La lucha de poderes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, una entidad que agrupa a los empresarios del departamento, incluyendo los cacaos, se ha sumido en una lucha de poderes.

El pasado viernes se dio la elección de la junta directiva luego de varios meses de polémicas internas y externas: además del escándalo que se desató este mes por cuenta de la inversión de $1.340 millones en Interbolsa, en una operación bursátil que la Contraloría General calificó de “riesgosa”, la Cámara también dio discusiones internas sobre denuncias en la contratación.

Esto es lo que se está moviendo detrás del choque de poderes en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, una entidad que maneja un presupuesto anual cercano a los $30 mil millones, y que tiene la facultad de jalonar grandes proyectos para la región.

Los bandos

En agosto del año pasado fueron renovados tres de los cuatro delegados del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara.

Los que llegaron fueron Óscar Rueda (exviceministro de turismo y hasta mediados del año pasado representante legal del Partido de La U),  Jaime Ardila (exauditor General de la República y primo del senador liberal, Jaime Durán Barrera) y Orlando Céspedes Camacho (viene de ser gerente de la financiera Comultrasán  y es hermano de Jairo -expersonero de Floridablanca- y Jorge –exsecretario jurídico de la Gobernación de Santander- Céspedes).

Cuatro fuentes de la Cámara le dijeron a la Silla que desde que los nuevos delegados del gobierno tuvieron asiento en la Junta Directiva, en ese órgano se armaron bloques y las discusiones sobre cualquiera de los proyectos se han vuelto tan dispendiosas, que casi que se ha trabado el avance de la Cámara de Comercio.

El primero de los bloques - liderado por Rueda-, según le dijeron dos fuentes de la Junta Directiva de la Cámara a La Silla, y otra que trabaja dentro de esa entidad en un alto cargo, "llegó con ganas de tomarse el manejo de la Cámara". 

"Lo que se teme es que se quiera politizar esta entidad que por varios años ha estado bajo el mando del sector empresarial que la ha convertido en la mejor Cámara de Comercio del país y eso no lo podemos permitir", le dijo uno de los integrantes de la Junta a este medio. 

Sin embargo, otra es la posición que se tiene dentro de ese sector. El exviceministro Óscar Rueda le dijo a la Silla que en lo que han existido diferencias es en el enfoque administrativo de la Cámara, algo que no está permeado de política electoral ni partidista. "Siempre he visto que la Cámara tiene una posición muy neutral en temas de política y eso es algo muy importante que se debe mantener". Igual fue la posición de Orlando Céspedes.

Precisamente, las discusiones sobre el manejo administrativo de la Cámara son las que han polarizado el ambiente en la Junta Directiva, y a ese sector se han sumado Rafael Mendoza (dueño de Zirus Pizza), Charlie Youssef (almacén Magazín París) y Mireya Granados (dulcería doña Mireya), quienes vienen del sector netamente empresarial.

El  otro bloque es el de los cacaos de Santander y está liderado por Rafael Ardila (dueño de Rayco y quien ha estado en la Junta de la Cámara por más de 20 años). En él también se cuentan Víctor Castillo (presidente de la Fundación Cardiovascular), Pablo Gómez (representante legal de Propósitos y proyectos), Alonso Castillo (dueño de Alca), Isnardo Sandoval (de Oriental de Disolventes), y Deisy Plata de (seguridad Acrópolis). 

El viernes pasado quedó en evidencia la división y tras varias horas de discusión al interior de la Junta Directiva, ninguno de los sectores se puso de acuerdo sobre la elección para la presidencia.

El bloque liderado por los tres nuevos delegados del Gobierno Nacional propuso los nombres de Óscar Rueda y de Rafael Mendoza para ocupar ese cargo, pero ninguno de los dos obtuvo más de seis votos de los 12 posibles. 

Igual suerte corrió la postulación del otro bloque, que aunque propuso el nombre de Rafael Ardila tampoco superó los seis votos.

La discusión se extendió hasta tal punto que fue propuesta una tercería para tratar de destrabar la discusión. Se trató del nombre de Víctor Raúl Castillo, quien por cinco años se ha desempeñado como Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y quien terminó siendo reelecto una vez más por unanimidad. Por su parte, la Vicepresidencia quedó en manos del exviceministro Óscar Rueda.

Los suricatas

Semanas previas a la elección, en la Cámara el ambiente se había enrarecido por cuenta de denuncias sobre  la contratación interna de esa entidad.

Apps.co, uno de los proyectos que en asocio con el Ministerio de las TIC ha llevado a cabo la Cámara de Comercio de Bucaramanga desde 2012, entró en el ojo del huracán en noviembre del año pasado.

