La condena al Gobernador de Amazonas, otro golpe a Cambio Radical

La Corte Suprema de Justicia (cuestionada estos días por el denominado cartel de la toga) condenó a catorce años de prisión al gobernador de Amazonas, Manuel Carebilla (avalado por Cambio Radical), al que detuvo en abril del año pasado acusado de hechos de corrupción cuando fue representante a la Cámara entre 2006 y 2014.

Aunque la Corte había dicho que la detención de Carebilla podía extenderse otro año, de ser necesario, mientras se terminaba el juicio y se concluía si era culpable o inocente, la condena de hoy es un golpe para el partido del exvicepresidente y hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Partido que también avaló a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, que seguirá en casa por cárcel según decidió un juez ayer. 

Lo que sigue es que el presidente Santos tendrá que convocar a unas elecciones atípicas en el departamento más grande del país y mientras tanto nombrar a un encargado. 

Pedido de libertad

La defensa del gobernador Carebilla había pedido su libertad argumentando que ya había cumplido un año detenido en La Picota sin que le fuera definida su situación.

El exrepresentante fue detenido en abril de 2016, cuatro meses después de haberse posesionado en la Gobernación a donde había llegado como plan B después de que no le alcanzó en las elecciones de 2014 para seguir en la Cámara (sacó la mayor votación pero su lista, Cambio Radical, no logró la cifra repartidora).

La Corte dijo que en este caso no aplicaba el vencimiento de la medida de aseguramiento porque según una ley que aprobó el Congreso el año pasado (Ley 1786), este beneficio no cubre a ciudadanos que cometan delitos relacionados con corrupción como al parecer hizo Carebilla.

“En el caso presente es claro que tres de los delitos juzgados en este asunto –cohecho impropio, peculado por apropiación y concusión- son ilìcitos contra la administración pública, los cuales constituyen actos de corrupción”, señala el auto de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Eyder Patiño.

Los delitos que se le señalan a Carebilla tienen que ver con irregularidades en el manejo de sus unidades de trabajo legislativo cuando fue Representante a la Cámara por Amazonas (Cambio Radical) entre 2006 y 2010. 

Según la investigación Carebilla nombró entre su equipo de asesores a Amparo Ospina de Vacca y José Ramón Becerra Osorio funcionarios del Congreso que estaban a punto de pensionarse y que necesitaban registrar sueldos altos al momento de pedir la jubilación. Esas personas le habrían pagado entre 80 y 180 millones de pesos por el favor.

En el expediente también se dice que en la unidad de Carebilla trabajaban ‘funcionarios fantasma’, es decir que solo cobraban mientras otros eran los que desempeñaban las funciones.

"Trabajé unos seis meses como su conductor, cuando él fue presidente de la Comisión Cuarta. Como tengo una pequeña pensión, porque requiero diálisis de forma permanente, no podía figurar. Por eso nombramos a un amigo, pero yo era el que hacía el trabajo con una credencial que me expidieron", dijo Juan Carlos Pérez, testigo en el caso Carebilla, a la Revista Semana en 2010.

Otra denuncia dentro del expediente menciona que Carebilla les quitaba parte del sueldo a los integrantes de su UTL para poder financiar las campañas locales y otros asuntos personales.

“Carebilla Cuellar valiéndose de sus funciones efectuó solicitudes indebidas para obtener beneficios antes descritos, quienes por el temor de desvinculación de facto de la UTL, accedieron a sus requerimientos”, señala el escrito de acusación.

Estos señalamientos, soportados en testigos y pruebas documentales, Carebilla y su defensa los han negado a la espera de que el fallo les diera la razón. Noticias Uno aseguró hace unos días que el cuestionado exficsal Gustavo Moreno en algún momento defendió a Carebilla en la Corte. 

Mientras se define el caso en la Corte, al frente de la Gobernación de Amazonas continúa como encargado César Lugo (quien era el asesor jurídico de la Gobernación cuando Carebilla fue detenido).

A la administración interina le ha tocado enfrentar masivas marchas en su contra motivadas por denuncias de corrupción y el inconformismo por la falta de agua potable y un hospital de segundo nivel en Leticia. Este malestar llevó a que concejales y algunos jóvenes que promueven las marchas tuvieran que viajar hasta Bogotá a tocar las puertas del Congreso en busca de ayuda.

Estas protestas también han impulsado un proceso de revocatoria que por ahora está en la etapa de recolección de firmas.   

Esta revocatoria depende de cómo falle la Corte porque Carebilla está suspendido y no destituido (situación similar a la que vivió ‘John Calzones’ como alcalde de Yopal, Casanare).

Si es condenado se le quita la credencial y se convocan nuevas elecciones. Si el resultado es contrario el Gobernador podría regresar a su cargo.  

En medio de todo este panorama, la gobernabilidad de Amazonas, a la que el resto del país pocas bolas le ha parado, sigue dando tumbos.