La Corte zanja la pelea por la tierra entre indígenas y campesinos

La semana pasada la Corte Constitucional sacó una importante sentencia que tiene la posibilidad de matar dos pájaros de un tiro: desentrabar la creación de las Zonas de Reserva Campesina y al mismo tiempo zanjar definitivamente la pelea que han mantenido en muchas zonas los campesinos y los indígenas por la tierra, un pulso que con el Acuerdo de Paz podría agudizarse.

La tutela que falló la Corte no tenía una respuesta fácil. Tanto las comunidades indígenas como las campesinas tienen una protección constitucional especial y no había precedentes en este caso. En cambio, de todo el país han llegado 29 solicitudes a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para que declare zonas de reserva campesina.  Como en varias de ellas el principal problema está en que comparten territorio con indígenas, había gran expectativa sobre la decisión.  Ahora este precedente fija un norte para otras pujas similares.   

El caso Barí

El pulso entre los indígenas y los campesinos en el Catatumbo inició en 2011, cuando la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, manifestó su intención de crear su propia zona de reserva y firmó un convenio para arrancar ese proceso con el liquidado Incoder. 

Desde ese entonces los Barí, que tienen los resguardos Motilón y Catalaura en los que viven unos 4 mil indígenas en varios municipios del Catatumbo, encendieron sus alarmas.

La razón es que ellos solo tienen reconocido parte de su territorio y desde 2005 han buscado sin éxito que el Gobierno se los amplíe y defina los nuevos linderos .

Así que si el Estado le daba luz verde a a la Zona de Reserva Campesina de Ascamcat, que pide una parte del territorio que los Barí consideran que les pertenece, se quedaban sin herramientas para obtener su ampliación.

Aunque en 2012 hubo reuniones entre campesinos e indígenas en las que Ascamcat dejó constancia de que no pediría ninguna porción del territorio Barí actual ni del que estaban esperando que el Incoder les reconociera, las conversaciones no fueron fructíferas.

Los indígenas se terminaron retirando de la mesa porque Ascamcat continuó con los trámites de la zona de reserva sin pedirles la consulta previa, y eso reforzó la idea de que con la zona les quitarían parte de su territorio.

La pelea se atizó a inicios de 2014. Entre los Barí se filtró la noticia que el Incoder estaba a punto de conceder la zona de reserva, y a raíz de eso pusieron una tutela. Aunque ésta fue fallada en su contra en dos instancias, la Corte Constitucional la seleccionó para revisarla a finales de ese año. Ese es el fallo que se conoció hace unos días.

La Corte le concedió la razón a los indígenas y dejó claro que el Incoder, ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT), le violó los derechos a esa tribu al no haberle respondido su solicitud de ampliación y de delimitación del resguardo; además consideró, que las demoras afectaron a Ascamcat porque sin esa información a esa organización se le diluyó el proceso para la zona de reserva.

En el fallo, ese tribunal le dio un año a la ANT para hacer efectiva la delimitación.  

Además. la Corte aclaró que para que las zonas de reserva se puedan constituir primero deben cumplirse todos los trámites de delimitación de los territorios indígenas.

Con eso, los indígenas garantizan que se aplique la consulta previa cuando exista un conflicto sobre el territorio, porque en cualquier caso lo primero que deben resolverles son los linderos del resguardo. 

Esa decisión también destraba las peticiones de constitución de zonas de reserva campesina en todo el país, porque muchas, así como en Inzá, Cauca o en el Catatumbo, estaban frenadas por falta de lineamientos claros para seguir el trámite en zonas donde estaban enfrentados indígenas y campesinos

Con la secuencia en el procedimiento clara, ahora vienen los problemas prácticos.

El primero es que la caracterización y delimitación de los resguardos es un proceso complejo y costoso.

Solo en el caso del Catatumbo terminar con la delimitación de los Barí (cerca de 216 mil hectáreas) costaría alrededor de $6 mil millones y la ANT ha dicho que no tiene muchos recursos para cumplir con esa tarea.

A eso se le suma el que la presencia de grupos armados y la existencia de cultivos ilícitos ha impedido que el Estado compre terrenos para devolverlos a los indígenas, por lo que las solicitudes de ampliación de los resguardos tiene que superar problemas que van más allá de la simple delimitación. 

Pero, por lo menos, con el fallo de la Corte comienza a darse el primer paso en un conflicto que tiene una larga historia, así haya pasado bajo el radar de los medios nacionales.

El enredo

Desde que en los años noventa empezaron a crearse las Zonas de Reserva Campesina, una figura que permite a los campesinos organizarse territorialmente para privilegiar el desarrollo agrícola y evitar la entrada de grandes empresas sobre todo extractivas, nació un pulso entre indígenas y campesinos por el control de territorios, usualmente muy apartados.

La pelea radica en que los dos sectores reclaman derechos sobre la tierra que comparten y, mientras que las etnias quieren conservar su tierra virgen, los campesinos quieren que el Estado llegue con inversión y garantice la ejecución de sus planes agrícolas.

En 2014, la Corte Constitucional dijo que en los resguardos indígenas debía operar la consulta previa antes de crear una zona de reserva, pero en la práctica esa decisión se ha implementado muy poco.

Por un lado, porque muchos de los resguardos no están completamente delimitados y sus autoridades quieren ampliarlos; por otro, porque los campesinos dicen que tienen pretensiones legítimas porque las zonas de reserva -al igual que los resguardos- están amparados por la ley.. 

El limbo

Si bien el nuevo fallo de la Corte traza una hoja de ruta y un cronograma que le conviene tanto a los campesinos como a los indígenas, queda una zona gris en el limbo: la de los campesinos que colonizaron desde hace décadas los territorios indígenas y lo que pasaría con ellos una vez redelimiten los resguardos. 

La discusión tiene tanto de largo como de ancho. 

Solo en el Catatumbo, Ascamcat habla de 10 mil campesinos que estarían distribuidos en esa zona gris, que contempla cinco municipios de esa región; y la cifra se multiplica en el resto del país donde existe el mismo conflicto.

Para llegar a una solución, desde la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, han propuesto la implementación de unas "zonas de interculturalidad", que mantengan esas zonas grises como un territorio neutral entre campesinos e indígenas.

La idea puede funcionar porque en esos territorios, campesinos e indígenas comparten desde métodos de transport, hasta escuelas; sin embargo, no hay nada que las regule por lo que si las dos partes no tienen la voluntad de ceder, las disputas pueden aumentar.

Por ahora en el Catatumbo, lo que Ascamcat está pidiendo es que se declare la zona de reserva en un área más pequeña en Tibú, que no se cruza en ningún punto con el resguardo Barí ni con ninguno de los terrenos que esa tribu reclama. 

“Lo que ha faltado para que la zona sea una realidad es voluntad política”, le dijo a La Silla César Jerez, dirigente de Anzorc.

La coyuntura para las organizaciones campesinas está dada en que como lo ha contado La Silla, con la implementación de los acuerdos de La Habana, esa figura tomó el impulso que estaba esperando desde hace 20 años, y si se cumple lo pactado les llegarán recursos para la implementación de sus propios planes de desarrollo.

El fallo de la Corte dijo que después del año que deberá tomar la ANT para delimitar el resguardo de los Barí, en caso de que se necesite consulta previa para la destrabar la zona de reserva campesina del Catatumbo, ese trámite deberá resolverse en los siguientes cuatro meses.

Solo hasta entonces se sabrá si el Estado fue capaz de responder al fallo, y si en la práctica, sirvió para resolver el conflicto entre indígenas y campesinos por el aterrizaje de una figura ligada a la paz.