Las alarmas las encendió el Comité de Desarrollo Empresarial de la Cámara, que denunció que la vicepresidencia del mismo nombre había abierto una convocatoria pública que estaba confeccionada para que solo un proponente la pudiera ejecutar.

Se trató de Suricata Labs, firma que desde enero del año pasado empezó a contratar con la Cámara de Comercio de Bucaramanga para implementar las fases de Apps.co, y que más adelante se descubriría era la que el Ministerio había aprobado varios meses atrás para desarrollar el proyecto debido a que era la que lo había formulado.

Los cuestionamientos que se empezaron a sortear al interior de la Cámara en torno a esa contratación fueron varios.

Primero, la convocatoria, como se esperaba cerró con un proponente. También se criticó que Suricata contratara a sus propios socios como mentores, y hasta se denunció que Daniel Beltrán, medio hermano  de Juan Camilo Beltrán, presidente ejecutivo de la Cámara, había trabajado con la empresa contratista.

Fue precisamente este último tema el que desató una controversia interna en la Cámara de Comercio, debido a que se conocieron fotografías que fueron tomadas de la página web de Suricata en las que quedó registrado que el medio hermano del presidente de la Cámara aparecía como miembro de esa empresa y se ordenó una investigación.

“Daniel Beltrán trabajó como contratista en un proyecto que desarrollamos para la Unab, él solo ha hecho eso con nosotros, por eso le pagamos $2 millones y eso fue como un contratista de prestación de servicios. Si lo colocamos como parte de nuestro equipo fue momentáneamente porque nos había acompañado en un proyecto, pero él jamás ha pertenecido a Suricata ni como fundador ni empleado. Fue una coincidencia y logramos probarlo ante la Junta”, le dijo a La Silla Óscar Gómez, representante de Suricata Labs.

Esa misma versión se la entregaron a este medio el hermano de Juan Camilo Beltrán, Daniel Beltrán; el vicepresidente de Desarrollo Empresarial de Cámara, Juan Diego Rojas; el presidente ejecutivo de la Cámara, Juan Camilo Beltrán; dos miembros de la junta que prefirieron la reserva de su nombre; y una fuente de adentro de esa entidad, que conoció de cerca la controversia interna que se desató por esa contratación.

Mientras las denuncias sobre este tema tenían lugar, la contratación ya había avanzado. Aunque la convocatoria se había adelantado, la Cámara de Comercio terminó por desestimarla y contrató directamente a Suricata para que codirigiera el proyecto (tal y como lo había solicitado el Ministerio de las TIC) por $92 millones. Adicionalmente, esa entidad vinculó a siete mentores (tres de los cuales pertenecen a Suricata) para que se empezara a ejecutar el proyecto por $270 millones .

La investigación de la Junta Directiva le dio credibilidad a las versiones de los integrantes de Suricata y determinó que las fotografías habían sido coincidencias y cerró el caso.

No obstante, ese capítulo dejó los ánimos encendidos. 

Las denuncias

Horas antes de que se diera la elección, y teniendo como telón de fondo el episodio de Suricatas, el pasado viernes, día en que se llevó a cabo una sesión de la Junta Directiva que tenía como fin definir a los nuevos presidente y vicepresidente de ese órgano, una denuncia anónima volvió a encender la discusión.

Esta vez, a las cuentas de correo personales de los integrantes de la Junta Directiva fue copiado un documento que había sido enviado a la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en el que le pedían a esos entes de control que investigaran las actuaciones de todos los miembros directivos de la Cámara.

En esa carta se pedía que se indagara la operación en Interbolsa de la Cámara que como se conoció hace unas semanas terminó en un hallazgo fiscal (que ya fue pagado por la entidad) de la Contraloría General; la contratación de Suricata Labs; la compra de la ‘Manzana 68’ (terrenos ubicados en el centro de Bucaramanga); y hasta los intereses de los miembros de la Junta en negocios que tengan que ver con sectores en los que interviene o tiene planeado intervenir la Cámara.

La Silla conoció que ese día se desataron discusiones por esa denuncia y se reclamó por el origen de la información que fue calificada de estar movida por  “odios personales” y de carecer de fundamentos. Adicionalmente, varios de los miembros se declararon indignados por ese cruce de anónimos en la Cámara, debido a que algo así no tenía precedentes en esa entidad.

En los próximos meses la Cámara tomará un papel protagónico como articuladora de los proyectos de las nuevas administraciones locales, con los de los empresarios de la región y los de interés para la Nación. Habrá que ver si la Junta suma esfuerzos o si la división se ahonda en el camino.

Esta historia fue actualizada a la 1:00 p.m. del 1 febrero.