La JEP apunta a que, más que manzanas podridas, los ‘falsos positivos’ fueron sistemáticos

El auto que publicó hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acerca de los llamados ‘falsos positivos’ es tan solo un adelanto para explicar la metodología de la investigación y los criterios que utilizó para priorizar unos casos y unas regiones sobre otras.  

Aunque no identifica responsables, sí da indicios para concluir que estos asesinatos no fueron cometidos por unas cuantas “manzanas podridas”, sino que se trató de una práctica sistemática en la que, probablemente, terminarán señalados varios excomandantes de la Fuerzas Militares.

La noticia desde ya es un golpe al legado del expresidente Álvaro Uribe, pues la JEP establece que el pico de estos asesinatos ocurrió entre 2002 y 2008, los años más intensos de su política de ‘seguridad democrática’. 

Uribe respondió calificando al auto como un “nuevo atropello” en su contra que busca desacreditarlo y acusó a la JEP de sesgada, pues, según él, tuvo en cuenta informes de organizaciones sociales “de marcada orientación política y enemigas declaradas” de su Gobierno. 

También se defendió insistiendo en que, una vez supo de esta práctica, tomó medidas al respecto y a finales de 2008 suspendió a 27 oficiales del Ejército.

La coyuntura

El adelanto que dio hoy la JEP tiene el objetivo explícito de explicar los criterios que utilizó para priorizar algunas zonas del país en donde se cometieron estos crímenes. Y tiene otros implícitos.

El primero es responder a la regla de la justicia transicional que exige una simetría entre las investigaciones contra las Farc y contra el Estado. 

Hace tres semanas, la Sala de Reconocimiento, liderada por la magistrada Julieta Lemaitre, sacó un auto de imputación de cargos contra las Farc por su política de secuestros y, esta tarde, los líderes de la exguerrilla aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les endilgaron.  

Ver que el caso de los militares también está avanzando pudo haberse convertido en un incentivo para que dieran el paso y se convencieran de que no serán los únicos responsables por los crímenes cometidos en la guerra. 

“La política de Cifuentes es ir mostrando resultados y bajarle al perfeccionismo”, le dijo una fuente externa a la JEP que conoce al nuevo presidente del tribunal.

El segundo efecto de publicar este auto ahora es que permite ajustar las expectativas de las víctimas para un caso que empezará a identificar responsables batallón por batallón y que podrá establecer en los próximos meses las muertes de cientos de víctimas, pero no de las miles que hubo. Para las víctimas es difícil entender que sus casos no sean priorizados y por eso esta explicación oficial antes de que comiencen a salir las decisiones puede ayudarlas.

Pero, aún siendo un auto más metodológico que sustancial, los datos que presenta ratifican la gravedad de lo ocurrido y da indicios de que los falsos positivos no fueron crímenes aislados.

Todo apunta hacia la sistematicidad

A diferencia del caso que investiga la JEP por la política de secuestros de las Farc, el de los falsos positivos asumió una estrategia de investigación ‘de abajo hacia arriba’; es decir, que primero se han dedicado a investigar a los mandos más bajos para llegar, después, a los altos mandos.

La razón es que, contrario a lo que sucede en el de secuestro, en este caso los comandantes del Ejército y de las brigadas y batallones no han reconocido la existencia de una política criminal y han sido más reticentes a colaborar con la justicia transicional. 

Por eso, la JEP ha construido su caso con los testimonios de los soldados que ya habían sido condenados por la justicia ordinaria y las de mandos medios que se han sometido a la justicia transicional y han confesado sus crímenes a cambio de obtener penas diferentes a la prisión.

Esto quiere decir que las primeras imputaciones van a ser de casos particulares a partir de los cuales la JEP determinará el nivel de participación de los mandos superiores.

El reto de la JEP, ahora, es justamente escalar y llegar a los altos mandos, un trabajo muy difícil porque el nivel de intimidación a los que han implicado superiores ha sido muy alto.

“Hasta ahora los altos mandos del Ejército de la época, así como los comandantes de brigadas que luego ascendieron en el escalafón militar, han gozado de una enorme impunidad. Los falsos positivos no fueron cometidos por un puñado de manzanas podridas”, dijo a La Silla Vacía José Miguel Vivanco, director en América Latina de la ONG Human Rights Watch.  

“Tal como Human Rights Watch (HRW) lo ha documentado, se trató de ejecuciones generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de prácticamente todas las brigadas de Colombia, adscritas a cada una de las divisiones del Ejército en el país. Lograr que estos generales sean debidamente investigados, procesados y castigados es el principal desafío de la JEP”, agregó.

A pesar del reto de investigar de abajo hacia arriba, el auto que publicó hoy la JEP sí da indicios para pensar que los falsos positivos van a ser juzgados como una práctica sistemática que tuvo el Ejército.

En primer lugar, la Sala de Reconocimiento —encargada de investigar estos casos y liderada por los magistrados Catalina Díaz, Óscar Parra y Alejandro Ramelli— reconoce que las ejecuciones extrajudiciales han ocurrido en Colombia desde hace más 40 años. Sin embargo, afirma que su pico fue entre 2002 y 2008, justo en la época de la ‘seguridad democrática’ de Uribe. 

La JEP determina que en ese periodo fueron asesinadas, por lo menos, 6402 personas; una cifra que nació de contrastar las bases de datos de la Fiscalía, el Sistema de Información Judicial, el Centro de Memoria Histórica y la ONG Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. 

Este dato todavía no es definitivo, pues la sala todavía está recibiendo informes para contrastar. 

Pero sí es escalofriante, porque, aunque puede crecer, no va a bajar. Para cada una de esas 6402 víctimas, la JEP ya tiene identificados el nombre, el apellido y la cédula. Muchos de ellos aparecen en las cuatro bases de datos o por lo menos en tres de ellas. En otras palabras, no es cierto que se hayan basado solo en información de ONG enemigas del gobierno de Uribe. 

