La Corte pone a la minería a mirar al petróleo

Con su decisión de revocar las áreas estratégicas mineras en las que no se hizo consulta previa, la Corte Constitucional reiteró que en Colombia la minería se debe hacer en concertación con los municipios y las comunidades afro e indígenas de las zonas afectadas. Eso significa que un sector que está golpeado por la caída en los precios internacionales de sus productos y la competencia de la minería ilegal, ahora tendrá que cumplir con más requisitos.  Aunque como dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, esos mensajes de la Corte “marchitan la inversión porque están cambiando las reglas de juego a cada rato”, también puede ser la oportunidad para que el sector suba sus estándares y se parezca, cada vez más, al del petróleo.

La Corte tira línea

En febrero la Corte Constitucional tumbó varios artículos del Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos y empezó a mover el eje de la política minera hacia los municipios.

Lo confirmó en mayo, al permitirle a los concejos municipales prohibir la minería en sus territorios.

Y lo reconfirmó la semana pasada, cuando revocó las decisiones de 2012 por las que el ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera declararon como áreas estratégicas mineras a decenas de áreas con alto potencial de minería de oro, hierro, coltán, uranio y platino. Eran tan grandes que sumaban el 20,3 de la superficie del país y quedaban en 20 departamentos.

La Corte tumbó la declaratoria de esas áreas porque el Gobierno no les consultó previamente esa decisión a las comunidades afros e indígenas que viven en ellas. Pero mantuvo viva la figura, por lo que el Gobierno puede crear unas nuevas áreas después de hacer las consultas previas.

Esa decisión de la Corte le da más poder a las comunidades afro e indígenas que vivan en las zonas de potencial minero, pues ahora el Gobierno tiene que consultarlas antes de buscar inversionistas que quieran meterse a buscar minerales. Es decir, desde el principio de un proceso largo, y no cuando ya hay una empresa en la zona, con capacidad e interés de que la consulta salga a favor de la minería.

Con todas estas decisiones la Corte está moldeando toda la política minera.

“El mensaje es que la minería tiene que tener concertación con las comunidades y que ya no es un monopolio del Gobierno. Tiene que hacerse con el visto bueno de los municipios”, explica un magistrado de la Corte.

Según esa fuente, la Corte sustenta sus decisiones en tres grandes argumentos: reforzar la autonomía territorial para que los municipios participen en decisiones que los afectan; darle primacía al medio ambiente sobre otros factores como la generación de empleo o la plata que puede mover el sector; y proteger el derecho a la consulta previa.

Estas decisiones de la Corte tienen golpeado al sector y divididos a los expertos que lo conocen por dentro.

Las caras largas de los mineros

A a los ojos de los mineros de empresas grandes estas decisiones son cambios en las reglas de juego que hacen que cada vez sea más difícil hacer minería en Colombia.

“El problema central es que con esas decisiones se espanta a los que quieren hacer las cosas bien, porque les cambian a cada rato las pautas. Y como los ilegales no necesitan pautas de nada, pues les da vía libre para que se queden ya no con una parte, sino con todo el negocio”, le dijo a La Silla un exfuncionario del Gobierno.

“Si a mi un genio me diera un deseo sería que la Corte se vaya a hacer audiencias públicas en los territorios y se de cuenta de todo el mapa, para que no fallen en abstracto”, dijo. “La política pública la están haciendo los jueces cuando en la Corte, y lo digo por experiencia propia, uno no arranca de cero sino en negativo cuando se trata de hablar de minería”.

Un ejecutivo del sector minero es aún más radical, por lo que nos pidió no ser citado para que su empresa no tenga problemas con el Gobierno: “La política minera se está haciendo a machetazos. Es mejor que digan que no quieren que se haga minería y ya. Las empresas se ahorran plata y tiempo.”

“Así el Gobierno nos diga que va a haber seguridad jurídica, las decisiones de la Corte le muestran a uno que no. Que hoy dicen algo y mañana otra cosa”, le dijo a La Silla Juan Manuel Charry, abogado de Anglo Gold Ashanti en el caso de Piedras, Tolima.

Para Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, hacer proyectos mineros es cada vez más complicado. “Un título minero es un matrimonio a treinta años con el país. Y si en esos treinta años le cambian a uno las reglas a cada rato ¿cómo quieren que las empresas se queden e inviertan?”.

Según el último informe de la ACM, de 2015 a 2016, la actividad minera cayó en un 66 por ciento. Eso, de acuerdo con Ángel, tiene que ver con la inestabilidad jurídica.

“Explorar es carísimo. Se puede gastar solo en ese paso, cuando apenas se tantea el terreno, 200 millones de dólares. Súmele que usted lleva años peleando con distintos gobiernos para que las reglas sean las mismas y de un momento a otro se las cambian”, le dijo a La Silla José Manuel Linares, presidente de Drummond.

