La condena a la "Mariamulata" es recibida como un golpe a la decencia en la política

Como alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo rompió varios moldes: que una mujer llegara a ese cargo y como resultado de haber ganado ella misma sus votos; que pusiera de presente que existían “dos Cartagenas” y que se la jugara de lleno por superar la pobreza; y que se enfrentara a la clase política que había saqueado la ciudad y nombrara a sus propios secretarios y no los partidos en el Concejo. 

Porque se convirtió en un símbolo, y por los múltiples y reconocidos logros que tuvo durante su administración, la condena a 12 años de prisión que le impuso ayer el Tribunal de Cartagena por la venta de un predio al Hotel Dann en 2009 fue recibida como un golpe personal por varios cartageneros. También como un mensaje disuasorio para los idealistas que trabajan o aspiran a trabajar en el sector público de la ciudad.

Las diez personas con las que hablamos sienten que, más allá de los tecnicismos del fallo, “Mariamulata”, como se le conoce a Pinedo, fue un ejemplo de decencia en la administración. Uno que contrasta con muchos de sus antecesores y sucesores que, en cambio, han corrido con mejor suerte.

“En el plano judicial confiamos en que se dirima porque relacionamos a Judith como un símbolo de decencia e identidad política”, dijo a La Silla Muriel Jiménez, historiadora e investigadora cartagenera. 

“Hay una lectura política muy delicada del asunto porque desincentiva la participación de sectores alternativos e independientes para llegar al gobierno local, un poco el mensaje es ‘si no gobiernas con las casas políticas de la ciudad te van a empapelar el resto de tu vida y van a anular tu vida pública’”.

En la misma línea, reaccionó el reconocido académico de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Pablo Abitbol, y otros tres entrevistados:

La violencia contra líderes busca amedrentar a quienes quieren generar transformaciones sociales; pero esa violencia no sólo viene de armas y panfletos, también se ejerce con la manipulación del lenguaje y del derecho. Por eso admiro la valentía de lideresas como @MariamulataCTG.

— Pablo Abitbol (@pabloabitbol) April 13, 2021

De hecho, desde el momento en que se conoció la decisión anoche, no solo todos los exfuncionarios de Pinedo sacaron un comunicado de respaldo a su gestión, sino que una petición en charge.org apoyando su inocencia ha recogido casi de dos mil firmas en menos de 24 horas.

Es que no es fácil comprender una condena de prisión de 12 años y una multa de 1.400 salarios mínimos mensuales a Pinedo porque su alcaldía, previa una autorización del Concejo de la ciudad, vendió un lote al hotel Dann en 2009, que habiendo sido escriturado como baldío en 1999 era enajenable.

El Tribunal de Cartagena, integrado por tres jueces, y con la magistrada Patricia Corrales como ponente del fallo, determinó que si bien el lote que vendió la alcaldía de Pinedo estaba escriturado como baldío, en realidad era un pedazo de playa; es decir, un bien de uso público, y que por lo tanto, ella ha debido saber que era inembargable.

Es decir, no la condena porque haya probado que se enriqueció con la transacción o que hubo un negociado en la sombra para vender más barato un bien. Sino porque confió en que habiendo sido escriturado como baldío una década antes, se podía vender y usar los ingresos para financiar los proyectos de la Alcaldía.

Los hechos del caso

La historia comienza en 1959, cuando el gobierno nacional de turno sancionó la Ley Tocaima, en virtud de la cual la Nación cedió los terrenos baldíos urbanos a los municipios y distritos donde se encontraban para que recogieran con ellos rentas.

Con base en esa ley, en 1999, el alcalde Eduardo Vizcaíno, empezó a construir un programa de baldíos para el Distrito de Cartagena, que buscaba recuperar esas zonas que no tenían dueño o que habían sido secadas.  

Para ese propósito, contrató a Dario Giovanni Torregroza, que se encargaba de identificar estos baldíos y escriturarlos a cambio de un porcentaje de lo que el Distrito recuperara.

El programa de baldíos, con el respectivo inventario incluido, fue aprobado por el Concejo de Cartagena en 2006. En ese inventario aparecía el lote que tiene ahora a la exalcaldesa tras las rejas.

Cuando Judith Pinedo llegó a la Alcaldía en 2008 -venciendo al candidato del tres veces alcalde Nicolás Curi- en el presupuesto aprobado en 2007 para ese año aparecía un rubro de 300 millones por concepto de venta de baldíos, según le contó a La Silla su secretaria jurídica de entonces Erica Martínez.

