La difícil reconciliación de Argos con Montes de María

Foto tomada de www.argos.co

Ahora que los empresarios han decidido asumir un rol más activo frente a la paz, el caso del Grupo Argos muestra los desafíos que enfrentan las compañías que crecieron su capital en los lugares donde se vivió el conflicto.  

Desde que inició la Ley de Restitución de tierras en 2012, varias familias desplazadas de Montes de María han exigido de vuelta las tierras que tiene esta empresa del Grupo Empresarial Antioqueño. Argos decidió invertir en la agroindustria hace varios años y hoy en día tiene alrededor de 10 mil hectáreas de tierra en distintos municipios destinados a la producción de teca, una madera preciosa que exporta a India y de acuerdo a su página web, exporta más de 40 mil toneladas de esta madera al año.

Parte de esas tierras con teca están en dos municipios de Montes de María -San Onofre y Carmen de Bolívar- donde se dió una venta irregular de tierras (ver historia). Cementos Argos ha escogido estrategias muy distintas para abordar las reclamaciones, porque considera que se trata de dos situaciones muy diferentes.

En San Onofre, Argos se ha opuesto a los reclamantes con todo su poder. Dice que los que están reclamando las tierras fueron quienes se las vendieron y quienes las tuvieron en su poder durante varias décadas. Argos considera que son falsos reclamantes y así quiere que la justicia los considere también. Para conseguirlo ha buscado el apoyo del presidente Juan Manuel Santos; de abogados como el penalista Ramiro Bejarano y del general retirado de la Infantería de Marina Rafael Colón (hoy director del programa de lucha contra las minas antipersonal).

En cambio, en Carmen de Bolívar, Argos ha optado por no oponerse al proceso de restitución porque dice que compró las tierras a intermediarios y sin saber exactamente quiénes eran los dueños originales de las tierras. Allí, Argos espera que los jueces fallen demostrando la “buena fe” de la empresa: que se diga que la empresa quizás tiene tierras de desplazados, pero que las adquirió sin saberlo  

“Cómo se fallen los procesos de restitución en los dos municipios no es solo un tema de plata, sino que determinará cómo seremos vistos nacional e internacionalmente”, dijo a La Silla Sergio Osorio, el vicepresidente administrativo de Argos. “Esto es un tema de principios”.

Pero para muchos desplazados de Montes de María, este es un tema de justicia.  “Las víctimas quieren ver fallos contra Argos”, le dijo a La Silla Alvaro Tapia, director de la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras en el Carmen de Bolívar.

La forma como Argos ha encarado ambos procesos muestra las dos caras del desafío que enfrentan empresas con historias conflictivas en el territorio en su camino hacia la reconciliación, en las que a veces no basta para recomponer la relación con la comunidad hacer una cuantiosa inversión social si no se encara de frente el ‘pecado original’ relacionado con la tierra.

La propuesta de reconciliación del Carmen

Ahora con la negociación en La Habana, se ha puesto sobre el tapete la idea de la ‘responsabilidad de terceros civiles’. Los estándares internacionales determinan que civiles como las empresas que participaron directamente en el conflicto deben reparar a las víctimas; los que contribuyeron al conflicto de manera indirecta deben ejercer influencia para que los perpetradores reparen; y los que se vieron involucrados o se beneficiaron pero sin causar un daño, no tienen que hacer nada.

Argos cabría dentro de la tercera categoría. No fue perpetrador; no empujo a los paras para que desplazaran a la gente; pero sí compró tierras de gente que vendió desesperada y agobiada por el conflicto armado.

Movida por razones de sostenibilidad porque el negocio de teca no resultó tan rentable, pero también con el ánimo de contribuir a la reconciliación de la zona, como contó La Silla, Argos decidió crear la fundación Crecer en Paz el año pasado.

