La complicidad empresarial en la guerra

Durante la aprobación vía fast-track del acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz -JEP- uno de los puntos que más polémica generó fue el de la responsabilidad de los no-armados que cometieron crímenes en el conflicto. Dadas las últimas modificaciones que sufrió, y la experiencia internacional sobre el tema, es posible anticipar que serán muy pocas las empresas y los empresarios que terminarán siendo juzgados por la justicia transicional.

La complicidad corporativa

Aunque los periodistas normalmente hemos cubierto la guerra como una confrontación entre grupos armados, el conflicto también ha tenido toda una variable económica que más temprano que tarde saldrá a relucir en la Comisión de la Verdad y también en la JEP.

Así como muchos empresarios en Colombia han sido víctimas de las guerrillas y extorsionados tanto por ellas como por los paramilitares, muchos otros financiaron la expansión de grupos paramilitares, se aliaron con ellos para despojar tierras valiosas para sus proyectos productivos y fueron cómplices de muchas violaciones de derechos humanos.

En un estudio reciente, la Universidad de Oxford (2016) identificó 26 procesos judiciales en Justicia y Paz iniciados en contra de empresarios en el país por su complicidad con la violencia de los grupos paramilitares. Entre estos están los casos de Urapalma en el Urabá, del Fondo Ganadero de Córdoba y de Chiquita Brands en el Urabá.

En los procesos de Justicia y Paz al que acudieron los paramilitares que se desmovilizaron, más de 450 empresarios o empresas fueron mencionados casi 600 veces como colaboradores y financiadores de grupos paramilitares, en especial los pertenecientes a las AUC.

En el funcionamiento de los grupos paramilitares estuvieron involucrados todo tipo de sectores económicos, desde aquellos que se dedicaban al comercio a pequeña escala como grandes hacendados ganaderos, pasando por multinacionales bananeras y gremios empresariales.

La mayoría de los casos ocurrieron en Antioquia, la costa Caribe, Norte de Santander y el Valle del Cauca. Y los municipios más mencionados son Buenaventura (relación de comerciantes del puerto con el Bloque Calima), Puerto Boyacá, Tame y Turbo.

Evidencia de lo que se ha llamado ‘complicidad corporativa’ en la guerra colombiana es lo que hay.  Sin embargo, con las modificaciones que ha sufrido el tema de la responsabilidad de los terceros no armados desde que se negoció inicialmente el Acuerdo con las Farc hasta hoy es muy probable que solo una fracción de estos empresarios terminen condenados por la JEP.

La evolución legal

Inicialmente, irían a la JEP los colaboradores o financiadores que habían tenido “una participación determinante o habitual” en la comisión de crímenes de competencia de la JEP.

Después de la renegociación con los del No, se aclaró que las conductas de financiación no son solo de paramilitarismo sino de cualquier otro actor del conflicto, se pasó de "participación determinante o habitual" a "participación activa o determinante" y se aclaró que procede la renuncia a la persecución penal frente a terceros (es decir, que los que no cometieron delitos atroces pueden eventualmente ser no investigados o el equivalente a amnistiados).

Luego, durante la discusión de la reforma constitucional que aterrizó la JEP, por iniciativa de Cambio Radical, le metió un ajuste que restringe aún más la posibilidad de que un empresario sea juzgado por la JEP.

Mantiene la categoría de "activa o determinante" que viene del segundo acuerdo pero precisa que por ello se entiende "aquella acción eficaz y decisiva en la realización de los delitos”. Y, además, exige corroborar los informes que hagan llegar las organizaciones de víctimas o de derechos humanos con otros medios de prueba (como las investigaciones de la Fiscalía), que es lo usual en cualquier proceso penal.

Según un estudio hecho por Dejusticia a las compulsas hechas por jueces de Justicia y Paz contra empresarios o empresas, menos del 4 por ciento de los casos en donde aparecen mencionados los empresarios lo hacen como determinadores. Y solo en menos del 5 por ciento como autores. El resto aparecen (94,41%) como cómplices, lo que ya los sacaría de la JEP.

De las 533 menciones de empresarios o empresas registradas, en un 81 por ciento no fue posible relacionar el financiamiento o colaboración con el actor armado con la comisión de una grave violación de los derechos humanos.

Solo hay 85 menciones en estas compulsas en las que la colaboración del empresario o empresa iba dirigido a la comisión de una grave violación a los derechos humanos. Es decir que solo en esos casos habría cómo probar que su participación fue “decisiva” en la realización del delito.

Esa reforma constitucional ahora será estudiada por la Corte Constitucional y luego desarrollada en una ley estatutaria. Los sindicatos y organizaciones de víctimas tienen sus ojos puestos en estas dos instancias para tratar de influir para garantizar que los empresarios sean obligados a contar sobre su participación en el conflicto y a pagar una pena por eso.

Pero si la experiencia internacional es un indicador para eso, el camino para lograrlo no será fácil. Así lo indica el estudio comparado “La paz, responsabilidad de todos”, publicado hace unos días por la ONG holandesa Pax sobre la responsabilidad corporativa en la justicia transicional.

Este muestra que si bien las comisiones de la verdad de los procesos de justicia transicional han arrojado bastante información sobre la complicidad de las empresas en la guerra, solo en unos pocos casos han sido juzgados, y en aún menos han sido obligados a reparar a las víctimas.

Hay varias razones para esto, pero la principal es que los gobiernos requieren del apoyo del sector privado para lograr la reconciliación después de un proceso de paz y temen poner ese respaldo en juego llevándolos a la justicia transicional. Los empresarios son claves para que el posconflicto sea un éxito o un fracaso no solo porque en gran parte lo financian vía impuestos sino por su influencia política, mediática y como generadores de posibilidades de empleo para los desmovilizados y de revitalizar las zonas golpeadas por la guerra.  

Sin el respaldo del Gobierno, las víctimas difícilmente pueden enfrentarse a los recursos y poder del empresariado. En Colombia la situación será aún más difícil porque en no pocas ocasiones los empresarios que fueron cómplices de los victimarios fueron a la vez víctimas.

Estos son 5 de los antecedentes de Justicia Transicional sobre complicidad corporativa más útiles para Colombia de acuerdo con el libro de Pax:

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