Los trabajos de erradicación manual forzada son realizados por campesinos pobres que deciden alejarse de sus hogares para lograr un salario y los beneficios de seguridad social. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con ningún tipo de entrenamiento y la seguridad brindada no es suficiente para evitar que el número de víctimas aumente.  Foto: Ejercito Nacional

El Consejo de Estado tiene en sus manos una demanda contra Acción Social de la que depende, en gran parte, la continuidad del programa de erradicación manual forzosa de cultivos ilícitos y que fue una de las banderas del anterior gobierno en su lucha contra las drogas.

La demanda que ya fue decidida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta condenó a Acción Social a pagar una millonaria indemnización a un campesino que fue víctima de una mina antipersonal durante sus labores como erradicador. Es la primera vez que una demanda de este tipo se entabla contra la Agencia Presidencial y no el Ministerio de Defensa, al que generalmente se le reclama por no haber brindado la seguridad necesaria para evitar que ocurriera el accidente.

En esta ocasión, el Tribunal consideró que Acción Social es la responsable de preservar la seguridad del campesino erradicador porque fue esa entidad la que lo buscó y contrató para esas labores. La decisión dice que el contrato laboral por parte del Estado implica la garantía de seguridad de los civiles.

Actualmente, el programa tiene contratados cerca de tres mil erradicadores que están agrupados en 132 Grupos Móviles de Erradicación y que, en lo corrido de 2010, han limpiado la hoja de coca de 40.300 hectáreas.

Desde que nació el programa las minas sembradas por la guerrilla alrededor de los cultivos han dejado 32 muertos y 168 heridos. Los erradicadores representan, durante los últimos tres años, casi la tercera parte del número total de civiles afectados por estos artefactos, lo que los convierte en el grupo de civiles más vulnerable a los incidentes con minas.

Estas cifras y el temor a que un fallo en contra por parte del Consejo de Estado se traduzca en una avalancha de acciones judiciales contra el Programa Presidencial han generado un mal ambiente al programa de erradicadores dentro del Gobierno. Aunque existe conciencia sobre los resultados positivos de la erradicación manual forzosa y lo determinante que es en la estrategia de la lucha antidrogas, también hay conciencia de que la contratación de civiles para que trabajen en zonas rojas puede traer incluso consecuencias internacionales.

Diego Molano, el director Nacional de Acción Social, explicó las garantías que se brindan a quienes sufren accidentes durante los trabajos de erradicación forzosa. Foto: Sara Rojas

Jorge Leonardo González tenía 21 años cuando una mina antipersonal explotó mientras realizaba los trabajos de erradicación forzosa en Tarazá, Antioquia.  Foto: Sara Rojas

La Campaña colombiana contra minas ha solicitado reiteradamente al Gobierno que los trabajos de erradicación forzosa los hagan grupos especiales de las Fuerzas Militares como ocurre hoy con los trabajos de desminado. Foto: Comando General Fuerzas Militares

La Campaña Colombiana Contra Minas ha solicitado desde hace más de tres años que se reconsidere el envío de civiles a zonas de conflicto minadas y que esas labores de erradicación sean realizadas por las Fuerzas Militares.

También le ha advertido al Gobierno que persistir en esta clase de programas significa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y a la Convención de Ottawa que busca la erradicación de las minas antipersonal en todo el mundo. Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra las Minas explicó que esa convención obliga al Gobierno a mantener alejados a los civiles de las zonas minadas y con la erradicación manual forzosa el Estado hace todo lo contrario: envía a los campesinos a zonas rojas y minadas y por ello les pagan un salario.

No es la misma explicación del Gobierno. El director de Acción Social, Diego Molano, dijo a La Silla Vacía que la Convención de Ottawa establece  que el país debe avanzar en la eliminación de las minas y debe evitar involucrar a los civiles en esas zonas, pero fija unos parámetros de seguridad.

Según Molano la vinculación de los erradicadores es un “mecanismo donde se aplican todos los mecanismos de protocolo de seguridad, tanto para las personas, como en los lugares donde se va a erradicar, que son lugares con alta incidencia de minas. Incluso, la guerrilla siembra las minas fabricadas por ellos mismos debajo de la raíz, de manera que exploten en el momento en que los erradicadores arrancan la planta.

