que va más allá de las disidencias.
Lo que hay es un fenómeno sin control de acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y ganaderos, algunos de ellos con presuntas conexiones con el bajo mundo, que incentivan la deforestación a gran escala.
Los incendios que todos vimos ocurrieron en el Parque de la Macarena, que pertenece al Área de Manejo Especial de La Macarena (también están los parques Tinigua, Picachos y Sumapaz).
Según el Ideam, esta Área perdió 13 mil hectáreas de bosque sólo en 2018. Es la zona del país que más árboles ha perdido, según un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina, MAAP.
El parque más afectado es Tinigua, que según datos del MAAP, cuadruplicó su deforestación entre 2017 a 2018, cuando perdió 12 mil hectáreas.
Fue precisamente en Tinigua, Picachos y La Macarena, donde justo en la misma semana de los incendios, la Fiscalía, con acompañamiento de Fuerza Pública, hizo varios operativos para dar con taladores y determinadores de la deforestación.
En estos operativos capturaron a 20 personas que, según dijo la Fiscalía en un comunicado, “habrían invadido la zona de reserva y, en cinco años, acabaron con algo más de 1.800 hectáreas de selva para desarrollar actividades agropecuarias”.
De los 20 capturados,16 eran campesinos que no son dueños de vacas ni de tierras y que según la Fiscalía, los encontraron talando en flagrancia. Les imputaron cargos por invasión en áreas de especial importancia ecológica. Pero los soltaron con la condición de que no volvieran a la zona de parques, ni salieran del país. Sin embargo, los campesinos en la región niegan que hayan sido capturados en flagrancia y dicen que entre los capturados había niños, algo que no pudimos confirmar con Fiscalía.
Que capturaran en su mayoría a estos campesinos y no a los grandes terratenientes, es algo que ya ha venido pasando en los operativos de Artemisa, como ocurrió con el primero en Guaviare, en el que capturaron a diez personas y luego las soltaron con la condición de que no volvieran; lo grave es que cada uno de estos operativos en los que dan más con los pequeños que con los grandes, moviliza a las comunidades contra el Estado.
Y este caso no fue la excepción.
Las cosas escalaron porque, durante las judicializaciones de las capturas, la Fiscalía le pidió a unos jueces de garantías de Florencia y Cartagena del Chairá en Caquetá, que prohibieran el ingreso, la movilización y la comercialización de ganado dentro de las parques.
También tomó medidas que muestran que la deforestación tiene que ver con la omisión de varias autoridades: le ordenó al Instituto Colombiano Agroprecuario, ICA, y a la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, que suspendieran los sellos al ganado y los bonos de comercio dentro de los parques; a los alcaldes de San Vicente del Caguán, Caquetá, y de La Macarena y Uribe, Meta, que no emitieran certificaciones de colonos sin autorizar la permanencia temporal de estas personas para frenar la llegada de nuevos colonizadores; y al Banco Agrario que no aprobara más créditos a personas que quieran hacer proyectos agropecuarios dentro de los parques.
Esas medidas, con las que la Fiscalía pretende cerrar el cerco comercial de ganado, no cayeron bien en las comunidades.
Tampoco recibieron el aplauso del gobernador Arnulfo Gasca, ganadero de hace años de Caquetá, que salió a decir que “nos van a llevar a la quiebra si cada vez nos restringen más la actividad ganadera”.
Si bien esta zona ha sido tradicionalmente ganadera, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, la zona, ya sin el control de la guerrilla de las Farc se volvió asequible y eso ha disparado el ganado en la región.
Sólo La Macarena pasó de tener 44.871 vacas en 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, a 148.249 en 2018, según cifras de Rodrigo Botero, quien dirigió la oficina territorial de Parques Nacionales en la Amazonía durante diez años y es una de las personas que mejor conoce la región. Números igual de dramáticos se ven en municipios como San Vicente del Caguán (pasó de 612.573 vacas en 2016 a 831.586 en 2018) o San José del Guaviare (saltó de 131.911 vacas en el año de la firma del Acuerdo a 181.796 en 2018).