En ella están varias personas con trayectoria en fundaciones (Soraya Montoya de la Saldarriaga Concha, Roberto Pizarro de la Carvajal y Claudia García de la de Semana), la ex vice de educación Roxana Segovia, el padre Rafael Castillo (que dirigió durante años la Fundación de Paz Montes de María y ayudó a cientos de familias campesinas víctimas de la guerrilla y los paramilitares durante el pico de la violencia), el abogado Martín Carrizosa y la experta en derechos humanos y empresa Alexandra Guáqueta (ahora pieza clave del equipo del posconflicto de Rafael Pardo). 

Argos donó 6.600 hectáreas a la Fundación Crecer en Paz y dispuso de otros 18 mil millones de pesos para una donación total de casi 50 mil millones de pesos para proyectos agrícolas inclusivos: proyectos en los que los campesinos participan como trabajadores, las empresas como comercializadoras y la Fundación como puente entre los dos. Por ejemplo: que los campesinos siembren frutas y la Fundación les ayude a comercializarlas con Postobón.

“Debemos comenzar a sembrar pequeñas semillas, semillas para una nueva humanidad,” dijo en julio el Padre Rafael Castillo en un evento organizado por Crecer en Paz en Carmen de Bolívar. Unas 150 personas, la mayoría campesinos, lo escuchaban ese día en una sala de conferencias en el centro del Carmen. “Queremos acoger el llamado del Papa Francisco, que nos dice que el grito de la tierra es el grito de los pobres,” añadió.

El sermón de Padre Castillo esa mañana no estaba tan enfocado en la Biblia como en promover la agenda de la Fundación.

“¿Qué queremos llevar nosotros al territorio? Un gesto amistoso,” dijo el Padre.

El Padre Castillo, al igual que el padre jesuita Francisco de Roux que asesora de manera pro bono a esta Fundación, ve esta iniciativa de negocios inclusivos como una semilla de reconciliación. “Creo que esto es importantísimo para el país. Montes de María tiene futuro si se construye con todos,” dijo De Roux, que también estaba presente en la reunión del Carmen.

Varios campesinos, presentes en la reunión, fueron menos entusiastas. Una parte de las 6600 hectáreas de tierras ofrecidas, 800 hectáreas, están en proceso de restitución. Están actualmente siendo reclamadas por familias desplazadas y esta iniciativa puede terminar poniendo en contra a los desplazados (o reclamantes) contra los segundos ocupantes que escoja Argos para estos proyectos productivos.

Además, muchos campesinos con los que habló La Silla no les gusta el hecho de que no van a poder ser titulares de la tierra que trabajan ni tampoco decidir qué se siembra en ellas. “Nosotros no queremos arrendar tierra” dijo uno de los campesinos presentes. “Y nosotros queremos conservar nuestras raíces, nuestras semillas criollas,” añadió.

Muchos ven con malos ojos que la compañía quiera promover unas formas de producción no tradicionales de la región, como la teca, que demora 30 años en crecer y ser maderable. “¿De qué vamos a comer?”, pregunta otro de los campesinos presentes.

La Fundación dice estar dispuesta a discutir ampliamente el tipo de productos que se podría producir, desde frutas hasta la misma teca que Argos produce. La teca “puede ser su pensión”, dice María Clara Rodríguez, la directora de la nueva fundación. Ella trabajó varios años en el Ministerio de Agricultura durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y también impulsando proyectos inclusivos en Montes de María con Cecodes (la ONG de desarrollo sostenible del sector empresarial, en la que están como Nutresa y Bancolombia del GEA y Ecopetrol).

“Pero nosotros lo que queremos es una zona de reserva campesina”, dijo un campesino parte de la organización Jóvenes de Montes de María. Las zonas de reserva campesina son una figura legal de los años noventa que permite crear espacios manejados solo por organizaciones campesinas. Los campesinos en Montes la consideran una forma de frenar el monocultivo de teca o palma que vieron crecer en la zona.

“Pues nosotros queremos que nuestro proyecto cale en la Zona de Reserva”, respondió el vicepresidente de Argos, Sergio Osorio.

