La Corte Constitucional: a definir quién maneja la política minera

Este miércoles la Corte Constitucional va a discutir si sigue vigente un artículo del Código Minero y dependiendo de cómo lo haga se definirá un pulso clave para el futuro de la minería en el país.

La Corte

El artículo del Código Minero que van a estudiar impide que los concejos prohíban la minería, un tema que ya ha pasado por la Corte dos veces, y en ambas ocasiones lo ha declarado constitucional.

Sin embargo, en la decisión más reciente, en 2014, la Corte decidió que lo era con la condición de que las autoridades nacionales “acuerden” con las locales las medidas para proteger el medio ambiente cuando permitan la minería en sus territorios.

A pesar de esos antecedentes, en octubre aceptó una nueva demanda de cinco estudiantes de la clínica jurídica de la Universidad de Antioquia que le piden tumbarlo por una cuestión netamente jurídica.

Para los demandantes, el Código Minero no puede quitarle a los concejos la posibilidad de reglamentar el uso del suelo de sus municipios ni ponerle cortapisas a cómo definen los POT, que es lo que dice el artículo.

A su juicio, eso solo lo podría hacer una ley orgánica (algo que el Código no es), que solo puede ser aprobada si vota a favor la mayoría absoluta de de los senadores y de los representantes, en vez de la mayoría de los que estén presentes como en las leyes normales como el Código Minero.

El proceso ha venido avanzando y  el plazo para definirlo se vence el jueves 2 de junio, pero está en el segundo puesto del orden del día de la Sala Plena de la Corte para este miércoles. Por eso es probable que se decida ahí mismo; de no ser así, máximo se definiría la próxima semana.

La ponencia, de Alejandro Linares, dice que el artículo sí es constitucional, con las mismas condiciones que impuso la decisión de 2014.

Pero, según supo la Silla, por ahora solo parece tener el apoyo de Luis Guillermo Guerrero, y posiblemente de Gabriel Mendoza y Jorge Pretelt. Es decir, del minoritario bloque conservador.

En cambio, los demás magistrados parecen estar en contra de la posición de Linares, con lo que repetirían la mayoría que se impuso en la decisión de febrero en la que la Corte tumbó seis artículos del Plan Nacional de Desarrollo y le quitó autonomía al Gobierno Nacional para definir la política minera.

Se da por descontada la posición de dos de ellos, María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas, que salvaron su voto en la sentencia de 2014 porque a su juicio el artículo es inconstitucional porque los concejos sí tienen la potestad de prohibir la minería.

Otros dos, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas, aclararon en esa ocasión que “ la Corte debió acordarle un mayor ámbito regulatorio a las autoridades municipales”, lo que abre la puerta para que se opongan a la ponencia de Linares.

Y hay un dato más que da fuerza a esa posibilidad. A la Academia Colombiana de Jurisprudencia le pidieron su concepto y está de acuerdo con la posición de esa mayoría. eso tiene un peso porque, de los conceptos que llegaron a la corte, es el único de una entidad que no tiene velas en el entierro.

Con una argumentación estrictamente jurídica, el concepto que envió a su nombre uno de sus miembros, Gabriel de Vega, señala que los demandantes tienen razón.

Por eso, y porque el precedente de esa sentencia va en favor de la autonomía de los municipios para definir cómo se usa su suelo, lo más probable es que la Corte esta vez sí tumbe el artículo, y así le de a los concejos un derecho de veto a la minería en sus territorios.

Lo que puede pasar

Si la Corte se pronuncia a favor, le abriría la puerta a las comunidades para que puedan decirle no a la minería justamente cuando hay un movimiento social en contra de ella y una presión por realizar consultas ciudadanas locales para decidir si se permite la explotación.

Las comunidades de estas zonas que abogan por mayor autonomía municipal dicen que dado que ellos son los que tienen que padecer los efectos de la minería, ellos deberían ser los que decidan si les conviene que se hagan los megaproyectos allí o no.

“Lo que siempre hemos querido es que las comunidades y los municipios tengan capacidad de decisión sobre su territorio. Es lo mínimo, sin decir que eso implique desconocer al gobierno. Si la Corte lo tumba, sería una victoria en ese sentido”, le dijo a La Silla Diana Rodríguez, investigadora principal de DeJusticia.

La primera consulta popular fue en el municipio de Piedras, en Tolima, donde la comunidad votó rechazando la minería, al igual que en Tauramena, Casanare. Y está por ocurrir una en Ibagué, donde el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, logró que el Concejo aprobara una consulta popular que está a punto de poner a votar a su ciudad, el próximo 5 de junio, para prohibir la minería.

