La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
La decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de cerrar la frontera en Cúcuta y expulsar a más de mil colombianos de la frontera se ha tomado todas las noticias en el país y ha llevado a que se pronuncien todos los principales actores políticos de Colombia. En cambio, en Cúcuta el cierre y la expulsión son vistos como un problema menor, apenas la punta de un iceberg mucho más complejo y que nadie ha querido enfrentar.
La crisis en la frontera, más politizada en el interior que en Cúcuta
Frontera entre Cúcuta y Venezuela
La decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de cerrar la frontera en Cúcuta y expulsar a más de mil colombianos de la frontera se ha tomado la primera plana de las noticias en el país y ha llevado a que se pronuncien los principales actores políticos de Colombia. En cambio, en Norte de Santander, el epicentro de todo esto, el cierre y la expulsión son vistos como un problema menor, apenas la punta de un iceberg mucho más complejo y que nadie ha querido enfrentar.
En Cúcuta la crisis de la frontera no ha movido las elecciones: a la gobernación sigue siendo archifavorito el ex gobernador William Villamizar, avalado por La U y amigo personal y padrino político del actual gobernador, Édgar Díaz.
Villamizar, sin hacer grandes pronunciamientos sobre la crisis de la frontera ni convertirla en una bandera de campaña, sigue adelante en las encuestas y, según varios periodistas del departamento, no tiene rivales.
La candidata uribista, Milla Patricia Romero, sí ha aprovechado el papayazo. Pero, hasta ahora y según todas una docena de fuentes consultadas en Cúcuta, eso no ha impactado la campaña a la Gobernación.
Para la alcaldía de Cúcuta, la ciudad que seguramente va a recibir a los deportados, hay dos candidatos muy fuertes, Jorge Acevedo (de Cambio Radical y con apoyo del uribismo) y César Rojas (de Opción Ciudadana y con el apoyo del ex alcalde condenado por homicidio, Ramiro Suárez Corzo). El tercero es el liberal César Luna, quien tiene el apoyo del senador Andrés Cristo (hermano del ministro del Interior Juan Fernando Cristo).
Ellos tampoco han convertido la crisis de la frontera en tema central de la campaña. Acevedo, por ejemplo, ha venido haciendo recorridos en los barrios y agitando banderas como la competitividad, la educación y -sobre todo- la seguridad. Rojas también anda de barrio en barrio, haciendo bazares y jornadas de integración que incluyen sancocho para los asistentes. Y Luna hace lo mismo con propuestas para generar empleo y reactivar la economía de la ciudad.
En suma, la campaña sigue los caminos que han funcionado recientemente en la ciudad, y que son las reuniones con comida y regalos en barrios populares. Y propuestas vinculadas a los problemas más graves como el desempleo y la inseguridad, y no a los de la frontera.
Por eso, gestos como la carta pública de Rojas pidiendo apoyo a Juan Manuel Santos para enfrentar la crisis o la solicitud de Luna de que el Gobierno cree una exención de IVA en la ciudad hasta diciembre son marginales en la campaña.
En Bogotá todos se mueven
En contraste con lo que pasa en Cúcuta, en el resto del país el asunto ha sido objeto del pronunciamiento de todos los políticos claves.
Quien lo ha hecho con más ímpetu es el ex presidente Álvaro Uribe, permanente crítico del régimen chavista y quien fue a la frontera de Norte de Santander el martes pasado y pasó por un supermercado para comprar mercados para los deportados. Y hoy volvió a la frontera, esta vez en La Guajira.
El martes pasado el Procurador Alejandro Ordóñez, quien como Uribe está en las antípodas ideológicas de Maduro, le pidió a Santos denunciar a Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque, a su juicio, el gobierno venezolano violó los derechos humanos de los deportados.
Pero no solo la derecha se ha pronunciado: Clara López firmó una carta pública en la que “condena de la manera más enérgica la deportación indiscriminada y la violación de los derechos humanos a que las autoridades del vecino país han sometido a humildes familias colombianas””
Y el viernes el senador liberal Horacio Serpa, de tendencia socialdemócrata y en una reunión de la Internacional Socialista, se mostró muy distante al gobierno venezolano y dijo “a Maduro hay que darle duro” .
Incluso, la semana pasada ocurrió un hecho inédito en la historia reciente: todos los partidos se pusieron de acuerdo en algo y firmaron una carta de rechazo a las medidas de Maduro.
Y el asunto ya pasó a convertirse en bandera electoral: en Bogotá el candidato uribista ‘Pacho’ Santos ya anunció que va a sacar una valla en la que dice que un voto por él es un voto contra Maduro, aprovechando que su partido ha sido permanente crítico del régimen venezolano y buscando capitalizar electoralmente la crisis.
Esa importancia se ha retroalimentado del despliegue que ha ganado el tema en la agenda nacional: los periódicos, emisoras y noticieros han hecho una cobertura a fondo, con equipos redactando o filmando desde la frontera y permanentes titulares sobre el tema. Incluso, la revista Semana tituló ayer “Señor Maduro: ¡Colombia se respeta!”.
El lío de fondo
Para los cucuteños, el problema de fondo es el contrabando. “El problema igual será a largo plazo, cuando ya pase el furor mediático y toda esta gente quede aquí cesante, sin trabajo y sin cómo vivir del contrabando”, dice un periodista cucuteño.
Sobre el contrabando, hasta ahora no hay mayor debate público ni grandes anuncios. "De la lucha contra las drogas podemos obtener muchas lecciones aprendidas para luchar contra el contrabando, una de ellas es que apuntarle a los eslabones más débiles es más costoso y menos efectivo", dice el experto Daniel Mauricio Rico. "Y aunque la reciente ley anticontrabando avanza en algo en este sentido, todavía hay muchos otros elementos de política criminal que se deben armonizar para tener una verdadera aproximación contra los eslabones superiores".
En cambio las depiortaciones, que fueron uno de los fulminantes de la indignación nacional, no son cosa nueva para quienes viven en la frontera.
El gobierno de Maduro viene expulsando colombianos de forma sistemática y colectiva desde hace varios meses: entre fines de diciembre e inicios de enero fueron expulsados varios centenares y en marzo fueron 171 en solo dos días. A diferencia de los de la crisis actual, estos no venían necesariamente de la zona fronteriza y no hubo destrucción de casas, pero tampoco pudieron salir con sus pertencncias ni con sus familiares.
En total, en 2014 las autoridades venezolanas deportaron a 1.772 colombianos, según dijo en marzo la senadora uribista Paola Holguín. Por eso, los más o menos seis mil que han salido en estos últimos días sí son un incremento muy importante, pero que sigue siendo marginal en un área metropolitana que tiene unos 800 mil habitantes.
Además, dos periodistas y un miembro de la cooperación internacional, todos de Cúcuta, le dijeron a La Silla que lo más probable es que buena parte de los deportados tras el cierre de la frontera estaban vinculados al contrabando y a otras actividades ilegales.
Algunos periodistas, además, dicen que la mayoría de los deportados podían vivir del contrabando pero que esa situación es habitual en toda la zona de la frontera.
Y aunque todos los consultados están de acuerdo en que la respuesta de Maduro ha sido inhumana, también coinciden en que responde a unos problemas reales, estructurales y que nadie ha enfrentado.
Al final, lo que en el interior parece un tema de trascendencia nacional, para muchos en la frontera es un drama que oculta el problema de fondo. “Mientras el diferencial cambiario se mantenga, haya tráfico de drogas de acá para allá, y allá haya subsidios enormes a productos como los alimentos y la gasolina, el problema se mantendrá” dice un periodista cucuteño.