“Pero lo que ustedes proponen es una visión muy empresarial, sin ver otros temas importantes, como la recomposición de la cultura, la producción tradicional agrícola”, respondió Francisco Bustamante, de la ONG Minga.

“Nosotros no queremos depender del mercado y nada más”, añadió Wilmer Vanegas, un líder campesino de la Mesa de Interlocución y Concertación que reúne a 156 organizaciones de víctimas, pequeños productores, indígenas, afro, mujeres y jóvenes, y que está intentando reconstruir el tejido social de la zona. Vanegas es impulsor de la Zona de Reserva Campesina y quien imagina un modelo con productos como los frutales, el arroz, la yuca y la piscicultura.

“Pero el campesino debe pensarse a sí mismo como un empresario”, le dijo Sergio Osorio de Argos.

El ping-pong entre los campesinos y la Fundación, que se vivió ese día y continúa, no tiene fin ni punto medio. En el fondo, es un pulso sobre la visión que tienen los empresarios y los campesinos sobre sí mismos y sobre el campo.

La Fundación, como los empresarios que pertenecen al Consejo Gremial y sacaron hace poco una reflexión sobre el proceso de paz, siente que la alianza empresarios-campesinos es la mejor solución para administrar la tierra a futuro.

Las organizaciones campesinas como a la que pertenece Vanegas no confían en una empresa que adquirió tierras en el pasado que reclaman familias desplazadas, y además tampoco se ve trabajando de la mano con el sector empresarial a futuro. No se consideran empresarios, se consideran campesinos con otras formas de producción y otras formas de entender el campo.

Argos ha buscado tener la Unidad de Restitución de su lado en esta discusión. “Nosotros celebramos iniciativas de la empresa privada para reconciliación. Eso no quiere decir que se dejen de hacer las investigaciones pertinentes”, aclaró a La Silla Ricardo Sabogal, el director de la Unidad, sobre la iniciativa de Argos.

Uno de los campesinos reclamantes de las tierras de Argos en el Carmen de Bolívar es Raúl Blanco, miembro de la mesa de víctimas del pueblo. Blanco es un hombre que quedó atrapado en medio del conflicto entre las Farc, el ELN y las AUC en los noventas hasta que decidió desplazarse en el 2000.

“Éramos 27 familias en mi vereda y los grupos armados destruyeron todo. Nos fuimos todos un 12 de noviembre después de que los paras le dijeron a mi papá que se tenía que ir o lo mataban. Nunca pudimos volver”, dice.

Blanco cuenta que en el 2005 y 2006 comenzaron las compras masivas de tierras en el Carmen de Bolívar y que él vendió la suya a Alvaro Ignacio Echeverría. Este hombre fue uno de los primeros compradores que adquirió más de mil hectáreas a precio de huevo en el Carmen.

“La guerra se va a ganar, ¡compren!, ¡compren!,” es lo que le dijo Echeverría a inversionistas interesados en la zona, como Argos. La guerra se ganó hasta cierta forma porque las AUC se desmovilizaron y las Farc fueron expulsadas de la zona. Pero los ganadores no terminaron siendo los campesinos desplazados, sino los empresarios que compraron.

“Las 33 hectáreas que teníamos, la vendimos a 200 mil pesos la hectárea,” dice Blanco. “Ya hoy en día valen al menos 82 millones de pesos y están en manos de Argos”. Argos dice que compró a dos millones de pesos en promedio en la zona.

Blanco y las familias que se desplazaron con él ya hicieron su reclamo ante la Unidad de Restitución y esperan que tres magistradas de Cartagena decidan pronto su caso. Pero la espera ha sido tensa.

Actualmente Argos enfrenta 28 casos de restitución en la zona como el de Blanco. La empresa mantiene que compró las tierras de buena fe, pero juega en su contra que ya se conocen las trampas jurídicas que llevaron a cabo anteriores dueños como Álvaro Echavarría (como no respetar las medidas cautelares sobre la tierra que fue abandonada) y fue a ellos a quienes Argos les compró.