Ante el ultimátum de la Fiscalía, según nos confirmó la Defensoría, llegaron más de dos mil campesinos a las veredas El Tapir y El Rubí de La Macarena durante la semana pasada.
Un audio, que una fuente confiable que lleva años trabajando en el territorio entregó a La Silla Vacía, indicaría que la disidencia de Gentil Duarte dio la ‘orientación’ de recoger gente de las veredas y llevarlas al sitio para que evitaran que se llevaran el ganado.
No pudimos comprobar cuántos de ellos llegaron allí obligados, pero estas personas taponaron el paso y retuvieron a dos soldados durante varios días como rehenes para negociar.
Los campesinos le pedían a cambio al Gobierno cumplir un pliego de peticiones, que incluían puntos como que liberaran a los campesinos capturados, el cese de los operativos y que el Gobierno implemente alternativas productivas para los campesinos en parques, incluyendo meterle el acelerador al programa de sustitución de coca. También que se instale una 'Mesa Regional de Concertación' para discutir la agenda ambiental.
La Defensoría llegó a mediar a la zona y logró que finalmente los campesinos soltaran a los soldados, pero por ahora no han llegado a un acuerdo con el gobierno.
Las otras cuatro personas que capturó la Fiscalía eran dueños de ganado y son ejemplos de cómo es que se van apropiando de tierras.
Aunque la ley no prohíbe la compraventa de tierras en Parques porque si hay justo título pueden enajenarse al derecho de dominio, entre los colonos firman carta-ventas de baldíos indebidamente ocupados, las cuales validan con las juntas de acción comunal de las veredas, y posteriormente autentican en notarías.
A esos cuatro les dieron detención domiciliaria y les imputaron cargos por invasión de áreas de especial importancia ecológica, aprovechamiento ilícito de recursos naturales e incendio para despejar terreno y habilitarlo para meter ganado.
Pero en realidad este operativo iba tras la pista de 35 ganaderos que, según investigaciones de la entidad, han comercializado más de 200 cabezas de ganado dentro de Parques. Ese es el número más bajito, pero hay casos de ganaderos con mucho más ganado. En la Fiscalía sospechan que alguien filtró el operativo porque cuando llegaron, sólo agarraron a esos cuatro
Entre los 35 hay un ganadero que, según supo La Silla, tiene 3.500 cabezas de ganado allí.
También hay 6 en los que la hipótesis más fuerte que tiene la Fiscalía es que se venden el ganado entre ellos. Y que lo que hacen es talar para meter vacas; luego le venden la tierra a otro y este otro tala y mete vacas, y así, con el objetivo de degradar el estatus ambiental de la tierra, que está en zona protegida, e irla legalizando.
Ese eslabón es el que más puede comenzar a explicar qué está pasando en la región y lo que hasta ahora tiene la Fiscalía ya muestra lo oscuro que podría llegar a ser.
Actualmente están investigando a 120 personas, incluidas las 35, por delitos asociados a la deforestación en la Amazonía.
Cruzando datos, encontraron que hay cinco “objetivos de alto valor” (incluido el ganadero de las 3.500 cabezas de ganado) porque les identificaron el año pasado operaciones sospechosas: consignaciones de plata, con personas que están asociadas con narcotráfico, lavado de activos, paramilitares y procesos de extinción de dominio.
En toda esa red que opera no sólo dentro de Parques, sino que se extiende a otras zonas en Meta, Guaviare y Caquetá, Duarte juega un papel clave.
Como hemos contado en La Silla, la disidencia de Gentil Duarte está intentando ganarse el apoyo de la gente, con el discurso de ser el “verdadero Ejército del pueblo” con las juntas de acción comunal en algunos municipios en Guaviare y Meta.
“Hoy las disidencias ejercen una vigilancia en la zona que se ve reflejada en su control de la pesca, en los castigos que ponen por el robo de ganado y otros tipos de robos, pero han dejado sin regular la tala de árboles”, nos contó Delio Franco, expresidente de una junta de acción comunal de La Macarena.