Precisamente Colombia solicitó esta semana una prórroga para cumplir con la obligación de destruir todos los artefactos explosivos esparcidos en su territorio. La petición hecha a los estados miembros de la Convención para la Prohibición de Minas Antipersonales ó Convención de Ottawa, fue fundamentada en las minas sembradas por los grupos al margen de la ley por las dificultades que conlleva su detección y destrucción y por ello fue necesario activar batallones de especialistas en desminado.

Colombia calcula que existen unos 50,5 millones de metros cuadrados de campos minados distribuidos en 601 municipios, y muchos de ellos se encuentran en donde están los cultivos ilícitos. 

Los protocolos de seguridad

Los doscientos erradicadores que han sido víctimas de las minas antipersonal siembran una duda sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad y de las normas establecidas en la Convención de Ottawa. 

Lo que le ocurrió a Jorge Leonardo González, un joven campesino de la vereda Guarinocito, en La Dorada, Caldas, es fiel reflejo de ese incumplimiento.

Leonardo terminó siendo erradicador por la convocatoria que un trabajador y un capataz de un municipio vecino hicieron en la plaza de su pueblo. Hasta allí llegaron buscando 33 trabajadores para que se fueran por dos meses a erradicar coca. La promesa era clara: 550 mil pesos mensuales, contrato laboral, afiliación a la EPS y la ARP y un seguro de vida de 40 millones de pesos por si les pasaba algo, aunque iban a estar acompañados siempre por tres cordones de seguridad. De su pueblo salieron ocho jóvenes el primero de febrero de 2008.

Después de más de quince horas de viaje los dejaron al borde de la carretera y allí en su campamento les explicaron cómo debían cortar las matas desde la raíz. Después supieron que estaban en Tarazá, Antioquia, donde un compañero que ya llevaba un tiempo les advirtió que no se asustaran con las balaceras, que la zona era brava y las montañas estaban llenas de guerrilla.

El trabajo se inició normalmente, con la condición expresa de no acercarse a la comunidad de la zona. El día 13 de febrero salieron a una caminata de casi dos horas para llegar a una extensión grande de cultivo de coca y comenzaron a trabajar hasta que Leonardo y su compañero intentaron arrancar una mata muy grande. Hasta ahí se acuerda Leonardo que lo siguiente que vio fue a su compañero con las piernas destrozadas y su brazo completamente quemado. Después sintió un fuerte ardor en los ojos y comenzó a sangrar.

Después de recorrer dos hospitales, llegaron a Montería donde les brindaron atención. Su compañero no sobrevivió y a él le hicieron cinco cirugías en el ojo y hoy todavía le tratan sus problemas los especialistas en el corazón y la siquiatría. Fue un milagro que no quedara ciego.

Aunque le cuesta recordar algunas cosas, ahora cuenta con precisión de que la zona donde estuvo no fue limpiada de minas. Como la caminata era tan larga y eran tan pocos los policías, no llevaron los detectores de metal porque “pesaban mucho”. Después supo que en la misma zona encontraron un cilindro y un “gallo” que hubiera podido dejar un número mucho mayor de muertos.

La compañía que siempre tuvieron no sobrepasaba los quince policías y aunque estaban rodeados de Ejército, la balacera que se originó después del estallido por poco no les permite subir al helicóptero.
 

Las condiciones laborales

Una queja continua, tanto en las reuniones de seguimiento a los erradicadores víctimas de minas como en las visitas a los campamentos de trabajo, ha sido el incumplimiento de las condiciones laborales. 

Inicialmente, los erradicadores eran contratados verbalmente, basados en un  un concepto del secretario jurídico de la Presidencia pero, según Diego Molano, se trató de la prueba piloto durante la cual se estaba analizando cómo realizar la contratación. 

A partir de la siguiente fase la contratación de los erradicadores ha estado por cuenta de Empleamos S.A., una cooperativa que les hace un contrato por dos meses y garantiza su afiliación a la EPS y la ARP. Pero esto no se ha cumplido a cabalidad. 

Cuando Jorge Leonardo estaba en el hospital de Montería, a la espera de la primera de sus cirugías oculares, uno de los médicos comentó que a "este muchacho lo acaban de afiliar". En efecto, aunque la firma de su contrato se había dado el primero de febrero, el documento de afiliación a la EPS tiene fecha del 13 de febrero, el día de su accidente. 