“Le compramos la tierra a doce compradores”, dijo a La Silla José Alberto Vélez, el presidente de Argos. Muy diferente para ellos es el caso de San Onofre, donde también enfrentan demandas de restitución.

Los dientes de Argos en San Onofre

San Onofre tiene dos corregimientos que han sido epicentro de la violencia en Montes de María: Pajonalito y Palmira Negra.

Allí se instalaron las Farc, el ELN, y luego los paramilitares. Allí vivía el temido ex comandante de las AUC, Ramón Mercado Peluffo alias ‘Cadena’, quien comandó la masacre de El Salado en el 2000. ‘Cadena’ también comandó las famosas masacres de el Chengue y de Macayepo, también en Montes, y es recordado porque colgaba a sus víctimas en un árbol de caucho que tenía en su finca llamada El Palmar.

Ante el terror de ‘Cadena’ y los constantes combates entre grupos armados, cientos de familias decidieron dejar sus casas.

“Éramos 700 habitantes. Ahora solo hay como 120”, le dijo a La Silla uno de los habitantes de Pajonalito.

El pico del desplazamiento fue en el 2000. Cinco años después, el ejército comenzó a recuperar el control en ambos corregimientos. Algunas familias comenzaron a volver a sus tierras poco a poco.

Pero el problema que encontraron es que la mayoría de las tierras ahora le pertenecen a Argos y están sembradas en teca. Y en este caso, la empresa no está dispuesta a ceder ni un centímetro. Argos compró en total 2.300 hectáreas, cuyo valor supera los 25 mil millones de pesos, según la empresa.

La empresa ha dicho varias veces que ellos no llegaron a San Onofre de milagro, sino que durante la presidencia de Álvaro Uribe el Gobierno los invitó a que invirtieran en Montes como una forma de incentivar la economía en la zona.

“El Estado quiso incentivar las plantaciones forestales como un mecanismo para apoyar los procesos de consolidación en el territorio”, le dijo a La Silla Sergio Osorio, vicepresidente de Argos.

La primera persona que contactaron en San Onofre para comprar tierras se llama Teófilo Martínez, quien creció en la región. La empresa dice que Teófilo le vendió sus tierras a Argos y les ayudó contactar a otras personas dispuestas a vender su tierra.

Martínez es el personaje principal en la pelea entre Argos y los reclamantes porque Teófilo ahora se declara víctima, pero la empresa lo llama ‘falso reclamante’.

Teófilo es el hijo mayor de los Martínez Escudero, una familia que adquirió casi mil hectáreas en los años cincuenta. Los Martinez Benavides, primos de Teófilo, adquirieron 900 hectáreas en la misma zona. Así que, en pocas palabras, los Martínez Benavides y Escudero eran el poder en estos dos corregimientos de Pajonalito y Palmira: entre ambos tenían 1.900 hectáreas. Ellos organizaban las fiestas patronales, empleaban a jornaleros en la zona y eran el poder político local. Teófilo fue concejal de San Onofre por Acción Cívica, una corriente vieja del Partido Liberal en 1994.

Los Martínez eran una pequeña y desconocida élite en el país, pero muy poderosa en el corregimiento.

“No podemos denominar campesinos a personas que poseen más de 1.000 hectáreas en una región,” escribió Argos a El Espectador, refiriéndose a los Martínez. La empresa se ha defendido con tres argumentos: 1) que los Martínez no son campesinos; 2) que vendieron después de que acabó el conflicto en 2005. 3) que los Martínez llevaban con la tierra en sus manos por más de 40 años.

Los Martínez no son la imagen clásica del campesino que no tuvo oportunidades de estudiar, que es pobre, que solo busca sobrevivir el día a día. Teófilo Martínez pudo estudiar veterinaria, otros de sus primos y hermanos pudieron hacer carreras técnicas, y a los Martínez nunca les faltó comida en la mesa.