Otra fuente que lo sabe de primera mano y trabaja en una organización que le hace seguimiento a ese tema en terreno, nos contó que la disidencia “cada vez está pidiendo más plata” e incluso que “quieren carnetizar a presidentes de juntas en algunas veredas en La Macarena y San José del Guaviare”.
Según la fuente, desde finales del año pasado, circuló un panfleto en esa zona en la que orientaban a los campesinos a que se tenían que carnetizar a través de los presidentes de juntas. “Algunos presidentes se negaron”, nos dijo.
Otro presidente de junta, que no citamos por no exponerlo, nos dijo que el discurso de la disidencia en las reuniones que convocan es que “si quieren seguir viviendo dentro de los parques, nos tienen a nosotros (la disidencia) porque el Gobierno los quiere sacar”.
Ese mismo control social está haciendo que los guardabosques, que antes no eran vistos como una amenaza para la comunidad, ahora lo sean.
“Sobre todo en Sabanas del Yarí, por los lados del Parque La Macarena, las comunidades ni hablan con los guardabosques porque están obligados a no tener relación con ellos. Los esquivan”, nos dijo una fuente que está en terreno y que no citamos por su seguridad. “Cuando estaban los acuerdos de paz, las comunidades andaban con Parques de arriba para abajo, pero ya desde que entró la disidencia nos dijeron que les prohibieron la relación”.
Fuera de cortarles el vínculo con la comunidad, varios funcionarios de Parques fueron amenazados a principios de febrero por la disidencia, quienes les dieron el ultimatum de que tenían que salir antes del 24 del mes pasado de los parques La Macarena, Tinigua, Picachos y Sumapaz. Según una fuente que lo sabe de primera mano, esas amenazas se extienden al resto de parques del país donde la disidencia tiene presencia, como por ejemplo el Chiribiquete.
Los guardabosques ya se fueron. Sin ellos, casi diez millones de hectáreas quedan desprotegidas. Hectáreas que son el corazón de un santuario verde que conecta los corredores ecológicos de la Orinoquía, la Amazonía y los Andes.
A todo eso se suma que, según nos confirmó una alta fuente del Ejército en la zona, la red de apoyo de la disidencia, que son personas no armadas y que les ayudan haciendo trabajo clandestino, es incluso más grande que los hombres en armas, al menos en esa jurisdicción, que comprende los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés.
Según esa fuente, hay tres disidencias coordinadas por Duarte que suman 252 hombres en armas y 420 de apoyo.
Su control social es cada vez mayor.
A través de esta red de apoyo, las disidencias de Duarte les protegen los negocios ilegales de tierras y ganado a los terratenientes y se lucran a la vez de este negocio en el que también entran, según Fiscalía, paramilitares y narcos.
Carlos Castaño Uribe, ex-director de Parques Nacionales y quien ha sido uno de los defensores principales del Parque Chiribiquete, nos dijo que “hay una relación estrecha entre la disidencia y colonos, quienes se benefician mutuamente. Las disidencias le cobran impuestos a los colonos y al tiempo protegen su propiedad sobre la tierra”.
Colonos en los parques existen, por lo menos, hace 70 años, y no todos están deforestando.
En La Silla hablamos con un viejo colono que tiene su finca desde los años ochentas en la zona. Cuando llegó, esa tierra estaba bajo la dirección de Efrén, excomandante de las Farc, y su política de control social era implacable. “En la época de Efrén, ladrón que se denunciaba, Efrén lo mandaba a matar”, dijo.
“En esa época uno llegaba a un terreno y lo fundaba, tumbaba palo y hacía una trocha con la cual fijaba los linderos de la finca. Luego, si alguien más llegaba, uno le decía desde donde podía empezar a fundar para que no se metiera con el terreno de uno”, dijo.
La propiedad sobre su finca la formalizó ante la junta de la vereda, donde, con ayuda de concejales, le dieron un papel con un sello que decía de dónde a dónde iba su tierra. “Con ese papel, ya podía uno vender la finca a través de cartaventas, que también eran firmadas por la junta”, aseguró.