La JEP tiene, además, las versiones de 350 comparecientes del Ejército que confirman cualitativamente estos datos, según supo La Silla Vacía.

Con ello, el tribunal reconoce que las cifras que tenía la Fiscalía (2.248 entre 1988 y 2014) eran muy bajas frente a la realidad y que el nivel de impunidad en la justicia ordinaria habría sido muy alto por el solo hecho del subregistro.

Y la JEP les da la razón a las organizaciones sociales que habían peleado durante años para que se reconociera la verdadera magnitud de la tragedia.

El otro indicio de que se pudo tratar de una política sistemática del Estado es que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, aunque empiezan a aumentar en 2002, crecen mucho más después del 2005 y llegan a un pico en 2007.

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Esto coincide con la Directiva 029, emitida el 17 de noviembre de 2005, en la que el Ministerio de Defensa —en ese entonces encabezado por Camilo Ospina— creó incentivos para los militares que dieran de baja a miembros de estructuras armadas ilegales. 

Por ejemplo, había una recompensa de hasta 10 salarios mínimos (poco más de nueve millones de pesos hoy, tres millones ochocientos en ese año) por capturar o matar a un integrante de la guerrilla.

El año en que los asesinatos empiezan a decrecer (2007) coincide con el momento en que empieza a conocerse el escándalo y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, empieza a tomar medidas al respecto.

Como contamos en esta historia, en ese momento, apoyado en su viceministro a cargo de los Derechos Humanos Sergio Jaramillo, Santos empezó a tomar medidas para combatir los falsos positivos: como, por ejemplo, cambiar los indicadores de éxito de la Fuerza Pública (empezaron a premiar más las capturas y las desmovilizaciones que las muertes en combate) y crear una comisión para investigar esos casos, que llevó a la renuncia del general Mario Montoya.

Es decir, que un cambio en la política del Estado tuvo un efecto casi inmediato sobre la disminución de los homicidios.

El auto de la JEP también señala a algunas de las brigadas que más asesinaron a civiles y los disfrazaron de guerrilleros muertos en combate.

Menciona, por ejemplo, al Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” que operaba en el oriente de Antioquia y es uno de los más cuestionados. Estuvo liderado por el coronel Juan Carlos Barrera que pidió pista para aterrizar en la JEP.

También aparecen dos divisiones del Ejército que comandó el general Mario Montoya:  la Cuarta Brigada del Ejército, que opera en Antioquia, y el Comando Caribe Conjunto No. 1.

En el Caribe, la JEP también menciona al Grupo Mecanizado “Juan José Rondón” que del 2000 al 2002 estuvo liderado por el excomandante del Ejército de Iván Duque, Nicacio Martínez, que renunció tras las revelaciones de Semana de que el Ejército estaba chuzando a periodistas, políticos y magistrados desde dos guarniciones militares.

La pregunta es si este auto y darse cuenta de por dónde va la JEP puede generar presión por la verdad e incentivar a algunos de los altos mandos involucrados a someterse a la justicia transicional para evitar terminar pagando largas penas de prisión luego.

El auto de la JEP también muestra una serie de conductas que se cometieron a lo largo del país que apuntan a una serie de patrones que demostrarían la sistematicidad de estos crímenes.

“El incremento de los hechos en los departamentos antes mencionados justo en el periodo en que se produce uno similar a escala nacional apunta a una correlación que es necesario analizar para determinar si se explica en el marco de un plan o una política de carácter nacional”, dice el auto.

Uno de los hechos que se repite en las seis zonas que priorizó la JEP (Antioquia, los departamentos caribeños de La Guajira y Cesar, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta) es la selección de las víctimas a partir de prejuicios y estigmatizaciones.

El auto cuenta por encima, sin entrar en detalles, que muchas víctimas de falsos positivos eran personas en condición de discapacidad mental, acusadas de ser colaboradores de las Farc, desmovilizados, líderes sociales e, incluso, “personas señaladas de tener un consumo problemático de drogas”.

Otro de los posibles patrones es el reclutamiento engañoso de personas, en especial de jóvenes hombres, para llevárselas a otra región, asesinarlas y reportar su muerte como una baja en combate.

Según el auto, esto ocurrió con mayor fuerza en el Catatumbo.

“Los hechos ocurridos en el Catatumbo entre el 2007 y 2008 por parte de los miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 “Francisco de Paula Santander” constituyen actos representativos de connotación nacional consistentes en reclutar víctimas de otros territorios, engañarlas y asesinarlas en el Catatumbo y reportar su muerte como baja en combate”, dice el auto.

De hecho, el escándalo de los falsos positivos estalló en 2008 cuando 19 jóvenes desaparecidos en Soacha aparecieron asesinados en Ocaña, Norte de Santander, y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate.

Uno de los relatos más conocidos fue el del cabo Carlos Eduardo Mora que confesó, en una entrevista, esta práctica y cómo sus superiores lo estaban persiguiendo.

Aunque el anuncio de la JEP es tan solo un avance para que la gente se entere en qué va la investigación de los falsos positivos, sí da luces del rumbo que tomará este caso, cuyos primeros autos de determinación de hechos saldrán este año.

Esto es clave ahora que los líderes de la exguerrilla de las Farc reconocieron su responsabilidad en los hechos que les imputó a la JEP, y más cuando algunos de sus integrantes han dicho que si “llaman criminal a las Farc, también hay que denominar así al Estado”.

Este auto parece darles la razón, pues lo que revela es que, por ahora, tanto las Farc como las Fuerzas Militares serán medidos con la misma vara: la de la sistematicidad de sus crímenes.