El contratista Torregroza, que venía trabajando con el Distrito desde 1992, continuó su labor con la alcaldía de Pinedo y realizó la gestión de escribirles a los hoteles que tenían baldíos adjuntos ofreciéndoles las tierras en venta. El Hotel Dann estaba interesado. Y el 23 de febrero de 2009 compró el lote de escritura pública del 8 de noviembre de 1999 por unos 207 millones de pesos.

Sin embargo, en ese lote Juan Diego Useche tenía un negocio, y cuando el Hotel Dann trató de sacarlo del terreno que había comprado, Useche puso la queja ante el Concejo. Era el caballito de batalla que estaban esperando los políticos desplazados del poder para golpear a la alcaldesa.

Y lo hicieron con fuerza.

El golpe

Durante la gestión de Pinedo, la inversión en educación en la ciudad pasó de $5.600 millones en el cuatrienio anterior a $117.000 mil millones; la pobreza se disminuyó en un 6 por ciento; el promedio de oferentes en las licitaciones se multiplicó por tres y se duplicó el número de contribuyentes; y Cartagena por primera vez logró una calificación histórica en el Índice de Desempeño Fiscal.

Sin embargo, a partir de la denuncia de Useche, políticos de la ciudad montaron una campaña masiva para denunciar que la "Mariamulata" estaba vendiendo las playas de la ciudad.  

Para eso contaron con el altavoz que les prestaron los periodistas que habían quedado huérfanos de la pauta oficial a la que estaban acostumbrados, pues la alcaldesa, como parte de un piloto de la Fundación para la Libertad de Prensa para darle mayor transparencia a la pauta oficial, había implantado unas reglas claras de asignación de la pauta que tenía enfurecidos a los medios locales que vivían de los favores del alcalde de turno.

El caso, como suele suceder, terminó en los estrados penales. 

La Procuraduría de la época del ultraconservador Alejandro Ordóñez conceptuó a favor de la muy liberal Pinedo. 

El juez de primera instancia también la absolvió a ella, a su secretaria de Hacienda y a todos los demás involucrados.  Entre otras cosas, el juez encontró que el valor acordado por el predio “fue superior a los demás avalúos de baldíos en semejantes condiciones” y que “el valor que fuera pagado superó el 15,57 % de la previsión inicial para el baldío”.

Es decir, determinó que el bien se podía vender porque estaba escriturado como baldío y que su avalúo no fue fijado para defraudar al vendedor ni existió un pacto paralelo realizado en las sombras por un valor superior.

Sin embargo, tanto Useche como víctima, como la Fiscalía apelaron la absolución. 

Y ahora, más de diez años después de los hechos, el Tribunal les dio la razón y condenó a la exalcaldesa y a su ex secretaria de Hacienda, entre otros.

Los argumentos del Tribunal

El Tribunal le dio validez a la respuesta que dio la asesora jurídica del Incoder a un derecho de petición de la víctima sobre que el terreno estaba sobre la playa. Un concepto, que según verificó el tribunal, se basó no en una revisión ocular del terreno sino en un análisis con Google Maps. 

Y también en un concepto de la Dimar, que pese a que durante diez años nunca objetó el inventario de los baldíos, conceptuó en 2009 que el lote formaba parte de la playa. Pinedo dice que lo hizo después de la transacción y la Fiscalía dice que antes tuvieron varias reuniones. 

El Tribunal no establece cuándo fue la reunión pero determina que como alcaldesa ha debido saber que se trataba de una playa y que por ende, más allá de si estaba escriturado como un baldío, no se podía vender.

También dice que “la alcaldesa tuvo que revisar el avalúo e inferir que algo no estaba bien con la injustificada devaluación que se hizo al predio”, dado que el perito de la lonja “castigó” el bien con un 75 por ciento de descuento porque estaba encerrado.

“Quien firma un documento que compromete los recursos públicos de la autoridad territorial que representa pasando por alto 1) la insostenible tesis que sustenta el programa de venta de un bien y 2) un dictamen que devalúa injustificadamente el precio y que podría generar detrimento patrimonial, no puede ser tratada como una persona que actuó guiada por el principio de confianza.

“No: la conclusión que emerge clara es que la doctora Judith del Carmen Pinedo consintió en la venta, pese a conocer el objeto ilícito, y quiso la realización de los delitos, lo que en efecto ocurrió con la inscripción de la escritura pública en febrero de 2009, que contiene el negocio jurídico suscrito por la ex burgomaestre”, dice la sentencia de 214 páginas que se leyó La Silla.

Con base en esa conclusión, el Tribunal le libró orden de captura a Pinedo, quien permanecerá presa mientras presenta una impugnación extraordinaria ante la Corte Suprema, que es la garantía de la segunda instancia que tienen los que son condenados por primera vez en una apelación.

En esto va la historia pública de quien hace una década representó la esperanza de un cambio en la triste política cartagenera.