Dice que la disidencia de Duarte le cobra una cuota de 10 mil pesos por cabeza de ganado, en un cobro que se hace una vez al año. “Nos llega una boleta donde nos citan a un día y hora específica para que vayamos a pagar la cuota. Uno se ve, normalmente en Yarumales, con un intermediario encargado del recaudo en la región que recibe la plata”, dice.
“La gente acepta pagar porque cuidan la región de los ladrones, pero esta guerrilla ha sido muy blanda y les ha perdonado la vida. Antes eso no pasaba”, agrega.
Las disidencias también cobran un porcentaje por la venta del predio, un 9 por ciento del valor de las fincas, según una fuente que se mueve en terreno.
Diego Trujillo, delegado de asuntos ambientales de la Procuraduría, nos explicó que, si bien los colonos en los parques no son nuevos, ni todos están en el plan de tumbar, el proceso de paz motivó la llegada de nuevos colonos a tierras que estaban vedadas por el conflicto, entre ellas, los parques naturales.
Son tierras que, además de vedadas, no tienen un catastro actualizado y “esa ambigüedad sobre la tenencia de la tierra es el contexto perfecto para que lleguen personas con el objetivo de degradar la categoría de protección ambiental de la que gozan estos territorios y así poderlos titular posteriormente y convertirlos en propiedad privada”, dice Trujillo.
Según dijo a La Silla Alejandra Botero, consejera para la Gestión y el Cumplimiento en Presidencia, el Gobierno tiene como prioridad este año hacer los primeros barridos prediales del catastro en nueve municipios, empezando por La Macarena.
Mientras lo hacen, muchos colonos nuevos se están aprovechando de esa incertidumbre sobre la tierra.
“Nadie puede meter la mano en el fuego y decir quienes son esos colonos, pero se ve que ha llegado mucha mano de obra que no es de esta zona y que es la que mueve la deforestación”, dice Castaño.
A todo esto se suma que La Macarena es uno de los municipios en los que más tierra reportaron las Farc.
En concreto, como lo dice está alerta temprana de la Defensoría, casi el 40 por ciento de las fincas -134- reportadas por Farc están en ese municipio.
La Sociedad de Activos Especiales, SAE, que es la encargada de recibir estos bienes, nos dijo que Farc sólo ha entregado ocho fincas en todo el país. Así que en terreno dan por hecho que esas tierras son de la disidencia.
“Muchas disidencias tienen fincas que en el momento en que las Farc salieron, nadie reclamó y se dio como tácito que si la disidencia se quedaba, esas fincas eran de ellos”, nos dijo el viejo colono que entrevistamos.
"Duarte pone a la gente a pelearse la defensa de esas tierras y ese ganado. Podría decirse que los campesinos están quedando en un conflicto entre sus propios y legítimos intereses respecto de los de Duarte, no sólo por sus tierras y ganado, sino por los socios que representa", nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano y lleva años en terreno.
Eso es clave porque parte de la estrategia de la disidencia con la deforestación es seguir expandiendo los terrenos que ya tiene y utilizar los Parques para seguir ampliando carreteras clandestinas que les sirvan para conectar sus corredores estratégicos.
Corredores que, como mostramos en La Silla, están abriendo por el Parque Chiribiquete, al pie de La Macarena y que se adentra por todo el parque hasta Cartagena del Chairá. Por esa trocha clandestina la Fiscalía ya emitió orden de captura contra Gentil Duarte, convirtiéndose en la primera contra un disidente por un delito ambiental.
Así que más que un problema que se explica sólo por la coca, este es un fenómeno de acaparamiento en el que además de la disidencia, el sector ganadero, que ha sido una base electoral clave para el uribismo y para el presidente Iván Duque, tiene mucho que ver.
Por todo lo anterior, así los incendios de hace una semana ya estén apagados, la chispa que los prendió sigue encendida.
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