Por eso, entre las empresas mineras ya se volvió común hablar del “efecto dominó” de las decisiones jurídicas, ya que dicen que no solo se afectan la minería que más suena, como la de oro o la de carbón, sino otras como la extracción de arenas y gravillas para la construcción.

“Como cada vez es más difícil para el sector que le den permisos para hacer lo que sabe, eso va a hacer que mucha gente se quede sin trabajo”, agregó Ángel. “Esa foto, la de mañana, es la que más me preocupa.”

El reto

Por otro lado, entre académicos y funcionarios hay quienes creen que estas decisiones obligarán a que el sector suba sus estándares y se parezca más al del petróleo. 

Hoy, para tener una mina legal en Colombia, lo más importante no es tener lista la plata o el conocimiento técnico para explotarla, sino avisparse.

El procedimiento consiste en que una persona o una empresa debe pedirle al Estado que le conceda un título minero. Basta con que cumpla algunos requisitos básicos y formales y que sea el primero en pedir explotar una zona, pues aplica el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”. El papel del Estado se limita a ser un señor que está en una ventanilla y recibe los los documentos de las personas que llegan a pedirle algo. Solo decide si los documentos están en regla, y sí lo están les entrega un título. 

Con el petróleo el Estado tiene que trabajar mucho más, pero también puede obtener mucha más plata de los privados. Allí el Estado es un señor que se remanga a hacer un trabajo para atraer clientes, tomando decisiones estratégicas como qué zonas ofrece y cuándo, éxigiéndoles requisitos a los interesados en quedarse con ellas y armando una subasta entre ellos, conocidas como “rondas”. 

Eso significa un proceso largo: primero el Servicio Geológico Colombiano dice cuáles son las áreas claves de explotación de hidrocarburos. Con ese mapa claro, el Gobierno adelanta consultas previas con los indígenas y afros que vivan en los territorios que le interesa ofrecer a los privados y solo después de eso abre la ronda.

“El sector petrolero es mucho más organizado que el minero. Lo que pasa es que son de naturalezas distintas y lo ideal es que el minero caminara hacia allá, aunque sea más difícil”, le dijo a La Silla un exfuncionario del Gobierno. 

De hecho, desde que Santos llegó a la Presidencia el Gobierno ha venido avanzando en ese frente. 

“El gobierno ha progresado mucho en que el sector funcione mejor. Pero es que en este momento el que manda la parada es el poder judicial”, le dijo a La Silla León Taicher, presidente ejecutivo de la Continental Gold en Colombia y miembro del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (Gdiam). 

Para eso creó en 2011 la Agencia Nacional de Minería, imitando la Agencia Nacional de Hidrocarburos que creó el gobierno de Álvaro Uribe en 2007, y se inventó las áreas estratégicas mineras, para poder hacer rondas - pero solo para algunas zonas y no para todo el país, como funciona en el sector de hidrocarburos. 

Pero le sigue faltando lo más básico: sacar la ley de consulta previa. 

Además, aunque el Gobierno inicialmente congeló la entrega de títulos mineros, a partir del "decreto navideño" del 23 de diciembre de 2014, volvieron a entregarlos y ahora tienen un montón represados.

Por esos dos motivos, al sector minero le falta camino por andar para ponerse al nivel del de hidrocarburos.

Por ejemplo, la Agencia Nacional Minera es la hermana pobre: hoy tiene un presupuesto de 44.648 millones de pesos, mientras el de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es casi quince veces eso (tiene un presupuesto de 678 mil millones). 

En Dejusticia, el tanque de pensamiento que ha liderado debates de largo aliento sobre el tema ambiental como el de la consulta antiminera en Ibagué, también defienden la idea de que la minería se va tener que parecer cada vez más al sector petrolero. 

Según Diana Rodríguez, investigadora que lidera el área, lo ideal sería aprovechar las zonas de reserva estratégica minera para aplicarlas a todo el país. Así al final el Estado recibiría más recursos, pues las empresas llegarían a competir entre sí por las áreas, y los mineros tendrían más seguridad jurídica porque solo se meterían al negocio después de que las zonas tuvieran solucionados los procesos de consulta con municipios y comunidades.
 
“Eso le da la seguridad jurídica a las empresas porque ya sabrían dónde sí y dónde no poner los ojos y el Gobierno no sale a ofertar a los interesados la posibilidad de explotar la tierra sin haber hablado antes con la gente y se ahorra un mundo de demandas por incumplir”, dice Rodríguez. 

Aún si eso se logra, queda la pregunta que quizás sea la más grande: cómo hacer para que los estándares más altos que crea la Corte a las mineras legales no termine con éstas abandonando el terreno en manos de la minería ilegal, a la que no se le aplica esos estándares.