Justamente el caso de Ibagué muestra por qué el fallo de la Corte podría ser tan trascendental: como esa decisión ya no se tendría que someter a consulta popular porque la podría tomar por mayoría el concejo del municipio, en Ibagué seguramente ya estaría prohibida la minería.

En todo caso, ese ambientalismo de base no es nuevo. En ciudades grandes como Bucaramanga, en 2011 el acueducto de la ciudad presionó y presentó un estudio en el que decían que hacer minería a cielo abierto contaminaría el agua. A ellos se sumaron ambientalistas como Jorge William Sánchez y siete Ongs ambientalistas, que a punta de Facebook, correos y videos lograron volver Santurbán un debate nacional.

Ese efecto se podría sentir más en los lugares que, como Bogotá, tengan que revisar el POT este año o el próximo, porque en ese documento es donde se define el uso del suelo.

Las consecuencias para el negocio

Si se decide que el epicentro del poder sobre la minería ahora será local, esto cambiaría sustancialmente el negocio para los inversionistas mineros, pues uno de los elementos para éstos es conocer quién toma las decisiones clave para cada proyecto, y eso cambiaría.

El primer impacto es que las grandes mineras ya no harían el lobby en Bogotá donde los argumentos técnicos y las relaciones sociales pueden primar sino en los municipios, donde en muchos casos el músculo técnico es menor, la institucionalidad es muy débil y fácilmente cooptable por los  mineros y la opinión de los ciudadanos podría contar más porque el futuro político de los concejales depende de sus votos.

También porque la minería no es solo la mina, y un Concejo que la prohíba puede afectar otras actividades. Como nos decía un ejecutivo de ese sector: “hay todo un encadenamiento productivo detrás, que va desde la mina en sí, hasta el campamento, el sistema de distribución, etc. Entonces si prohíben la minería en Santa Marta, ¿cierran el puerto?”

Otro argumento de ese sector es que así un pueblo prohíba la minería, el oro o el coltán sigue ahí y pueden llegar grupos armados a explotarlos de forma ilegal, lo que deterioraría más el medio ambiente, además de la seguridad y las finanzas del Estado porque no pagan regalías ni impuestos. 

“¿Usted cree que los ilegales no van a ir a aprovecharlo? El alcalde puede decir misa pero ellos se lo pasan por encima”, dice un ejecutivo del sector.

En todo caso, si la Corte llega a tumbar el artículo es un No que se sumaría a una ola que gana cada vez más fuerza. 

Y la nación, ahí

Sea cual sea la decisión de la Corte, no eliminaría toda la tensión sobre qué debe primar: si la definición de cómo usar el suelo, que es responsabilidad de los concejos, o la explotación del subsuelo, que está a cargo de la Nación.

Justamente, la Nación seguiría otorgando títulos mineros a través de la Agencia Nacional de Minería y licencias ambientales a través de la Anla, por lo que no pierde todo su poder. A pesar de los activistas ambientales, es poco probable que municipios que viven de la minería como Marmato y Frontino en Caldas, quieran prohibir la minería. 

Por eso, la Nación seguirá presente en los temas mineros y seguirá obligada a coordinar con los concejos cuando haya minería. 

El problema es que hasta ahora esa concertación, que ya es obligatoria, no ha funcionado del todo.

Prueba de eso es lo que pasa ahora en Salento con el Valle del Cocora, donde la Nación entregó más de tres mil títulos mineros y, aunque no hay permiso para explotarlos, la personera del municipio, Tatiana Herrera, está movilizando gente para que no se permita. 

“Ellos dicen una cosa en las mesas  y otra en los anuncios”, le dijo Herrera a La Silla. 

“Yo siento que ahora hay más conciencia, más apoyo entre la gente sobre el medio ambiente y es impresionante como se nos han sumado personas”, agregó. 

Esa situación, o la de Hupecol en La Macarena, demuestran que a pesar de que hubo concertación, la gente terminó saliendo a protestar. 

“La Corte nunca nos dio luces sobre cómo cumplir esa condición de concertar y nosotros lo hemos hecho como hemos podido. No hay un solo título en este país que no pase por mesas regionales, de manera que no sé cómo le van a sacar más jugo a ese artículo,” explicó Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

Aún no es claro si la Corte va a profundizar en este punto, sea cual sea su decisión, pero los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio han pedido que se establezcan reglas más claras para definir cómo se deberían hacer esas concertaciones y por eso, es posible que esta vez eso se haga. 

Y es que, aún si la Corte le da el poder a los concejos, si regula de forma más clara la concertación de la minería puede ayudar a organizar todo el sector. Todo eso está en juego y se sabrá mañana quién gana y quién pierde.