“Éramos una familia terrateniente, de bien,” le contó uno de los Martínez a La Silla. “La Ley [de Víctimas y Restitución] no dice que es para el que no puede leer o estudiar. A mí me cambió la violencia un proyecto de vida”.

En efecto, la ley 1448 que es una de las banderas del gobierno Santos no dice que sean solo campesinos pobres los que tienen derecho a reclamar, sino cualquier persona que se haya visto obligado a abandonar o vender su tierra. Esto incluye a las élites locales.

“Los casos de los Martínez, de los González, de los ‘lo que sea’, son iguales para nosotros”, explica Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras. “Lo importante es que esta fue una zona donde hubo mucha violencia.”

La Silla viajó a San Onofre y pudo entrevistar a miembros de los Martínez Benavides, de los Martínez Escudero y a campesinos de Pajonalito y Palmira que fueron desplazados de la zona. Todos hablaron anónimamente, por miedo al poder de Argos.

Para familias campesinas de Palmira y Pajonalito consultadas por La Silla, Teófilo y su familia sí deberían ser considerados víctimas porque fueron desplazados, a pesar de ser una élite terrateniente local.

Uno de ellos dijo, “para mí ellos también son víctimas, a ellos les mataron un tío, los persiguió la guerrilla, ahora no tienen dinero y viven en Sincelejo.” De acuerdo a esta persona, los Martínez tuvieron que irse porque los paramilitares decían que ellos eran colaboradores de la guerrilla. “Porque la guerrilla controlaba esa zona, ellos no le podían decir que ‘no pase por acá’ a la guerrilla, porque la guerrilla los perseguía”, cuenta.

“Alias ‘Cadena’ fue el que mandó a matar a mi tío, Atilavo Escudero”, cuenta uno de los Martínez. La familia decidió vender porque estaban cansados de la violencia: el ELN que llegó a final de los setenta mató varias de sus vacas; el frente 36 de las FARC que llegó en los ochentas secuestró a Juan Martínez Escudero y pidió vacunas; los paramilitares que llegaron en los noventas mataron a varios de sus trabajadores. La violencia sin fin.

“Enterraban gente en nuestros predios”, dice uno de los Martínez. “Nosotros decidimos salir el 3 de enero del 2003, después de que se formó una balacera entre la guerrilla y los paras”.  Varios de los Martínez Benavides y Escudero hoy en día trabajan en Sincelejo, en contaduría o como empleados en una licorera.

En el 2004, cuentan los Martínez, arreglaron la venta de sus tierras con Valentín Viera, quién entonces era el director de Reforestadora del Caribe (hoy Tekia, la empresa de Argos). La persona que estuvo a cargo de la venta fue Teófilo Martínez. “Vendimos a 1 millón 275 mil pesos la hectárea”, dijo uno de los Martínez. “Pedimos más pero ellos no aceptaron. No queríamos vender, pero la violencia nos llevó a eso”. Argos dice que les compró a 2 millones.

De acuerdo a Argos, ninguna familia de San Onofre o Pajonalito vendió cuando todavía estaban los grupos armados en la zona. Pero de acuerdo a los reclamantes de la familia Martínez, de otras familias en la zona y funcionarios de la Unidad de Tierras, eso no es cierto.

“El grupo que había comandado -el Bloque Héroe de los Montes de María- se desmovilizó en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción de Marialabaja, el 14 de julio de 2005. Sin embargo, reductos de dichas fuerzas se mantuvieron en el territorio afligiendo a la población,” señala un informe de la Unidad de Tierras sobre el año en el que se llevaron a cabo las ventas.

Una de las pocas reclamantes contra Argos que se atrevió a ser citada por La Silla es una mujer mayor de Tolú, llamada María de las Nieves. María tenía 20 hectáreas en la zona, hasta que su padrastro que administraba la finca fue amenazado por los paramilitares en el 2003. Ahí tuvo que dejar su tierra con su familia, hasta que llegó Argos.