Esta queja no es única. En una reunión llevada a cabo el 16 de noviembre con los erradicadores víctimas de las minas en Santa Marta, más del 50 por ciento contó que, cuando tuvieron el accidente, no estaban afiliados a la EPS y relataron muchos problemas que han tenido en la atención, entre ellos que no les cancelan la incapacidad a tiempo, les niegan el servicio porque no están al día, les retrasan el pago de los salarios, entre otras. 

Ya varios miembros de la comunidad de Acción Integral Contra Minas en Colombia han señalado “carencias y dificultades en el restablecimiento y garantía de los derechos a la salud y a la rehabilitación de estas personas, al igual que en la generación de condiciones para su inclusión social y económica”.

Las victimas coinciden, dice el informe de la reunión, en que necesitan tratamiento sicológico por que muchas veces no pueden dormir ya que se despiertan sobresaltados pensando que los van a matar o pensando en la explosión, igualmente que a ninguno le han pagado lo trabajado y que se encuentran en unas condiciones económicas difíciles, que ya no tienen de donde sacar dinero para los tratamientos. Además, concluyen que ninguno conoce lo contemplado en el contrato de trabajo ni en el seguro.

A Jorge Leonardo ya le suspendieron el pago de la incapacidad porque la EPS le comunicó que ahora se trata de un tema de la ARP, pero desde ya algunos abogados le anticiparon que podría tener problemas porque al momento del accidente aún no contaba con la afiliación. Ésta se dio sólo una hora después del accidente. Mientras tanto busca trabajos por días para poder costear su transporte hasta Bogotá donde lo atienden los especialistas.

El Director de Acción Social aseguró a La Silla Vacía que, aunque se trata de empleos temporales, durante el tiempo que dure el contrato todos los erradicadores cuentan con todos los beneficios de Ley y su equipo estará atento a la recepción de quejas por cualquier clase de incumplimiento.

Las promesas incumplidas

La erradicación manual y forzosa comenzó en 2006 en zonas donde era imposible fumigar. Su plan inicial era erradicar ocho mil hectáreas utilizando 64 grupos móviles de erradicadores y en su primera etapa, conocida como Operación Colombia Verde, había logrado erradicar 34 mil hectáreas para diciembre, un resultado sorprendente.

La estrategia fue diseñada por el ex Alto Consejero Luis Alfonso Hoyos, inicialmente para que no se fumigara en su departamento, Caldas, y simultáneamente para crear un programa masivo de empleo para campesinos. Esta es la razón por la que un mayor porcentaje de erradicadores proviene de Caldas, son antiguos trabajadores del café que saben manejar la tierra y se acostumbraron a trabajar en zonas complicadas.

Esa primera fase se desarrolló entre el 20 de enero y el 30 de abril de 2006. Comenzaron 930 erradicadores que en su mayoría llegaron de la zona cafetera a La Macarena, en el Meta, pero después de un ataque con morteros de las Farc renunciaron 630. Antes de que se cumplieran los primeros quince días, hubo un incidente con mina en el que murió otro erradicador y eso originó otra deserción. Para la segunda fase de la Operación Colombia Verde quedaron 248 erradicadores.

Entonces el entonces Presidente Álvaro Uribe llegó a La Macarena y ordenó reforzar la seguridad y entregar un subsidio de vivienda a cada erradicador y a los familiares de las víctimas. Hasta hoy ese subsidio no ha llegado.

Molano explicó que no ha sido posible cumplir con esta promesa porque la entrega de los subsidios como víctimas exige la aplicación de los procesos normales de asignación de subsidios y no ha sido posible lograr que los erradicadores de La Macarena cumplan con los requisitos. Para solucionar este problema, explicó, se está intentando hacer una excepción que se encuentra en estudio jurídico.

Pero advirtió que se trata de la única promesa adicional al contrato laboral que se ha hecho con los erradicadores que trabajan en todo el territorio nacional. Esto puede ser cierto, pero lo es también que el incumplimiento a los campesinos de La Macarena ha generado 'ruido' entre los erradicadores de otras partes del país que ya no creen que se van a cumplir las garantías prometidas ni una mejora en las condiciones laborales hacia el futuro. No en vano ellos están exponiendo su seguridad y lo hacen solo por 500 mil pesos.