“En el 2005 había señores comprando tierras y yo dije que sí, que vendía”, cuenta María. “Me la pagaron a 1 millón 600 mil pesos la hectárea. Ellos pusieron el precio. Nosotros estábamos necesitados, no teníamos de qué vivir. Y no podíamos volver porque aún quedaban focos de paramilitares, y uno tenía miedo.”

María dice que después de la venta, la invadió la tristeza y la tristeza le invadió el corazón: ha tenidos dos infartos que atribuye a no poder volver a su finca.

“Yo un día vi lo de la ley de restitución en Señal Colombia”, dijo. “Nosotros no tenemos poder económico para pelear contra una empresa grande, la Unidad de Restitución ha sido útil para defendernos como campesinos.”

El poder económico y político de Argos se ha hecho sentir contra los Martínez o campesinas como María de las Nieves.

Argos señaló a los reclamantes como ‘falsas víctimas’ en El Meridiano, el principal periódico sucreño; habló de ‘carteles de falsos reclamantes’ en El Universal de Cartagena; y también se han publicado artículos en El Colombiano a su favor.

Además del poder mediático, Argos buscó reunirse con el Presidente Santos para explicarle el caso.

“Fuimos donde el presidente Santos y le contamos historia,” dijo a La Silla Sergio Osorio de Argos. “Y el Presidente al frente de nosotros, cogió el teléfono, llamó a Ricardo Sabogal, y le dijo ‘Ricardo, tengo al presidente de Argos aquí en mi oficina, me está contando una cosa que me parece bastante grave yo quiero que revises muy bien ese caso. ¿Qué está pasando ahí? Porque yo por esta compañía meto las manos al fuego, es una compañía muy decente’ ”.

La Silla le preguntó por esta llamada al director de la Unidad de Restitución, quien dijo que nunca ha tenido presiones de Santos para estudiar ningún caso y que el Presidente solo le ha dicho “cuídeme la ley, Ricardo.”

La empresa también ha conseguido que Rafael Colón, general retirado de la Infantería de Marina que se enfrentó al paramilitarismo en Montes y que hoy dirige el programa de lucha contra minas antipersonal del Gobierno, testifique a favor de la empresa en los procesos de restitución. “La unidad de tierras lo cuestionó bastante, él se molestó mucho,” dice Osorio, el representante de Argos.

La empresa también contrató a Yesid Reyes, antes de ser nombrado Ministro de Justicia, para que denunciara penalmente a Teófilo Martínez como falso reclamante. Reyes denunció a Martínez, y luego de ser nombrado como Ministro, la empresa buscó la ayuda de otros abogados como Ramiro Bejarano. La demanda tiene poco futuro, porque aunque la mayoría de los Martínez Benavides y Escudero fueron aceptados en la Unidad de Restitución como reclamantes, Teófilo no lo fue.

Teófilo, a pesar de que fue el puente de su familia para vender a Argos, mantuvo un terreno en la zona que compró cerca a la carretera que comunica al casco urbano de San Onofre. Por ser dueño de ese terreno, no fue considerado como reclamante.

Los Martínez han protestado por el hecho de que ellos hayan sido incluidos en el registro de desplazados, y su primo o hermano Teófilo no lo esté. Al fin y al cabo, las declaraciones de Teófilo fueron claves en la Unidad de Restitución para reconstruir la historia de violencia que se vivió en Pajonalito y Palmira Negra. Pero por ahora, al menos, sus procesos contra Argos continúan sin Teófilo a bordo.

Los procesos de restitución contra Argos andan a paso de tortuga, tanto los de Carmen de Bolívar como los de San Onofre.

Mientras tanto, Naciones Unidas certificó el proyecto de teca en San Onofre del que es dueño Argos como un ejemplo de desarrollo limpio. Argos sabe que con estas demandas no se juega solo su capital en San Onofre. Se juega su reputación internacional.

Esta historia fue financiada por el Fondo de Periodistas Investigativos